AS/0768/2022

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 768/2022

Fecha: 10 de octubre de 2022.

Expediente: LP-155-19-S.

Partes: Mario Oscar Fuentes Bozo c/ Erick Iván Aliaga López.

Proceso: Reivindicación más pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 742 a 747, interpuesto por Erick Iván Aliaga López contra el Auto de Vista Nº S-332/2019 de 23 de julio, cursante de fs. 732 a 736 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso sobre reivindicación más pago de daños y perjuicios, seguido por Mario Oscar Fuentes Bozo contra el recurrente, la contestación de fs. 753 a 759 vta., el Auto de concesión de 31 de octubre de 2019 a fs. 760, el Auto Supremo de Admisión N° 05/2020-RA de 07 de enero, cursante de fs. 766 a 767 vta.; todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en el memorial de demanda presentado por Mario Oscar Fuentes Bozo de fs. 39 a 43 vta., y la aclaración de fs. 45 a 48 vta., se inició proceso sobre reivindicación de inmueble más pago de daños y perjuicios, acción dirigida contra Erick Iván Aliaga López, quien una vez citado con la demanda, por memorial a fs. 52 y vta., opuso excepción de citación de evicción, y por escritos de fs. 62 a 67 vta., y a fs. 81 contestó a la misma y planteó demanda reconvencional por acción negatoria y prescripción adquisitiva o usucapión, acción contra la cual Mario Oscar Fuentes Bozo planteó excepciones y contestó a la reconvención por escrito de fs. 140 a 143 vta., habiéndose declarado la perención de instancia de la reconvención por Auto de Vista Nº 424/2012 de 11 de diciembre cursante de fs. 274 a 275 de obrados.

Tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial 9° de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 552/2017 de 20 de octubre, cursante de fs. 689 a 693, por la que declaró IMPROBADA la demanda planteada por Mario Oscar Fuentes Bozo, con costas.

2. Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Mario Oscar Fuentes Bozo mediante memorial de fs. 694 a 701 vta., resuelto por Auto de Vista Nº S-332/2019 de 23 de julio, de fs. 732 a 736 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que en su parte dispositiva REVOCÓ EN PARTE la sentencia impugnada y deliberando en el fondo declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 39 a 43 vta., aclarada de fs. 45 a 48 vta., interpuesta por Mario Oscar Fuentes Bozo, disponiendo el demandado devuelva el lote de terreno No. 5, manzana G, ubicado en la zona “Arentoja” “Irpavi Alto” actualmente urbanización “Aruntaya” de la zona de “Irpavi” de la ciudad de La Paz, con una superficie de 1000 m2, e inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula Folio Real 2.01.0.99.0140483, en favor de su propietario Mario Oscar Fuentes Bozo en el término de diez días de ejecutoriado el fallo, asimismo, mantuvo subsistente la sentencia con relación al resarcimiento de daños y perjuicios, bajo el siguiente argumento:

Efectuando una relación de antecedentes, así como de la prueba producida por las partes en litigio, ante la observación de la ubicación del bien inmueble, para la procedencia o no de la acción principal de reivindicación y la posibilidad de que ambas partes tendrían derecho propietario sobre el mismo bien o que exista superposición y que deba dirimirse previamente un mejor derecho propietario.

El Ad quem procedió al análisis de la prueba adjuntada por el actor, es decir, sobre la documental emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y del Gobierno Autónomo Municipal de Palca (GAMP) para luego establecer que tanto la urbanización “Aruntaya” a la cual pertenece el bien inmueble del demandante, como la urbanización “El Vergel” lugar del inmueble del demandado, pertenecen a la jurisdicción del GAMLP, ocupando espacios físicos diferentes, colindantes entre sí, dentro de la zona de Irpavi y que la inscripción del lote de terreno del demandado ante el GAMP es de un registro netamente físico, no existe planimetría aprobada, en consecuencia, su inscripción sería de responsabilidad del propietario.

Adicionalmente, del plano de la zona de Aruntaya de 16 de marzo de 2016 se desprende que el lote del actor (signado como lote No. 5, manzana G de la urbanización Aruntaya) es el inmueble sobre el cual el demandado se hallaría en posesión; sin embargo, el lote de terreno del demandado se encontraría en un lugar diferente (urbanización “El Vergel”) colindante a la urbanización Aruntaya.

Sostiene que el demandado, para demostrar la ubicación del inmueble, únicamente presentó el Certificado No. IR 13/10 de 01 de marzo de 2008 a fs. 72, que si bien indica que se encuentra en la jurisdicción del GAMP, tal afirmación fue aclarada por el Informe DCAT 022/11 emitido por el Director de Catastro Municipal y Administración Territorial del GAMP a fs. 112, que señala que la inscripción del lote de terreno constituye una solicitud voluntaria de responsabilidad del propietario (demandado), basándose únicamente en el registro físico del inmueble al no existir planimetría aprobada de la zona en ese municipio, por lo que el hecho de que ese lote se encuentre registrado sea un aspecto personal y no basado en normas municipales y leyes, como acontecería con el lote del actor, realizado conforme mandato de la Ley Nº 453 de Radio Urbano y Suburbano.

Aspectos que a criterio del Ad quem debieron ser tomados en cuenta por el A quo que se limitó a la relación de la prueba presentada por los litigantes, omitiendo pronunciarse sobre los elementos de prueba y la valoración que la ley les otorga.

Es por ello que acudiendo a la cita de los Autos Supremos Nº 09/2912 de 15 de febrero, Nº 173/2013 de 15 de abril, reiterados a su vez en el Nº 340/2017 de 03 de abril, en vista de que ambas partes alegaron tener derecho propietario sobre el inmueble, verificó si efectivamente se trata del mismo, concluyendo que el demandante tiene derecho propietario sobre el lote de terreno ubicado en la zona “Arentoja” “Irpavi Alto” de la ciudad de La Paz, denominado actualmente como urbanización “Aruntaya” de la zona de “Irpavi” lote No. 5 manzana G con una superficie de 1000 m2 y el demandado tendría derecho propietario sobre un lote de terreno ubicado en el ex fundo Irpavi de la población de Palca denominado actualmente zona “Alto Irpavi”, urbanización “El Vergel” calle s/n, No. s/n con una superficie de 1000 m2.

Por consiguiente, el Ad quem al haber formado convicción que ambas partes tienen dos lotes de terreno con ubicación y tradición dominial diferente, al amparo de los arts. 1453.I, 196.I y 1538 del Código Civil y el art. 136 del Código Procesal Civil determina que el actor acreditó la existencia y legitimidad de su derecho propietario debidamente inscrito en Derechos Reales, cuya destitución o privación de posesión sobre el mismo consideran que fue acreditada con las afirmaciones contempladas en la demanda y respuesta, así como en las atestaciones de cargo y descargo, inspección judicial, plano y prohibición de innovar, advirtiendo que se dio cumplimiento a los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria.

Asimismo, el Tribunal de apelación emitió el Auto de complementación de 23 de octubre de 2019 a fs. 751, por el que rechazó la solicitud de aclaración y enmienda efectuada.

3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por Erick Iván Aliaga López mediante escrito de fs. 778 a 788 vta., por medio del cual se declara INFUNDADO el recurso de casación de Erick Iván Aliaga López.

4. Resolución Suprema que fue motivo de acción de amparo constitucional y fue denegada la tutela solicitada por Erick Iván Aliaga López, por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, por la cual emitió la Resolución Constitucional N° 026/2021 de 1 de marzo de 2021, DENEGANDO la tutela solicitada por el accionante, resolución constitucional que fue dejada REVOCADA EN PARTE por Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0176/2022-S3 de 31 de marzo, dejando sin efecto el Auto Supremo N° 270/2020 de 9 de julio, de fs. 1187 a 1210, reingresando la causa, por este Tribunal Supremo de Justicia.

En este sentido, se pasa a analizar nuevamente el recurso de casación que fue planteado en el presente proceso de reivindicación de bien inmueble.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:

En la forma:

1) El Auto de Vista omitió observar vicios de nulidad, en infracción del adjetivo civil.

Previa cita del voto disidente al Auto Supremo Nº 186/2014 de 24 de abril, el recurrente efectuó una relación del antecedente dominial del bien inmueble del demandante Mario Oscar Fuentes Bozo (acreditado mediante Folio Real No. 2.01.0.99.0140483 a fs. 17, informe de fs. 407 a 408, informe a fs. 409 y vta., Folio Real No. 2.01.0.99.0140483 a fs. 458 e informe a fs. 685 y vta.) afirmando que las partidas en algunos casos fueron limitadas y canceladas, encontrándose el inmueble ubicado en la zona Arentoja Irpavi Alto, adquirido por división y partición efectuada por la Asociación Accidental Aruntaya según Escritura Pública No. 9 de 14 de enero de 1980 y depurado a la matrícula computarizada No. 2.01.0.99.0140483 en el asiento A-1.

De igual manera, efectuó una relación del antecedente dominial de su propiedad, acreditado por Folio Real No. 2.01.1.01.0012532 a fs. 502 y vta. y por informe de fs. 656 a 657, advirtiendo que en la resolución recurrida se observó únicamente la prueba presentada en su contra, omitiendo considerar que la sentencia afectará también los derechos de anteriores propietarios como Santiago Calle Cahuasa, Luis Cruz Calle, Manuel Calle Cahuasa, Juan Calle Cahuasa, Vicente Guerra Mendoza, Asociación Accidental Aruntuya y Clemente Calle, quienes en su opinión debieron ser integrados a la litis, de acuerdo al art. 229 del CPC; empero, al no haberse realizado, se incumplió el art. 1 num. 5) del mismo cuerpo legal, al permitir que el proceso sea tramitado con vicios de nulidad, sin que el Ad quem haya anulado obrados disponiendo la integración señalada, inadvertencia sancionada por el art. 271.I del CPC de acuerdo a la citada jurisprudencia, por lo que solicitó que se anule obrados hasta la admisión de demanda de fs. 44 de obrados.

2) El Auto de Vista carece de fundamentación y motivación.

El recurrente arguyó que el fallo impugnado no contiene fundamentación, ni motivación, debido a que por memorial de fs. 705 a 712 respondió al recurso de apelación formulado por el demandante, sin que el Ad quem se haya pronunciado expresamente a su contestación.

En ese sentido, cuestionó que no tendría sentido el traslado de la apelación y su respuesta, si la resolución impugnada no cuenta con la debida fundamentación y motivación de los “motivos” que llevaron a emitirla, toda vez que en su contestación realizó reclamos legítimos como el contenido en el punto 6, donde indicó que el actor solicitó la reivindicación de un lote de terreno que se trataría de un espacio físico, sin ninguna construcción según las placas fotográficas a fs. 383, siendo un bien inmueble con movimientos de tierras considerables y construcciones, punto sobre el cual el auto de vista omitió pronunciarse, soslayando su determinación sobre el fondo de la pretensión y de los aspectos accesorios que fueron observados en su memorial de respuesta a la apelación, lo cual provocaría la nulidad del fallo impugnado con un pronunciamiento de hecho y no de derecho.

Asimismo, refirió que el auto de vista recurrido omitió considerar que en su memorial de respuesta a la apelación además de haber transcrito jurisprudencia de autos supremos expuso los motivos de su vinculatoriedad, vulnerando el art. 213.II.3 del CPC.

3) El Auto de Vista impugnado es ultra petita en la apreciación de la prueba.

El recurrente, aludiendo al objeto del proceso fijado por el A quo, advierte que el Ad quem se extralimitó en sus atribuciones al haber apreciado la prueba de forma discrecional al resolver un proceso de mejor derecho y no sobre reivindicación, valorando los folios reales que acreditan el derecho registral de ambos contendientes, por lo que acusa que el tribunal de alzada incurrió en lo prescrito en el art. 366.I núm. 6) del CPC, saliendo de lo determinado por el A quo con base en hechos que debían ser demostrados, lo cual el tribunal de alzada no lo hizo, puesto que a decir del recurrente por la complejidad del proceso, debió analizarse por cuerda separada primeramente el mejor derecho propietario, más aun cuando el demandante habría señalado a fs. 42 que : “A esta altura de la redacción de esta demanda y después de haber obtenido, un ejemplar del testimonio No. 232/2008, de la escritura pública No. 094, otorgada ante el Notario Virgilio Mansilla Lizarazu, en este instante, me informo por ese documento que había sido Santiago Calle Cahuasa quien había vendido mi terreno al demandado (…)”, reconociendo voluntariamente que el terreno del que su persona es propietario fue vendido por Santiago Calle Cahuasa; en consecuencia, existirían suficientes motivos para solicitar la nulidad del proceso por infracción de la norma antes referida, por cuanto al valorar los folios reales de ambas partes, los de alzada se extralimitaron como si se tratase de un proceso sobre mejor derecho.

En el fondo:

1) Previamente debe dilucidarse a quien corresponde la titularidad del derecho propietario.

Haciendo cita del Auto Supremo Nº 186/2014 de 24 de abril, referido a que si ambas partes presentaron títulos de propiedad, previamente debe establecerse a quien le corresponde el mejor derecho a poseer y si el demandado de reivindicación resiste la pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción reivindicatoria adquiere una función compleja, debiendo decidirse a quien corresponde la titularidad del derecho.

Aspecto que a criterio del recurrente por memoriales de fs. 39 a 43 vta., aclarado de fs. 45 a 48 vta., Mario Oscar Fuentes Bozo demandó la reivindicación más pago de daños y perjuicios en su contra, afirmando ser propietario del bien inmueble objeto de la litis, en respuesta su persona por escritos de fs. 62 a 67 vta., y a fs. 81, contestó de forma negativa señalando que adquirió el lote de terreno de una superficie de 1000 m2 ubicado en el ex fundo Irpavi registrado bajo la matrícula Folio Real No. 2.01.1.01.0011124 de Santiago Calle Cahuasa ubicado en la zona de Irpavi, urbanización El Vergel”, calle s/n con registro catastral VE 10 100 02 del GAMP, predio que habría sido adquirido por su persona cuya titulación le corresponde a la matrícula de Folio Real No. 2.01.1.01,0012532 a fs. 78, por lo que niega la pretensión de reivindicación del actor; en consecuencia, de acuerdo con la línea jurisprudencial, ante la situación compleja debió decidirse a quien corresponde la titularidad del derecho de propiedad, lo cual no sucedió en el caso de autos, ya que el Tribunal de alzada efectuando una mala apreciación de la prueba e incurriendo en un error de derecho y vulneración del art. 1286 del CC, respecto de los folios reales de ambas partes, pretendió establecer la identidad del inmueble de la litis, cuando lo que correspondía era que los contendientes acudan a la vía llamada por ley.