Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL
Auto Supremo: 0773/2026 Fecha: 02 de junio de 2026 Expediente: SC-38-20-5 Partes: Felix Churque Berrios c/ Jose Eddi Riveros Barrientos.
Proceso: Ordinarización de proceso ejecutivo.
Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1068 a 1072 vta., interpuesto por José Eddi Riveros Barrientos, contra el Auto de Vista N 162/2025 de 14 de noviembre, corriente de fs. 1061 a 1064 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de ordinarización de proceso ejecutivo, seguido por Felix Churque Berrios contra el recurrente; la contestación de fs. 1075 a 1078; el Auto de concesión N 08/2026 de 07 de enero, visible a fs. 1079; el Auto Supremo de admisión N 0328/2026-RA de 24 de marzo, corriente de fs. 1084 a 1085 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Felix Churque Berrios por memorial de demanda que cursa de fs. 179 a 187, reiterada por escrito de fs. 238 a 247 vta., subsanado de fs. 253 a 257 vta., promovió el proceso de ordinarización de proceso ejecutivo, contra José Eddi Riveros Barrientos, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 274 a 277, se apersonó, contestó de manera negativa y opuso excepciones de demanda defectuosamente propuesta e indebida acumulación de pretensiones; mismas que merecieron el Auto de 07 de enero de 2025, cursante de fs. 984 vta., a 986 vta., que declaró IMPROBADA la excepción de demanda defectuosamente propuesta y PROBADA la excepción de indebida acumulación de pretensiones, en consecuencia se dispuso continuar la causa únicamente conforme al objeto del proceso ordinario posterior; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N 05/2025 de 31 de marzo, que cursa de fs. 1024 a 1026, por la que el Juez Público Civil y Comercial 9 de la ciudad de Santa Cruz, declaró PROBADA la demanda principal, modificando en consecuencia la Sentencia Definitiva N 416/2022 de 18 de marzo, dictada por el Juzgado Público
Civil y Comercial 3 de la Capital, declarando PROBADA la excepción de falsedad interpuesta dentro el proceso ejecutivo con NUREJ: 70348966-1, disponiendo que en ejecución de Sentencia se proceda a la liberación de las medidas cautelares impuestas, con costas y costos.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por José Eddi Riveros Barrientos, según escrito de fs. 1041 a 1044, originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N 162/2025 de 14 de noviembre, corriente de fs. 1061 a 1064 vta., que CONFIRMÓ la resolución apelada, bajo los siguientes argumentos:
- El principio de preclusión y de subsidiariedad de los actos procesales acusados de incumplimiento, conjuntamente a la vulneración al principio del debido proceso y de la seguridad jurídica, bajo el argumento de que el actor no utilizó el recurso de apelación en el proceso monitorio en contra de la Sentencia definitiva, haciendo inadmisible el proceso ordinario lo que conllevaría un error insubsanable por parte del Juez de instancia, sumado el hecho de que en Sentencia de ordinarización de proceso ejecutivo modifica un fallo ejecutoriado; aspecto que resulta incongruente debido a que la norma adjetiva civil expresamente establece en el art. 386, la procedencia de la ordinarización del proceso ejecutivo sin mencionar en sus requisitos la necesidad de recurrir en apelación, al tratarse el proceso ordinario de un proceso independiente al proceso ejecutivo que busca dilucidar en un proceso de conocimiento lo tramitado en el proceso de estructura monitoria con Sentencia ejecutoriada, sin afectar a su admisibilidad que la Sentencia definitiva haya sido o no recurrida, estableciendo el plazo de seis meses desde la ejecutoria de la Sentencia para su interposición; evidenciándose de antecedentes, la inaplicabilidad de la preclusión para el actor, del mismo modo que el principio de subsidiariedad al no tratarse de una acción de defensa sino un proceso ordinario de conocimiento.
- La valoración efectuada por el A quo, de la prueba presentada a instancia de la parte demandante, fue correctamente apreciada, mostrando falta de acreditación el argumento que el recurrente utilizó al señalar que la Juez de primera instancia lo consideró culpable o inocente en lo tramitado en el proceso penal, cuando lo que fue valorado conforme a procedimiento fue la prueba anexada del proceso penal que se constituye en uno de los principales elementos probatorios; sin omitir que el objeto del proceso de ordinarización del proceso ejecutivo es el de revisar la aplicación del derecho material cuyo fondo no es pasible de análisis en el proceso ejecutivo.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por José Eddi Riveros
Barrientos, según escrito visible de fs. 1068 a 1072 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
1. El recurrente en el recurso de casación acusó:
En la forma.
- a)Violación del principio de preclusión y de subsidiariedad de los actos procesales, toda vez que el actor en anterior proceso ejecutivo, si bien recurrió de apelación en contra de la Sentencia definitiva, fue de manera extemporánea, aspecto en el cual operó la preclusión a su derecho de ordinarizar la causa y pese a ello el Tribunal de alzada, dio cabida a ésta ilegalidad al confirmar la Sentencia favorable a su deudor, simplemente señalando que no es requisito apelar a la Sentencia en el proceso monitorio para interponer el proceso ordinario posterior.
- b)Falta de fundamentación y pronunciamiento en vulneración de los principios de preclusión de los actos procesales y de subsidiariedad, cuando el Ad quem procedió a confirmar la Sentencia, sin fundar sus argumentos en alguna norma jurídica, ni jurisprudencia, respecto al incumplimiento por parte del demandante de los recursos que la ley le franquea y al no haber hecho uso de las mismas, pretende con el proceso ordinario subsanar su negligencia, cuando no corresponde la tramitación del presente caso de Autos.
En el fondo.
ce) Vulneración de los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, por parte del Tribunal de alzada a momento de no permitir que prevalezcan los principios procesales de preclusión y de subsidiariedad, premiando la negligencia del demandante en desamparo de su defensa en el proceso ejecutivo consintiendo la viabilidad del proceso ordinario sin que en el proceso anterior se haya agotado las instancias recursivas, hecho que viciaría procedimentalmente la pretensión desde un inicio; asimismo, el Tribunal de alzada no verificó previamente a la admisión de la demanda, si el actor cumplió con sus obligaciones y requisitos que el ordenamiento jurídico procesal le imponen, excediendo su competencia al permitir la modificación de una Sentencia firme y definitiva que cuenta con calidad de cosa juzgada, retrotrayendo los actuados en expresa vulneración de los principios señalados.
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