AS/0774/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0774/2025

Fecha: 23 de julio de 2025

Expediente: P-4-25-S

Partes: Jaime Ochoa Otazo c/ Carola Dolores Joffre Espinoza.

Proceso: Rendición de cuentas.

Distrito: Pando.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 405 a 406, interpuesto por Carola Dolores Joffre Espinoza contra el Auto de Vista Nº 15/2025 de 17 de marzo, corriente de fs. 400 a 401, pronunciado por la Sala Civil, Social, familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro el proceso ordinario de rendición de cuentas seguido por Jaime Ochoa Otazo contra la recurrente; el Auto de concesión de 25 de abril de 2025, visible a fs. 410; el Auto Supremo de admisión N° 0466/2025-RA de 21 de mayo, obrante de fs. 421 a 422 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Jaime Ochoa Otazo, por memorial de demanda que discurre de fs. 307 a 309, promovió el proceso ordinario de rendición de cuentas contra Carola Dolores Joffre Espinoza, quien una vez citada, según escrito visibles de fs. 334 a 335 vta., contestó de forma negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 01/2023 de 16 de enero, que cursa de fs. 378 a 383 vta., en la que la Juez Público, Civil y Comercial N° 3 de la ciudad de Cobija, declaró PROBADA la demanda, disponiendo que Carola Dolores Joffre Espinoza, realice la rendición de cuentas del monto de Bs. 237.069,96 en el plazo de 10 días, restituir el saldo a la cuenta de la Empresa Consultora y Constructora “OTAROJAS S.R.L.”, sea con costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Carola Dolores Joffre Espinoza, según memorial a fs. 387 y vta., originó que la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, emita el Auto de Vista N° 15/2025 de 17 de marzo, corriente de fs. 400 a 401, que declaró, INADMISIBLE el recurso de apelación, en base a los siguientes argumentos:

De la revisión de la apelación, se evidencia que la misma no cumple con la condición de que la expresión de agravios este fundamentada, conforme al art. 218.II del Código Procesal Civil, que señala que el recurso será declarado inadmisible por falta de expresión de agravios, por lo que el recurrente al no haber cumplido con la norma procesal señalada, corresponde declarar su inadmisibilidad.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación en la forma por Carola Dolores Joffre Espinoza, mediante memorial de fs. 405 a 406, que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">La recurrente en el recurso de casación alego que:

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a) El Auto de Vista N° 15/2025 de 17 de marzo, incurre en vulneración de los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado, porque declaró inadmisible el recurso de apelación por falta de agravios, cuando los mismos están expuesto de forma clara. En el recurso de apelación expuso dos agravios, en el primero que, no tuvo la oportunidad de tener la rendición de cuentas del demandante para ver lo que es exacto e inexacto, más aún que la autoridad ya dio por sentado que la rendición de cuentas no estaba debidamente justificada; en el segundo, se expresó que, el demandante no pidió que la Juez evalué su rendición de cuentas, sino que haga rendición de cuentas que se realizó en el proceso incidental, sin que eso sea pretensión del demandante; y sin que se haya hecho la rendición de cuentas, dispone que restituya el remanente, dando sentado que su rendición de cuenta va ser injustificada, adelanto criterio que le causa indefensión.

Fundamentos por los cuales, solicitó se anule el Auto de Vista recurrido, y se disponga la emisión de una nueva resolución con la debida fundamentación y motivación.

2. Contestación al recurso de casación:

Jaime Ochoa Otazo, habiendo sido notificado con el recurso de casación, conforme se evidencia de la diligencia de notificación cursante a fs. 408, no contestó al mismo.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la finalidad del proceso incidental de rendición de cuentas y de la ordinarización de la misma según el Código Procesal Civil.

Para establecer la finalidad de la demanda incidental de rendición de cuentas y de la ordinarización de la misma, es preciso traer a colación las normas del Código Procesal Civil.

Así, el art. 357 del Código adjetivo citado, señala: “I. Toda persona que se considerare con derecho a exigir rendición de cuentas de otra, podrá pedir que se declare por Autoridad judicial que está obligado a rendirlas. II. El procedimiento se sujetará a lo dispuesto para los incidentes fuera de audiencia”.

A su vez el art. 358, del mismo código, establece: “I. Si la resolución declarare que la parte demandada está obligada a rendir cuentas, se le concederá un plazo de hasta treinta días, según la complejidad del caso.

II. La rendición de cuentas debe presentarse en términos claros y precisos con cargos y descargos en orden cronológico de modo que puedan ser examinadas fácilmente y, con todos los comprobantes, instrumentos, papeles y libros que pertenezcan a la cuenta.

III. Si las cuentas fueren presentadas dentro del plazo señalado y la parte actora no estuviere conforme, podrá ordinarizar la causa, debiendo formalizarse la demanda de impugnación en el término de treinta días, caducando su derecho.

IV. Si las cuentas no se presentaren dentro del plazo, se estará a las cuentas que de su parte pudiera presentar la parte actora en todo cuanto la parte obligada a rendirlas no probare ser inexacto. En este caso, las cuentas se discutirán en proceso ordinario.

V. la parte actora podrá optar directamente por la vía ordinaria, previa conciliación, si así lo viere conveniente”.

Del contenido del art. 357 del Código Procesal Civil, se infiere que todo aquel que administre o gestione negocios ajenos por cuenta o en interés de un tercero, está obligado a rendir cuentas de su actuar; en ese entendido, aquel que considere tener derecho de exigir rendición de cuentas a otra, debe acudir ante la autoridad judicial para que esta declare dicha obligatoriedad, es decir, la obligación de rendir las cuentas

Asimismo, del análisis de los arts. 357 y 358 del Código adjetivo civil, se establece que el proceso de rendición de cuentas posee dos etapas bien marcadas en cuanto a su trámite, con finalidades distintas, la primera denominada fase incidental y la segunda denominada fase ordinaria.

La fase incidental, conforme a la normativa expuesta, tiene como única finalidad la de declarar la obligación que tiene la parte demandada de rendir cuentas; es decir, una vez interpuesta la demanda incidental de rendición de cuentas, el Juez de la causa, si advirtiere que la parte demandada, tiene la carga de efectuar la rendición de cuentas, mediante resolución determinará únicamente esa obligación, a ese efecto le concederá al demandado el plazo de treinta días, a objeto de que cumpla con la obligación establecida, acompañando toda la prueba que la respalde la cuenta.

Ahora, según la norma, en este trámite incidental puede presentarse dos situaciones: Primero, que el demandado presente dentro del plazo otorgado, la respectiva rendición de cuentas; segundo, que no presente la rendición de cuentas; en este caso, al demandante le asiste el deber de presentar sus cuentas, concluyendo con esta la fase incidental, dándose apertura a la fase de ordinarización.

En la segunda fase (ordinarización) pueden también exteriorizarse dos situaciones; en el primero, si la parte demandada hubiere presentado su rendición de cuentas dentro el plazo de los treinta días otorgado para el efecto, y, si el demandante no estuviere de acuerdo con las cuentas emitidas, a este le asiste la facultad de formalizar la demanda ordinaria sobre las cuentas emitidas por el demandado, en el plazo de treinta días.

En el segundo caso, si la parte demandante fuere el que presentare sus cuentas, ante la falta de presentación de la rendición de cuentas de la parte demandada, a esta última (demandada) también le asiste la facultad de ordinarizar la demanda sobre las cuentas presentadas por la parte demandante.

De estas dos situaciones, se concluye que la demanda de ordinarización, tiene como único fin la observación y discusión de las cuentas emitidas en la rendición de cuentas, cuando con las mismas no se esté de acuerdo ya sea por la parte demandante o por la parte demandada.

En conclusión, este Tribunal llega a establecer que, el proceso de rendición de cuentas tiene dos etapas: en la primera etapa incidental, se discute la obligación de rendir cuentas; en la segunda, denominada ordinarización, únicamente se controvierte el contenido de las cuentas rendidas.

III.2. De la nulidad de obrados y nulidad de oficio.

El Auto Supremo N° 347/2023 de 19 de abril, respecto al tema señaló: “Con relación a la declaratoria de nulidad de obrados de oficio, en el Auto Supremo N° 146/2021 de 01 de marzo, se emitieron las siguientes consideraciones: ‘El Estado mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia estableció razonamiento consecuente de proteger los actos procesales y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante el A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: ‘…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115.II’.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: ‘Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado’.

Bajo esa consideración, instauró para las nulidades establecidas de oficio un parámetro lógico - jurídico de observancia por los tribunales de instancia y por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, a fin de limitar aquellas decisiones anulatorias que no se ajusten al principio de conservación de los actos y se aparten del derecho a una justicia pronta y oportuna, en tal sentido, el Auto Supremo Nº 506/2017 de 16 de mayo manifestó: ‘Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE, que deben contener las resoluciones judiciales’.

Por otra parte, el art. 17.I de la Ley Nº 025 señala: ‘La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley’, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado’.

Por su parte, el Auto Supremo N° 479/2021 de 26 de mayo, señaló: ‘El art. 106 del Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013 previene en su parágrafo I que: ‘La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente’, concordante con dicha norma, el art. 17 parágrafo I de la Ley N° 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; de lo expuesto se tiene que, si bien aún les es permisible a los Tribunales la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo que el régimen de revisión no es absoluto sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado.

En ese entendido, en el caso de que un juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, éste, en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio sólo procederá cuando la ley así lo determine, exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes o cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado”.

III.3. En cuanto a la improponibilidad objetiva de la demanda.

Al respecto el Auto Supremo N° 872/2023 de 07 de septiembre, señaló que “El Auto Supremo Nº 237/2020 de 20 de marzo, respecto a esta temática ha razonado de la siguiente manera: ‘Para el entendimiento de la improponibilidad objetiva de la pretensión, citaremos al Auto Supremo Nº 73/2011 de 23 de febrero, que al respecto señaló: ‘No obstante lo que se desprende de la literalidad de la norma transcrita, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y el control material o de fondo; o lo que el Autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza antes de cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en este examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. (Actualmente art. 110 del Código Procesal Civil).

Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que ‘Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto’ si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por ‘improponibilidad objetiva de la demanda’, es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de ‘improponibilidad’, fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado ‘improponibilidad objetiva de la demanda’, en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in límine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o merito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.

El rechazo in límine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales…’.

También se puede citar, la jurisprudencia venezolana en distintos fallos alude al aporte doctrinario de Rafael Ortiz-Ortiz, cuya obra titulada “TEORÍA GENERAL DE LA ACCIÓN PROCESAL EN LA TUTELA DE LOS INTERESES JURÍDICOS”, desglosando que en dicha obra señala que tradicionalmente la improponibilidad manifiesta, se centra en el objeto de la pretensión, en la idoneidad de la relación jurídico sustancial presentada en el proceso y la aptitud que tiene esa pretensión de ser actuada en derecho.

Por otra parte, en la legislación peruana, también se ha avanzado con la teoría de la improponibilidad de una pretensión, así por ejemplo Cristian Angeludis Tomassini, en su ponencia ‘¿Qué significado tiene y cuáles son los alcances de la calificación de la demanda in límine?”, señala que: “Existen tres supuestos de improponibilidad jurídica de la demanda: a) Improponibilidad subjetiva o falta de legitimación.- (...) Se ha resuelto que el Juez tiene facultades oficiosas para decidir, antes de dar traslado de la demanda, si las partes tienen legitimación sustancial para demandar o ser demandadas, cuando esta carencia sea manifiesta, pudiendo en consecuencia, rechazar in límine la demanda, b) Falta de Interés.- Corresponde en tal situación la misma solución anteriormente señalada. Los jueces no hacen declaraciones abstractas, por tanto, quienes interponen una pretensión o quienes se oponen a ella, deben tener interés para litigar y c) Improponibilidad Objetiva. - Cuando surge en forma manifiesta que la pretensión carece de sustento legal o porque la demanda tiene un objeto inmoral o prohibido (...). En todos estos casos, la demanda puede rechazarse in límine por carecer de algún requisito de fundabilidad y ésta ser manifiesta. Por su parte, el jurista Argentino Jorge Peyrano, señala que hemos empleado la locución ‘rechazo sin trámite completo’, en lugar de la habitual fórmula ‘rechazo in límine de la demanda’. Ello no es gratuito ni producto de una inadvertencia. El asunto (...) tiene íntima conexión con la oportunidad en la cual el Tribunal puede repeler in límine una demanda (rectius, ‘pretensión’). Expresado de otro modo: luego de admitida la demanda y tras haberse sustanciado un tramo del proceso respectivo creemos que, todavía, el Juez interviniente (advertido de la improponibilidad objetiva de la pretensión en cuestión) está en condiciones de desestimarla sin estar obligado a tramitar toda la causa y a aguardar el momento del dictado de una sentencia de mérito, es decir, en cualquier estado del proceso’.

Conforme a la amplia gama de los aportes doctrinarios y la evolución de la jurisprudencia, se puede señalar que el juicio de improponibilidad supone un análisis de la pretensión que concluye con un pronunciamiento sobre el fondo de la misma. Se trata entonces de un juicio general que se funda en el hecho de que la pretensión no puede plantearse en modo alguno ante ningún órgano jurisdiccional, ya que existe un defecto absoluto en la facultad de otorgar la tutela o derecho, porque el interés que se busca ser tutelado no es amparado por el ordenamiento legal vigente, por lo que, al pronunciarse sobre el mérito jurídico de la pretensión, genera cosa juzgada formal y material”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, si bien en congruencia al mismo corresponde dar respuesta al agravio expuesto en el mismo; sin embargo, partiendo del análisis del art. 106 del Código Procesal Civil, que hace permisible la revisión y anulación de las actuaciones procesales de oficio, pero limitando esa facultad de verificación a aquellos asuntos previstos por Ley, conforme norma el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, este Tribunal en primera instancia procederá a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, dado que a prima facie advierte la concurrencia de la improponibilidad objetiva de la pretensión.

El art. 24 num.1 inc. a) del Código Procesal Civil, estableció para los Jueces que, antes de declarar la admisibilidad de la demanda, el poder de rechazar la pretensión, cuando la misma sea manifiestamente improponible, cuando señaló que: “La Autoridad Judicial tiene poder para: 1 rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda cuando: a) Sea manifiestamente improponible”.

Así también lo oriento el Auto Supremo N° 174/2015 de 11 de marzo: “La aplicación de la improponibilidad objetiva de la pretensión resulta ser saludable en la administración de justicia, que, de ser evidente, debe ser aplicado por los jueces de instancia, esto con la finalidad, de evitar un insulso trámite para que a la larga el operador judicial, defina por declarar improbada la pretensión porque el ordenamiento jurídico no permite acoger dicha pretensión”.

Ahora, cuando el Juez de instancia omitió, esa consideración, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en observancia del art. 106 del Código Procesal Civil, realizar la revisión de las actuaciones procesales de oficio, pero limitando esa facultad de verificación a aquellos asuntos previstos por Ley, conforme norma el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial, por lo que en merito a ello, se verificara la concurrencia de la improponibilidad objetiva.

De la revisión de los antecedentes del proceso, se tiene que, Jaime Ochoa Otazo mediante memorial de fs. 27 a 28 vta., interpuso demanda de rendición de cuentas en la vía incidental en previsión del art. 357 y siguientes del Código Procesal Civil contra Carola Dolores Joffre Espinoza, solicitando se ordene a la demandada rinda cuentas sobre el monto de Bs. 237.069,96; admitida la misma, por Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2022, cursante a fs. 29, la Juez Público Civil y Comercial 3° de la capital de Cobija - Pando, dispuso el traslado a la parte demandada; citada la precedentemente nombrada, contestó a la misma de manera negativa mediante memorial cursante a fs. 50 y vta.; transcurrido el proceso, la Jueza de instancia mediante Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2022, cursante de fs. 66 a 67 vta., declaró HA LUGAR a la rendición de cuentas impetrada por Jaime Ochoa Otazo, disponiendo que la demandada presente de manera detallada y documentada los ingresos y egresos, en el plazo de 30 días conforme al art. 358.I del Código Procesal Civil, sea con las formalidades de ley; transcurrido el plazo otorgado, ante la falta de presentación de la rendición de cuentas por la parte demandada, la Juez por decreto de 12 de julio de 2022 cursante a fs. 84, dispuso que conforme al art. 358.III el demandante formalice su demanda en el plazo de 30 días; en la misma fecha, la demandada mediante memorial de fs. 288 a 289, presentó la rendición de cuentas y la autoridad judicial, mediante decreto de 13 de julio de 2022 cursante a fs. 290, dispuso se esté a lo dispuesto a fs. 84 de obrados; concluyendo de esa manera la etapa de la demanda incidental.

Transcurrido la etapa anterior, el demandante Jaime Ochoa Otazo, mediante memorial de fs. 307 a 309, formalizó la demanda ordinaria de rendición de cuentas contra Carola Dolores Joffre Espinoza, solicitando se ordene a la demandada proceda a la rendición de cuentas por el monto de Bs. 237.069.96; admitida la misma, por Auto Interlocutorio de 05 de septiembre de 2022, cursante a fs. 319, se ordenó la citación de la demandada, efectuada la intimación, ésta contestó a la demanda mediante memorial de fs. 334 a 335 vta., luego transcurrido los tramites, se emitió la Sentencia N° 01/2023 de 16 de enero, cursante de fs. 378 a 383 vta., en la que se declaró probada la demanda de rendición de cuentas y en cuyo mérito se ordenó a Carola Dolores Joffre Espinoza, realizar la rendición de cuentas por el monto de Bs. 237.069.96, otorgándole al efecto 10 días y restituir el saldo o remanente a la cuenta de la empresa Consultora y Constructora “OTAROJAS S.R.L.”.

De lo precedentemente expuesto, este Tribunal toma certeza de que la parte demandante, cumplió en parte con la doctrina aplicable del Considerando III.1 de este fallo, en cuanto al trámite de la demanda de rendición de cuentas en la vía incidental; toda vez que, conforme al art. 357 solicitó a través de la misma se declare la obligación de rendir cuentas de la parte demandada, aspecto que fue concedido mediante Auto Interlocutorio de 18 de mayo de 2022, cursante de fs. 66 a 67 vta., donde se declaró HA LUGAR a la rendición de cuentas.

Sin embargo, se observa el incumplimiento con la doctrina antes citada, cuando formalizó la demanda ordinaria, toda vez que, en ese afán, mediante memorial de fs. 307 a 309, solicitó nuevamente, al igual que en el trámite incidental, se ordene a la demandada proceda a la rendición de cuentas por el monto de Bs. 237.069.96, repitiendo la pretensión de la demanda incidental.

Al respecto, la Doctrina aplicable del Considerando III.1 de este fallo, señaló que, la demanda de ordinarización, tiene como único fin la observación y discusión de las cuentas emitidas en la rendición de cuentas, cuando con las mismas no se esté de acuerdo.

Sin duda, lo expuesto demuestra que la formalización de la demanda en ordinaria de rendición de cuentas, efectuada mediante memorial de fs. 307 a 309, no se encuentra enmarcada dentro de los supuestos para la procedencia del art. 358.IV del Código Procesal Civil, porque no tomaron en cuenta que por mandato de la norma citada, ante la no presentación de cuentas por la parte demandada dentro el plazo determinado, lo que correspondía era que la parte actora elabore sus propias cuentas, en cuya eventualidad se salvaba el derecho de la parte demandada a discutir el contenido de esas cuentas vía proceso ordinario, cuya legitimidad activa le correspondida precisamente a ella y no al solicitante de la rendición de cuentas; pues, la ordinarización de la demanda de rendición de cuentas, se la efectúa para controvertir las cuentas presentadas por la parte solicitante en la fase incidental, finalidad que fue omitida por el demandante al solicitar se ordene a la demandada proceda a la rendición de cuentas y la autoridad judicial al haber admitido la mencionada demanda ordinaria mediante Auto Interlocutorio de 05 de septiembre de 2022 cursante a fs. 319, situación que importa que el referido tramite se encuentra viciado de nulidad, debido a que contraviene la norma antes citada, lo que sin duda genera que la pretensión postulada no resulte atendible por nuestro ordenamiento jurídico, desembocando ello en la improponibilidad de la misma, correspondiendo en consecuencia aplicar la nulidad del trámite en estudio.

Ciertamente; en el presente caso, la juzgadora de instancia no observó que, de acuerdo a lo descrito en la doctrina aplicable del Considerando III.3 referida a la improponibilidad objetiva, una vez comprobada la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le correspondía, efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción, tal como ha sido propuesta, análisis que a diferencia del control formal, radica en realizar un juicio de fundabilidad de los elementos que corresponden al derecho material invocado; y, en ese sentido establecer si la pretensión de la parte actora es o no proponible.

De ahí; que este Tribunal concluye que, en la presente causa, la pretensión formulada por el demandante mediante la demanda de ordinaria de fs. 307 a 309 es improponible porque el interés que se busca ser tutelado mediante la misma no se encuentra amparado por el art. 358.IV del Código Procesal Civil; toda vez que, dicha pretensión orientada a que se determine la obligación del demandado a rendir cuentas, incurre en repetición sobre la pretensión de la demanda incidental; correspondiendo en tal sentido dictar resolución en el marco del art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta el decreto a fs. 310 de obrados, a objeto de que en el trámite incidental de rendición de cuentas se de cumplimiento a lo dispuesto por el art. 358.IV del Código Procesal Civil.

Siendo excusable el error en que han incurrido las autoridades judiciales de ambas instancias, no se le impone multa.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

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Texto del fallo

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