AS/0776/2022

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PRIMERA

Auto Supremo Nº 776

Sucre, 5 de diciembre de 2022

EXPEDIENTE: 579/2022 CF

DEMANDANTE: Servicio Nacional de Caminos Residual

DEMANDADO: Rolando Juan Zamorano Canseco

DEPARTAMENTO: La Paz

MATERIA: Coactivo Fiscal

MAGISTRADO RELATOR: Lic. Esteban Miranda Terán

VISTOS: El recurso de casación en la forma y el fondo de fs. 509 a 515, interpuesto por Rolando Juan Zamorano Canseco, contra el Auto de Vista Nº 89/2021 de 29 de junio DE FS. 488 A 491y Auto complementario N° 112/2022 de 16 de marzo DE FS. 505, emitido por la Sala Social y Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo fiscal seguido por el Servicio Nacional de Caminos Residual (SNC-R), contra el recurrente, el Auto N° 535/22 de 11 de octubre de fs. 526, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y;

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Sentencia

El SNC-R representada por su Presidente Ejecutivo José María Bakovic Turigas, interpuso acción coactiva fiscal solidaria contra Edgar Trujillo Beltrán y Rolando Juan Zamorano Canseco, admitida la demanda la Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, emitió la Nota de Cargo N° 158/2005 de 6 de octubre de fs. 129, para el pago de US$4.741,49.- (Cuatro mil setecientos cuarenta y un 49/100 bolivianos), por concepto de apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado o la presentación de justificativos o descargos dentro del término de veinte días computables desde su legal notificación con la demanda, adoptándose las medidas precautorias previstas en el art. 11 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal (LPCF), con excepción del arraigo, instruyendo la notificación a los coactivados.

Por memorial de fs. 219 a 225, se apersonó al proceso Edgar Trujillo Beltrán, presentó justificativos y descargos e interpuso prescripción de la acción, a los que se adhirió Rolando Juan Zamorano Canseco; a través, de memorial de fs. 265 a 267, emitiéndose la Sentencia N° J1 046/2012 de 30 de noviembre, que declaró PROBADA la demanda de fs. 114-119 y el memorial de individualización de fs. 127, interpuesta por el SNC-R, contra los coactivados Edgar Trujillo Beltrán, como civilmente responsable, y Rolando Juan Zamorano Canseco, como responsable solidario, por haber incurrido en la conducta funcionaria tipificada en el art. 77 inc. h) de la Ley del Sistema de Control Fiscal (LSCF), manteniendo el cargo original de apropiación y disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado establecido en la Nota de Cargo N° 158/2005, por la suma de Bs.22.520, equivalente a $us.4.741,49.-, que deberá ser actualizado al momento del pago, más intereses, sin costas por disposición expresa del art. 39 de la Ley N° 1178, e IMPROBADAS las excepciones de prescripción opuestas mediante memoriales de fs. 219 a 225 y 265 a 267, por los coactivados Edgar Trujillo Beltrán y Rolando Juan Zamorano Canseco, respectivamente; y ordenó, 1. Girar Pliego de Cargo contra los coactivados, por haber incurrido en Apropiación y Disposición Arbitraria de Bienes Patrimoniales del Estado, para que en el plazo de 5 días improrrogables procedan al pago de la suma de Bs.22.520.equivalente a $us.4.741,49, más intereses.

Auto de Vista

En conocimiento de la Sentencia, Edgar Trujillo Beltrán, interpuso recurso de apelación, fs. 385 a 392; a la que se adhirió Rolando Juan Zamorano Canseco; a través, del escrito de fs. 396, recurso que fue resuelto por la Sala Social y Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista N° 93/15 de 20 de agosto, de fs. 435 a 436, que confirmó la Sentencia Nº J1 046/14 de 30 de noviembre; luego de la interposición del recurso de casación por parte de los coactivados, el Auto de Vista N° 93/15 fue ANULADO mediante Auto Supremo N° 129-1 de 14 de junio de 2017, emitido por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitiéndose posteriormente el Auto de Vista N° 89/21 de 29 de junio de 2021, emitido por la Sala Social y Administrativa Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que CONFIRMÓ la Sentencia N° J1 046/2012 de 30 de noviembre, contra la que se presentó el presente recurso de casación.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSOS DE CASACIÓN

En conocimiento del indicado Auto de Vista, Rolando juan Zamorano Canseco, Jefe Administrativo del SNC Distrito 9-Beni, formuló recurso de casación de fs. 509 a 515, señalando lo siguiente:

Casación en la forma

Acusó la vulneración del derecho al debido proceso y los principios de seguridad jurídica y verdad material; puesto que el Auto de Vista impugnado no se pronunció de manera congruente y motivada sobre la prescripción opuesta, en aplicación del art. 40 de la Ley N° 1178 (SAFCO), a tiempo de asumir defensa y la errónea interpretación e indebida aplicación del instituto de la interrupción, limitándose a hacer una transcripción de la normativa referida a la prescripción y de manera ultrapetita de la normativa relativa a la caducidad y preclusión.

No efectuó ninguna valoración sobre las pruebas de descargo, como ser el convenio, circulares, radiogramas, presupuesto general del SNC, Presupuesto General de la Nación, que si bien cursan en fotocopias simples, sus originales fueron presentados en aplicación de la parte in-fine del art. 130 del Código de procedimiento Civil (CPC-1975), vigente en ese momento, actual art. 111 del Código Procesal Civil (CPC-2013); por lo que, estas merecían ser admitidas y valoradas en aplicación del art. 145 del CPC-2013 y no lo hicieron; demuestran que este bono ya se venía cancelando desde el año 1990, 3 años antes de que ocupara el cargo de Jefe Administrativo Regional Beni y no fueron instituidos por ninguno de los ahora coactivados; puesto que, en los periodos que le correspondió aprobar y firmar las planillas de pago del bono funcional, era ya un Derecho adquirido e irrenunciable de todos los trabajadores del SENAC, tal como demuestra la conminatoria emitida por la Dirección General del Trabajo de 21 de julio de 1999.

Finalmente, tampoco fundamentó de manera motivada y congruente la aplicación del principio de la irretroactividad de la Ley en concordancia con la prescripción establecida en el art. 40 de la Ley N° 1178, en el tiempo y el momento de su oponibilidad como excepción de prescripción de la acción y obligación emergentes de la responsabilidad civil, solo se limitó a indicar que “es inviable que opere la prescripción o caducidad pretendida por los recurrentes, y que fue debidamente fundamentada en la sentencia” aplicando el art 1505 del Código Civil." , evidenciando una clara falta de fundamentación, motivación y congruencia en el fallo recurrido, vulnerando los arts. 115 (debido proceso), 180 (verdad material y debido proceso) y 178 (seguridad jurídica), todos de la Constitución Política del Estado CPE.

Casación en el fondo

Acusó infracción del art. 40 de la Ley N° 1178, errónea interpretación e indebida aplicación de la norma y del cómputo, concluyendo que “De la revisión de los antecedentes del proceso y considerando la normativa anteriormente desarrollada, y lo señalado en el recurso de apelación, señalan: 1) “Cabe resaltar que entre los hechos motivo del proceso coactivo fiscal por la autorización del pago de planillas al personal del SNC, que corresponde a la gestión de mayo de 1996, hasta la presentación de justificativos del memorial de excepciones y presentación de justificativos realizada en fecha 17 de julio de 2017, habrían transcurrido más de 11 años y cuando se le notifico con la demanda la obligación estaba totalmente prescrita de conformidad al art. 40 de la ley 1178, en el que disponía que las acciones judiciales y obligaciones emergentes de la responsabilidad Civil, prescribirán en diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal, No es menos evidente que la parte coactivada no ha ejercido su derecho a la prescripción extintiva o liberatoria ante la autoridad competente cuando lo establecía la Ley, conforme lo dispone el Art. 1499 del Código Civil (…) ”

Conclusión errónea y contradictoria, pues en el presente caso, como coactivados a tiempo de asumir defensa, invocaron su derecho a la prescripción al amparo del art. 49 de la Ley N° 1178, porque ya habían transcurrido más de los 10 años requeridos para la procedencia de la prescripción; asimismo, no es aplicable el art. 1499 del Código Civil (CC), porque faculta a los acreedores y cualquier otro interesado en ella, cuando la parte a quien favorece no la hace valer o ha renunciado a ella y de acuerdo a esta norma la parte a quien favorece son los coactivados y al plantear la excepción de prescripción, pretendieron hacerla valer y no renunciaron a la prescripción; más al contrario, plantearon como un medio de defensa a través de la excepción de prescripción a tiempo de responder negativamente a la demanda, tal como se evidencia de los memoriales presentados el 17 de julio de 2007 por Edgar Trujillo y el 6 de abril de 2009 por su persona, evidenciándose de este accionar, una errónea interpretación e indebida aplicación del art. 40 de la Ley 1178.

Se reconoció que tenían legitimación pasiva para reclamar la prescripción y caducidad; sin embargo, señalaron que no ejercieron su derecho, permitiendo que la prescripción sea interrumpida conforme a las disposiciones legales citadas, manifestando que tanto la prescripción como la caducidad quedaron interrumpidas, evidenciándose que el proceso continua desarrollándose hasta su estado actual, concluyendo que resulta inviable operar la prescripción o caducidad pretendida por el recurrente y que el instituto de la prescripción fue adecuadamente fundamentada en la Sentencia, porque a la misma aplica el art. 1503 del CC.

Respecto al art. 1503 del CC la Juez A-quo erradamente señaló que: “ la última actuación procesal antes del 17 de Julio de 2007 cursante a fs. 219 a 225, es el memorial de fs. 134 presentado el 16 de abril de 2007, conforme acredita el cargo de recepción de fs. 134, el decreto de 17 de abril de 2007 de fs. 135 vlta, de donde se colige que no transcurrió ni un año de inactividad, pues esta habría empezado a correr a partir de la notificación de 11 de mayo de 2007, que es la última actuación procesal, en sentido de que antes de esa fecha la prescripción no empezó a correr”.

Dicha aseveración es inaudita; sin embargo, la Juez de grado no tomó en cuenta, que la supuesta “última actuación” memorial de fs. 134, presentado el 16 de abril de 2007, fue realizada cuando la prescripción ya había operado en su favor, evidenciándose también un incorrecto computo de la prescripción, en violación del art. 40 de la Ley N° 1178 y el art. 1949 del CC, extremo no reparado por vuestras autoridades, permitiendo la vulneración del debido proceso y la seguridad jurídica.

El Auto de Vista reconoció, que tienen legitimación pasiva para reclamar la prescripción, con lo que avalaron su accionar al oponer la excepción de prescripción al amparo del art. 40 de la Ley N° 1178, a tiempo de asumir defensa (memoriales presentados el 17 de julio de 2007 y 6 de abril de 2009) en la que no reconocieron derechos del coactivante, porque en ese momento ya se encontraba operada la prescripción; puesto que, el hecho generador en lo que corresponde a su persona data de los años 1994 ( Julio) a 1995, (30 de Septiembre) y del Sr. Trujillo del año 1996; por lo que, mal se puede señalar que la prescripción habría sido interrumpida, conforme lo expresan los entendidos en la materia como Ricardo J. Papaño, Claudio Kiper, Guillermo Borda y otros en sus obras de Derechos Reales y el ultimo en su obra, Tratado de Derecho

Citó parte del Auto Supremo N° 239/2015 de 14 de abril de 2015, que evidencia que la interrupción de la prescripción, únicamente es posible cuando el término de la misma está en curso, de ninguna manera resulta correcto afirmar que la prescripción ya operada pueda ser interrumpida, por actos posteriores a su consolidación..." El Auto Supremo 008 de 18 de agosto de 2014, prevé que la prescripción en materia coactivo fiscal prescribe a los 10 años, computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o desde la última actuación procesal.

Con estos antecedentes, alegó que los hechos generadores que dieron lugar a la acción de este juicio coactivo, tuvieron lugar los años 94 y 95 y la notificación con la demanda y nota de cargo se produjo el año 2007, resultando por ello que el año 2007, ya se encontraba operada la prescripción a su favor, porque habían transcurrido más de 10 años, cumpliéndose de esta forma con lo previsto por el art. 40 de la Ley N° 1178; por lo que, mal puede argüirse, que con la notificación con la demanda ocurrida el 17 de julio de 2007, se habría interrumpido la prescripción, (prescripción operada); por lo que, la Juez a-quo, así como el Auto de Vista impugnado debió declarar improbada la demanda de fs 114 a 119 y probada las excepciones de prescripción opuestas.

Acusó, la vulneración del principio constitucional de la ¡rretroactividad de la Ley y su aplicabilidad, alegando que, la apelación sustenta su fundamento en el art. 40 de le Ley N° 1178; sin embargo, dicho precepto legal fue modificado por el art. 112 de la CPE y el art. 29 de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, que establecen que “los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”, es necesario recordar que la Constitución Política del Estado prevé en su Art. 123, que la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, y la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado conforme a lo previsto por el art. 39 de la Ley N° 004.

Añadió que, estas Leyes datan del año 2009, en el caso de la CPE y del año 2010 en el caso de la Ley N° 004, puestas en vigencia cuando la prescripción ya había operado en favor de sus personas, por lo que no se puede pretender aplicar al presente caso incurriendo en la vulneración del debido proceso y el principio de la seguridad jurídica, en grave perjuicio de sus derechos patrimoniales y personales al pretender obligarles a pagar sumas de dinero de las que nunca se apropió ni dispuso arbitrariamente.

Alegó, que se incurrió en errónea valoración de la prueba, vulneración del art. 145 del CPC-2013; puesto que, se limitó a hacer una relación de los documentos que dan origen al presente proceso coactivo como el convenio de 5 de abril de 1990 , debidamente homologado por el Ministerio de Trabajo, Desarrollo Productivo y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, así como la asignación de una partida en el presupuesto general de los años 1991 a 1995, cuyo cumplimiento no solo fue acatado en los años 1991 a 1996, sino también hasta el año 1999 por instrucción de la Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y los Informes de Auditoria, elaborados por la Contraloría y aprobados por el Contralor General de la Republica, reconociendo que los informes EX/EP13/F99-C6; EL/EP13F99-R1 y el Dictamen CGR-1/D00037/2003 de 25 de junio de 2003, son instrumentos con suficiente fuerza coactiva.

Dicha normativa es concordante con los arts. 31 y 43 de la Ley 1178, por el que se establece la responsabilidad civil de sus personas al haber incurrido en arbitraria disposición de los recursos del Estado al originarse el pago indebido de bonos del monto de Bs.22.520 equivalente a $us. 4.741, 49 a través de los comprobantes de pago de 31 de enero, 24 de febrero y 31 de marzo de 1995, no se consideró las pruebas aportadas; pese a que cumplían con el art. 1503 del CC, ni art. 3311 del CPC-1975, coartando su derecho a la defensa, porque con las pruebas aportadas principalmente con el convenido de 5 de abril de 1990, los presupuestos generales de la Nación de los años 1991 al 1995, circulares, radiogramas y otra abundante prueba, demostraron que el pago del incentivo funcional fue autorizado por los Directores Ejecutivos del SENAC, los ministros intervinientes en el convenio, el Ministro de Hacienda y el propio Congreso Nacional de la Republica, mas no por sus personas, desvirtuando la ilegal tipificación de apropiación y disposición arbitraria de bienes del Estado.

Si bien se alegó la invalidez del Convenio, por ser contraria a las determinaciones del art. 58 del DS N° 21060, tanto por la parte coactivante como por la Contraloría General del Estado, estas no han demostrado que el Convenio hubiere sido declarada nulo por autoridad judicial, en franca vulneración del art. 519 del CC, de lo que se infiere que este convenio tiene todo el valor legal mientras no se demuestre lo contrario

Finalmente, tampoco se ha considerado y tomado en cuenta en su verdadera dimensión, el Informe Técnico ATCF 008/08, emitido por el Lic. iván Yurí Hurtado Alba, Asesor Técnico del Juzgado Administrativo, coactivo Fiscal y Tributario, de fs. 258 a 260, en el que claramente establece, que se puede evidenciar que la CGR se limitó a responsabilizar civilmente a funcionarios administrativos, por hechos que se autorizaron y originaron en instancias jerárquicas, es decir dentro del nivel directivo del SENAC; por lo que, sugirió, dejar sin efecto la Nota de Cargo N° 158/05, hasta que la auditoria especial identifique a los responsables de validar el convenio laboral administrativamente y presupuestario para su ejecución.

Respecto de la prueba ofrecida por la parte demandada a tiempo de presentar descargos y justificativos, pruebas uno, dos, tres, cuatro y seis refieren que ha sido desarrollado y fundamentado su decisión en el tercer Considerando de la Sentencia en base a los antecedentes; toda vez que, se ha considerado el convenio de fecha 5 de abril de 1990 y el instructivo del Ministerio de trabajo de fecha 24 de junio de 1999 y el instructivo de conminatoria de 21 de julio de 1999, fueron enervados por la sentencia apelada concluyendo que la recepción de dichos documentos por el SENAC fue en la gestión 1999, quiere decir que fue posterior al acto de la comisión de la responsabilidad civil de Edgar Trujillo y Rolando Juan Zamorano Canseco, por haber incurrido en arbitraria disposición de los recursos del Estado, por el pago indebido de bonos.