AS/0781/2021

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 781/2021 Fecha: 06 de septiembre de 2021

Expediente: LP-128-21-S

Partes: Guzmán Alba Huanca c/ Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) y otros.

Proceso: Mejor derecho y reivindicación. Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 841 a 849, interpuesto por Guzmán Alba Huanca a través de su representante legal Rosario Alba Huanca contra el Auto de Vista Nº 198/2021 de 26 de abril cursante de fs. 791 a 795, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho propietario y reivindicación, seguido por el recurrente contra el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) y otros; los memoriales de contestación de fs. 852 a 855 vta., y de fs. 870 a 874 vta.; el Auto de concesión de 29 de junio de 2021 cursante a fs. 859; el Auto Supremo de Admisión Nº 668/2021-RA de 28 de julio cursante de fs. 883 a 884 vta.; todo o inherente, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. El Juez Público Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de El Alto - La Paz, pronunció la Sentencia Nº 42/2021 de 29 de enero, cursante de fs. 589 a 596 vta., por la que declaró PROBADA la demanda incoada por Guzmán Alba Huanca a través de su representante legal Rosario Alba Huanca por medio del escrito de fs. 49 a 52, subsanada a fs. 69 y vta.; 96 y vta., de obrados, en consecuencia, dispuso declarar el mejor derecho de propiedad del demandante, respecto al derecho propietario del GAMEA sobre el inmueble ubicado en la comunidad Juntuhuma, parcela 16, carretera La Paz - Oruro (Urbanización 27 de Septiembre, Distrito 8, x Fundo Juntuhuma) de 8.538,11 m2; de igual manera dispuso la restitución del referido terreno por parte de los co-demandados Hugo Arhuiza Calle, Marcelina Beltrán Franco, Rufino Alarcón Tantani, Yheaneth Soto Arcani, Graciela Cruz Sebastián de Chavez, María Eugenia Sánchez Huanca, Heriberto Calle Jiménez, Isabel Lima de Santos, Norha Pairumani Ajacopa y Daniel Mamani Mamani, de las fracciones que se encuentran en su poder, indicando además que la restitución ordenada no alcanza a la ocupación que tienen otras personas que no han intervenido en el proceso, de acuerdo al art. 229 del CPC.

Finalmente, salvó tanto el derecho del actor para demandar la restitución de los otros ocupantes del inmueble objeto de litis, como el derecho de los adquirientes del GAMEA que sean desapoderados para que los hagan valer frente a su transferente y de igual manera, para que la referida institución, si ve por conveniente, pueda afectar la propiedad del demandante, sea por expropiación u otra vía legal, para regularizar la titularidad sobre la Urbanización 27 de septiembre.

2. Resolución de primera instancia que fue apelada por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a través de su representante legal, mediante escrito que cursa de fs. 636 a 642 vta., y por Norha Pairumani Ajacopa por sí y en representación de Heriberto Calle Jiménez, María Eugenia Sánchez Huanca, Marcelina Beltrán Franco, Daniel Mamani Mamani, Hugo Arhuiza Calle, Yheaneth Soto Arcani e Isabel Lima de Santos por medio del escrito de fs. 725 a 732; a cuyo efecto la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante el Auto de Vista Nº 198/2021 de 26 de abril, cursante de fs. 791 a 795, ANULÓ la Sentencia apelada, argumentando que esa resolución no se encuentra suficientemente motivada, debido a que el Juez de instancia no expuso de forma razonable las convicciones determinativas que le llevaron a emitir su decisión y lo que más debilita su argumento, es la falta de evaluación de la prueba en la forma que exige el art. 213.II num. 3) con relación al art. 145.I del Código Procesal Civil, puesto que dicha autoridad llegó a establecer los hechos probados y no probados sin referir qué pruebas le llevaron a conformar su convicción respecto a la individualización del inmueble pretendido, ya que la documentación que, a criterio del Juez, demuestra ese extremo (folio real de fs. 6, informes de fs. 14 a 15 y los informes técnicos de fs. 17, 19, 21, 28 y 467) no otorga un grado de certeza, por ser genérica.

En suma, la documentación detallada por el juzgador de instancia, no establece de forma idónea y técnica la ubicación del inmueble pretendido, razón por la que corresponde que la mencionada autoridad, siguiendo el criterio que adoptó en la audiencia preliminar, disponga la producción de la prueba pericial en pro de determinar de forma adecuada la ubicación del bien inmueble; máxime si en el desarrollo de la inspección ocular se advirtió que el inmueble tendría una división porque existiría una calle, extremo que no condice con el folio real del demandante y la Escritura Pública Nº 763/2009 cursante de fs. 7 a 8.

3. Resolución que fue impugnada mediante el recurso de casación por escrito de fs. 841 a 849, interpuesto por Guzmán Alba Huanca a través de su representante legal Rosario Alba Huanca; el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. Citando la SCP Nº 2769/2010-R de 10 de diciembre, denunció que no se aplicó el principio de verdad material que persigue la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, pues en este caso, el Tribunal de alzada anuló la Sentencia argumentando que no existe una correcta ubicación del inmueble en litigio, empero a tiempo de asumir esa determinación, no consideró la complementación a la resolución de primera instancia que cursa de fs. 585 a 587 vta., donde el Juez de grado, aclaró la ubicación exacta de los inmuebles que ocupan los co-demandados de esta acción.

2. Acusando la vulneración del principio de congruencia, observó que el Tribunal de alzada dispuso la producción de un informe pericial, sin que esa prueba haya sido solicitada por ninguno de los apelantes, bajo el tenor del art. 261.III num. 2) del Código Procesal Civil, pues para que concurra la nulidad por ausencia de la prueba pericial, previamente los demandados debían proponer la producción de esa prueba, ya que nuestro ordenamiento jurídico no establece la doble producción ni la doble valoración de la prueba en segunda instancia; más aún cuando el tema concerniente a la ubicación del predio pretendido, fue resuelto en la complementación a la Sentencia, por lo que pretender promover prueba de oficio en el Auto de Vista impugnado vulnera el mencionado principio, y se aleja de los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación.

3. Reclamó que la resolución de alzada lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia; además vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia y al pronunciamiento judicial de fondo que se encuentran amparados en los arts. 56.I, 109.I, 110.I y II, 115.II, 117.I, 119, 120, 180 y 256 de la Constitución Política del Estado y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.