Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALACIVIL Auto Supremo: 0785/2026 Fecha: 03 de junio de 2026 Expediente: CH-44-26-S Partes: Carla Fabiola Torres Avendaño c/ Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leaño Palenque; Carmela Torres Oros de Coronado, Ambrosia Duran Daza, Dionicio Duran Daza, Juana Alejandra Duran Estrada, Natividad Duran Daza y Julia Duran Daza.
Proceso: Reivindicación y mejor derecho propietario.
Distrito: Chuquisaca.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 559 a 563 vta., interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leaño Palenque;
contra el Auto de Vista N 110/2026 de 26 de febrero, corriente de fs. 550 a 554, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de reivindicación y mejor derecho propietario, seguido por Carla Fabiola Torres Avendaño contra la entidad recurrente; la contestación de fs. 566 a 567 vta.; Auto de concesión de 30 de marzo de 2026, visible a fs. 568; el Auto Supremo de admisión N 0435/2026-RA de 16 de abril, cursante de fs. 572 a 574, todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Carla Fabiola Torres Avendaño por memorial de demanda que cursa de fs. 36 a 40, subsanado a fs. 43, promovió el proceso ordinario de reivindicación y mejor derecho propietario contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, representado por Enrique Leaño Palenque; y Carmela Torres Oros de Coronado, quienes una vez citados, según escritos visibles de fs. 105 a 109 vta., y de fs. 193 a 199 vta., contestaron de manera negativa y plantearon excepciones de improponibilidad y de emplazamiento a terceros; pretensiones que merecieron el Auto interlocutorio de 18 de octubre de 2023, obrante de fs. 379 a 381 vta., que declaró improbada la excepción de improponibilidad y probada la excepción de emplazamiento a terceros, disponiendo convocar a los herederos de Ignacio Daza, siendo citados Ambrosia Duran Daza, Dionicio Duran Daza, Juana Alejandra Duran Estrada, Natividad Duran Daza y Julia Duran Daza; una vez citadas según escritos visibles de fs. 445 a 446 y a fs. 473 y siguiente (no cuenta con foliación),
contestaron y se apersonaron a través, de Patricia Rosario Cerezo Martínez y Néstor Sánchez Padilla defensores de oficio; desarrollándose de esta manera la l causa hasta pronunciarse la Sentencia N 169/2025 de 26 de septiembre, que cursa de fs. 511 a 525, en la que la Juez Público Civil y Comercial 2 de la ciudad de Sucre, declaró PROBADA la demanda de mejor derecho propietario y reivindicación sobre el inmueble registrado con Matrícula N 1.0.11.99.0002957, respecto al inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre registrado con la Matrícula N 1.0.11.99.0082522; por otra parte salvó el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, sobre la superficie que llegare a responder por cesión según el porcentaje establecido por normativa municipal aplicable, una vez que la propietaria realice su regularización del inmueble de 1000 m2 registrado con Folio Real N 1.0.11.99.0002957 y a efectos de que acuda a la instancia que corresponda, respecto a la extensión superficial de 582,03 m2 cedida a su favor por el Barrio Justo Juez como área de equipamiento dentro del Proyecto de Regularización Técnica de Saneamientos Irregulares Barrio Justo Juez. Por otra parte, dispuso la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, al haber identificado que la superficie de 582,03 m2 cedida por el barrio Justo Juez, corresponde a la titularidad de Carla Fabiola Torres Avendaño, disponiendo que dicho Municipio dentro del plazo de 30 días de ejecutoriada la Sentencia debe entregar en favor de Carla Fabiola Torres Avendaño la extensión superficial de 285.03 m2, ubicado en la zona de Tucsupaya de la ciudad de Sucre, sin costas y costos. De igual manera, mediante Auto a fs.
527, dispuso enmendar el numeral 5 de la parte resolutiva de la Sentencia 169/2025 de 26 de septiembre, debiendo consignarse en su lugar: el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, dentro del plazo de 30 días de ejecutoriada la presente Sentencia, haga la entrega en favor de Carla Fabiola Torres Avendaño, la extensión superficial de 582.03 m2, ubicado en la zona de Tucsupaya de la ciudad de Sucre.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representada por Enrique Leaño Palenque en su condición de alcalde a través de Claudia Melva Vildozo Manzano, según escrito de fs. 531 a 534, originó que la Sala Civil, Comercial y Social Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N 110/2026 de 26 de febrero, corriente de fs. 550 a 554, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas y costos; bajo los siguientes argumentos:
- Bajo el principio de publicidad y prioridad registral, la actora ostentaría una titularidad consolidada desde el año 1998, frente a una inscripción municipal del año 2018, empero, pretender que un acto administrativo posterior anule un derecho real perfeccionado vulneraría el principio de seguridad juridica, ya que
A (A se advierte que el registro de 1998 gozaría de presunción de exactitud registral oponiendo su derecho.
- Los hechos serían contundentes e incontrovertibles, ya que la demandante habría acreditado su titularidad registral inscrita en Derechos Reales el 21 de abril de 1998, mientras que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre recién habría registrado su pretendido derecho el 22 de noviembre de 2018, por cuanto se advertiría que existe una antelación de 20 años que resultaría determinante en el presente caso.
- El argumento del apelante de que el bien fue cedido al Municipio como área de equipamiento no solo no destruiría esa prioridad registral, sino que pondría de manifiesto que la cesión se realizó sobre un terreno que ya contaba con propietario legítimamente inscrito.
- La acción de reivindicación sería la vindicatio por excelencia y para ello se debe cumplir con los presupuestos del art. 1453 del Codigo Civil, ahora, que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre pretendería legitimar la ocupación del inmueble alegando la función social de las áreas de equipamiento y al proceso de regularización del Barrio Justo Juez, este argumento no sería jurídicamente subsistente sino que revelariía con mayor nitidez la gravedad de la conducta municipal, ya que según el art. 57 de la Constitución Política Estado, no permite la autorización al Estado menos a un Municipio a incorporar a su patrimonio la propiedad de un particular sin seguir el procedimiento de expropiación.
- En el presente caso, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre habría incurrido flagrantemente en la conducta, al inscribir áreas de equipamiento sobre un terreno con propietario privado registrado desde 1998, sin haber agotado ningún proceso expropiatorio ni abonado compensación económica alguna, ello según la doctrina de Eduardo García de Enterria, el Estado no podría crear áreas de dominio público sobre propiedad privada ya inscrita mediante simples decretos o planimetrías municipales, ya que tal proceder constituiría la vía de hecho prescrita por la Sentencia Constitucional Plurinacional N 0437/2013, ya que el legítimo derecho a la vivienda de los vecinos del Barrio Justo Juez no podría materializarse mediante el sacrificio inconstitucional del patrimonio de una persona que no ha recibido compensación alguna, lo contrario, sería reconocer que el Estado, bajo el manto de la función social, despoje a cualquier ciudadano de su bien sin indemnización, contrariando así la Constitución.
- Respecto a la identidad del bien, el peritaje refirió que existiría una invasión física de 582.03 m2 por parte del Municipio, empero esta prueba no habría sido desvirtuada por dicha entidad mediante ningún medio probatorio idóneo, ya que
según la doctrina de Arturo Alessandri sobre la vis vindicativa confirmaría que acreditada la titularidad y la identidad del bien ocupado, la restitución sería una consecuencia jurídica inexorable.
- Respecto a la desposesión, tuvo que la Sentencia no sustentó su acreditación únicamente en los recibos de tributos, sino en la valoración integral y conjunta de la prueba, es decir, de la inspección judicial se habría constatado la posesión del Municipio sobre la superficie en cuestión; el informe pericial el cual habría establecido la sobreposesión catastral y los documentos registrales que reflejarían la inscripción de dicha entidad edil sobre ese mismo predio, valoración que se ajustaría a las reglas de la sana crítica.
- Respecto al título del demandado, el Municipio habría alegado detentar el bien con un título derivado de la cesión del Barrio Justo Juez e inscripción registral posterior, sin embargo, la misma fue realizada veinte años después, lo que carecería de eficacia jurídica para oponerse al demandante, refiriendo que una inscripción posterior no podría constituirse un título oponible a uno anterior, por lo que el demandado carecería -a todos los efectos de la reivindicación- de un título legítimo y preferente.
- Asimismo, ni la inalienabilidad, ni la imprescriptibilidad podría proyectarse sobre un bien que habría sido incorporado al patrimonio Municipal mediante una vía de hecho, en franca violación del derecho de propiedad inscrito de un particular, aceptar ello, implicaría consagrar que el Estado puede apoderarse igualmente de la propiedad privada de un ciudadano y luego blindar ese despojo bajo el manto del dominio público, tornándolo irreversible; tal interpretación sería incompatible con el Estado Constitucional de Derecho, ya que los atributos del dominio público son una garantía para proteger bienes que legítimamente pertenecerían a la comunidad y no a un instrumento de legitimación retroactiva de actos ilícitos.
- La Ley N 2372 y la Ley N 482 no habilitaría ninguno de sus artículos la inscripción de bienes municipales sobre propiedades privadas con derechos reales anteriores registrados, e interpretarlas en ese sentido convertiría en instrumentos inconstitucionales.
- Si bien el Municipio alegaría el interés público de las áreas de equipamiento, el Estado no podría ejercer sus potestades mediante vías de hecho, ya que la función social de la propiedad, no facultaría a la administración pública a confiscar predios privados sin el debido proceso, y si el Municipio requería dicha superficie para fines urbanísticos, debió haber activado el procedimiento de la expropiación previo pago de una indemnización conforme lo establece el art. 57 de la
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