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TSJ

AS/0794/2026

Tribunal Supremo de Justicia
9 de junio de 2026Sala Civil
Proceso
Acción reivindicatoria

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL

Auto Supremo: 0794/2026 Fecha: 09 de junio de 2026 Expediente: LP-77-26-5 Partes: Verónica Quispe Morales c/ Mariano Mario Muñoz.

Proceso: Acción de reivindicación y restitución de bien inmueble.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 181 a 185 vta., interpuesto por Mariano Mario Muñoz contra el Auto de Vista N 151/2026 de 23 de febrero, corriente de fs. 137 a 142, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de reivindicación y restitución de bien inmueble, seguido por Verónica Quispe Morales contra el recurrente; la contestación de fs. 189 a 190; el Auto de concesión de 01 de abril de 2026, visible a fs. 191; el Auto Supremo de admisión N 0484/2025-RA de 23 de abril, obrante de fs. 197 a 198 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Verónica Quispe Morales, por memorial de demanda que discurre de fs. 17 a 20, subsanado a fs. 26 y vta., promovió el proceso ordinario de reivindicación de derecho propietario y restitución de bien inmueble contra Mariano Mario Muñoz, quien una vez citado, no respondió en el plazo oportuno, por lo que a través de Auto de 08 de octubre de 2024, obrante a fs. 33, fue declarado rebelde;

desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N 32/2025 de 09 de enero, cursante de fs. 61 a 62 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 1 de la ciudad de El Alto de La Paz, declaró PROBADA la demanda ordinaria de reivindicación, disponiendo la restitución del inmueble con Matrícula N 2.01.4.01.0083968 por parte del demandado en favor de la demandante, en el plazo de 10 días de ejecutoriada la Sentencia, bajo alternativa de expedirse mandamiento de desapoderamiento.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Mariano Mario Muñoz, según escritos de fs. 120 a 123 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N 151/2026 de 23 de febrero, corriente de fs. 137 a 142, que

CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

-En relación al agravio 2.1, la acción de reivindicación promovida se funda en un derecho propietario legítimamente adquirido mediante adjudicación judicial, el que se encuentra acreditado a través del registro en Derechos Reales bajo la Matricula N 2014010083968, cursante de fs. 9 a 10, además del Testimonio N 1480/2015 de 11 de junio cursante de fs. 1 a 8 vta. Las alegaciones relativas a supuestas irregularidades ocurridas en procesos anteriores, no pueden ser analizadas ni valoradas dentro el presente proceso de reivindicación, por cuanto dichas circunstancias debieron ser reclamadas en el proceso en el cual se produjo la pérdida del derecho propietario del demandado, conforme al principio de preclusión procesal y efecto de cosa juzgada material reconocida en el art. 1319 del Código Civil; en ese sentido la acción de reivindicación no constituye un medio para revisar decisiones judiciales anteriores, sino un mecanismo de tutela del derecho de propiedad frente al poseedor sin título. Asimismo, la invocación de la condición de persona adulta mayor y su estado de salud, que merecen especial protección conforme a los arts. 67 y 68 de la Constitución Política del Estado, no implica que dichos factores puedan operar como causa de justificación para desconocer derechos reales válidamente constituidos ni para desvirtuar un proceso judicial tramitado conforme a ley; la protección reforzada a personas en situación de vulnerabilidad no autoriza a prescindir del principio de legalidad ni a desconocer la seguridad jurídica.

-Respecto al agravio 2.2, de la revisión integral del proceso, se evidencia que ella se desarrolló respetando las garantías constitucionales previstas en los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado, por cuanto la demanda fue admitida por Auto de 08 de agosto de 2024 y el demandado fue legalmente citado en su domicilio real el 27 de agosto de 2024, conforme consta a fs. 31, cumpliendo con las formalidades previstas en el art. 73 del Código Procesal Civil, garantizando su conocimiento efectivo del proceso; la declaratoria de rebeldía, dispuesta por Auto de 08 de octubre de 2024, no constituye por sí misma vulneración alguna al derecho a la defensa, sino una consecuencia jurídica prevista en el art. 364 del Código Procesal Civil, frente a la incomparecencia injustificada del demandado, pese a haber sido válidamente citado, aspecto ratificado por la jurisprudencia constitucional; la rebeldía tampoco altera la facultad probatoria del Juez, que se mantiene incólume conforme a la regla del art. 136.III del mismo Código, esta facultad probatoria fue ejercida sin vulnerar la igualdad de las partes y el derecho a la defensa. Respecto a la supuesta omisión de defensor de oficio y notificación mediante el sistema HERMES, dichas figuras resultan aplicables únicamente en los supuestos expresamente previstos

por ley, no siendo exigible de manera automática en procesos civiles ordinarios cuando la citación personal fu válidamente practicada en el domicilio real del demandado.

-En relación al agravio 2.3, no es evidente que la demandante pretende apropiarse ilegítimamente de su vivienda; toda vez que, la parte demandante promovió la acción reivindicatoria en su condición de propietaria legitima, derecho adquirido mediante adjudicación judicial previa, en ese sentido, el ejercicio de un acción real destinada a recuperar la posesión del bien, no puede ser equiparado a un acto de apropiación ilegítima, sino constituye el uso regular de un derecho reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. En cuanto a la alegada ausencia de oportunidad para ejercer la defensa, este derecho consagrado en el art. 119 de la Constitución Política del Estado, garantiza la posibilidad real de participar en el proceso, mas no obliga al órgano jurisdiccional a suplir la inactividad procesal de las partes; en el caso el demandado fue válidamente citado y tuvo la oportunidad de apersonarse, contestar, ofrecer prueba y formular alegaciones; sin embargo opto por no hacerlo, generándose la declaratoria de rebeldía, aspecto que también no le priva al demandado de apersonarse en forma posterior, asumir defensa y ejercer los recursos que la ley le franquea, como ocurrió, cuando interpuso el recurso de apelación.

-En relación al agravio 2.4, la Sentencia no incurre en defecto de fundamentación probatoria ni en error de hecho; toda vez que, la inspección judicial constituye un medio de prueba legalmente previsto por el art. 187 del Código Procesal Civil, que tiene la finalidad de constatar en forma directa de hechos relevantes para la decisión del proceso; en el caso la autoridad judicial de primera instancia dispuso y ejecutó tal diligencia, dejando constancia expresa de su desarrollo en el acta de fs. 49 a 51 vta., así como el respaldo fotográfico agregado de fs. 47 a 48.

Contrariamente a lo afirmado por el recurrente, de dicho actuado se evidencia que el demandado se encontraba presente en el inmueble objeto de fitis, circunstancia que fue reconocida por el propio recurrente, quien manifestó vivir en dicho lugar desde hace 15 años y no contar con documentación que respalde su derecho posesorio.

-En relación al agravio 2.5, corresponde precisar que la carga de la prueba en el proceso civil se rige por el principio dispositivo, conforme a lo previsto por el art.

1283 del Código civil y art. 136 del Código Procesal Civil; en ese sentido corresponde a las partes, aportar los elementos probatorios destinados a sustentar sus afirmaciones; en el caso, el demandado, pese a su legal citación, no ofreció ni produjo prueba alguna destinada a acreditar un derecho posesorio

legítimo, ni a desvirtuar los presupuestos de la acción reivindicatoria, acreditado por la parte demandante; la afirmación genérica de que no se le permitió participar en el proceso, carece de respaldo objetivo, máxime cuando en la inspección judicial, tuvo la oportunidad de exhibir documentación y formular observaciones, limitándose a manifestar que no contaba con papeles que acrediten su derecho.

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Datos del proceso

Demandante
Veronica Quispe Morales
Demandado
Mariano Mario Muñoz
Proceso
Acción reivindicatoria
Magistrado relator
Primo Martinez Fuentes
Tribunal Supremo de Justicia9 de junio de 2026AS/0794/2026Fuente oficial