AS/0807/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0807/2025

Fecha: 01 de agosto de 2025

Expediente: CH-52-25-S

Partes: Lorenza Nina Rodríguez c/ Senon Cruz Flores.

Proceso: División y partición de bienes gananciales.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 95 a 98 vta., interpuesto por Lorenza Nina Rodríguez contra el Auto de Vista Nº 150/2025, de 10 de abril, corriente de fs. 88 a 92, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales, seguido por la recurrente, contra Senon Cruz Flores; el Auto de concesión de 16 de mayo de 2025, visible a fs. 102; el Auto Supremo de admisión N° 0526/2025-RA de 02 de junio, saliente de fs. 107 a 108 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Lorenza Nina Rodríguez por memorial de demanda que discurre de fs. 27 a 29 vta., promovió el proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales, contra Senón Cruz Flores, quien una vez citado, no contestó en plazo oportuno, por lo que, mediante providencia de 21 de mayo de 2024, visible a fs. 37 vta., se designó defensor de oficio al Abg. Jerson Fernando Aguirre Carrasco, quien según escrito que corre a fs. 42, se apersonó y contestó a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia Nº 168/2024, de 19 de agosto, que cursa de fs. 66 a 67, en la que la Juez Público de Familia 6º de la ciudad de Sucre, declaró IMPROBADA la demanda.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Lorenza Nina Rodríguez según escritos de fs. 70 a 75, originó que la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista Nº 150/2025 de 10 de abril, corriente de fs. 88 a 92, mediante el cual se CONFIRMÓ la Sentencia apelada con costas, bajo los siguientes argumentos:

- Dentro del presente proceso de división y partición de bienes, se infiere que debería existir la certeza de que los bienes a dividirse son gananciales; es decir, que a momento de la presentación de la demanda no se necesitaría la comprobación previa de la calidad de los mismos (que sean parte o no de la comunidad ganancial); toda vez que, la demandante quien reconviene, debería presentar prueba de la existencia de tales bienes o activos y que os mismos tienen la calidad de gananciales para su división y partición, hechos que no se suscitaron en el presente proceso.

- La Juez A quo, al haber referido que el recibo presentado por la demandante a fin de comprobar que existía dinero en la suma de 17.963,57, es la restitución o devolución que el bando efectuó a Senon Cruz flores el 2 de agosto de 2022 de la suma que estaba depositada a plazo fijo, no siendo veraz que la suma fuera depositada recién en tal fecha por el demandado, al haber sido devuelta esa suma dentro de la vigencia del matrimonio.

- El dinero que la recurrente señaló que existiría en la cuenta N° 963998.403570, del Banco Sol en la suma de Bs. 15.477,69, también fue retirado durante la vigencia del matrimonio, por el titular de la cuenta; es decir, por el demandado, según la documental cursante como prueba a fs. 34 y 61, sin que pueda establecerse el uso que se dio de tal dinero o si con el mismo se aportó a las actividades del matrimonio o se generó algún bien de la comunidad de gananciales.

- La Sentencia apelada guarda la congruencia necesaria requerida en la emisión de una resolución que cuente con los parámetros establecidos en el debido proceso; es decir, la fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, si bien los argumentos no están expuestos de forma ampulosa, los mismos son precisos y claros en cuanto al razonamiento expuesto en la resolución.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Lorenza Nina Rodríguez según escrito visible de fs. 95 a 98 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

La recurrente en el recurso de casación alegó que:

a) El Auto de Vista N° 150/2025 de 10 de abril, adolece de una falta de motivación, razonable y suficiente fundamentación, vulnerando el debido proceso previsto en los arts. 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado.

b) Tribunal de alzada hubiera efectuado una mala y deficiente valoración de las pruebas ofrecidas por su parte y producidas de oficio; aspectos que incidieron en la decisión asumida, por cuanto ésta resultaría altamente subjetiva.

c) Falta de contenido mínimo en el Auto de Vista recurrido; toda vez que, los principios de congruencia y pertinencia representan el límite de la actuación de la autoridad jurisdiccional; toda vez que, no se puede emitir decisiones sin considerar las normas jurídicas, como ocurrió en el presente caso.

Fundamentos por los cuales la recurrente solicitó case el recurso interpuesto, sea con costas y costos a su favor.

2. De la contestación al recurso de casación.

La parte demandada, debidamente notificada con el recurso de casación en análisis, no contestó al mismo.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.

Por su parte la congruencia se refiere a ‘la relación que debe existir entre lo peticionado, lo considerado, la cita de pruebas y normativas legales aplicables al caso concreto”.

III.2. Con relación a la valoración de la prueba.

Sobre esta temática el Auto Supremo N° 252/2022, de 19 de abril, en su doctrina legal aplicable expresó que: “…el doctrinario Antezana refirió que la valoración de la prueba ‘…Consiste en el análisis crítico e integral, del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos con la actividad práctica probatoria. Este análisis, persigue la obtención, como resultado, de un juicio final de certeza o de probabilidad, respecto al fundamento de las pretensiones hechas a valer…’ (ANTEZANA Palacios, Alfredo, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Editorial Judicial, 1999, Tomo I, pág. 309), por su parte el jurista Palacio expreso que: ‘…La apreciación de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia definitiva, se pronuncia acerca de la eficacia o atendibilidad de aquella para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos en el proceso…’ (PALACIO, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo IV, Actos Procesales, Editorial Abeledo-Perrot, pág. 411) citas doctrinarias, que nos permiten concluir que: “La valoración de la prueba es: ‘…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”’ (Auto Supremo Nº 508/2019 de 23 de mayo).

En ese sentido, para realizar tal acto de valoración de la prueba, el Auto Supremo Nº 532/2021 de 14 de junio de refirió que: ‘…que nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, cuando en el Código Procesal Civil en su articulado 145.II, describe que: ‘Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana critica o prudente criterio…’, ello entendemos por influencias del Código General del Proceso del Uruguay de 1989, para el juicio oral por audiencias, deduciendo de ello y bajo los criterios del referido autor Obando Blanco, que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, se encuentra vigente a partir de la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice ‘…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta’, introducido como un freno o un obstáculo a manera de generar seguridad jurídica en las actuaciones del juez, que en ocasión de aplicar la valoración en base al sistema de sana critica o prudente criterio puede expresar conductas traducidas en arbitrariedades.

En cuyo entendido el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, supondrá que el propio ordenamiento jurídico establezca en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad material, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución”.

CONSIDERANDO IV

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud del principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto.

De la exposición efectuada por la parte recurrente respecto a los reclamos contenidos en los incisos a) y c) expuestos en el Considerando II, se tiene que son de exposición coincidente y conexas; por lo tanto, se absolverá en un solo fundamento, para evitar una innecesaria motivación jurídica reiterativa.

En ese contexto, del análisis de los supuestos agravios, se advierte que, estos contienen dos acusaciones expresas, la primera referida a la falta de motivación y fundamentación y la segunda la vulneración del principio de congruencia; en ese entendido, corresponde iniciar el presente análisis señalando que, en mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria entre la pretensión jurídica y la expresión de agravios formulada por las partes, principio que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, el cual establece que el Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación, motivo por el cual la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve compelida a lo formulado en la apelación por el impugnante. Del mismo modo, la motivación y fundamentación también son consideradas como elementos o vertientes del derecho al debido proceso, que impone a las autoridades judiciales que a momento de resolver la problemática planteada lo hagan en base a razonamientos jurídicos y fácticos; es decir, explicando de forma razonada y coherente el motivo por el cual asumen una determinada decisión, pues es considerada como la justificación razonada del por qué se asume una postura, siendo este el elemento primordial que destaca en todo Estado Constitucional de Derecho.

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