Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N? 0811/2026-A Sucre, 3 de junio de 2026 ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Proceso : La Paz 166/2025 Parte acusadora: Ministerio Público Parte acusada : Alexander Mendieta Zuazo Delito : Suministro, art. 51 en relación al art. 33 inc. i) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) Il. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 20 de agosto de 2024, cursante de fs. 209 a 217, Alexander Mendieta Zuazo impugna el Auto de Vista 260/2023 de 22 de noviembre, de fs. 190 a 195, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal que sigue en su contra el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Suministro, previsto y sancionado por el art. 51 en relación al art. 33 inc. ¡) de la Ley 1008.
Il. ANTECEDENTES l1.1. Sentencia Por Sentencia 232/2021 de 11 de mayo, de fs. 125 a 130, la Juez de Sentencia Penal Décimo Segundo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Alexander Mendieta Zuazo, autor de la comisión del delito de Suministro de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por los arts. 51 y 33 inc. ¡) de la Ley 1008, imponiendo la pena privativa de libertad de 9 años y 6 meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, con costas a favor del Estado a calificarse en ejecución de Sentencia y mil doscientos días multa a razón de Bs? por día.
ll.2. Apelación restringida y Auto de Vista Contra la referida Sentencia, el recurrente formuló el recurso de apelación restringida de fs. 156 a 159 vta., resuelto por Auto de Vista 260/2023 de 22 de noviembre, de fs. 190 a 195, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz, que rechazó y declaró inadmisible el recurso interpuesto; y en consecuencia, confirmó la Sentencia.
III. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN El recurrente señala que el memorial de subsanación refiere de manera concreta, puntual y precisa la aplicación que se pretende, fundamentando de forma individualizada cada agravio con su precedente contradictorio; puesto que la determinación asumida por el Tribunal de Alzada carece de asidero legal, toda vez que del memorial referido se evidencia que las observaciones realizadas fueron subsanadas en su totalidad.
Desarrolla los agravios expuestos y los precedentes invocados en su recurso de apelación restringida; que conforme lo desarrollado se puede advertir que su persona fundamentó adecuadamente los tres agravios de la apelación restringida, acusando que el Auto de Vista impugnado resulta incongruente al establecer que lo que se juzga son hechos y no delitos, y soslayar el hecho de que para condenar debe existir una correcta subsunción de su conducta al delito de Suministro y esa conducta debe estar demostrada con prueba suficiente que genera certeza.
IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL IV.1. Del derecho a la impugnación multinivel Previo a referirnos sobre el recurso de casación y su admisibilidad, incumbe manifestar que, el derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria; en ese, sentido conforme lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
Bajo ese marco normativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, sostuvo que:
La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser
garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (el resaltado es añadido).
Del mismo modo, en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la Corte IDH, estableció de forma categórica que:
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