AS/0813/2019

3. La resolución de primera instancia fue apelada por el tercerista excluyente Máximo Gonzáles Ibarra (fs. 1764 a 1767 vta.), los demandados Juan José Gonzales Aquino y Zenaida Veizaga Cornejo a través de su representante legal (fs. 1769 a 1773 vta.), Margoth Alba Terrazas Gonzales por sí y en representación de Susana Gonzales Mamani y José Elías Terrazas Gonzales (fs. 1776 a 1784), recursos que fueron resueltos por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunciando el Auto de Vista N° 090/2018 de 6 de diciembre que discurre de fs. 1888 a 1895 vta., REVOCANDO PARCIALMENTE la sentencia, declarando PROBADA la demanda reconvencional de entrega de bienes inmuebles, evicción, saneamiento, caducidad, pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia, disponiendo que el plazo de entrega de los bienes deberá ser fijado por el juez de la causa. En lo demás CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia apelada, en cuanto a declarar IMPROBADA la demanda principal e IMPROBADA la demanda planteada por el tercero excluyente, Máximo Gonzales Ibarra, esgrimiendo como fundamento en lo principal:

1. a)Que según el art. 450 del Código Civil, “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica y según el art. 519, el contrato tiene fuerza de ley entre las partes”, lo que implica que, lo pactado por las partes conlleva una obligación recíproca que da nacimiento a un compromiso que corresponderá en el futuro la posibilidad de la disolución sino por consentimiento mutuo de las partes que suscribieron dicho acuerdo;
2. b)Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no tiene validez sino mediante dicha forma, salvo disposición contraria conforme establece el art. 493.I del Código Civil, originando la invalidez la ineficacia o inexistencia del acto jurídico, ingresando al campo de la nulidad que ha de ser pronunciada judicialmente y demandada por quién alegue interés legítimo;
3. c)Que se encuentra comprobada y demostrada la legalidad de las Escrituras Públicas Nº 1524/2011 de 22 de diciembre, que constituye un contrato de compra venta de un lote de terreno ubicado en calle Florida y Santa Cruz de la ciudad de Tupiza, préstamo de dinero o mutuo con garantía hipotecaria suscrito entre PRODEM y Susana Gonzales Mamani viuda de Terrazas, como vendedora a favor de Juan José Gonzales Aquino y Zenaida Veizaga Cornejo y Nº 458/2011 de 22 de diciembre consistente en la transferencia de inmueble que otorgan Susana Gonzales de Terraza, José Elías Terrazas Gonzales y Margoth Alba Terrazas Gonzales a favor de Juan José Gonzales Aquino de un inmueble ubicado en calle Santa Cruz de la ciudad de Tupiza, demostrándose también que los vendedores recibieron el precio de las ventas a su entera satisfacción;
4. d)Que los contratos de transferencia referidos conforme el art. 485 del Código Civil, tienen un objeto lícito como es la compraventa de los inmuebles señalados, además de verificarse la concesión de un préstamo de dinero, donde participó el Banco PRODFEM S.A., para el pago de la venta de los bienes indicados, considerándose que poseen objeto posible, lícito y determinado, actos que fueron debidamente registrados en Derechos Reales para la oponibilidad de terceros, habiendo nacido las Escrituras Públicas cuya nulidad pretenden, a la vida jurídica con toda la validez para su cumplimiento por los suscribientes, no existiendo causales de nulidad para dejarlos sin efecto;
5. e)No existen los requisitos exigidos por el art. 545.II del Código Civil como para determinar la simulación de los contratos; el documento de subrogación de deuda de 17 de diciembre de 2011, no hace mención a un acto propio de simulación, sino precisamente a uno de subrogación de deuda, por lo que no existe el acto de simulación alegado por los actores en el memorial de demanda, a lo largo del proceso y ratificado en el recurso de apelación;
6. f)Que, la cláusula cuarta del contrato plasmado en el testimonio de la Escritura Pública N° 1524/2011 de 27 de diciembre, señala que la evicción y saneamiento es de responsabilidad del vendedor quedando liberada la entidad prestamista que otorgó el crédito para la compra del inmueble;
7. g)Que resulta evidente la caducidad en la que se hubiese ingresado en vista que en la cláusula tercera del documento antes indicado, se acordó que los vendedores tenían la posibilidad de recuperar los inmuebles en el lapso de cinco años computables a partir de la fecha de suscripción del documento previa la devolución de los Bs. 450.000 que se recibieron por la venta de los dos inmuebles, pudiendo ser la devolución en cuotas y que ante el incumplimiento del pago de dos cuotas consecutivas anulará la posibilidad de rescate en el inmueble, habiendo los vendedores incumplido, lo estipulado en el monto y plazo acordados, dando lugar a no ejercer el derecho al rescate;
8. h)Corresponde que el pago de daños y perjuicios que demandaron los reconvencionistas sean averiguados en ejecución de sentencia al haberse acreditado que éstos tienen lugar al reclamo de la entrega de los bienes litigados en un plazo prudencial que debería establecer el juez A quo,
9. i)Que según el art. 510 del Código Civil, en los contratos debe averiguarse cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, tarea en la que se debe considerar el comportamiento total de los suscribientes y las circunstancias del contrato, y que, realizando esta tarea se interpreta que la intención común de las partes fue la compraventa de los bienes inmuebles con opción de rescate previo el pago del monto señalado, debiendo existir una interpretación integral de todas las cláusulas del contrato y no solamente de las que pretenden los demandantes, no existiendo causa para determinar su nulidad.