AS/0816/2025

Texto del fallo

<div>

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0816/2025

Fecha: 01 de agosto de 2025

Expediente: BE-12-25-S

Partes: Janneth Camacho Coro c/ David Pedro Tito Herrera.

Proceso: Reconocimiento de mejor derecho propietario, acción negatoria y

reivindicación.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 413 a 422 vta. interpuesto por Janneth Camacho Coro contra el Auto de Vista N° 19/2025 de 16 de febrero, corriente de fs. 405 a 409, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación, seguido por la recurrente contra David Pedro Tito Herrera; el Auto de concesión de 29 de abril de 2025, visible a fs. 437, el Auto Supremo de admisión N° 0450/2025-RA, de 21 de mayo, obrante de fs. 443 a 445 todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Janneth Camacho Coro por memorial de demanda que discurre de fs. 12 a 14, ampliado por escrito a fs. 15 y a fs. 19 y vta.; promovió el proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación contra David Pedro Tito Herrera, quien una vez citado, conforme escrito cursante de fs. 38 a 41, planteó excepciones de falta de legitimación, demanda defectuosa e infundada por indebida acumulación de pretensiones contradicción y obscuridad, llamamiento y emplazamiento a terceros, contestó de forma negativa y reconvino acción negatoria, y conforme escrito visible de fs. 48 a 49 vta., contesta la demanda de forma negativa, pretensiones que merecieron el Auto definitivo N° 35/2020, de 14 de agosto, obrante a fs. 76 y vta., en la que se declaró el DESISTIMIENTO de la pretensión reconvencional con todos sus efectos la excepciones planteadas y contestación a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N° 45/2024 de 22 de abril visible de fs. 337 a 342, en la que, la Juez Público Civil y Comercial y Familia 4° de Riberalta, declaró IMPROBADA la demanda de mejor derecho propietario y PROBADA la acción reivindicatoria y acción negatoria, disponiendo que en el término de 30 días de la ejecutoria de la sentencia el demandado desocupe y entregue el bien inmueble; asimismo, declara la inexistencia de derechos por parte de David Pedro Tito Herrera que exista sobre dicho bien inmueble.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por David Pedro Tito Herrera según escrito de fs. 350 a 365 vta., originó que la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni pronuncie el Auto de Vista N° 19/2025, de 16 de febrero, corriente de fs. 405 a 409, donde se REVOCÓ totalmente la Sentencia impugnada y en consecuencia IMPROBADA la demanda principal; en base a los siguientes argumentos:

Que, no correspondía declarar desistida la contestación sino únicamente la acción reconvencional y por consecuencia es posible valorar la prueba ofrecida por dicha parte en la referida actuación; en tal sentido, de los títulos aportados por ambas partes se establece que la demandante ofreció como prueba la Escritura Pública N° 0277/2015, de 20 de julio, por el cual acreditó ser propietaria de un inmueble ubicado en la Urbanización “San Juan”, Manzano U-8, Lote 2, Zona “E”, Distrito 5, habiendo inscrito su derecho de propiedad en la Matrícula N° 8.02.1.01.0011828, Asiento A-2; por otro lado, el demandado aportó prueba consistente en Escritura Pública N° 0075/2015, de 04 de marzo, por el cual acreditó ser propietaria de un inmueble ubicado en la Urbanización “San Juan”, Manzano U-8, Lote 3, Zona “E”, Distrito 5, habiendo inscrito su derecho de propiedad en la Matrícula N° 8.02.1.01.0011852, Asiento A-1; por lo que se concluye que se trataría del mismo bien inmueble.

Que, en los hechos a probar, no se acreditó que tanto la demandante como el demandado, cuenten con mejor derecho propietario sobre el mismo bien inmueble; puesto que no aportaron pruebas elementales como el certificado treintañal de sus propiedades a fin de establecer el mejor registro sobre el bien inmueble, lo que denota un incumplimiento de la carga probatoria establecida en el art. 136 del Código Procesal Civil, lo que imposibilita que se ingrese a analizar el mismo deviniendo en improbada la pretensión como consecuencia de lo señalado.

Que, como consecuencia de no poderse determinar el mejor derecho de propiedad de las partes en conflicto, en el mismo sentido se hace inviable acoger las demás pretensiones de acción reivindicatoria y negatoria al no cumplir la demandante con los presupuestos establecidos en los arts. 1453 y 1455 ambos del Código Civil.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jhanneth Camacho Coro según escrito visible de fs. 413 a 422 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

1. La recurrente en el recurso de casación manifestó:

En la forma.

a) Acusó que, el Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista no indica con precisión la fundamentación y motivación; puesto que, el mismo no se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior y que hayan sido objeto de apelación, ya que trae a colación hechos no fundamentados por el apelante, ni planteados como agravios lo que genera la vulneración de los arts. 218 y 213 ambos del Código Procesal Civil.

b) Señaló que, el Auto de Vista genera sus fundamentos en hechos ajenos a la sentencia; toda vez que, refiere que en la parte dispositiva de la sentencia se hubiera declarado probada la demanda principal de mejor derecho propietario, cuando de la revisión de la misma dicha afirmación no correspondería; por lo que la referida resolución de segunda instancia incurriría en una inadecuada fundamentación y motivación.

En el fondo.

a) Manifestó que, el Tribunal de alzada ingresó de forma oficiosa al análisis del desistimiento de la acción reconvencional, validando los fundamentos de la contestación, sin que dicho aspecto fuera reclamado en apelación; en el mismo sentido, no consideró que en las pruebas periciales efectuadas en el proceso como en la establecida de fs. 177 a 183, se consideró las pruebas aportadas en la contestación por el demandado como la ofrecida a fs. 46 y fs. 116, aspecto que de forma similar fuera considerado por el segundo perito en su informe de fs. 232 a 233; por lo que, no existe fundamento para sostener que la prueba aportada en la contestación por el demandando no fuera considerada.

b) Expresó que, el Tribunal de segunda instancia declaró improbado sus pretensiones de mejor derecho propietario y reivindicación, limitándose a establecer los antecedentes de los títulos de las partes en conflicto, para luego concluir que se trataría del mismo bien inmueble y que por la falta de prueba de los antecedentes de tracto sucesivo, no se pudo establecer el mejor registro y como consecuencia la reivindicación, sin considerar que no se trataría del mismo bien inmueble ya que al lote de la demandante le correspondería la numeración 2 y que colindaría al Norte: con la Avenida Taruma; por otro lado, respecto al lote de la parte demandada le correspondería la numeración 3 y que colindaría al norte con la Avenida Tamarindo; en el mismo sentido el Tribunal de alzada no consideró ni valoró el informe pericial de fs. 177 a 183; por el cual, se concluyó que el terreno del demandado se encuentra en un distinto manzano denominado N° U-6 y que el de su propiedad correctamente se encuentra en el manzano denominado N° U-8, lo que genera la convicción de que ambos inmuebles se encuentran en manzanos distintos, aspecto que fuera ratificado por un segundo informe pericial de catastro cursante de fs. 232 a 233 que tampoco fuera valorado por el Tribunal Ad quem, incurriendo en una errónea y equivocada valoración de la prueba conculcándose la disposición establecida en el art. 145 del Código Procesal Civil.

c) Señaló que, el Tribunal de alzada declaro por improbada su acción negatoria manifestando que no existe aprovechamiento sobre el bien inmueble; por lo que no se acomodaría al presupuesto establecido en el art. 1455 del Código Civil, sin considerar que en el mismo de su parte constituyó gravámenes tal como lo señalado el propio demandado en su contestación.

Aspectos por los que solicita se case el Auto de Vista impugnado.

2. Contestación al recurso de casación:

David Pedro Tito Herrera, responde al recurso de casación mediante memorial de fs. 429 a 436 vta., señalando en lo principal que:

- El recurso de casación no cumpliría con el art. 272 del Código Procesal Civil, al no corresponder la firma estampada en la misma a la demandante; aspecto que se acreditaría de la comparación de la fs. 422 (firma del recurso de casación), con actuados cursantes a fs. 1, fs. 10 y de fs. 12 a 14; siendo que, la firma estampada en el recurso de casación, no le corresponderían a la demandante Janeth Camacho Coro.

Por lo que, solicita que se “rechace” el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

III.DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.

III.2. Del principio de congruencia y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R, de 05 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014, de 12 de febrero y Nº 0704/2014, de 10 de abril.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante citra petita; en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016, de 06 de abril, citando al Auto Supremo Nº 11/2012, de 16 de febrero, señala: “… todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el Tribunal de Alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el Tribunal de Alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014, 27 de 27 de mayo, se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada ‘citra petita’, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”. (Las negrillas nos corresponden).

Por otro lado, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 353/2018-S2, de 18 de julio, citando a la Sentencia Constitucional N° 0358/2010-R de 22 de junio, estableció que: “…en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa”. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentaran la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a lo acusado en el recurso interpuesto; considerando que, conforme a lo desarrollado en el considerando III.1 ha de procederse a contestar a los reclamos de forma; toda vez que, los mismos tienden a la nulidad de obrados y de no ser evidentes los mismos, recién ha de ingresarse al análisis de los argumentos de fondo del recurso de casación.

En la forma.

Sobre el particular corresponde señalar que el principio de congruencia, se entiende como aquella correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto y en el caso de una impugnación, como el marco de actuación en el que debe ceñirse el Tribunal de alzada al momento de resolver la misma, su parámetro de análisis deberá circunscribirse a los fundamentos desarrollados en la resolución impugnada y los argumentos explanados en el recurso de apelación; puesto que, al no guardar la resolución de alzada el hilo de conducción antes señalado se genera la emisión de una determinación “ajena o extraña” a los puntos de debate constituyéndose la misma en arbitraria y sin sustento argumentativo, lo que ineludiblemente vulnera el derecho al debido proceso de las partes en su componente derecho a una resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente, aspecto que fuera ampliamente desarrollado en el considerando III.2, de la presente resolución.

En tal sentido, en el caso presente de la revisión del Auto de Vista N° 19/2025 de 16 de febrero, corriente de fs. 405 a 409; por el cual, el Tribunal de alzada determinó revocar la Sentencia cursante de fs. 345 a 350; bajo el análisis de que el desistimiento de la acción reconvencional, no puede alcanzar a la contestación al ser este un mecanismo de defensa, como así tampoco a los medios de prueba acompañados al mismo; generando un análisis de las características de las Escrituras Públicas N° 0277/2015 de 20 de julio y N° 0075/2015 de 04 de marzo, concluyó que se trataría de un mismo bien inmueble; sin embargo, señaló que no era posible determinar el mejor derecho propietario de cada predio, en consideración a que no se hubiera aportado por las partes los antecedentes dominiales de los bienes de su propiedad, aspecto que era una carga suya en aplicación del art. 136 del Código Procesal Civil, deviniendo en consecuencia en improbada las pretensiones de mejor derecho propietario, reivindicación y acción negatoria de la demanda.

Fallo que no consideró que la finalidad del proceso en materia civil está orientado a la resolución efectiva de la controversia suscitada entre partes; por lo que, declarar improbada la demanda de mejor derecho de propiedad, acción negatoria y reivindicación, interpuesta por la parte actora, bajo el fundamento de no existir prueba suficiente, como lo hizo el Tribunal de alzada, contradice el objetivo y finalidad del proceso y de la función jurisdiccional en sí misma; pues, al Juez y al Tribunal de apelación les corresponde adoptar las medidas probatorias necesarias en caso de considerar que las pruebas aportadas por las partes resultan insuficientes. Sin embargo, limitarse a declarar improbada la demanda por considerar insuficientes las pruebas, deriva en mantener en total incertidumbre a las partes porque la controversia ante ellas no ha merecido efectiva resolución.

Toda vez que, la función jurisdiccional descasa en los principios de eficacia y eficiencia establecidos en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, tendientes a la obligación de los administradores de justicia en lograr absolver los conflictos generados en la sociedad y no dejarlos en total inseguridad; aspecto que conculca principios como los del sumaj qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) y teko kavi (vida buena) establecidos en el art. 8 del propia norma suprema; siendo errado el concepto de que la prueba únicamente pueda ser producida por las partes, cuando de la misma dependa la solución del conflicto; puesto que, esta en tal circunstancia deberá ser absuelta, en el presente caso por el Tribunal de alzada bajo las facultades de mejor proveer establecidas en el art. art. 264.I del Código Procesal Civil; debiendo en todo caso, cumplir con el valor constitucional de retornar a las partes a la armonía social, a través de un fallo que absuelva el conflicto jurídico, tal como lo manda el art. 8.II de la Constitución Política del Estado.

Bajo ese razonamiento el Tribunal de alzada, si consideraba insuficiente la prueba aportada por las partes y necesaria la prueba por informe sobre el antecedente dominial de la propiedad de las partes, debió asumir medidas coherentes con ese criterio y no limitarse a declarar improbada la demanda, alejándose de los principios y valores establecidos en la norma suprema y desglosadas en el apartado anterior.

Por otro lado, debe tenerse que presente que la determinación sumida por el Tribunal de alzada, no descansa en los reclamos generados en el recurso de apelación planteado por la parte demandada a través de memorial de fs. 351 a 366 vta., respecto a la valoración de la integridad de las pruebas aportadas en la causa, desconociendo el derecho a la doble instancia, derecho a la defensa y quebrantando el principio de congruencia desarrollado en el considerando III.2 de la presente resolución, motivos que devienen en la nulidad de la resolución de segunda instancia a efectos de que estos últimos absuelvan adecuadamente “todos” lo reclamos generados por el recurrente de apelación, debiéndose enfocarse especialmente sobre la valoración probatoria omitida y centrado a establecer con certeza si los bienes en conflicto e insertos en las Escrituras Públicas N° 0277/2015, de 20 de julio y N° 0075/2015, de 04 de marzo, corresponden en identidad y superficie a un mismo inmueble o no, para si fuera el caso, ingresar al análisis de un mejor derecho propietario; considerado que al no existir planimetría aprobada de la Urbanización San Juan y fraccionamiento respecto al Manzano U-8, conforme documentales de fs. 34 a 37 consistentes a informes de catastro del Municipio de Riberalta; la ubicación de los Lotes 2 y 3 de la partes en controversia, no pueden sostenerse en los puntos de georreferenciación presentados en sus planos, al ser estos últimos solo actos administrativos y no títulos de los cuales devenga el derecho propietario de las partes en conflicto, debiendo en todo caso la autoridad de segunda instancia como Tribunal de hecho, realizar una confrontación de los datos y colindancias de los Folios Reales de los contendientes cursantes a fs. 4 y 23; además, de los datos y colindancias establecidos de las Escrituras Públicas N° 0277/2015 de 20 de julio y N° 0075/2015 de 04 de marzo, a efectos de establecer o descartar la coincidencia y correspondencia de identidad y superficie de las mismas, reiterando que el origen y objeto de la propiedad privada de las partes deviene ciertamente de los títulos antes descritos y no de actos administrativos.

En tal sentido teniéndose por acreditada la vulneración de los reclamos generados en la forma por la recurrente, lo que deviene en la nulidad de la resolución de segunda instancia, no será necesario ingresar a los demás reclamos establecidos en el recurso de casación.

Consecuentemente, siendo evidente la vulneración de los derechos aludidos por la parte recurrente en cuanto a la omisión de pronunciamiento del Tribunal de segunda instancia, sobre los argumentos explanados en el recurso de la apelación, elemento que infringe el principio de congruencia y el derecho al debido proceso; corresponderá emitir resolución bajo los parámetros establecidos en el art. 220.III num. 1 inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista N° 19/2025, de 16 de febrero, corriente de fs. 405 a 409, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y dispone que el Tribunal Ad quem, pronuncie una nueva resolución bajo los fundamentos desarrollados en el presente fallo, otorgando respuesta a todos los agravios explanados en el recurso de apelación cursante de fs. 351 a 366 vta., en sujeción a lo previsto en el art. 265 del Código Procesal Civil.

Sin multa por ser excusable.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

</div>

Texto del fallo

Consulta el PDF original con Pixi

Datos del proceso