AS/0820/2025

Texto del fallo

<div>

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0820/2025

Fecha: 01 de agosto de 2025

Expediente: CB-27-25-S

Partes: Nicacia Mery Méndez de Guzmán c/ María Antonieta Tejada de Cabrera, Ninon Cabrera Tejada y Sergio Orlando Unzueta Garnica.

Proceso: División y partición de bienes.

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 243 a 245, interpuesto por Maria Antonieta Tejada de Cabrera contra el Auto de Vista N° 233/2024 de 12 de noviembre, corriente de fs. 237 a 240, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de división y partición de bienes, seguido por Nicacia Mery Méndez de Guzmán contra la recurrente, Ninon Cabera Tejada y Sergio Orlando Unzueta Garnica; la contestación de fs. 248 a 251; Auto de concesión de 26 de marzo de 2025, visible a fs. 254; el Auto Supremo de admisión N° 0387/2025-RA, corriente de fs. 260 a 261 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;"> Nicacia Mery Méndez de Guzmán, mediante memorial de demanda cursante de fs. 49 a 50 vta., subsanado a fs. 54 y vta., promovió el proceso ordinario de división y partición de bienes contra Maria Antonieta Tejada de Cabrera, Ninon Cabrera Tejada y Sergio Orlando Unzueta Garnica, quienes una vez citados no respondieron a la demanda siendo declarados rebeldes a través del Auto de 17 de enero de 2020, visible de fs. 68 vta.; sin embargo, mediante escrito corriente a fs. 109, Maria Antonieta Tejada de Cabrera y Ninon Cabera Tejada, se apersonaron justificando su incomparecencia a la audiencia preliminar de 26 de enero de 2021, sin asumir defensa alguna; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 15 de junio de 2021, cursante de fs. 178 a 179 vta., por el cual el Juez Público Civil y Comercial N° 2° de Cochabamba, declaró PROBADA la demanda, disponiendo se proceda a la subasta y remate del bien inmueble con Matrícula N° 3.01.1.02.0000907.

</li>

</ol>

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Nicacia Mery Méndez de Guzmán, según escrito a fs. 183 y vta. y María Antonieta Tejada de Cabrera, conforme memorial de fs. 188 a 191, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N° 233/2024, de 12 de noviembre, corriente de fs. 237 a 240, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:

2.1. Con relación al recurso de apelación interpuesto por Nicacia Mery Méndez de Guzmán

- La autoridad de primera instancia incurrió en error en parte al no imponer costas y costos a los demandados; toda vez que, la Sentencia declaró probada la demanda interpuesta por la parte demandante; resultando incorrecta la aplicación del art.223.II del Código Procesal Civil, por no tratarse de un proceso doble; toda vez que , los demandados no reconvinieron a la demanda principal y mucho menos se apersonaron al proceso; por lo cual corresponde dar aplicación a lo dispuesto por el art. 223.I. del adjetivo civil.

2.2. Con relación al recurso de apelación interpuesto por Maria Antonieta Tejada de Cabrera.

- Con relación al primer, tercer, quinto y sexto puntos de agravio y tomando en cuenta el principio de preclusión, hace que las observaciones realizadas por el apelante sean inconducentes; toda vez que, de la revisión de antecedentes; se advierte que, los demandados no contestaron a la demanda, mucho menos opusieron excepciones u observaron el informe pericial en audiencia preliminar y/o complementaria; en tal sentido, se debe considerar que cada actuación procesal debe ser realizada dentro el término establecido por ley, bajo el riesgo de no poder realizarla de forma posterior; en ese entendido, los reclamos efectuados por la parte apelante resultan impertinentes.

- La apelante vulneró el principio de pertinencia, al hacer referencia a aspectos que no fueron contemplados en la resolución apelada u otra resolución que haya sido objeto de impugnación antes de la emisión de la sentencia; por lo que, los argumentos motivo de análisis, no constituyen una fundamentación objetiva y pertinente; por cuanto, no fueron analizados y resueltos en la Sentencia impugnada u otra resolución anterior a ella.

- Con relación al segundo y cuarto reclamo, la recurrente debió solicitar complementación, enmienda o explicación, si consideraba que la Sentencia contenía imprecisiones o contradicciones y no interponerlas a consideración en la fase de apelación.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por María Antonieta Tejada de Cabrera, según escrito visible de fs. 243 a 245, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

La recurrente en el recurso de casación alegó que:

En el fondo.

- Existencia de violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, prevista en el art. 265 de Código Procesal Civil y el principio de preclusión, toda vez que, de manera taxativa el Tribunal de alzada debió aplicar lo determinado en el art. 1 nums. 1, 4, 5, 8, y 16; arts. 5, 6, 7.II., todos del Código Procesal Civil, así como los arts. 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado; empero, el fundamento de la decisión asumida en su contra fue contraria a dichas disposiciones; además, de vulnerar el principio de dirección establecido en el art. 1.num. 4 del Código Procesal Civil.

En la forma.

a) La interposición de su recurso de apelación data de 05 de julio de 2021; la radicatoria fue en la misma gestión; sin embargo, el Auto de Vista fue emitido el 12 de noviembre de 2024, actuado con el cual fue notificada el 03 de diciembre de similar año, en inobservancia de lo establecido en los arts. 82.I, 89.I, 90.II.III.IV y art. 264.I del Código Procesal Civil, dando lugar a que el Tribunal de segunda instancia haya perdido competencia, operándose en el caso concreto el principio de preclusión por vencimiento de plazos, en aplicación de los arts. 16.II y 30 de la Ley del Órgano Judicial, resultando el fallo emitido en nulo de pleno derecho en razón de su pronunciamiento extemporáneo, habiendo subsumido su conducta a los tipos penales tipificados en los arts. 153, 154 y 173 primera parte del Código Penal.

b) Falta de motivación y fundamentación en el Auto de Vista; por cuanto, en dicha resolución únicamente se observa una forzada y/o acomodada argumentación en favor eventual de la parte adversa, violentando las líneas jurisprudenciales relativas al debido proceso en sus componentes de derecho a una resolución suficiente y razonable a la congruencia y a la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico.

Fundamentos por el cual la recurrente solicitó se case o se anule el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda o reponga antecedentes hasta una nueva presentación de aquella en sujeción estricta de los arts. 110 y 111 del Código Procesal Civil.

2. De la contestación al recurso de casación.

Nicasia Mery Méndez de Guzmán, mediante memorial de fs. 248 a 251, respecto al recurso de casación de Maria Antonieta Tejada de Cabrera, refiere en lo principal que:

- La Vocal relatora no incurrió en omisión, interpretación y aplicación incorrecta de la Ley Civil y Procesal Civil en el fondo y en la forma; se efectuó una revisión exhaustiva del proceso siendo emitida con la debida motivación y fundamentación en cumplimiento de los principios de legalidad, congruencia, veracidad, transparencia y probidad, valorando las pruebas en mérito al principio de verdad material y cabal entendimiento a lo dispuesto en el art. 265 del Código Procesal Civil, precisamente para otorgar seguridad jurídica a las parte.

- Advirtió con criterio de legalidad el proceso, pues, pese de haber declarado el Juez de turno, probada la demanda formulada, resultó incorrecta la aplicación del art. 223.I del Código Procesal Civil, por no ser proceso doble; por lo que, en la parte resolutiva del Auto de Vista cuestionado, confirmó la sentencia apelada con la agregación de imponer costas y costos a los demandados, en atención del art. 223.I del adjetivo civil.

- La Vocal relatora advirtió con precisión que los puntos reclamados en apelación fueron impertinentes e inconducentes; toda vez que, la apelante debió haber hecho uso de la facultad conferida por el art. 226.III del Código Procesal Civil, dentro los plazos establecidos por ley.

- El Auto de Vista N° 233/2024, de 12 de noviembre, en su integridad no vulneró el Código Civil como tampoco el Procesal Civil, con referencia a los artículos referente al caso. La autoridad de segunda instancia, se circunscribió a los puntos resueltos por el Juez que conoció la causa, no modificó el contenido de la Sentencia apelada en perjuicio de la apelante, decidiendo sobre los puntos omitidos en la resolución de instancia, en cumplimiento del art. 265 del adjetivo civil, con referencia a las costos y costas reclamados por la actora.

- Los fundamentos del recurso de casación interpuesto por la recurrente, en el fondo, forma y el petitum, resultan confusos, contradictorios e impreciso; toda vez que, solicita de forma alternativa casar y/o anular el Auto de Vista recurrido, declarando improbada la demanda y reponer antecedentes hasta la presentación de demanda.

Fundamentos con los cuales solicita se declare infundado el recurso en la forma y en el fondo en cumplimiento de los principios de probidad, legalidad, transparencia y debido proceso, sea con costos y costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones

La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0386/2015-S2, de 8 de abril, señaló que: “…el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición.

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere”.

III.2. De la pérdida de competencia por vencimiento de plazo para emitir resolución, que ya no constituye causal de nulidad.

El Auto Supremo N° 290/2019, de 01 de abril, al respecto razonó: “Al respecto, y toda vez que la presente causa fue tramitada conforme a los lineamientos establecidos en el actual Código Procesal Civil, es preciso remitirnos a lo estipulado en el art. 16 de dicho cuerpo normativo, donde de manera expresa se establece cuáles son las causales por las que la autoridad judicial pierde competencia en un determinado asunto, siendo estas: ‘1. Excusa declarada legal. 2. Recusación probada. 3. Resolver en su contra la competencia suscitada y 4. Conclusión del pleito’; concordante con esta norma y refiriéndonos a la validez de la sentencia, el art. 217 del mismo cuerpo legal señala: ‘Es válida la sentencia pronunciada fuera de plazo prevista por este Código, pero dará lugar a la sanción disciplinaria a la autoridad judicial, conforme a Ley’.

De lo expuesto se infiere que si bien el abrogado Código de Procedimiento Civil, sancionaba con nulidad automática a aquellas resoluciones emitidas fuera de plazo (art. 208); sin embargo, el actual adjetivo civil, con una visión más amplia y acorde a los principios y garantías jurisdiccionales que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Estado como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, modificó dicha disposición, estableciendo únicamente cuatro causales por las cuales opera la pérdida de competencia, entre las cuales lógicamente ya no se encuentra consignada la emisión de resolución fuera de plazo, y contrariamente lo que hizo fue otorgar plena validez a aquellas resoluciones que por uno u otro motivo sean pronunciadas fuera del plazo establecido por ley, disponiendo que esas autoridades jurisdiccionales que incumplan con su obligación y quebranten los plazos, sean sancionados disciplinariamente conforme a ley.

En ese entendido, resulta lógico que la sanción por el incumplimiento de los plazos para emitir resolución, genere consecuencias únicamente en la autoridad judicial que ocasionó dicha demora y retardo en el acceso a una justicia rápida y de ninguna manera en los justiciables cuyo único fin es solucionar sus conflictos dentro de los plazos previstos por la ley”.

III.3. Respecto a las causales de casación.

El Auto Supremo N° 439/2017, de 02 de mayo, al respecto señaló: “El art. 271 del mismo adjetivo Civil, al hacer referencia a las causales de casación, establece: ‘(Causales de Casación) I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.

II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores…’.

En relación a lo anterior la línea Jurisprudencial desarrollada por éste Tribunal, al referirse al error ‘in judicando’ y a los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo en que incurre el Tribunal de Alzada al aplicar el derecho material en la decisión de la causa, ha especificado que las figuras jurídicas conceptualizadas como violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida…(Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, entre otros).”

CONSIDERANDO IV

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los argumentos del recurso de casación, así como los fundamentos legales y doctrinales que sustentarán la presente resolución y en virtud al principio de congruencia que debe regir en todo proceso judicial como elemento del debido proceso, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de forma, para posteriormente resolver las acusaciones de fondo.

En la forma.

Respecto al supuesto agravio vertido en el inciso a) mediante el cual se reclama que el Tribunal de segunda instancia hubiera perdido competencia; toda vez que, el recurso de apelación interpuesto, fue el 05 de julio de 2021, radicado en el mismo año; sin embargo, la emisión del Auto de Vista es de 12 de noviembre de 2024, operándose en el caso concreto el principio de preclusión por vencimiento de plazos, en aplicación de los arts. 16.II y 30 de la Ley del Órgano Judicial, resultando el fallo emitido en nulo de pleno derecho en razón de su pronunciamiento extemporáneo, habiendo subsumido su conducta a los tipos penales tipificados en los arts. 153, 154 y 173 primera parte del Código Penal.

Conforme al reclamo expresado, de la revisión de antecedentes cursantes en el proceso; se advierte que, el recurso de apelación interpuesto por la demandada fue el 05 de julio de 2021, el mismo fue radicado en la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 06 de octubre del mismo año; sin embargo, la emisión del Auto de Vista Nº 233/2024, cursante de fs. 237 a 240 fue el 12 de noviembre de 2024; no obstante, pese a tener la data de 12 de noviembre de 2024, esta fue notificada a la recurrente el 03 de diciembre del mismo año, conforme se observa en el formulario de comunicación procesal cursante a fs. 241; en ese sentido, a lo vertido por la parte actora respecto a que el Tribunal de segunda instancia hubiese perdido competencia por el plazo transcurrido en la emisión del Auto de Vista recurrido, es preciso entender que conforme a lo desarrollado en el acápite III.2 de la presente resolución, este aspecto no amerita la nulidad del proceso o la pérdida automática de competencia; sino únicamente, es sujeto a control por el órgano disciplinario pertinente.

Para mejor entendimiento corresponde señalar que, la emisión de una resolución fuera del plazo legal no amerita la nulidad del proceso y menos la incompetencia de la autoridad judicial que debe emitir la respectiva resolución judicial, ello conforme al criterio jurisprudencial establecido en el Auto Supremo N° 290/2019 de 01 de abril y la interpretación extensiva del art. 217 del Código Procesal Civil, criterio que se encuentra acorde al régimen de las nulidades procesales, en razón que la nulidad de obrados es una medida de ultima ratio, cuya procedencia únicamente se dispone cuando se ocasione indefensión objetiva; de modo que, no es posible considerar que la emisión de una resolución judicial fuera del plazo legal sea justificativo para pretender anular obrados; en tal sentido, resulta lógico que la sanción por el incumplimiento de los plazos para emitir resolución, genere consecuencias únicamente respecto a la autoridad judicial que ocasionó dicha demora y retardo en el acceso a una justicia rápida y de ninguna manera afecte a los justiciables cuyo único fin es solucionar sus conflictos dentro de los plazos previstos por la ley. En ese mérito lo vertido por la recurrente carece de sustento.

Ahora bien, en relación al segundo reclamo descrito en el inciso b) a través del cual se desprende una falta de motivación y fundamentación en el Auto de Vista, por cuanto en dicha resolución únicamente se observa una forzada y/o acomodada argumentación en favor eventual de la parte adversa.

Antes de ingresar a verificar si lo reclamado por el ahora recurrente es evidente, se hace preciso inferir que conforme a lo razonado por este Tribunal expuesto en el apartado III.1 de la presente resolución que, la motivación no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que ésta debe ser concisa, pero clara y satisfacer los puntos demandados; bajo ese entendimiento, de la lectura y revisión del Auto de Vista ahora cuestionado; se advierte que, el Tribunal de alzada, motivó su decisión manifestando con relación al primer, tercer, quinto y sexto punto señalando que conforme dispone el principio de preclusión las observaciones realizadas por la parte apelante pecan de inconducentes; toda vez que, de la revisión de antecedentes se advirtió que los demandados no contestaron a la demanda principal, ni mucho opusieron excepción alguna, u observaron el informe pericial en la audiencia preliminar o en audiencia complementaria; puesto que, cada actuación procesal debe ser realizada dentro del término señalado para tal efecto, conforme prevé la ley procesal, bajo sanción de no poder ser realizada con posterioridad; en consecuencia, tal derecho debe ser ejercido en el momento oportuno.

Asimismo, el Tribunal de alzada también refirió que se vulneró el principio de pertinencia; toda vez que, resultó incorrecto hacer referencia a aspectos que no fueron contemplados en la resolución apelada u otra resolución anterior a la Sentencia emitida que haya sido objeto de apelación en el efecto diferido para que ese Tribunal pudiera haberse pronunciado; por lo que, los argumentos motivo de análisis, no constituyeron una fundamentación objetiva y pertinente; por cuanto, no fueron analizados y resueltos en la Sentencia impugnada u otra resolución anterior a ella; por lo que, ese Tribunal se encuentra impedido de realizar consideración alguna al respecto.

Por otro lado, con relación al segundo y cuarto punto de agravio el Tribunal de alzada razonó señalando que, si la recurrente consideró que la Sentencia contenía imprecisiones o contradicciones en la misma, debió hacer uso de la facultad conferida por el art. 226.III del Código Procesal Civil; es decir, debió solicitar la complementación, explicación y/o enmienda del fallo apelado en el plazo señalado por ley, de modo que de haber sido reclamado oportunamente, conforme prevé el Código adjetivo civil, hubieran sido resueltos en la instancia pertinente, sin necesidad de ser formulados en alzada.

Aseveraciones que evidencian que, el Tribunal de alzada explicó de forma clara y precisa que la parte -ahora recurrente- no asumió una debida defensa en un orden consecutivo que el proceso exige; es decir, no activó los medios de defensa que la ley le otorga dentro de las fases y periodos estipulados en el Código Procesal Civil; toda vez que, determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia. En tal sentido, se advierte que, el Tribunal Ad quem, cumplió con los presupuestos que hacen al debido proceso, en su vertiente de fundamentación y motivación.

En el fondo.

Ahora bien, en relación al reclamo de fondo referente a la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, prevista en el art. 265 de Código Procesal Civil y el principio de preclusión; toda vez que, de manera taxativa el Tribunal de alzada debió aplicar lo determinado en el art. 1 nums. 1, 4, 5, 8; y, 16; arts. 5, 6, 7.II., todos del Código Procesal Civil, así como los arts. 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado; empero, el fundamento de la decisión asumida en su contra fue contraria a dichas disposiciones; además, de vulnerar el principio de dirección establecido en el art. 1.num. 4 del Código Procesal Civil.

En relación a la acusación descrita precedentemente, se debe señalar que conforme a la doctrina aplicable desarrollada en el punto III.3 de la presente Resolución, las figuras jurídicas conceptualizadas como violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley son diferentes; por lo que, es obligación de la parte recurrente especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cuál la interpretación debida, aspectos estos que no son cumplidos por la parte; sin embargo, de la revisión del Auto de Vista impugnado, se colige que el mismo se circunscribió a los puntos que hubieran sido objeto de apelación por parte de la ahora recurrente, mismos que fueron resueltos en primera instancia; además, como se explicó precedentemente, en el recurso que se analiza no existe una mínima explicación que permita comprender el alcance de la violación, interpretación errónea o aplicación indebida del art. 265 del Código Procesal Civil y del art. 1 nums. 1, 4, 5, 8 y 16 y de los arts. 5, 6 y 7.II del mismo Código Procesal Civil; y, arts. 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado, que acusa la recurrente de manera simplemente enunciativa.

Por todo lo expuesto precedentemente se concluye que, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 243 a 245, interpuesto por Maria Antonieta Tejada de Cabrera contra el Auto de Vista N° 233/2024, de 12 de noviembre, corriente de fs. 237 a 240, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, con costas y costos.

Se regula honorarios profesionales al abogado que contestó el recurso de casación en Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase

Relator: Mgdo. Primo Martínez Fuentes.

</div>

Texto del fallo

Consulta el PDF original con Pixi

Datos del proceso