Texto del fallo
_ TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALACIVIL Auto Supremo: 0821/2026 Fecha: 17 de junio de 2026 Expediente: BE-10-26-5 Partes: Cisely Bravo Villavicencio c/ Comercializadora Center Sport S.A.
representada por María Isabel Rojas de Claros.
Proceso: Nulidad de Escritura Publica.
Distrito: Beni.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 368 a 369 vta., interpuesto por Cisely Bravo Villavicencio contra el Auto de Vista N 430/2025 de 20 de octubre, corriente a fs. 364 a 365 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso ordinario de nulidad de Escritura Pública seguido por la recurrente contra la Comercializadora Center Sport S.A. representada por María Isabel Rojas de Claros; la contestación de fs.
372 a374 vta.; el Auto de concesión de 24 de marzo de 2026, visible a fs. 375; el Auto Supremo de admisión N 0477 /2026-RA de 23 de abril, obrante de fs. 380 a 381 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO 1:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Cisely Bravo Villavicencio por memorial de demanda que cursa de fs. 18 a 22, subsanado de fs. 36 a 37 y a fs. 181 y vta., promovió el proceso de nulidad de Escritura Pública contra la Comercializadora Center Sport S.A., representada por María Isabel Rojas de Claros, quien, una vez citada, según escrito visible de fs. 187 a 189 vta., se apersonó, contestó de manera negativa y planteó excepción de falta de legitimación pasiva; pretensión que mereció el Auto de O5 de junio de 2025, obrante de fs. 216 vta. a 217, que declaró improbada la excepción opuesta;
desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N 066/2025 de 19 de agosto, que cursa de fs. 229 a 230 vta., en la que la Juez Público Civil, Comercial y de Familia 4 de Riberalta - Beni, declaró PROBADA la demanda de nulidad de escritura pública N 126/2024, sobre reconocimiento de deuda de dinero con garantía hipotecaria de fecha 28/10/2024; declarando la ineficacia de la escritura pública referida. Con costas y costos.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por
la Comercializadora Center Sport S.A. representada por María Isabel Rojas de Claros, según escrito de fs. 282 a 290 vta., originó que la Sala Civil Mixta, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emita el Auto de Vista N 430/2025 de 20 de octubre, corriente de fs. 364 a 365 vta., que REVOCÓ la Sentencia apelada y declaró IMPROBADA la demanda, en base a los siguientes argumentos:
- La decisión asumida por la Juez A quo, es errada porque se basa en premisas equivocadas; puesto que, la supuesta imposibilidad de la empresa CENTER SPORT para suscribir el documento no tiene nada que ver con las causales previstas en el numeral tres del artículo que contempla la ilicitud de la causa y del motivo ilícito del contrato, tampoco expone como ese defecto formal convierte a la causa o los motivos ilícitos.
-La demanda no puede ser dirigida en contra de una persona natural, cuando una persona jurídica es distinta, por lo que es un contrasentido alegar que la empresa no tiene contempladas entre sus actividades el suscribir reconocimiento de deudas y al mismo tiempo no demandarla como persona jurídica y si demandar a su representante, siendo que fue resuelto de carácter previo sin que se recurra por la demandada que opuso la excepción.
-En el fondo de la problemática, no es coherente sostener que se niegue a una sociedad comercial la posibilidad de suscribir un documento en el que se reconozca una deuda a su favor, es absurdo afirmar que tal actividad debe estar prevista expresamente en su documento de constitución y en el registro de comercio, lógicamente está implícito en el giro normal de la empresa.
-Además el reconocimiento de deuda no es un contrato, es una obligación unilateral conforme al art. 956 del Código Civil, por consiguiente, podía no suscribir la empresa acreedora y la obligación es válida.
-En definitiva, no se ha comprobado de ninguna forma que la escritura pública adolezca de alguna ilicitud prevista en el art. 549 num. 3 del Código Civil.
3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Cisely Bravo Villavicencio, según escrito visible de fs. 368 a 369 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECUROS DE CASACION Y CONTESTACION.
1. La recurrente en el recurso de casación acusó:
- a)Inobservancia de los arts. 1 y 128.1 del Código Procesal Civil y vulneración de los arts. 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado y los arts. 3, 4 y 12 de la
A A Ley del Órgano Judicial, así como los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, objetividad, legalidad y contradicción; toda vez que, se cuestionó que la excepción de falta de legitimación pasiva no se encuentra prevista en el ordenamiento legal boliviano y que, además, María Isabel Rojas de Claros no contaba con representación legal para interponer el recurso de apelación.
- b)Transgresión del principio de verdad material y el debido proceso; toda vez que, el Tribunal de alzada no consideró que María Isabel Rojas de Claros tendría poder de representación legal para asumir defensa en favor de Comercializadora Center Sport S.A., extremo que sería acreditado por la certificación emitida por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio que informó que tenía poder general de administración y que en la demanda ejecutiva iniciada en su contra asumió dicha representación legal para demandarla, ocultando indebidamente los documentos idóneos que serían utilizadas a su conveniencia.
- c)Aplicación indebida del art. 956 del Código Civil; puesto que, existe un documento de reconocimiento de deuda firmado por ambas partes, con firmas refrendadas por la Notaría de Fe Pública y subido al sistema DIRNOPLU, que demuestra un contrato entre partes y no unilateral, desconociendo además que la sociedad demandada se encuentra dentro del Código de Comercio y no del Código Civil.
- d)El Auto de Vista omitió considerar la objeción a la resolución de rechazo presentado ante el Ministerio Público, al existir un hecho ilícito que se encontraría pendiente y además que no se acreditó depósitos de dinero en cuentas bancarias ni recibos de ninguna naturaleza.
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