Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL
Auto Supremo: 0826/2026 Fecha: 17 de junio de 2026 Expediente: SC-67-260-S Partes: Edgar Mamani Choque c/ Smaity Medina Salvatierra.
Proceso: Reivindicación, desocupación y entrega de inmueble.
Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 244 a 246 interpuesta por Smaity Medina Salvatierra; contra el Auto de Vista N 523/2025 de 20 de noviembre, corriente de fs. 235 a 239, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, seguido por Edgar Mamani Choque contra la recurrente; la contestación de fs. 249 a 250 vta.; el Auto de concesión de 25 de marzo de 2026, visible a fs. 251; el Auto Supremo de admisión N 0597 /2026-RA de 07 de mayo, cursante de fs. 257 a 258 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Edgar Mamani Choque, por memorial de demanda que cursa de fs. 35 a 40 y ratificada a fs. 52 y vta., promovió el proceso ordinario de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble contra Smaity Medina Salvatierra; quien una vez citada, según escrito visible de fs. 82 a 83 vta., contestó de manera negativa y reconvino por usucapión decenal o extraordinaria, pretensión que mediante el Auto interlocutorio de 25 de julio de 2023, obrante a fs. 114 y vta., se declaró por desistida; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N 75/2025 de 11 de agosto, que cursa de fs. 211 a 218, en la que el Juez Público Civil y Comercial 19 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA EN PARTE la demanda de reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, sobre los inmuebles ubicados en el Manzano 2, Lote N 9 y 11, bajo la Matrícula 7.01.1.06.0091836, disponiendo la desocupación y entrega del inmueble que ocupa la demandada, en favor del demandante, en un plazo de 30 días de su notificación con la Sentencia ejecutoriada, bajo prevención de ordenar su desapoderamiento con ayuda de la fuerza pública; en ejecución de Sentencia, procederá el pago por el demandante a favor de la demandada, por las mejoras
introducidas previo avaluó; con costas y costos. Asimismo, declaró IMPROBADA la demanda de daños y perjuicios.
2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Smaity Medina Salvatierra, según escrito de fs. 221 a 222 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N 523/2025 de 20 de noviembre, corriente de fs.
235 a 239, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos:
- El Juez A quo ha efectuado una correcta interpretación del art. 105 del Código Civil, al señalar que el derecho de propiedad confiere al titular no solo las facultades de usar, gozar y disponer de la cosa, sino también la posesión emergente del derecho mismo; es decir, la posesión civil, de tal forma que el hecho de que el demandante no hubiera ejercido la posesión material directa sobre el bien inmueble, o que no hubiera un acto de desposesión por parte de los demandados, no constituye obstáculo alguno para la procedencia de la acción de reivindicación.
- Con relación a la tradición de la posesión desde el año 2013 y la supuesta procedencia de la usucapión decenal como reconvención, se tiene que el Juez A quo valoró adecuadamente la prueba producida en el proceso, concluyendo que la parte demandada, si bien fue identificada como poseedora del bien inmueble, extremo que fue corroborado mediante la prueba de inspección judicial, no acreditó la existencia de un derecho propietario ni de un justo título que respalde dicha posesión.
- Respecto a la supuesta vulneración al debido proceso, se tiene que la parte demandada fue debidamente identificada como poseedora que ejerció plenamente su derecho a la defensa; contestó la demanda, ofreció pruebas, intervino en la audiencia de inspección judicial y actuó mediante su apoderado, de tal forma que no resulta evidente alguna restricción al derecho a la defensa ni la transgresión a las garantías procesales.
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