AS/0849/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0849/2025

Fecha: 04 de agosto de 2025

Expediente: PT-8-25-S

Partes: Gabriela López Martínez, Eddy López Martínez, Patricia López Rodríguez y Gunnar López Rodríguez c/ Elías Daniel Córdova Roncal.

Proceso: Mejor derecho propietario, nulidad de registro, más pago de daños y iperjuicios.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 626 a 639 vta., interpuesto por Elías Daniel Córdova Roncal contra el Auto de Vista Nº 44/2025 de 24 de marzo, corriente de fs. 612 a 622 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de mejor derecho propietario, nulidad de registro más pago de daños y perjuicios seguido por Gabriela López Martínez, Eddy López Martínez, Patricia López Rodríguez y Gunnar López Rodríguez contra el recurrente; el Auto de concesión de 29 de abril de 2025, visible a fs. 643 vta.; el Auto Supremo de admisión N° 0441/2025-RA, de 19 de mayo, obrante de fs. 649 a 651, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Gabriela López Martínez, Eddy López Martínez, Patricia López Rodríguez y Gunnar López Rodríguez representados por Cristina Rodríguez Carvajal por memorial de demanda que discurre de fs. 18 a 21, ratificado a fs. 30, promovieron el proceso ordinario de mejor derecho propietario, nulidad de registro más pago de daños y perjuicios contra Elías Daniel Córdova Roncal, quien una vez citado, según escrito visibles de fs. 63 a 65 y a fs. 69, se apersonó y contestó de manera negativa, reconvino por reivindicación e interpuso las excepciones de emplazamiento a terceros y demanda defectuosamente propuesta en cuanto al demandado y el objeto de la acción; pretensiones que merecieron el Auto Interlocutorio de 19 de enero de 2017, obrante de fs. 103 a 105 vta., que declaró probada la excepción de emplazamiento a terceros e improbada la excepción de demanda defectuosamente propuesta, disponiendo se cite al Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y Alfredo Favio Ortega Rivero, quienes pese a su citación no se apersonaron; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 02/2019 de 04 de febrero, que cursa de fs. 403 a 409 vta., en la que la Juez Público, Civil y Comercial 9° de la ciudad de Potosí, declaró PROBADA en parte la demanda respecto al mejor derecho propietario y consiguiente nulidad de registro, IMPROBADA sobre el pago de daños y perjuicios; asimismo IMPROBADA la reconvención de reivindicación; Sentencia que fue anulada por el Auto de Vista N° 15/2021 de 03 de noviembre, visible de fs. 481 a 489, ordenando se emita nueva resolución, dando lugar al pronunciamiento de la Sentencia N° 30/2022 de 05 de octubre, obrante de fs. 552 a 567, que declaró PROBADA en parte la demanda de mejor derecho propietario, IMPROBADA respecto a la nulidad de registro y pago de daños y perjuicios e IMPROBADA la reconvención de reivindicación, consecuentemente declaró el mejor derecho propietario de los demandantes sobre el lote de terreno con Matrícula N° 5.01.1.01.0024772 bajo los asientos de titularidad N° 1 y 2 respectivamente.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Elías Daniel Córdova Roncal, según escrito de fs. 572 a 582 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita el Auto de Vista N° 44/2025, de 24 de marzo, corriente de fs. 612 a 622 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

Respecto a la denuncia de falta de fundamentación y motivación e incorrecta interpretación de la norma: La Juez A quo, en el Considerando IV realizó la necesaria fundamentación y motivación para determinar el mejor derecho propietario; al respecto, el art. 1545 del Código Civil, establece que en caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien, adquiridos de un mismo vendedor, se concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, pero en el caso hipotético de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, pese de no haber adquirido del mismo vendedor si no de distintos vendedores, caso para el cual deberá confrontarse el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y sus antecesores, con el objeto de que se trate del mismo terreno y para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en Derechos Reales, y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantienen o no su validez, para otorgar el mejor derecho de propiedad; en el caso, el terreno de la calle W. Alba y Barcelona de 150 m2, tiene su antecedente dominial en el registro de Derechos Reales Partida 393, Folio 166, año 1993, depurado por Matrícula Nº 5011010024772 a nombre del vendedor Héctor Rengifo García, en tanto que el derecho propietario de Elías Daniel Córdova Roncal inscrito en la Matrícula Nº 5011010021456 tiene su antecedente en la Matrícula Nº 5011010005600 (no vigente) inscrito el 6 de diciembre de 1994 a nombre de Pascuala Rivero Gómez, es decir con posterioridad al registro de la parte demandante; en consecuencia para los efectos de los arts. 1538 y 1545 del Código Civil, el derecho preferente corresponde a la parte demandante; finalmente se determinó que, el inmueble en cuestión es el mismo que las partes dicen ser propietarios, esto según la documentación adjunta al proceso, el acta e inspección judicial de fs. 366 a 368 y los planos de propiedad de fs. 16 y 39, de lo que se establece que no existe mala interpretación del art., 1545 del Código sustantivo civil.

Respecto a la mala valoración de la prueba: La prueba señalada por el apelante fue debidamente valorada, por cuanto el Testimonio Nº 21/1993, demuestra que Héctor Rengifo García transfirió la superficie de 150 m2 del terreno a favor de Edgar López Vargas y a nombre de los hijos, hoy demandantes, con las siguientes colindancias: Al Norte con la calle W. Alba, Al Sur con Antonio Cavero, al Este con calle Barcelona y al Oeste con los terrenos del FFCC; el plano de propiedad de fs. 16 demuestra gráficamente la ubicación y superficie del terreno transferido que tiene 150 m2 y el Folio Real 5011010024772, demuestra que el antecedente dominial deriva de la Partida 393, Folio 0166, año 1993 a nombre de Héctor Rengifo García, con ese antecedente se concluye que la transferencia efectuada a favor de Edgar López Vargas fue registrado en Derechos Reales en la Partida 393, Folio 166, Libro 1 de 26 de marzo de 1993. Del mismo modo es necesario mencionar que en el presente proceso no se niega la validez del registro propietario de la parte demandada, sino que, como efecto del instituto jurídico de mejor derecho propietario, emerge el mejor derecho para efectos de los art. 1545 y 1538 del Código Civil. El apelante menciona que la transferencia efectuada por Héctor Rengifo sobre una propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí desde el año 1986 seria nulo, sin embargo, cabe mencionar que si así fuera, mientras no se pruebe en proceso contradictorio la nulidad, tiene todo el valor legal.

En cuanto a la prueba de descargo, consistente en el Testimonio Nº 0519/2014 de fecha primero de junio, de una minuta de transferencia de bien inmueble otorgado por Alfredo Fabio Ortega Rivero a favor del demandado, poder de transferencia del lote de terreno ubicado en las calles Wenceslao Alba esquina Calle sin nombre, zona Cuarto Centenario de la ciudad de Potosí, con la superficie de 82,51 m2, registrado en Derechos Reales en la Matrícula Nº 501.101.0021.456 de fecha 23 de febrero de 2016, el plano de lote así como los formularios de pago de impuestos de fs. 39, 40 y 41 y demás pruebas acompañadas, no tiene mayor relevancia, solo demuestran el derecho propietario que ostenta, pero no tiene fundamentos facticos ni legales para desvirtuar la existencia de mejor derecho propietario.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Elías Daniel Córdova Roncal, mediante memorial de fs. 626 a 639 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">El recurrente en el recurso de casación alegó que:

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a) El Auto de Vista N° 44/2025 de 24 de marzo, incurrió en incongruencia porque no resolvió todos los agravios de su recurso de apelación, incurriendo en violación de los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, así como en la vulneración de sus derechos a la fundamentación y motivación, por haber emitido argumentos en sentido de que no son suficientes los elementos probatorios presentados en el proceso, el derecho a la defensa y a la impugnación, por haber rechazado su recurso de apelación.

b) Incurre en interpretación errónea de la ley en cuanto al art. 1545 del Código Civil, respecto al segundo requisito, ya que de los informes cursantes a fs. 510 y 535, evidencian que los antecedentes dominiales de ambos registros, son distintos y que no tiene el mismo origen, por lo que no podrían haber declarado el mejor derecho propietario.

c) Incurre en error de derecho en la apreciación de las pruebas, porque omitió valorar las pruebas documentales de fs. 3 a 4, minuta de transferencia de lote de terreno, el Testimonio N° 21/1993 y Matrícula N° 5011010024772, la prueba documental de fs. 6 certificación emitida por el Registrado de Derechos Reales, la prueba de fs. 7 formulario de recaudaciones, la de fs. 8 Matricula N° 5.01.1.10.1002411, de fs. 16 plano de lote de 150 m2, la prueba de inspección ocular de fs. 166, la prueba pericial de fs. 376 a 382, documentos que demuestran que no se debía declarar probada la demanda de mejor derecho propietario.

Fundamentos por los cuales, solicita se case el Auto de Vista recurrido y se declare improbada la demanda de mejor derecho propietario o en su defecto se anule el mismo por transgredir derechos fundamentales y el debido proceso, sea con costas y costos.

2. Contestación al recurso de casación:

Gabriel López Martínez, Eddy López Martínez, Patricia López Rodríguez y Gunar López Rodríguez, habiendo sido notificado con el recurso de casación, conforme se evidencia de la diligencia cursante a fs. 641 vta., no contestaron al mismo.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016, de 11 de marzo, pronunciado por la Sala Civil del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 núm. 2 del Código de Procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspecto inherentes a la forma de la tramitación de la cusa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esa notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.

III.2. Del principio de congruencia.

Al respecto el Auto Supremo N° 432/2019 de 30 de abril, señaló que: “Se debe tener presente que toda Resolución debe cumplir con el principio de congruencia, es decir, debe ajustarse a las peticiones deducidas por las partes y a los aspectos que han sido motivo de la controversia, guardando así la coherencia procesal necesaria; al respecto el art. 385 del Código de las Familias y del Proceso Familiar Ley Nº 603 señala: ‘El Auto de Vista, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior, que hayan sido objeto de la apelación’; de dicha normativa se infiere que en el caso de la apelación, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Sobre el particular, la Jurisprudencia Constitucional establece que las Resoluciones pronunciadas por los juzgadores de grado deben ser precisas, concretas, positivas y acordes con las pretensiones expuestas por las partes, sin que ello signifique otorgar la razón a quien la pide sin tenerla, es decir, que se deben observar los principios de congruencia, objetividad y pertinencia, tanto de las pruebas aportadas y acumuladas en el trámite del proceso como de los fundamentos alegados por las partes; en ese entendido, la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde se ha razonado que: ‘El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…’. Razonamiento que es reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014”.

III.3. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el tema, el Auto Supremo N° 812/2024, de 22 de julio, señaló: “Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (…). ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, …’.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3 de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”. (El resaltado nos corresponde).

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