Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL
Auto Supremo: 0862/2026 Fecha: 01 de julio de 2026 Expediente: CH-51-26-S Partes: Feliciano Vásquez Limachi y Santusa Brito Hurtado (en calidad de
litisconsorte activo) c/ Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
representado por Enrique Leaño Palenque.
Proceso: Mejor derecho propietario.
Distrito: Chuquisaca.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 350 a 381 vta., interpuesto por Feliciano Vásquez Limachi y Santusa Brito Hurtado contra el Auto de Vista N 126/2026 de 23 de marzo corriente de fs. 341 a 348 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario, seguido por los recurrentes contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leaño Palenque; la contestación de fs. 384 a 390 vta.; el Auto de concesión de 22 de abril de 2026 visible a fs. 391, todo lo inherente al proceso;el Auto Supremo de admisión N 0563/2026-RA de 04 de mayo, obrante de fs. 395 a 397, todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Feliciano Vásquez Limachi por memorial de demanda que cursa de fs. 1 a4, subsanada de fs. 129 a 132 y Santusa Brito Hurtado por memorial de demanda en calidad de litisconsorte activo de fs. 141 a 143, promovieron el proceso ordinario de reconocimiento de mejor derecho propietario, contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Enrique Leaño Palenque, quien una vez citado, según escritos visibles de fs.179 a 188 vta., se apersonó y contestó de manera negativa, desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N 159/2025 de 09 de septiembre, que cursa de fs.
296 a 306 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 2de la ciudad de Sucre declaró PROBADA la demanda de mejor derecho propietario incoada por Feliciano Vásquez Limachi y se le declara mejor derecho propietario de este sobre una superficie de 21.000 m2 que corresponde al inmueble registrado bajo la Matricula N 1.01.1.12,0000170; se salva el derecho del Gobierno Autónomo
Municipal de Sucre de la superficie que le llegare a corresponder por concepto de área en cesión, una vez que el propietario realice el proceso de regularización. Sin costas y costos al tratarse de entidad publica.
2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre representado por Claudia Melva Vildozo Manzano según escrito de fs. 319 a 323 vta., originó que la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita el Auto de Vista N 126/2026 de 23 de marzo, corriente de fs. 341 a 348 vta., que REVOCÓ la Sentencia apelada, declarando IMPROBADA la demanda principal, bajo los siguientes fundamentos:
-Consideró que el Juez A quo incurrió en errónea aplicación de la normativa relativa a los bienes de dominio público municipal, señalando que las quebradas y torrenteras constituyen bienes de dominio público municipal conforme al art.
136.1 de la Constitución Política del Estado de 1967, al art. 85.4 de la Ley N 2028 y al art. 31 de la Ley N 482; asimismo, sostuvo que la Ordenanza Municipal N 023/2014 fue emitida en cumplimiento del art. 6 de la Ley N 2372 y que, conforme a la doctrina legal contenida en el Auto Supremo N 0873/2025, los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad, por lo que su validez no puede ser cuestionada ni revisada en la vía civil mediante un proceso de mejor derecho propietario, sino a través del proceso contencioso administrativo correspondiente, también añadió que el reconocimiento legal y constitucional de que la quebrada y torrentera objeto de la regularización constituye bien de dominio municipal existe desde la Constitución Política del Estado de 1967 y la Ley N 2028, criterio que se mantiene en el art. 31 de la Ley N 482, es decir, con anterioridad al registro efectuado por el demandante en Derechos Reales en 1992;
por lo que concluyó que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la normativa citada, acogiendo el agravio.
-Respecto al segundo agravio, el Tribunal de alzada consideró que correspondía observar la doctrina legal aplicable contenida en el Auto Supremo N 0873/2025, señalando que cuando un bien inmueble ha sido afectado por un acto administrativo, la legalidad de dicho acto no puede ser cuestionada en la vía civil, sino mediante el proceso contencioso administrativo correspondiente. Asimismo, indicó que, conforme al art. 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo, las actuaciones de la Administración Pública se presumen legítimas, razón por la cual concluyó que el Juez A quo no consideró tales aspectos al declarar probada la demanda, acogiendo el agravio.
-Referido al supuesto error de derecho en la valoración de la prueba relacionada
LAA con los informes técnico y legal elaborados dentro del proceso de regularización municipal, el Tribunal de alzada señaló que el Juez A quo no llegó a la conclusión de que el bien inmueble objeto del proceso no constituía una quebrada o torrentera, sino que su decisión se sustentó en la aplicación de la normativa, aspecto que fue analizado al resolver el primer agravio; en consecuencia, determinó que no correspondía acoger el agravio.
-Finalmente, con relación a la inaplicación de la Ley de Inscripción de Derechos Reales y a la supuesta falta de documentación idónea para el registro del derecho propietario del demandante, el Tribunal de alzada concluyó que tampoco era acogible, al considerar que tales aspectos no fueron objeto de juzgamiento ni controversia dentro del proceso, por lo que no correspondía que el Juez A quo emitiera pronunciamiento sobre ellos y que el agravio constituía una simple afirmación del apelante respecto a requisitos que, debió cumplir el demandante para registrar su derecho propietario.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Feliciano Vásquez Limachi y Santusa Brito Hurtado según escrito visible de fs. 350 a 381 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
1. Los recurrentes en el recurso de casación acusaron que:
En la Forma.
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