Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0865/2026 Fecha: 01 de julio de 2026 Expediente: TJ-10-26-S Partes: Santiago Torrez Muñoz c/ Edith Carminia Canaviri Llanque, Ronald Canaviri Llanque, Maura Canaviri Llanque y Estefanía Canaviri Llanque todos herederos de Félix Canaviri Félix (); presuntos herederos y Florencio Carrizo Rengifo.
Proceso: Cumplimiento de obligación.
Distrito: Tarija.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 400 a 408 vta., interpuesto por Santiago Torrez Muñoz contra el Auto de Vista N 38/2026 de 09 de marzo, corriente de fs. 389 a 395, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación, seguido por el recurrente contra Edith Carminia Canaviri Llanque, Ronald Canaviri Llanque, Maura Canaviri Llanque y Estefanía Canaviri Llanque todos herederos de Félix Canaviri FélixO (); presuntos herederos y Florencio Carrizo Rengifo; el Auto de concesión N 67/2026 de 23 de abril, visible a fs. 415; el Auto Supremo de admisión N 620/2026-RA de 13 de mayo, cursante de fs. 424 a 426, todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Santiago Torrez Muñoz por memorial de demanda que cursa de fs. 104 a 108 vta., promovió el proceso ordinario de cumplimiento de obligación, contra Félix Canaviri Félix () y Florencio Carrizo Rengifo, quienes una vez citados, según escrito visible de fs. 161 a 165, el último se apersonó y contestó de manera negativa, por memorial de fs. 219 a 222, Edith Carminia Canaviri Llanque, Ronald Canaviri Llanque, Maura Canaviri Llanque y Estefanía Canaviri Llanque se apersonaron en calidad de herederos de Félix Canaviri Félix (), quienes se apersonaron y contestaron de manera negativa, mediante providencia de 23 de junio de 2023 a fs. 235 vta. se designó defensor de oficio para los presuntos herederos de Félix Canaviri Felix, quien se apersonó por escrito a fs. 251 y vta.;
desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 13
de marzo de 2024, que cursa de fs. 296 vta. a 303 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 11 de la ciudad de Tarija, declaró PROBADA la demanda, disponiendo que Florencio Carrizo Rengifo en el plazo de 10 días hábiles extienda la minuta y escritura pública de compra venta del terreno con una superficie de 900 m2 en favor del demandante, que se encuentra registrado a nombre de Félix Canaviri Felix () en la Matrícula N 6.01.102.0000326 y en caso de incumplimiento por Florencio Carrizo Rengifo y los herederos de Félix Canaviri Felix (), conforme el art. 430.1II del Código Procesal Civil, se descuente 990 m2 a la superficie total de la Matrícula N 6.01.1.02.0000326 que es declarada propiedad de Santiago Torrez Muñoz, con costas y costos.
2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Florencio Carrijo Rengifo según escrito de fs. 313 a 317, originó que la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita el Auto de Vista N 38/2026 de 09 de marzo, corriente de fs. 389 a 395, que ANULÓ obrados hasta fs. 109 y vta.
inclusive, disponiendo que el Juez de primera instancia realice un adecuado control de la demanda, en la que se incluya a todos los sujetos procesalmente legitimados para ser demandados, asimismo ejerza un control de procedibilidad y fundabilidad de la demanda; bajo los siguientes argumentos:
- Mediante memorial de fs. 161 a 165, se apersonaría Florencio Carrizo Rengifo, haciendo conocer que los tres lotes de terreno objeto de la venta fueron adquiridos junto a su esposa Cleofe Rojas Guevara dentro del matrimonio, por lo que les correspondería en un 50 por parte iguales, en la cual adjuntaría documento de fs. 149 a 150 vta., solicitando la citación de la misma para que asuma defensa, sin que el Juez de la causa la haya integrado.
- Se habría vulnerado el debido proceso en su componente derecho a la defensa y a la tutela efectiva de Cleofe Rojas Guevara, ya que no ha sido incluida en la presente causa, cuando la misma contaría con legitimación procesal para ser sujeto pasivo en la presente acción, debiendo necesariamente haber sido integrada a la litis en su condición de ex esposa del demandado Florencio Carrizo Rengifo, quienes habrían adquirido de forma primigenia los tres lotes de terreno objeto del proceso el 17 de noviembre de 2009, según documento de fs. 149 a 150 vta. y de fs. 210 a 211 vta., correspondiendo litisconsorcio necesario, lo que conllevaría la materialización de la garantía jurisdiccional reconocida en el art.
117 de la Constitución Política del Estado, y que, pese a que el demandadoapelante puso a conocimiento del Juez de la causa la existencia de su ex esposa, solicitando se le pueda incluir en el proceso, habría sido omitido la misma,
A prosiguiendo con la tramitación de la causa hasta dictarse la Sentencia, sin actuar como director del proceso.
- Las irregularidades en un proceso judicial no serían simples detalles formales, sino fallas graves que afectarían directamente el debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que, para que una Sentencia sea válida, firme e inmutable, debe ser el resultado de un juicio justo donde se respeten estrictamente las garantías de las partes y si no se cumplen estos requisitos esenciales, la resolución no podría surtir efectos jurídicos, ya que causaría daños irreparables y por esta razón, la ley prevería recursos de impugnación con el fin de proteger los derechos fundamentales y garantizar el principio de verdad material en la administración de justicia.
- En este caso, correspondería declarar la nulidad de obrados para proteger el debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual no es un mero formalismo, ya que las autoridades judiciales tendrían la obligación constitucional conforme a los arts. 9 y 115 de la Constitución Política del Estado de garantizar una justicia pronta, transparente, sin dilaciones y plural, por lo que, se prohibiría condenar a cualquier persona sin que antes haya sido oída y juzgada en un debido proceso, toda vez que, no se podría ignorar estas violaciones conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, así como los principios de la justicia ordinaria y los propios del proceso familiar, en el que debería primar la protección a la familia, la defensa de sus derechos y la resolución rápida del conflicto.
- Los recursos judiciales servirían para fiscalizar tanto las decisiones de los jueces como la legalidad del procedimiento, que, si se evidenciaría que se ha vulnerado el debido proceso y la tutela judicial efectiva, el Tribunal tiene la obligación de revisar el procedimiento y reencauzar el proceso, reponiendo las actuaciones necesarias para proteger los derechos afectados, toda vez que, en el Estado Constitucional de Derecho, todas las autoridades judiciales deberían basar obligatoriamente su razonamiento diario en los valores, principios y garantías de la Constitución.
- Analizada la trasgresión de las garantías del debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa de las partes en litigio, y con la finalidad de hacer valer derechos en un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones y garantizar que el proceso sea un medio para materializar el valor justicia, como fin supremo del derecho, dispuso la nulidad para que se reencause procedimiento y el Juez lleve adelante un debido proceso resguardando los derechos y garantías constitucionales de todos y cada una de las partes intervinientes en la litis y ejerza un adecuado control de la demanda, tomando en cuenta que se habría
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