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TSJ

AS/0866/2026

Tribunal Supremo de Justicia
1 de julio de 2026Sala Civil
Proceso
Proceso Ordinario Posterior al Ejecutivo

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Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL

Auto Supremo: 0866/2026 Fecha: 01 de julio de 2026 Expediente: TJ-11-260-A Partes: Santos Flores Espinoza y Saturnina Acuña Carlos de Flores c/ Inocentes

Oño Ocampo, Lucrecia Ortega Villegas de Oño, Alberto Oño Ocampo, Saúl

Oño Ocampo y Reina Espinoza Ríos.

Proceso: Ordinarización de proceso monitorio de cese de copropiedad.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 860 a 880 vta., interpuesto por Santos Flores Espinoza y Saturnina Acuña Carlos de Flores contra el Auto de Vista N 031/2026 de 27 de febrero, corriente de fs. 848 a 854, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro de un proceso de ordinarización de proceso monitorio de cese de copropiedad, seguido por los recurrentes contra Inocentes Oño Ocampo, Lucrecia Ortega Villegas de Oño, Alberto Oño Ocampo, Saúl Oño Ocampo y Reina Espinoza Rios; la contestación de fs. 887 a 892 vta.; el Auto de concesión N 062/2026 de 14 de abril, visible a fs. 893; el Auto Supremo de admisión N 636/2026-RA de 15 de mayo, obrante de fs. 900 a 902, todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Santos Flores Espinoza y Saturnina Acuña Carlos de Flores por memorial de demanda que cursa de fs. 10 a 13., promovieron el proceso de ordinarización de proceso monitorio de cese de copropiedad, contra Inocentes Oño Ocampo, Lucrecia Ortega Villegas de Oño, Alberto Oño Ocampo, Saul Oño Ocampo y Reina Espinoza Ríos; quienes una vez citados, según escrito de fs. 35 a 38 vta. se apersonaron, contestaron de manera negativa y plantearon excepción de improponibilidad de la demanda; posteriormente por memorial visible de fs. 774 a 777, Reina Espinoza Ríos, se apersonó, contestó de manera negativa y solicitó la improponibilidad de la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse el Auto definitivo de 24 de noviembre de 2021, que cursa de fs. 796 a 801 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social 2 de Bermejo - Tarija, declaró CON LUGAR la excepción de improponibilidad; en

consecuencia, RECHAZÓ la demanda principal, anulando obrados hasta la admisión de la demanda y disponiendo la devolución de la documental; con costas.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Santos Flores Espinoza y Saturnina Acuña Carlos de Flores, según escrito de fs.

802 a 814 vta., originó que la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita el Auto de Vista N 31/2026 de 27 de febrero, obrante de fs. 848 a 854, que CONFIRMÓ el Auto apelado, con costas y costos, en mérito a los siguientes fundamentos:

- Sobre el primer agravio relacionado a la nulidad por falta de motivación, fundamentación y valoración integral de la prueba, el Tribunal Ad quem desestimó el mismo, estableciendo que el Auto apelado sí se encuentra motivado, pues de la propia pretensión que persigue la nulidad del proceso de cese de copropiedad hasta sentencia inicial, la restitución del inmueble rematado y la cancelación de la partida de Derechos Reales registrada a favor de la adjudicataria Reina Espinoza Ríos se advirtió que la vía de ordinarización prevista en el art.

386 del Código Procesal Civil había caducado, al haberse promovido la demanda (29 de noviembre de 2019) transcurrido más de un año y nueve meses desde la ejecutoria de la Sentencia del proceso monitorio (16 de febrero de 2018), excediendo largamente el plazo de seis meses establecido en el parágrafo II de dicha norma.

Precisó que la pretensión resulta objetivamente improponible al amparo del art.

24.1 inc. b) del Código Procesal Civil, referido a derechos sujetos a plazo de caducidad vencido; señalando que, caducado el derecho, la pretensión se torna jurídicamente imposible de tutelar; por ello, no era exigible que la Juzgadora calificara expresamente la improponibilidad como objetiva o subjetiva, pues del propio razonamiento del Auto se desprende su carácter objetivo, quedando así satisfecho el deber de motivación.

- En cuanto a la valoración de la prueba consistente en las fotocopias legalizadas del proceso monitorio, arrimadas por decreto de fs. 771 vta., el Tribunal de alzada negó la contradicción denunciada, pues, que la prueba haya sido primero admitida y luego ponderada para rechazar la demanda no configura vicio alguno, sino el ejercicio de la facultad de saneamiento procesal del art. 24 del Código Procesal Civil, que persiste en la audiencia preliminar conforme al num. 4 del art.

365. Fue precisamente esa prueba la que permitió al A quo constatar la fecha de ejecutoria de la Sentencia y verificar que la demanda fue presentada fuera de

PD plazo; de modo que no existió falta de prueba, sino prueba que confirmó la caducidad de la acción.

- Sobre la invocada prevalencia del derecho material sobre el formal, el Tribunal de apelación razonó que en materia de derechos reales el derecho material se consolida con la oponibilidad frente a terceros conforme al art. 1538 del Código Civil; por lo que, aun cuando los esposos Flores cuenten con un documento privado de compraventa con reconocimiento de firmas (fs. 4 a 5), este no resulta oponible a la adjudicataria ni surtía efectos en el proceso de cese de copropiedad al no haber sido inscrito en Derechos Reales; toda vez que, la verdad material no puede emplearse para subsanar la negligencia del adquirente que omitió registrar su derecho, máxime cuando el proceso se sustanció con quienes figuraban como titulares legítimos en el registro público y el remate ya fue perfeccionado e inscrito a favor de un tercero de buena fe.

- Sobre el segundo agravio relacionado a la improcedencia de la caducidad declarada de oficio, el Ad quem reconoció que el art. 1520 del Código Civil impide declarar de oficio la caducidad tratándose de derechos disponibles; sin embargo, distinguió que, en el ámbito procesal, los plazos para activar mecanismos de revisión como la ordinarización son de orden público. La improponibilidad objetiva de los arts. 113-II y 24.1 inc. b) del Código Procesal Civil, faculta expresamente al Juez a rechazar la demanda cuando el derecho ha caducado, en ejercicio de su potestad de saneamiento y dirección del proceso dispuesto en el art. 1 num. 4 del Código Procesal Civil, sin que ello suponga suplir una excepción no opuesta; añade también que fueron los propios demandados quienes, al contestar, plantearon la improponibilidad.

- Respecto del cómputo del plazo, el Tribunal rechazó la tesis de los recurrentes de computarlo desde la resolución que desestimó su incidente de nulidad, por carecer de sustento legal; pues, el art. 386.II del Código Procesal Civil es categórico al disponer que el proceso podrá promoverse una vez ejecutoriada la Sentencia, sin referirse a la última resolución incidental; toda vez que, los incidentes de nulidad constituyen cuerdas separadas que no interrumpen ni suspenden los plazos de caducidad de la acción principal, pues lo contrario tornaría inexistentes la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

- Sobre la invocación de los arts. 13, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado y el carácter indisponible del derecho, el Tribunal de alzada aclaró que el derecho a la propiedad o la revisión de un proceso monitorio es de naturaleza patrimonial y disponible, y no un derecho personalísimo (como la vida o la

libertad), que son los únicos que impiden la caducidad de oficio; entonces señaló que la tutela judicial efectiva no es absoluta y debe ejercerse dentro de los cauces y plazos legales, sin que el acceso a la justicia obligue a admitir demandas extemporáneas o promovidas por vía errónea; asimismo, advirtió que la analogía es restrictiva, por lo que, los apelantes no pueden invocar la parte favorable del art. 386 la posibilidad de ordinarizar y, a la vez, pretender la inaplicabilidad de su parte limitativa el plazo de seis meses.

El Ad quem enfatizó que la ordinarización no es un juicio ordinario autónomo o libre de nulidad, sino una extensión del control de un proceso monitorio previo;

al optar por esa vía, los esposos Flores se someten voluntariamente a las reglas del art. 386 del Código Procesal Civil, norma que no distingue entre partes citadas y terceros interesados y que fija un plazo objetivo para que la Sentencia monitoria adquiera cosa juzgada formal y material. Por ello se concluyó que, el argumento de no haber sido parte constituye una confesión de la propia omisión registral, ya que el proceso de cese de copropiedad se dirige contra quienes figuran en el Folio Real; al no haber inscrito su compraventa, los recurrentes carecen de título inscrito y, por ende, de legitimación activa para reclamar sobre la cosa común frente a terceros, no pudiendo ampararse en su propio desconocimiento causado por su falta de registro para eludir los plazos de caducidad, en resguardo de la fe pública registral y de la seguridad jurídica de los remates judiciales con efectos erga omnes.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Santos Flores Espinoza y Saturnina Acuña Carlos de Flores, según escrito visible de fs. 860 a 880 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

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Datos del proceso

Demandante
Santos Flores Espinoza y Saturnina Acuña Carlos de Flores
Demandado
Lucrecia Ortega Villegas de Oño, Inocentes Oño Ocampo, Saul Oño Ocampo, Reina Espinoza Rios y Alberto Oño Ocampo
Proceso
Proceso Ordinario Posterior al Ejecutivo
Magistrado relator
Fanny Coaquira Rodriguez
Tribunal Supremo de Justicia1 de julio de 2026AS/0866/2026Fuente oficial