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TSJ

AS/0870/2026

Tribunal Supremo de Justicia
1 de julio de 2026Sala Civil
Proceso
Nulidad de contrato por transferencia

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Texto del fallo

_ TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0870/2026 Fecha: 01 de julio de 2026 Expediente: SC-73-260-A Partes: Aracely Muñoz de Cari c/ Arnold Cari Castro, Aquiles Pfeiffer Yureidini, Julio Hiza Arteaga, Carolina Pfeiffer de Hiza, Pascual Ballesteros Mamani, Elena Gómez de Ballesteros y Grover Calicho Céspedes.

Proceso: Nulidad de contratos de transferencias.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 203 a 206 vta., interpuesto por Aracely Muñoz de Cari contra el Auto de Vista N 265/2026 de 27 de junio, corriente de fs. 195 a 199 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato, seguido por la recurrente contra Arnold Cari Castro, Aquiles Pfeiffer Yureidini, Julio Hiza Arteaga, Carolina Pfeiffer de Hiza, Pascual Ballesteros Mamani, Elena Gómez de Ballesteros y Grover Calicho Céspedes; el Auto de concesión de 30 de abril de 2026, visible a fs. 215; el Auto Supremo de admisión N 0675/2026-RA de 22 de mayo, obrante de fs. 222 a 223 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Aracely Muñoz de Cari por memorial de demanda que cursa de fs. 17 a 19 vta., promovió proceso ordinario de nulidad de contrato contra Arnold Cari Castro, Aquiles Pfeiffer Yureidini, Julio Hiza Arteaga, Carolina Pfeiffer de Hiza, respondieron de manera negativa y opusieron excepción de prescripción, por memorial de fs. 82 a 84 vta., Pascual Ballesteros Mamani y Elena Gómez de Ballesteros respondieron de manera negativa y opusieron excepción de prescripción; por escrito de fs. 104 afs. 107 vta., Grover Calicho Céspedes contestó en forma negativa y reconvino por prescripción; mediante providencia de fs. 123 vta., se designó defensor de oficio en favor de Arnold Cari Castro; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse el Auto definitivo de 23 de octubre de 2023 obrante de fs. 165 a 166 vta., en la que el Juez Público de Familia 4 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA la excepción de prescripción

planteada por Julio Hiza Arteaga y Carolina Pfeiffer de Hiza y por los demandados Pascual Ballesteros Mamani y Elena Gómez de Ballesteros contra la pretensión de nulidad parcial de contrato por falta de consentimiento de la demandante, disponiendo que una vez ejecutoriada la determinación se suspenderán todas las medidas cautelares de carácter patrimonial que se hubiesen dictado, ordenando el archivo de obrados y desglose de documentación original presentada.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Aracely Muñoz de Cari, Julio Hiza Arteaga y Carolina Pfeiffer de Hiza según escritos visibles de fs. 168 a 171, y a fs. 174 y vta., respectivamente, originó que la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita el Auto de Vista N 265/2025 de 27 de junio, corriente de fs. 195 a 199 vta., que CONFIRMÓ el Auto apelado en base a los siguientes fundamentos:

- El Código Civil en cuanto a las acciones de invalidez de los contratos, solo regula a la nulidad y la anulabilidad; ahora bien, en lo que concierne a la nulidad el art.

549 del Código Civil diseñó los supuestos legales a partir de los cuales procede esta acción, estableciendo vicios o defectos que impiden que el contrato tenga la validez jurídica para producir los efectos legales u obligacionales concernientes a cada especie de negocio jurídico; por su parte, la acción de anulabilidad en esencia es una acción que busca la ineficacia de un contrato o un acto jurídico en el que concurren todos los requisitos esenciales para la formación, pero adolece de un vicio que afecta su estructura, sin embargo, dicho vicio puede ser subsanado o convalidado por acuerdo de partes, razón principal por la que dicha acción está sujeta a un término de prescripción a diferencia de la nulidad que resulta ser una acción imprescriptible porque el vicio de invalidez del acto no es subsanable ni convalidable y se encuentra regulada por el art. 554 del Código Civil.

- El principio de legalidad adquiere una especial relevancia a tiempo de establecer qué actos o negocios jurídicos merecen ser sancionados con la nulidad establecida en el art. 549 del Código Civil o la anulabilidad regulada por el art. 554 de la misma norma sustantiva, ya que con base a este principio, dicha sanción solo será admisible cuando en un acto jurídico concurran las causales estrictamente dispuestas por ley; pues será posible sancionar con nulidad o anulabilidad cuando la conducta humana desplegada en la celebración de un acto jurídico, se subsuma y/o adecúe a una de las causales previamente tipificadas por la ley sustantiva civil;

de ahí que bajo la óptica de la jurisprudencia constitucional, a tiempo de aplicar este tipo de sanciones (nulidad o anulabilidad), deben observarse dos condiciones esenciales:

  1. a)la garantía formal, expresada en el resguardo del principio de la

JEJE reserva legal en la medida en que es la ley la que contiene las normas que tipifican las conductas como ilícitas o infraccionarias, así como las sanciones que etas deben merecer; y b) la garantía material, que en resguardo del principio de la seguridad jurídica se expresa en la necesaria tipificación de las conductas y el establecimiento de las sanciones tanto en forma directa, a través de las normas contenidas en la ley, cuanto por remisión conocida como tipificación indirecta.

- Lo que pretende el actor es, la nulidad con el instituto de la anulabilidad de los contratos inmersos en las Escrituras Públicas donde su ex cónyuge no otorgó su consentimiento, transfiriendo un inmueble que conformaba la comunidad de gananciales; sin embargo, pese a la exposición de los hechos y los fundamentos jurídicos de esta acción, en sentido de que existen varios contratos de transferencia sobrevinientes al primero de fecha 22 de diciembre de 1995, sin consentimiento de la ex cónyuge, todos esos contratos carecen de objeto y que en ellos concurre causa ilícita. De ahí que en este caso, mal podría la recurrente pretender modificar la tipificación establecida por la norma respecto a los supuestos por los cuales concurren las acciones de nulidad y anulabilidad en todos y cada uno de los contratos, pues debe entender que las razones por las cuales se activa cada una de estas acciones, no surgen del capricho del juzgador, sino que se encuentran previamente establecidas por la ley, y que es por ello que cuando los justiciables pretenden invalidar un acto jurídico, deben subsumir adecuadamente sus hechos al derecho que respalda su pretensión; lo que quiere decir que no es correcto demandar la invalidez de un acto jurídico habiendo sobrevenido otros actos jurídicos que pretende invalidar, invocando cualquier causal que no se adecue a los hechos que sustenta la acción.

- Este tipo de situaciones, han sido también previstas en el Auto Supremo N 199/2011 de 30 de mayo, que señaló que no puede plantearse una demanda de nulidad de un acto jurídico con fundamentos que hacen a la anulabilidad del contrato o viceversa o plantear la nulidad de varios actos jurídicos, con características y tipificación genéricas, ello tomando en cuenta que en la nulidad se cuestiona la existencia del acto jurídico, mientras en la pretensión de anulabilidad se reconoce implicitamente que el acto cuestionado existe pero con vicios de validez; además que, de aceptarse esta confusión, se generaría un atentado al carácter prescriptible de la pretensión, máxime si se invoca la existencia objetiva de varios actos jurídicos que se pretenden invalidar; por ello es que en este caso la relación de hechos y el petitorio expuestos en la acción resultan ya inoportunos y carentes de sustento, pues si el actor pretende invalidar los actos que ahora cuestiona, bien pudo en su tiempo (después de los cinco años de suscrita

la primera venta) acudir a la acción reconocida para ese efecto, la cual conforme se tiene descrito en el apartado III. 1 de la doctrina aplicable es precisamente la acción de anulabilidad diseñada para los casos en los que uno de los cónyuges (o en este caso ex cónyuge) haya realizado actos de disposición de bienes gananciales sin el consentimiento de otro cónyuge dentro del plazo establecido por la ley, advirtiendo el cumplimiento de los preceptos legales que regulan la validez de las resoluciones por parte de la autoridad jurisdiccional, así como la decisión asumida suficientemente fundamentada, garantizando el debido proceso que inicuamente se extraña por el recurrente, habiendo determinado el Juez, haber operado la prescripción conforme al art. 252 del Código de Familia con relación a los arts. 554 inc. 1, 565 y 1507 del Código Civil. De ahí que el reclamo de la recurrente carece de asidero, ya que no es evidente que el Juez de instancia no haya tomado en cuenta la naturaleza de la pretensión incoada en este caso.

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Datos del proceso

Demandante
Aracely Muñoz Negrete de Cari
Demandado
Elena Gomez Orozco de Ballesteros, Pascual Ballesteros Mamani, Carla Lorena Velasco Abogado Defensor de Oficio de Arnold Cari Castro, Carolina Pfeiffer Yureidini, Julio Hiza Arteaga, Aquiles Pfeiffer Yureidini y Grover Calicho Cespedes
Proceso
Nulidad de contrato por transferencia
Magistrado relator
Primo Martinez Fuentes
Tribunal Supremo de Justicia1 de julio de 2026AS/0870/2026Fuente oficial