AS/0881/2025

Texto del fallo

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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 0881/2025

Fecha: 05 de agosto de 2025

Expediente: LP-85-25-S

Partes: Danilo José Burgoa López c/ SUDAVAL AGENCIA DE BOLSA S.A., representado por José Gonzalo Trigo Valdivia; y Mary Daphne Burgoa Luna.

Proceso: Cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 695 a 737 vta., interpuesto por Danilo José Burgoa López contra el Auto de Vista Nº 80/2025 de 07 de febrero, corriente de fs. 684 a 688 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios seguido por el recurrente contra SUDAVAL AGENCIA DE BOLSA S.A., representado por José Gonzalo Trigo Valdivia y Mary Daphne Burgoa Luna; el Auto de concesión de 10 de abril de 2025, visible a fs. 753; el Auto Supremo de admisión N° 0429/2025-RA, de 12 de mayo, obrante de fs. 760 a 761 vta., todo lo inherente al proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Danilo José Burgoa López, por memorial de demanda que discurre de fs. 40 a 41 vta., ratificado por memorial de fs. 85 a 89 vta., subsanado por memorial de fs. 108 a 110 vta., promovió el proceso ordinario de cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios contra Sudaval Agencia de Bolsa S.A., representado por José Gonzalo Trigo Valdivia y Mary Daphne Burgoa Luna en calidad de litisconsorte necesario pasivo, quienes una vez citados, Mary Daphne Burgoa Luna conforme escrito visibles de fs. 297 a 298 vta., se apersonó y se allanó a la demanda principal; Sudaval Agencia de Bolsa S.A., representado por José Gonzalo Trigo Valdivia, conforme escrito visible de fs. 202 a 208, respondió y opuso excepción de falta de legitimación o interés legítimo, IMPROPONIBILIDAD OBJETIVA de la demanda; pretensión que mereció el Auto Nº 329/2022 de 13 de octubre, obrante de fs. 360 a 366, en la que, la Juez Público, Civil y Comercial 20º de la ciudad de La Paz, declaró la IMPROPONIBILIDAD OBJETIVA con relación a la pretensión de la Resolución de Contrato, contra el referido auto se interpuso recurso de apelación, misma que fue concedida en el efecto diferido; mediante Auto de 13 de marzo de 2024 cursante de fs. 416 vta. a 417 vta., RECHAZA la excepción de falta de legitimación; además, en audiencia de 13 de marzo de 2024, interpuso incidente de nulidad, pretensión que mereció el Auto de fs. 421 a 423, que RECHAZA el incidente de nulidad; Alexis Sixto Vidaurre Villarreal conforme escrito cursante de fs. 505 a 507 vta., se apersona, contesta de forma negativa a la demanda y opone excepción de falta de legitimación pasiva; pretensión que mereció el Auto de 10 de julio de 2024 visible de fs. 609 vta. a 610 vta., en la que, se declara IMPROBADA la excepción de falta de legitimación pasiva; desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 275/2024 de 30 de julio, que cursa de fs. 624 a 633, por la cual el Juez Público, Civil y Comercial 20° de la ciudad de La Paz, declaró IMPROBADA la demanda de cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios, condenándose al demandante el pago de costas y costos.

2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Danilo José Burgoa López, según escrito de fs. 644 a 648 vta., originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N° 80/2025 de 07 de febrero, corriente de fs. 684 a 688 vta., que CONFIRMÓ la sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:

La autoridad de instancia señaló que no se cumplió con uno de los presupuestos inescindibles de la obligación inherente a la parte actora, toda vez que de la revisión del contrato privado de saneamiento y evicción de venta de oficina de fs. 4 a 5, en fecha 31 de julio de 2012, la entonces compradora Mary Daphne Burgoa Luna, transfirió la oficina a favor del nuevo comprador Danilo José Burgoa López, quien se subrogó la deuda existente con SUDAVAL por el saldo de $us. 26.273,23; en consecuencia correspondía que la parte subrogante, ahora recurrente, cumpla la obligación expresamente contraída, sin embargo no lo hizo, pues pretender el cumplimiento de un contrato, sin antes haber efectuado las obligaciones propias, implica un manifiesto contrasentido; ahora, si bien se acusa en condición de agravio, que existieron intentos de honrar la obligación durante el trámite de la causa, dicha intensión no puede sustituir el presupuesto previamente señalado, de ahí que existe una imposibilidad de dar curso a la pretensión, máxime si el art. 568.I del Código Civil señala que quien puede pedir el cumplimiento del contrato es la parte que ha cumplido su obligación al que no cumplió su prestación debida, aspecto ratificado por el Auto Supremo N° 113/2018 de 07 de marzo, por lo que no es posible acoger el agravio.

Se cuestionó la representación de la Lic. Irene F. Ochoa a tiempo de suscribir la nota de 12 de marzo de 2020, al respecto corresponde remitirse a la certificación expedida por la Notaria de Fe Pública N° 7 a fs. 523, y a la copia simple del Testimonio N° 314/2015 de fs. 524 a 532 vta., en el que se establece las facultades de suscribir documentos, recibos y otros, en consecuencia el agravio inferido es irrelevante para enervar la eficacia que conlleva el Recibo de 12 de marzo de 2020, pues al margen de lo esgrimido, toda discrepancia o irregularidad del mandato conferido por SUDAVAL S.A., en favor de la persona mencionada, debe dilucidarse en el marco de las normas de extensión de mandatos, no pudiendo el Tribunal Ad quem, emitir juicio respecto a su validez o eficacia, por lo que no corresponde dar curso a lo acusado.

Finalmente, en referencia a los agravios relacionados con la nota de 12 de marzo de 2020, en el que se acusa que dicho recibo no podía dejar sin efecto el contrato de 31 de diciembre de 2013, porque en su contenido se haría hincapié a un contrato celebrado en la gestión 2011; al respecto, la doctrina aplicable refiere que se considera contrato a todo acuerdo de voluntades por el cual se producen efectos jurídicos, traducidos en la constitución, modificación y extinción de una relación jurídica determinada, tal cual establece el art. 450 del Código Civil; lo cual denota que todo contrato se erige sobre la autonomía de la voluntad, de ahí que el acuerdo de voluntades no puede ser extinguido y tenga fuerza de ley, salvo los casos expresamente previstos por ley, de los cuales es necesario traer a colación el supuesto hipotético del art. 519 del Código Civil que dice: “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratante. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por Ley”; si bien por el pacta sunt servanda implícito en el acuerdo, per se, implica una imposibilidad de finalización por sola voluntad de una de las partes, no obstante, el acuerdo mutuo, libre y consentido de las partes contratantes puede cesar el contrato en todos y cada uno de sus efectos; en el caso, la nota de 12 de marzo de 2020, no menciona a ningún contrato celebrado en la gestión 2011, sino establece concretamente: “Se deja constancia que con la devolución del dinero acordado, queda anulado el compromiso de compra venta de la oficina 1° del piso 18 del Edificio Herrmann”, por ende se materializó la disolución contractual en el marco de lo expresamente declarado por las partes, es decir, en forma escrita, constituyéndose en prueba irrefutable de una voluntad declarada con efectos de derecho para las partes tal cual se tiene de la prueba a fs. 180, de lo que se tiene la decisión de la autoridad de instancia se adaptó a los antecedentes fácticos y normativos adjuntos al cuaderno judicial.

3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Danilo José Burgoa López, mediante memorial de fs. 695 a 737 vta., que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

<ol style="margin:0 0 0 0;padding:0 0 0 0;"><li style="margin:0 0 0 2400;">El recurrente en el recurso de casación alego que:

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CASACION EN LA FORMA

a) El Auto de Vista N° 80/2025 de 07 de febrero, incurrió en vulneración de su derecho al debido proceso y a la defensa porque omitió valorar las tres solicitudes para la efectivización del pago del saldo de $us. 26.273.23, debido a la negativa de SUDAVAL de recibirla, que demuestran la voluntad del demandante de cumplir con su obligación; la carta de SUDAVAL en la que reconoce a Burgoa como su asesor legal y por ello recibió pagos de USD mensuales hasta 2019; el Informe de ASFI, que demuestra que Burgoa recibió pagos como asesor legal, no como comprador; el memorial en el que el demandante impugna el recibo de $us. 30.000, alegando falta de representación legal, los recibos de pago de expensas del Edificio Herrmann hasta septiembre de 2019, la declaración testifical de José Lionel Melgar Quevedo sobre el pago de expensas, la prueba pericial sobre la autenticidad del recibo de $us. 30.000, los contratos de alquiler como prueba del perjuicio económico causado a Burgoa.

b) Incurrió en errónea valoración del recibo de $us. 30.000, al considerar que la Sra. Irene tenía facultades para suscribir documentos y recibos conforme a la Certificación del Testimonio N° 314/2015, cuando no tenía esas facultades expresas; incluso incurrió en incongruencia temporal inexplicable por cuanto el recibo tenía como fecha 31 de mayo del año 2010, mientras el contrato entre SUDAVAL y Burgoa fue firmado en 2013; en deficiencia en la valoración de los pagos recibidos por Burgoa, como asesor legal no como parte del contrato de 2013 como la Carta de SUDAVAL y el Informe de la ASFI; en deficiencia en la valoración de los intentos de pago del demandante como son los tres memoriales presentados y los testimonios que confirmaron la negativa de recepcionarlos; en deficiencia en la valoración de los daños y perjuicios sufridos por Burgoa, como ser el contrato de alquiler sobre otro espacio, los recibos de pagos de alquiler; en deficiencia sobre la deuda de expensas del Edificio Herman, como ser los recibos hasta 2019, depósitos bancarios y la declaración del testigo José Lionel Melgar Quevedo.

c) Incurrió en incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva porque: primera incongruencia, en la parte considerativa reconoce que SUDAVAL no recibió el saldo de $us. 26.273,23 y que el demandante intentó consignarlo judicialmente en tres ocasiones, además esta condición estaba sujeta a que SUDAVAL entregue saneado la oficina, extremo que no cumplió, empero en la parte resolutiva, se desestimó la demanda de cumplimiento de contrato, sin explicar por qué se exonera a SUDAVAL de su obligación contractual; segunda incongruencia, se reconoce la validez del contrato de 2013 en la parte considerativa, pero se declara su extinción sin pruebas en la parte resolutiva; tercera incongruencia, en la parte considerativa se reconoce que el recibo de $us. 30.000 no fue firmado por el representante legal de SUDAVAL y que tiene inconsistencias temporales, a pesar de ello en la parte resolutiva se le otorga valor probatorio pleno, sin considerar su legalidad ni su autenticidad; cuarta incongruencia, en la parte considerativa se reconoce que SUDAVAL nunca entregó el inmueble libre de gravámenes ni cumplió con el saneamiento necesario para la transferencia del bien, lo que constituía un incumplimiento grave del contrato de 2013; empero en la parte resolutiva no se ordena que SUDAVAL cumpla con su obligación de sanear el inmueble, ni se sanciona este incumplimiento; quinta incongruencia, en la parte considerativa se reconoce que Burgoa presentó recibos de pago de expensas hasta 2019 y que en 2020 realizó un depósito bancario para pagar las expensas restantes, sin embargo, en la parte resolutiva, se acepta sin prueba suficiente la versión de SUDAVAL de que Burgoa tenía una deuda con el edificio, lo que se usó como argumento para justificar su despojo del inmueble.

d) El Auto de Vista carece de fundamentación adecuada, ya que no explica de manera suficiente ni lógica en cuanto al recibo de $us. 30.000, sin analizar su autenticidad ni su validez; no se explica por qué se otorgó valor probatorio al documento firmado por una persona sin poder, porque el recibo tiene fecha 2010 cuando el contrato fue suscrito en 2013 y no se responde al memorial del demandante en el que impugna la validez de este documento; no se explica por qué el contrato de 2013 quedó extinguido; no se fundamentó la negativa a reconocer el pago del canon indemnizatorio de $us. 500 mensuales; no se fundamenta la negativa a reconocer los daños y perjuicios sufridos por el demandante, no se justifica por qué se niega la indemnización por daños y perjuicios; no se analiza la negativa de SUDAVAL a recibir el saldo de $us. 26.273.23;

e) Incurren en incongruencia procesal (art. 265 del Código Procesal Civil), al haber modificado y omitido puntos esenciales de la controversia, generando un fallo parcializado e injusto: primero; por la omisión de la obligación de saneamiento del inmueble porque en el contrato de 2013 se estableció que SUDAVAL debía entregar el inmueble libre de gravámenes y saneado, pero nunca cumplió con esta obligación; segundo, se omite el análisis sobre la negativa de SUDAVAL a recibir el saldo del contrato; tercero, se omitió el análisis sobre el pago del canon indemnizatorio cuando en el contrato se estableció que SUDAVAL debía pagar un canon indemnizatorio de $us. 500 hasta la entrega del inmueble libre de gravámenes; cuarta, incurre en falta de pronunciamiento sobre los daños y perjuicios sufridos por Burgoa sobre contratos de alquiler y recibos de pago que demostraban que tras ser despojado del inmueble, tuvo que alquilar otro espacio, generando un perjuicio económico directo; quinta, incurre en inversión de la carga de la prueba en favor de SUDAVAL, porque este último alegó haber realizado pagos al demandante, pero nunca presentó comprobantes bancarios ni documentos fehacientes que acrediten estos pagos.

CASACION EN EL FONDO

a) El Auto de Vista aplicó de manera errónea el principio de la autonomía de la voluntad generando una interpretación contradictoria y parcializada del contrato suscrito entre el demandante y SUDAVAL Agencia de Bolsa S.A.: primero, porque según el contrato de 2013 esta última debía entregar el inmueble libre de gravámenes y el demandante debía pagar el saldo restante de $us. 26.273.23, por lo que el contrato debió ser cumplido por ambas partes; segundo, interpretación errónea sobre la supuesta extinción del contrato; tercero, se ignora la naturaleza recíproca de las obligaciones contractuales; cuarto, se omitió el análisis sobre la negativa de SUDAVAL a recibir el saldo pendiente; quinto, se ignora la obligación de saneamiento del inmueble.

b) Incurre en desconocimiento de la teoría de los actos propios porque: permitió que SUDAVAL actué de manera incoherente con su propia conducta, al haber aceptado las condiciones del contrato y, sin embargo, una vez cumplida las mismas por parte de Burgoa, comenzó a desconocer el acuerdo de 2013, argumentando que el contrato fue anulado por un nuevo acuerdo firmado en 2020; igualmente el recibo de $us. 30.000 no podía ser considerado como prueba válida para extinguir el contrato de 2013 porque estaba fuera de contexto y contradecía los propios actos de SUDAVAL al intentar reconocer un pago que nunca se materializó de manera legal; de igual manera, el contrato de 2013 nunca fue resuelto formalmente por acuerdo mutuo de partes, a pesar de que SUDAVAL argumenta que fue reemplazado por el contrato de 2020, cuando éste último no firmó ninguna minuta formal de resolución del contrato, ni solicitó la restitución de la propiedad de manera expresa; asi mismo, la venta del inmueble a un tercero, sin haber resuelto formalmente el contrato de 2013 ni cumplió con las obligaciones del mismo, es incompatible con los actos anteriores de SUDAVAL que había acordado con BURGOA el cumplimiento de ciertas condiciones.

c) Incurrió en interpretación errónea del art. 568.I del Código Civil: Primero porque Danilo José Burgoa López cumplió con su parte del contrato, como es el pago del saldo pendiente de Sus. 26.273.23 y $us. 30.000, demostrado por varios memoriales donde se solicitó a la Juez de primera instancia se otorgue la boleta de depósito judicial, quien en principio le dio curso, luego en forma irregular cambió de parecer, pero SUDAVAL no cumplió con su obligación de entregar el inmueble saneado, a pesar de ello, no resolvió el caso a favor del demandante; segundo, el tribunal no resolvió el contrato de 2013 a pesar de que SUDAVAL no cumplió con el saneamiento del inmueble; tercero, no otorgó al demandante, el derecho de pedir judicialmente la resolución del contrato; cuarta, no se otorgó el resarcimiento de daño al demandante; quinto, no aplicó correctamente el principio de reciprocidad contractual que se encuentran implícitos en los contratos con prestaciones recíprocas;

d) Incurrió en violación del derecho de propiedad (art. 56 de la Constitución Política del Estado) porque el Tribunal no analizó adecuadamente si la transferencia de la propiedad a Vidaurre estaba en conformidad con la Ley y el contrato de compraventa de 2013, que aún estaba vigente; y, el derecho propietario del demandante no fue protegido por que la venta fue realizada sin haber cumplido SUDAVAL con las condiciones de saneamiento establecido; asimismo en violación del principio de función social de la propiedad, al no habérsele entregado libre de gravámenes para poder ser utilizado; finalmente en vulneración del principio de seguridad jurídica , al no resolver adecuadamente el contrato y permitir que el inmueble fuera transferido.

e) Incurrió en violación del principio de buena fe contractual (art. 450 del Código Civil) toda vez que permitió que SUDAVAL se beneficie de su incumplimiento sin asumir ninguna responsabilidad, mientas que el demandado cumplió con su parte del acuerdo.

f) Violó el principio de enriquecimiento sin causa, establecido en el art. 961 del Código Civil porque permitió que SUDAVAL se enriquezca indebidamente al retener el dinero de Burgoa sin cumplir con sus obligaciones contractuales y en ese merito debió ordenar la restitución del dinero o la indemnización por el perjuicio económico causado.

g) Incurrió en omisión de valoración de pruebas periciales: primera omisión, incurrió en errónea valoración del contrato de compraventa de 2013, toda vez que debió ser valorado como documento privado cuyo contenido está relacionado con las obligaciones de las partes, pago y entrega de inmueble; segunda, no se valoró el recibo de pago de $us. 30.000; tercero, no se valoró de manera adecuada el Informe del ASFI, omitiendo su relevancia para la defensa del demandante; Incurrió en desestimación de la carta de SUDAVAL reconociendo la asesoría de Burgoa; quinto, no se valoró de forma correcta el contrato de alquiler presentado como prueba de perjuicio.

h) Incurrió en omisión de la garantía de evicción previsto en los arts. 624 y 625 del Código Civil, toda vez que no consideró que SUDAVAL debía devolver el monto pagado por el inmueble y cubrir los daños ocasionados por el desalojo de la propiedad.

i) Incurrió en violación del principio de igualdad procesal consagrado en el art. 8 de la Constitución Política del Estado porque a pesar de que su persona cumplió con todas las obligaciones contractuales y presentó pruebas que acreditaron el incumplimiento de SUDAVAL, el Tribunal favoreció injustificadamente a la parte demandada, sin garantizar que el demandante tuviera las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y pruebas; no valoró adecuadamente las pruebas presentadas por su persona y porque le trató de manera desigual al demandado y por haber desestimado los daños y perjuicios y por haber aceptado sin cuestionamiento los actos de mala fe de SUDAVAL.

j) No realizó una valoración a fondo de la primera pretensión y confundieron el documento que realmente se debía resolver por incumplimiento de la parte demandada

Fundamentos por los cuales, solicitan se case el Auto de Vista recurrido por consiguiente se declare probada la demanda principal.

2. Contestación al recurso de casación:

SUDAVAL AGENCIA DE BOLSA S.A., REPRESENTADO POR Vladimir Ernesto Rada Ochoa, contestó al recurso de casación mediante memorial cursante de fs. 744 a 750, solicitando:

a) El recurso de casación postulado es totalmente confuso, impreciso, contradictorio y ampuloso, como si creyera el detractor que reclamando que no se dio lugar a sus pretensiones, logrará que el Auto de Vista sea casado.

c) El derecho al debido proceso en su faceta a la defensa, jamás fue lesionado, por cuanto hace creer que se habría omitido valorar prueba a partir de intensión que dice haber tenido de pagar el saldo; al respecto el Auto de Vista fue claro y contundente al referir que, si bien existieron intentos de honrar la obligación durante el trámite de la causa, dichas situaciones no pueden sustituir el presupuesto previamente señalado.

d) En el caso no existe ni existió despojo, por cuanto fue el actor quien entregó de mutuo propio las llaves del Departamento (fs. 185) debido al simple hecho de que no logró honrar montos económicos del precio del bien y fue él y la señora Daphne Burgoa quienes suscribieron el recibo por la devolución de $us. 30.000, quedando anulado el compromiso de venta del bien objeto de juicio, así se lo expresó en esa literal suscrita por Irene Ochoa, personera de SUDAVAL, facultada para ello.

Por los argumentos expuesto, solicita se declare improcedente el recurso por los argumentos expuestos en la parte introductoria del memorial o alternativamente se declare infundado, sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el Auto Supremo Nº 203/2016, de 11 de marzo, pronunciado por la Sala Civil del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria, que de forma clara ha expresado: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el art. 258 núm. 2 del Código de Procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspecto inherentes a la forma de la tramitación de la cusa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esa notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, pues que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y no corresponde realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso”.

III.2. Del art. 568 del Código Civil y análisis del sinalagma funcional.

Sobre el particular, el Auto Supremo N° 338/2023 de 18 de abril señaló: “El Auto Supremo N° 197/2022 de 22 de marzo, al respecto señala que, en nuestro ordenamiento sustantivo civil en su art. 568 refiere que: ‘(Resolución por incumplimiento). I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. II. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato; y el demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda’; precepto normativo que en lo principal abre dos alternativas que son la resolución de contrato y el cumplimiento de contrato; alternativas que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por dicho precepto la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otra parte, que la parte que ha cumplido, pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.

Sobre el particular, el Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre, respecto a lo dispuesto en el art. 568 del Código Civil, ha orientado que: ‘… dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…’

Ahora bien, es preciso tener presente que al ser aplicable el art. 568 del Sustantivo Civil a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante determinar para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe analizar el sinalagma funcional que contiene el contrato para establecer qué obligación depende de la otra, para así determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto, se debe realizar una interpretación amplia del contrato, es decir, que dicha interpretación debe ser: 1) En relación con la redacción del contrato; 2) La intención común de las partes contratantes; y, 3) La conducta de las partes en la ejecución de la misma. Interpretación que debe ser realizada por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea la norma citada precedentemente.

En este mismo entendido el Auto Supremo Nº 453/2015 de 19 de junio, ha orientado que: ‘…se dirá que el art. 568 del Código Civil, hace referencia a la posibilidad de que, en los contratos con prestaciones reciprocas, la parte que ha cumplido con su prestación puede exigir a la otra cumpla con la prestación debida o en su defecto puede solicitar la resolución del contrato, sin embargo esta norma se aplica a los contratos con prestaciones recíprocas, en las que se debe analizar el “sinalagma funcional”, para determinar si concurre la pretensión del actor…’; de dicho entendimiento se tiene que en los contratos con prestaciones recíprocas, cualquiera de las partes que ha cumplido con su obligación podrá exigir a la otra que cumpla con su obligación, este aspecto es conocido como la reciprocidad en el cumplimiento y la evolución doctrinal lo ha calificado como el “sinalagma funcional”, en virtud de la cual como se ha expresado comprende el cumplimiento de las obligaciones de las partes contratantes en la medida cronológica o secuencial que ellas así lo han acordado.

Ahora bien, ahondando en el sinalagma funcional, el autor Carlos Miguel Ibáñez en su obra intitulada “La Resolución del Contrato” pág. 39, señala: ‘Una variedad de la teoría de la causa recíproca es la teoría del sinalagma funcional, que a efectos de salvar las objeciones formuladas a aquélla, distingue entre el sinalagma genético y el funcional (…) esa reciprocidad debe subsistir también en el momento o etapa de cumplimiento de contrato, lo que se denomina “sinalagma funcional”, que exige que la reciprocidad de las prestaciones se mantenga durante la vida y ejecución del contrato (…) No basta que en el contrato bilateral surjan obligaciones recíprocas (sinalagma genético), sino que es preciso que dicha reciprocidad se configure también en su cumplimiento, que éste sea recíproco (sinalagma funcional). Así como son recíprocas las obligaciones emergentes, también debe ser recíproco el cumplimiento’ (El resaltado nos pertenece)

De esta manera se deduce que el sinalagma funcional, como ya se dijo anteriormente, radica precisamente en que estas prestaciones, sean efectivizadas en la ejecución del contrato, cuyas prestaciones deben ser efectuadas en forma secuencial, como ha sido pactado en el contrato”.

III.3. De la interpretación de los contratos.

Sobre el particular el mismo Auto Supremo 338/2023 de 18 de abril, señaló que: “El Auto Supremo N° 197/2022 de 22 de marzo, al respecto expresa que, según Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I pág. 195, respecto de la interpretación de los contratos señala que: ‘Interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance. Determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes. No se discute la necesidad de interpretación para el normal funcionamiento del derecho. Es consecuencia lógica de que toda la vida de relación esta moldeada por el derecho.

Respecto a la interpretación de los contratos, se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual, en la interpretación del contrato se debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es entre tanto se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva, pues investigar la intención es raramente una operación inductiva. De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo aun el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación es “’a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse; en ese a cuanto quiso está toda la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma. La primera regla de la interpretación, no inserta en el Código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que, si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas; en cambio, si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua o anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como mencionan las reglas, hace al contrato todo, a una o varias de sus cláusulas, o alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato. Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas´”.

III.4. Del principio per saltum.

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Auto Supremo N° 179/2018-RA, de 26 de marzo, señaló que: “La Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, en su art. 272, respecto a la legitimación para interponer el recurso de casación dispone lo siguiente: ‘I. El recurso podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista. II. No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del tribunal superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada’.

La exigencia del art. 272 del Código Procesal Civil señala que el recurrente debe percutar el recurso de apelación para que en caso de no ser satisfecho en su pretensión recursiva se encuentre habilitado a plantear recurso de casación.

Ahora bien en relación al aforismo ‘per saltum’, es una locución latina que significa pasar por alto y en materia recursiva significa saltar las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el Auto Supremo Nº 482/2016 de 12 de mayo 2016, el que ha orientado en sentido de que: ‘Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 num. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el ‘per saltum’, que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem’.

Dicho aforismo jurídico se acomoda a la exigencia de la legitimación para recurrir.”

En similar sentido el Auto Supremo N° 383/2018, de 07 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, expresó: “El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: ‘Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 num. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el ‘per saltum’, que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”.

III.5. Respecto de la congruencia de las resoluciones.

Al respecto, el Auto Supremo N° 1190/2023 de 29 de noviembre señaló: “Conforme la jurisprudencia emanada por este alto Tribunal Supremo, a tiempo de desarrollar sobre la congruencia de las resoluciones, el Auto Supremo N° 79/2021 de 01 de febrero, citando otras resoluciones, indicó: ‘En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, principio que en el caso de la apelación se sintetiza en el aforismo tantum devolutum quantum appellatum, que significa es devuelto cuanto se apela; con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

El Tribunal Supremo de Justicia, a través de los Autos Supremos Nº 651/2014 y Nº 254/2016, entre otros, estableció que la congruencia en las resoluciones judiciales, orienta su comprensión a partir de dos acepciones: primero: la congruencia externa, la cual debe entenderse como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las Autoridades judiciales, en otras palabras, prohíbe al juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo: la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; vale decir, se pretenden evitar que en una misma resolución, existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

De igual manera, la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, precisó lo siguiente: ´El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…´. Razonamiento reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las SCP Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014, donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y citra petita, cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante”.

III.6. Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre el tema, el Auto Supremo N° 812/2024, de 22 de julio, señaló: “Con relación al tema en cuestión, existe amplia y uniforme jurisprudencia; en el Auto Supremo Nº 581/2018 de 28 de junio, pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal, señaló: “Se entiende como fundamentación, a la obligación de la autoridad que lo emite de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, el acto de expresar los razonamientos lógico-jurídicos que justifiquen la razón por la que consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, de donde se concluye que la falta de motivación conduce a la arbitrariedad y la ausencia de fundamentación, supone una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico (…).

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1621/2013 de 4 de octubre, sobre el debido proceso en su elemento fundamentación y motivación de las resoluciones, ha señalado: (…). ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, …’.

En la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 712/2015-S3 de 03 de julio, se refirió: “El debido proceso como derecho fundamental, contiene entre sus elementos constitutivos la obligatoriedad de la debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; los cuales, deben estar fundados en derecho, conforme lo señala Manuel Atienza: (…) la motivación de las resoluciones judiciales se apoya en la necesidad de que el tribunal haga públicas las razones que le han conducido a fallar en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión no es producto de la arbitrariedad, sino del correcto ejercicio de la función jurisdiccional que la ha sido encomendada, es decir, resolviendo el problema jurídico sometido a su conocimiento, precisamente, en aplicación del Derecho’. (Argumentación y Constitución, pág. 14)”.

III.7. Sobre la valoración de la prueba.

Sobre el particular el Auto Supremo N° 52/2019, de 04 de febrero, señaló que: “La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: ‘…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia’.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: ‘La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial’; asimismo, refiriéndose al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: ‘El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón’, es decir que: ‘…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental –Couture- llama “la prueba como convicción’, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

Empero esta actividad valorativa, se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo mérito el Auto Supremo N° 240/2015, señala: ‘…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture’.

De estas acepciones podemos inferir, para el caso en concreto, en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del Juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley.

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