AS/0892/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 892/2019

Fecha: 06 de septiembre de 2019

Expediente: O-10-19-S.

Partes: Ministerio Público y otro c/ N.J.A.C.

Proceso: Infraccional de violación de niña, niño o adolescente.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 813 a 825 vta., interpuesto por K.A.L.C., contra el Auto de Vista Nº 01/2019 de 04 de enero, cursante de fs. 784 a 796 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera con la competencia en materia Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro el proceso infraccional de violación de niño, niña o adolescente seguido a instancia del Ministerio Público y de la víctima K.A.L.C. contra N.J.A.C., el memorial de contestación al recurso de fs. 986 a 987 vta., el Auto interlocutorio de concesión del recurso Nº 21/2019 de 16 de abril cursante a fs. 988; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 449/2019-RA de 02 de mayo cursante de fs. 995 a 996 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Tramitada la causa, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Nº 1 de la ciudad de Oruro, pronunció la Sentencia Nº 057/2018 de 05 de noviembre, cursante de fs. 732 a 742, declarando a N.J.A.C., de 24 años de edad en dicho momento, como AUTOR de la infracción de violación de niño, niña o adolescente, previsto y sancionado en el párrafo primero del art. 308 bis del Código Penal, incorporado por la Ley Nº 2033; en ese entendido, conforme mandan los arts. 237 num. 3) inc. c) y 249 del Código Niño, Niña y Adolecente – Ley Nº 2026 impuso como sanción social o medida socioeducativa, la PRIVACIÓN DE LIBERTAD de cuatro años en los alcances de los arts. 317.1.2.3., 239 y 251 del citado Código del Niño, Niña y Adolescente, de esta manera dispuso que dicha medida sea cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de esa ciudad. Con responsabilidad civil y costas al Estado averiguables en ejecución de sentencia.

2. Resolución de primera instancia, puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que N.J.A.C. mediante memorial de fs. 746 a 755 vta., interpusiera recurso de apelación. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial Primera con la competencia en materia Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, pronunció el Auto de Vista Nº 01/2019 de fecha 04 de enero cursante de fs. 784 a 796 vta., donde los jueces de alzada en lo más sobresaliente de dicha resolución señalaron que de la revisión de la sentencia no se percibiría el menor análisis del grado de autoría o participación del supuesto infractor a los fines de esclarecer la relación entre este y el hecho que se le atribuye, como tampoco existiría precisión de cuando habría sucedido el hecho probable; en ese entendido, refirieron que si bien de acuerdo a la versión emitida por la víctima, verificada por los informes psicológicos periciales, se podría establecer que existió un daño post traumático en la personalidad de K.A.L.C. y que con probabilidad dicha afectación sería producto de una agresión sexual cuya data es de finales del año 2007 o inicios del año 2008, es decir entre los meses de diciembre y enero de las gestiones mencionadas.

Empero, en cuanto a la participación del infractor en el hecho que se le atribuye, que conforme a la teoría del delito debería existir un nexo de causalidad entre el hecho que se afirma con el infractor señalado por la víctima, indicaron que analizada la prueba de cargo y descargo, no existiría medio probatorio eficiente y conducente a fin de determinar que el infractor hubiese participado en el hecho atribuido a él, pues ninguno de los testigos habría afirmado con vehemencia y objetividad que este haya estado de visita o permanecido en la casa que ocupaba la Sra. Janett Gloria Carvajal Villegas en coincidencia con la víctima a fines del año 2007 y principios del año 2008, al margen de que la misma señora anteriormente citada habría negado que estos hayan coincidido en su domicilio. En esa misma lógica, de la prueba pericial emitida por los peritos Med. Gary Mario Choque Zenteno y José Teófilo Daza Pérez, refirieron que, más allá de que afirmen o no la existencia de un hecho contra natura, de la interpretación y comprensión de estos informes, no permitirían afirmar con objetividad que el acusado infractor haya participado en el hecho ya sea como autor o como cómplice.

De esta manera arguyeron que si bien el presente caso versa sobre la posible infracción de un hecho vinculado contra la libertad sexual que por sus connotaciones en la sociedad genera unos rasgos peculiares en su consumación por lo que la declaración de la víctima se tornaría en la mayor parte de los casos en una actividad probatoria de cargo suficiente para derrumbar la presunción de inocencia y lograr el pronunciamiento condenatorio, empero, consideraron que frente a esta declaración estarían principios del derecho penal acusatorio como son los de proporcionalidad, culpabilidad y legalidad; en esa lógica razonaron que la narración de los hechos que efectuó la víctima ante el Ministerio Público que motivó el inicio de la investigación y que además fueron relatados ante profesionales psicólogos y trabajadoras sociales que conocieron el caso, no obstante resalta que cuando se llevó acabo la “audiencia reservada” ante la autoridad jurisdiccional de primera instancia la víctima prácticamente se habría abstenido de referirse sobre los hechos, pues solo habría atinado a reflejar que su verdad ya la habría contado muchas veces, situación que no generaría convicción a tiempo de emitirse una resolución condenatoria.

En virtud a dichos fundamentos, el citado Tribunal de segunda instancia REVOCÓ en forma total la sentencia apelada y deliberando en el fondo ABSOLVIÓ de responsabilidad social a N.J.A.C. como autor de la infracción atribuida y relacionada con el acto jurídico previsto en el art. 308 bis del Código Penal, por no haber encontrado dicho Tribunal la existencia del nexo de causalidad necesario entre el hecho generador de la investigación y la concurrencia o participación del agente o infractor del hecho atribuido, en consecuencia dispuso se expida el mandamiento de libertad de forma irrestricta a favor del mencionado demandado y la cancelación de medidas cautelares que fueron aplicadas contra dicho sujeto procesal.

3. Fallo de segunda instancia que, puesto en conocimiento de las partes procesales, ameritó que la víctima K.A.L.C. interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II: