Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0909/2026 Fecha: 06 de julio de 2026 Expediente: PT-22-26-5 Partes: Elsa Lero Arroyo de Fuertes c/ German Lero Arroyo, José Luis Lero Arroyo y Shirley Lero Arroyo, como terceros interesados Santos Zenon Ala Estrada corregidor de Condoriri, Valeriano Arce Mita alcalde de Huachacalla y el Banco Nacional de Bolivia S.A.
Proceso: Reivindicación.
Distrito: Potosi.
VISTOS: Los recursos de casación cursantes de fs. 1004 a 1017 interpuesto por Elsa Lero Arroyo; y de fs. 1018 a 1022 vta., promovido por Victor Fuertes Gutiérrez, contra el Auto de Vista N 042/2026 de 22 de enero, corriente de fs. 915 a 929, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de reivindicación, seguido por la recurrente contra German Lero Arroyo, José Luis Lero Arroyo y Shirley Lero Arroyo, como terceros interesados Santos Zenon Ala Estrada corregidor de Condoriri, Valeriano Arce Mita alcalde de Huachacalla y el Banco Nacional de Bolivia S.A.; la respuesta a fs. 1028 y vta.; el Auto de concesión de 08 de abril de 2026, visible afs. 1030; el Auto Supremo de admisión 0474/2026RA de 23 de abril, obrante de fs. 1037 a 1039, todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO 1:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Elsa Lero Arroyo de Fuertes por memorial de demanda que cursa de fs. 57 a 59 vta., ratificado de fs. 97 a 98, subsanado de fs. 110 a 112 vta., y fs. 115, promovió el proceso ordinario de reivindicación contra German Lero Arroyo, José Luis Lero Arroyo y Shirley Lero Arroyo, quienes una vez citados, según escritos de fs. 138 a 144, subsanado de fs. 153 a 154 vta., y afs. 165 y vta., contestaron negativamente a la demanda, opusieron excepciones de demanda defectuosamente propuesta y de tramite inadecuadamente dado por autoridad judicial y reconvinieron por nulidad de escrituras públicas y anulabilidad de escrituras públicas; por memorial de fs.
182 a 184 Elsa Lero Arroyo de Fuertes contra la reconvención presentó excepción de cosa juzgada, por Auto de 10 de febrero de 2023 a fs. 251 se citó a Santos Zenon Ala Estrada corregidor de la comunidad Condoriri, y Valeriano Arce Mita alcalde
de la comunidad Huachacalla, por memorial a fs. 261 y vta., se apersonó Santos Zenon Ala Estrada corregidor de la comunidad de Condoriri como tercer interesado, y por Auto de 24 de julio de 2023 visible a fs. 299 se declaró la rebeldía de Valeriano Arce Mita Alcalde de Huachacalla; asimismo, por Auto de 5 de enero de 2024 visible de fs. 334 a 335 vta., se declaró improcedentes las excepciones de German Lero Arroyo, Jose Luis Lero Arroyo y Shirley Lero Arroyo, y por el Auto de 04 de enero de 2024 obrante de fs. 337 vta. a 340, se declaró procedente la excepción de cosa juzgada en relación a la pretensión de nulidad de escritura pública presentada por Elsa Lero Arroyo de Fuertes, por Auto de 26 de enero de 2024 a fs. 373 se dejó sin efecto la declaratoria de rebeldía al ayllu Huachacalla, mediante Auto de 08 de marzo de 2024 de fs. 636 a 637 se determinó integrar a la litis como tercer interesado al Banco Nacional de Bolivia S.A., el cual se apersonó de fs. 713 a 718 vta.; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N 21/2024 de 17 de septiembre, que cursa de fs. 760 a 770 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 6 de Potosí, declaró IMPROBADA la demanda de reivindicación, disponiendo el mejor derecho propietario de German Lero Arroyo, José Luis Lero Arroyo y Shirley Lero Arroyo sobre el inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N 5.01.1.01.0023927, determinando ante Derechos Reales la cancelación del registro que corresponde a Elsa Lero Arrollo referente al inmueble con Matrícula N 5.01.1.01.0013246 y declaró IMPROBADA la demanda de anulabilidad ejercitada como pretensión múltiple por la parte demandante reconvencional. Sin costas y costos.
2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Victor Fuertes Gutierrez, Elsa Lero Arroyo de Fuertes y el Banco Nacional de Bolivia S.A., según escritos de fs. 791 a 794 vta., fs. 824 a 832 y fs. 816 a 848 vta., respectivamente, originó que la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, emita el Auto de Vista N 42/2026 de 22 de enero, obrante de fs. 915 a 929, que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en merito a los siguientes fundamentos:
- La inclusión extemporánea de un copropietario hubiera hecho la acción insustentable y habría generado una indivisión material imposible de ejecutar, por lo que la intervención de un tercero con derecho sobre el inmueble debía plantearse oportunamente mediante excepción, esta omisión limita la legitimación del recurrente para impugnar la Sentencia, toda vez que no fue formalmente incorporado al proceso desde su inicio.
El argumento del recurrente resulta incompatible con la postulación integral de la demandante, pues admitir la afectación de un derecho de un tercero no incluido
FA contradice la buena fe procesal y los principios de seguridad jurídica de los registros públicos; por lo que, se tiene que la acción fue resuelta conforme a derecho, respetando el debido proceso, la individualización del bien objeto de la reivindicación y la prelación registral.
- En el caso concreto, la titularidad dominial fue materia de debate, prueba pericial, inspección judicial y análisis documental, incluyendo la valoración de partidas y matrículas computarizadas, así como la determinación de superposición total entre el inmueble de 533 m2, y el de 241 m2, por lo que no puede sostenerse que el Juez haya introducido de oficio elemento ajeno a la litis; por el contrario, resolvió la controversia real existente entre títulos incompatibles sobre un mismo bien, aplicando el art. 1545 del Código Civil relativo a la preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble, norma que necesariamente debía considerarse ante la existencia de doble registro y tractos sucesivos diferenciados, porque la declaración de mejor derecho propietario en favor de los demandados no implica creación oficiosa de una nueva acción, sino la consecuencia jurídica de la desestimación de la reivindicación, pues el actor no acreditó ser titular preferente frente a quien detenta un derecho inscrito con anterioridad, en este caso con antecedente registral desde 1963 frente a una inscripción posterior de 1996, ya que negar esa facultad implicaría emitir una Sentencia incompleta.
- En cuanto a la alegación de ultra petita por la cancelación de la Matrícula N 5.01.1.01.0013246, debe precisarse que dicha medida es una consecuencia necesaria del reconocimiento del derecho preferente del otro titular cuando se establece que existe superposición total y que uno de los registros carece de sustento frente al título anterior, siendo facultad del Juez adoptar las medidas necesarias para restablecer la coherencia del sistema registral conforme a los arts.
1540 y 1558 del Código Civil, evitando la coexistencia de derechos incompatibles, por lo que no se trata de otorgar más de lo pedido, sino de ejecutar los efectos propios de la decisión sobre la titularidad debatida, dentro del marco de la pretensión reivindicatoria que obligaba a determinar quién ostentaba legítimamente el dominio.
- Respecto a la inclusión de terceros interesados se tiene que los gravámenes hipotecarios inscritos en los asientos B-3 y B-8 a favor del Banco Nacional de Bolivia no transforman al acreedor hipotecario en litis consorte necesario respecto de la controversia dominial entre propietarios, pues el derecho real de garantía es accesorio y depende de la subsistencia del derecho del constituyente; la entidad financiera no ostenta derecho de propiedad sobre el bien, sino un derecho real limitado que se ejerce en función del crédito garantizado, por lo que el acreedor
hipotecario no es parte necesaria en procesos donde se discute la titularidad dominial entre terceros, ya que su derecho se mantiene o se extingue en función del resultado registral sin que sea indispensable su intervención para la validez del fallo, pudiendo en su caso ejercer las acciones que el ordenamiento le franquea si considera afectada su garantía.
- En relación a la incongruencia y la emisión de resolución ultra petita se tiene claro que el Juez de primera instancia no introdujo de oficio una pretensión ajena al proceso ni resolvió más allá de lo pedido, sino que dio cumplimiento al deber jurisdiccional de resolver integralmente la controversia sometida a su conocimiento, conforme al principio de eficacia de la justicia y al mandato contenido en el art. 1 del Código Procesal Civil, por tanto la declaración de mejor derecho no constituye una acción autónoma introducida ultra petita, sino el presupuesto lógico jurídico indispensable para decidir la reivindicación planteada, pues sin establecer cuál de los títulos prevalece conforme a derecho no es posible determinar si existe o no posesión legítima, por lo que lejos de vulnerar el principio de congruencia, la Sentencia respondió precisamente a la necesidad de evitar la multiplicidad de procesos y otorgar una solución definitiva al conflicto, tal como orienta el Auto Supremo N 921/2016 de 3 de agosto, pues declarar improbada la reivindicación sin definir cuál de los títulos era preferente habría generado inseguridad jurídica y mantenido incólume una situación de doble registro incompatible, por tanto la declaración de mejor derecho propietario en la parte resolutiva no constituye un exceso ni una concesión mayor a la solicitada, sino la consecuencia indispensable del análisis exigido por la naturaleza compleja de la acción reivindicatoria cuando ambas partes ostentan títulos inscritos.
- Con relación a la valoración de la prueba se tiene que la Sentencia en sus puntos 2.1, 2.2 y 2.4 valoró no solo la existencia del registro de la actora, sino también los antecedentes dominiales, la documentación aportada por la parte demandada y los informes periciales e inspecciones judiciales practicado en el lugar, estos análisis permitieron determinar que existía una superposición de predios y que la pretensión reivindicatoria no podía resolver únicamente en función de la titularidad registral de la apelante, sino que requería ponderar la totalidad de la cadena dominial de ambas partes; asimismo, respecto a la prueba documental aportada por los codemandados respecto al inmueble ubicado en calle H. Vasquez, con superficie de 533.44 m2, cuyos antecedentes se remontan a títulos inscritos desde 1963, cumpliendo con el principio de tracto sucesivo, se evidencia que el Juez ejerció correctamente su facultad de valorar la prueba, ponderando no solo la existencia de los títulos, sino la autenticidad, la continuidad y la coherencia de la
O Y cadena dominial, por otra parte la Sentencia examinó las alegaciones de irregularidades en los títulos o en la superficie de los predios, tomando en cuenta la documentación catastral, los planos municipales y las escrituras previas, evaluando la coherencia entre los documentos y la realidad física del inmueble, siendo esta la razón por la que se determinó que la superficie de 533,44 m2 de los demandados correspondía al predio en disputa y que la pretensión de la actora de superponer su registro sobre esta área carecería de sustento probatorio suficiente.
- Sobre que el Banco Nacional de Bolivia no participó en las audiencias y que ello generó indefensión y afectó su derecho de defensa y su patrimonio al encontrarse vigentes garantías hipotecarias inscritas en los asientos B-3 y B-4 de la Matrícula N 5.01.1.01.0013246, sostuvó que la naturaleza del proceso fue la acción reivindicatoria entre quienes se atribuían derecho propietario sobre un mismo bien inmueble, por lo que el núcleo del litigio consistió en determinar la existencia o no
de mejor derecho propietario y la consiguiente prevalencia registral, ya que en
ningún momento la pretensión principal estuvo dirigida contra el acreedor hipotecario ni tuvo por objeto la invalidez del contrato de préstamo porque el conflicto era estrictamente dominial; en ese marco, no es correcto afirmar que la
Sentencia haya anulado los contratos de préstamo o desconoció directamente la hipoteca, porque la decisión se limitó a resolver el conflicto de propiedad y a disponer la cancelación de la matrícula que resultó carente de mejor derecho frente a otra inscripción anterior proveniente del mismo origen dominial ya que la cancelación registral es consecuencia lógica de la declaración de mejor derecho y no equivale a declarar la nulidad del contrato de crédito, siendo que el derecho personal del acreedor frente a sus deudores permanece incólume.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Elsa Lero Arroyo de Fuertes y Victor Fuertes Gutierrez, según escrito visible de fs. 1004 a 1017 vta., y fs., 1018 a 1022 vta., respectivamente, recursos que son objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN 1. La recurrente, Elsa Lero Arroyo en su recurso de casación acusó:
Mostrando 27 de 132 parrafos.