Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0917/2026 Fecha: 06 de julio de 2026 Expediente: CB-46-260-S Partes: Carina Gutiérrez Soliz c/ Iban Revollo Encinas.
Proceso: Determinación de ganancialidad y consiguiente división y partición de bienes.
Distrito: Cochabamba.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 244 a 248 vta., interpuesto por Iban Revollo Encinas contra el Auto de Vista N 18/2024 de 29 de julio, corriente de fs. 234 a 241, pronunciado por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de determinación de ganancialidad y consiguiente división y partición de bienes, seguido por Carina Gutiérrez Soliz contra el recurrente; la contestación de fs. 252 a 255 vta.; el Auto de concesión de 04 de mayo de 2026, visible a fs. 257; el Auto Supremo de admisión N 0671/2026-RA de 22 de mayo, obrante de fs. 263 a 264 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO.
1. Carina Gutiérrez Soliz por memorial de demanda que cursa de fs. 71 a 74 vta., subsanado de fs. 89 a 91 vta., promovió el proceso ordinario de determinación de ganancialidad y consiguiente división y partición de bienes contra Iban Revollo Encinas, quien una vez citado, según escrito visible de fs. 105 a 107 vta., contestó de manera negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 01 de diciembre de 2021, que cursa de fs. 125 a 131, en la que la Juez Público de Familia 4 de Cochabamba, declaró PROBADA EN PARTE la demanda, declarándose como únicos bienes gananciales activos y pasivos, y consiguiente división y partición en el 50, sobre: bien inmueble con mejoras de construcción signado con el N 90, ubicado en provincia Cercado, zona Alalay Norte, Distrito N 6, Sub distrito N 49, con una extensión superficial 328.29 m2., bajo la Matrícula computarizada N 3.01.1.99.0023835; el sitio enterratorio memorial, ubicado en el sector Los Pinos PB-04-0-03 del cementerio Parque de las memorias, asimismo, como pasivos, las deudas obtenidas con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., por la suma de Bs. 642.025; con el Banco FIE S.A., en
la suma de Bs. 210.000 y con el Banco Sol S.A., por el monto de Bs. 135.000, que deben ser cubiertas por ambos contendientes por partes iguales sobre el saldo existente al 05 de marzo de 2020, fecha de cesación de la vida en común; por otro lado, se excluye como bienes gananciales, un vehículo clase vagoneta con placa de circulación 1730-XXD; las cancelaciones efectuadas por la demandante al Banco FIE S.A. en la suma de Bs. 10.229,67 y Bs. 21.045,80; también, las deudas obtenidas: de Marco Ardaya por la suma de Bs. 38.500 más intereses, haciendo un total de Bs. 42.952; acreencia de Alberto Flor en la suma de Bs. 7.000; de Walter Zubieta en la suma de Bs. 7.000; Trifonia Romero por Bs. 11.500; de Rosa Colque en el monto de Bs. 17.000 y de Mireya Soledad Gutiérrez Soliz por Bs. 17.000; al no haberse acreditado con documentación idónea su existencia.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Iban Revollo Encinas conforme escrito cursantes de fs. 160 a 164 vta.; y la adhesión por Carina Gutiérrez Soliz por memorial de fs. 174 a 175 vta., originó que la Sala Familiar y de Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N 364/2023 de 20 de diciembre, corriente de fs. 195 a 201 vta., que REVOCO PARCIALMENTE la Sentencia, declarando como bien ganancial, el vehículo clase vagoneta con placa de circulación N 1730-XXD, manteniendo incólume en lo demás la resolución impugnada.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Iban Revollo Encinas según escrito de fs. 204 a 206 vta., originó que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia emita el Auto Supremo N 564/2024 de 07 de junio, cursante de fs. 221 a 227, que ANULÓ el fallo de segunda instancia, y dispuso que el Tribunal Ad quem pronuncie una nueva resolución.
4. En cumplimiento al anterior pronunciamiento de casación, la Sala Familiar y de Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista N 18/2024 de 29 de julio, cursante de fs. 234 a 241 donde se CONFIRMÓ la Sentencia apelada, con costas a la parte apelante, en base a los siguientes argumentos:
- De la revisión de la Sentencia se advierte que la A quo efectuó un análisis expreso de la naturaleza jurídica del bien, a partir de la prueba documental cursante en el proceso, estableciendo que el derecho de propiedad fue acreditado mediante el registro en Derechos Reales; en ese entendido, conforme Matrícula computarizada cursante a fs. 4 se evidencia que el inmueble fue adquirido por contrato de compraventa de 17 de noviembre de 2014; es decir, durante la vigencia del vinculo matrimonial existente entre las partes; toda vez que, el vinculo matrimonial fue celebrado el 30 de septiembre de 2001; no obstante, la A quo también destacó que
la separación fue en la fecha de suscripción del documento de 10 de marzo de 2020; en cuyo contenido, se hace referencia a que la separación de hecho se habría producido desde enero de 2019; procediéndose a declarar el divorcio por Sentencia de 21 de octubre de 2021; en dicho contexto, el inmueble fue adquirido con anterioridad a dichos acontecimientos; lo que justifica que se haya declarado como bien ganancial.
- No se evidencia que la A quo hubiera incurrido en errónea valoración de la prueba, ni incorrecta aplicación del régimen patrimonial del matrimonio; por cuanto, la determinación asumida, respecto al inmueble objeto de controversia, se encuentra sustentada con prueba idónea que acredita su adquisición durante la vigencia del vínculo matrimonial, sin que el apelante haya demostrado de manera suficiente que dicho bien constituye patrimonio propio.
- Asimismo, corresponde señalar que la decisión se encuentra en armonía con el régimen jurídico de la comunidad de ganancialidad previsto en los arts. 176 y 177 del Código de las Familias y del Proceso Familiar; en efecto, el régimen de comunidad de gananciales se constituye por el solo hecho de la celebración del matrimonio; asi, los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del vinculo matrimonial se presumen comunes, con independencia de que uno de los cónyuges haya aportado más o menos que el otro o incluso carezca de bienes propios.
- La jurisprudencia constitucional de forma uniforme señaló que, los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio integran la comunidad de gananciales y una vez disuelto debe procederse a la división entre cónyuges; siendo similar sentido de la doctrina y la jurisprudencia ordinaria; en ese marco, el análisis efectuado por la A quo se adecua plenamente a dichos parámetros.
- Sobre el argumento referido al contenido de la cláusula cuarta del documento suscrito entre partes; se tiene que dicha manifestación no resulta suficiente para desvirtuar la presunción legal de ganancialidad que recae sobre los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio; pues, el régimen de comunidad de gananciales previsto en la Ley N 603, constituye una institución jurídica de orden público; razón por la cual, su existencia, alcance y efectos no puede ser modificados o dejados sin efecto mediante simples declaraciones contenidas en documentos privados; bajo ese marco, la manifestación consignada en la clausula invocada carece de eficacia jurídica para alterar el régimen patrimonial del matrimonio, ni para excluir la aplicación de la presunción de ganancialidad, respecto de bienes adquiridos durante la vigencia del vínculo conyugal.
- En ese entendido, cualquier estipulación contenida en documentos privados
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