Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL
Auto Supremo: 0922/2026 Fecha: 07 de julio de 2026 Expediente: LP-78-26-S Partes: Rosario Méndez Lara c/ Boris Alexis Valdez Fernández, Miguel Ángel
Ibáñez Álvarez, Juan Roberto Encinas Palaez, Karla Andrea Villanueva
Calle y Daniela Andrea Sarabia Contreras.
Proceso: Reparación de daños y perjuicios y daño moral.
Distrito: La Paz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 845 a 851 vta., interpuesto por Rosario Mendez Lara; de fs. 854 a 856 vta. presentado por Miguel Ángel Ibáñez Álvarez y Juan Roberto Encinas Pelaez; y de fs. 859 a 861 inducido por Daniela Andrea Saravia Contreras, contra el Auto de Vista N 59/2026 de 22 de enero, corriente de fs. 822 a 831 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de reparación de daños y perjuicios y daño moral, seguido por Rosario Méndez Lara contra Boris Alexis Valdez Fernández, Miguel Ángel Ibáñez Álvarez, Juan Roberto Encinas Palaez, Karla Andrea Villanueva Calle y Daniela Andrea Sarabia Contreras; la contestación de fs. 870 a 871 vta.; el Auto de concesión de 31 de marzo de 2026, visible a fs. 873; el Auto Supremo de admisión N 485/2026-RA de 23 de abril, obrante de fs. 880 a 883, todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO 1:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. Rosario Méndez Lara por memorial de demanda que cursa de fs. 143 a 149, reiterada de fs. 195 a 202, subsanado de fs. 209 a 214 vta., y a fs. 308 y vta.
promueve el proceso ordinario de reparación de daños y perjuicios y daño moral, contra Boris Alexis Valdez Fernández, Miguel Ángel Ibáñez Álvarez, Juan Roberto Encinas Pelaez, Karla Andrea Villanueva Calle y Daniela Andrea Sarabia Contreras, quienes una vez citados, según escrito visible de fs. 354 a 359, Juan Roberto Encinas Pelaez y Miguel Ángel Ibáñez Álvarez se apersonaron y contestaron de manera negativa; de fs. 386 a 392 vta. Karla Andrea Villanueva Calle se apersonó y contestó negativamente, opuso excepción de demanda defectuosamente propuesta, pretensión que mereció el Auto interlocutorio N 130/2025 de 25 de marzo, cursante de fs. 526 a 527 vta. que declaro improbada
la referida excepción; de fs. 409 a 414 Boris Alexis Valdez Fernández se apersonó y contestó de forma negativa, y de fs. 419 a 420 vta. Daniela Andrea Saravia Contreras se apersonó y contestó de manera negativa; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N 245/2025 de 12 de junio, que cursa de fs. 733 a 739 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 27 de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA EN PARTE la demanda, disponiéndose que los demandados deben realizar el pago por concepto de reparación de daños y perjuicios por el monto de Bs. 280.782,39 a favor de la demandante Rosario Méndez Lara, sea en el plazo de diez días una vez ejecutoriada la Sentencia, sin costas ni costos.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Miguel Ángel Ibáñez Álvarez y Juan Roberto Encinas Pelaez, Boris Alexis Valdez Fernández, Rosario Méndez Lara y Julio Cesar Ramos Luna, según escritos de fs.
743 a 746, de fs. 747 a 750, de fs. 756 a 762 vta., de fs. 770 a 771 vta. y a fs. 790 respectivamente, originó que la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N 59/2026 de 22 de enero, corriente de fs. 822 a 831 vta., que REVOCÓ EN PARTE la Sentencia apelada, disponiendo, que los demandados paguen por la reparación de daños y perjuicios materiales, la suma de Bs. 100.198,00 ello considerando los gastos de sepelio y el daño emergente por la sustanciación del proceso penal, asimismo declaró probada la reparación de daños morales a título de compensación, debiendo ser cuantificada en ejecución de Sentencia a través de una pericia medica-psicológica, en mérito a los siguientes fundamentos:
- Respecto al recurso interpuesto por los codemandados Miguel Ángel Ibáñez Álvarez y Juan Roberto Encinas Peláez, el Tribunal analizó exhaustivamente la valoración probatoria efectuada sobre los contratos de prestación de servicios profesionales presentados por la parte actora; y se determinó que los documentos privados cursantes a fs. 115-116, 117-118, 119-120 y 121-122 carecían de eficacia probatoria y oponibilidad frente a terceros, en razón a que no contaban con reconocimiento de firmas ni fecha cierta, inobservando lo previsto por el art.
1301.I del Código Civil y el art. 148.II num. 1 del Código Procesal Civil; asimismo, se evidenció que dichas literales presentaban incongruencias fácticas, tales como la fijación de honorarios para la elaboración de recursos contra resoluciones que aún no habían sido emitidas en la cronología procesal, y contradicciones respecto a la identidad del profesional que efectivamente patrocinó la etapa de juicio oral.
Por el contrario, el Tribunal de alzada sí otorgó pleno valor probatorio a los contratos cursantes a fs. 123-124 suscritos con el abogado Rime Francisco Choquehuanca Aguilar, constatando que guardaban estricta conexidad con el
acervo probatorio del proceso penal y demostraban fehacientemente la erogación de Bs. 70.000 por concepto de honorarios. En consecuencia, el Tribunal estimó parcialmente este agravio, fijando el daño material en la suma de Bs. 100.198, cifra resultante de la suma de los honorarios profesionales debidamente probados y los gastos fúnebres de Bs. 30.198,18 previamente reconocidos.
- En cuanto al recurso de apelación de Boris Alexis Valdez Fernández y Daniela Andrea Saravia Cuentas, el Tribunal analizó el agravio dirigido a observar el contrato de prestación de servicios cursante a fs. 113-114, suscrito entre la actora y una profesional abogada distinta por la suma de Bs. 13.000; y concluyó que al tratarse de un documento privado sin reconocimiento legal ni fecha cierta, y al no existir pruebas pertinentes que demostraran la participación material de dicha abogada en la tramitación de la causa penal, correspondía excluir dicho monto, al no acreditarse el nexo de causalidad objetivo entre la conducta antijurídica y el daño patrimonial alegado.
- Con relación a la impugnación deducida por Julio Cesar Ramos Luna, quien cuestionó la inobservancia de los parámetros fijados por el arancel del Ministerio de Justicia en el pago de los honorarios, el Tribunal desestimó la pretensión;
fundamentando que el proceso civil de conocimiento incoado no tenía por finalidad la regulación arancelaria de honorarios profesionales, sino la cuantificación de la afección patrimonial emergente de un hecho ilícito, determinando que el agravio introducido resultaba incongruente con el objeto probatorio de la litis.
- Finalmente, respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, Rosario Méndez Lara, centrado en la denegación del resarcimiento por daño moral, el Tribunal de alzada revocó el criterio asumido por el Juez A quo, estableciendo que la reparación del daño moral emanado de un ilícito penal ostenta una naturaleza compensatoria destinada a mitigar la lesión a los derechos extrapatrimoniales y el sufrimiento derivado de la pérdida de una hija, cuya cuantificación depende del arbitrio prudencial del juzgador sustentado en los principios de equidad y razonabilidad; por consiguiente, habiendo efectuado un análisis integral de la prueba, se dio por demostrado el daño psicológico mediante la Sentencia Condenatoria N 01/2020, el historial de atención psiquiátrica prolongada (2013-2023), los informes psicológicos y las declaraciones testificales que daban cuenta de cuadros de ansiedad y depresión severa. Por consiguiente, declaró probada la existencia del daño moral de carácter estrictamente personal de la actora, disponiendo que su materialización económica sea diferida a la etapa de ejecución de fallos, instancia en la cual deberá designarse un perito en
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3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Méndez Lara, Miguel Ángel Ibáñez Álvarez y Juan Roberto Encinas Pelaez, y Daniela Andrea Sarabia Contreras, según escritos visibles de fs. 845 a 851 vta., de fs. 854 a 856 vta., y de fs. 859 a 861, recursos que son objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN.
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