Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 928/2021
Fecha: 18 de octubre de 2021
Expediente: PT-9-19-S
Partes: Margoth Alba Terrazas Gonzales, Susana Gonzales Mamani, y José Elías
Terrazas Gonzales c/Juan José Gonzales Aquino y Zenaida Veizaga Cornejo y el tercer excluyente, Máximo Gonzales Ibarra.
Proceso: Nulidad de Escrituras Públicas.
Distrito: Potosí.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 1898 a 1909, interpuesto por Margoth Alba Terrazas Gonzales, Susana Gonzales Mamani y José Elías Terrazas Gonzales, contra el Auto de Vista Nº 090/2018 de 6 de diciembre, cursante de fs. 1888 a 1895 vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de Nulidad de Escrituras Públicas seguido por los recurrentes, contra Juan José Gonzales Aquino y Zenaida Veizaga Cornejo, respuesta de fs. 1942 a 1946 vta., Auto de concesión del recurso de fs. 1948, Auto Supremo de Admisión N° 376/2019-RA de 18 de abril, cursante a fs. 1953 a 1954 vta.; , cursante de fs. 1974 a 1984 vta.; , cursante de fs. 2502 a 2521, todo lo inherente y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Planteada la demanda ordinaria de nulidad de Escrituras Públicas por Margoth Alba Terrazas Gonzales, por sí y en representación legal de Susana Gonzales Mamani y José Elías Terrazas Gonzales, mediante escrito de fs. 31 a 36, subsanado a fs. 63, cuya pretensión es la nulidad de las Escrituras Públicas Nos. 458/2011 de 22 de diciembre y 1524/2011 de 27 de diciembre, siendo citados los demandados Juan José Gonzales Aquino y Zenaida Veizaga Cornejo, opusieron excepciones previas de impersonería en los demandantes, oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda y citación previa al garante de evicción (fs. 65 a 66 vta), que previa la respuesta de los demandantes (fs. 88 a 89), fueron resueltas mediante Auto Definitivo N° 67-C/2014 de 12 de agosto (fs. 90 a 91), declarándolas improbadas, por lo que, los demandados respondieron negativamente a la demanda y plantearon demanda reconvencional de entrega de bienes inmuebles, evicción y saneamiento, caducidad, pago de costas, daños y perjuicios (fs. 92 a 96).
Posteriormente, se integra a la litis Máximo Gonzales Ibarra en calidad de tercero excluyente, quien solicitó la nulidad de aquellas Escrituras Públicas.
2. Tramitada la causa de referencia, el Juez Público Civil y Comercial N° 2 de Tupiza, Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, pronunció la Sentencia N° 12C/2017 de fs. 1751 a 1762, declarando IMPROBADA la demanda principal de nulidad de Escrituras Públicas, IMPROBADA la demanda reconvencional de entrega de bienes inmuebles, evicción y saneamiento, caducidad, pago de costas, daños y perjuicios e IMPROBADA la tercería excluyente.
3. Resolución de primera instancia apelada por el tercerista excluyente Máximo Gonzáles Ibarra (fs. 1764 a 1767 vta.), los demandados Juan José Gonzales Aquino y Zenaida Veizaga Cornejo (fs. 1769 a 1773 vta.), los demandantes Margoth Alba Terrazas Gonzales por sí y en representación de Susana Gonzales Mamani y José Elías Terrazas Gonzales (fs. 1776 a 1784), recursos que fueron resueltos por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que pronunció el Auto de Vista N° 090/2018 de 6 de diciembre que discurre de fs. 1888 a 1895 vta., REVOCANDO PARCIALMENTE la Sentencia, declarando PROBADA la demanda reconvencional de entrega de bienes inmuebles, evicción y saneamiento, caducidad, pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de Sentencia, disponiendo que el plazo de entrega de los bienes deberá ser fijado por el Juez de la causa. En lo demás, CONFIRMÓ PARCIALMENTE la Sentencia apelada, en cuanto a declarar IMPROBADA la demanda principal e IMPROBADA la demanda planteada por el tercero excluyente, Máximo Gonzales Ibarra; esgrimiendo como fundamento en lo principal:
- a)Que según el art. 450 del Código Civil, “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica y según el art. 519, el contrato tiene fuerza de Ley entre las partes”, lo que implica que lo pactado por las partes conlleva una obligación recíproca que da nacimiento a un compromiso que corresponderá en el futuro la posibilidad de la disolución por consentimiento mutuo de las partes que suscribieron dicho acuerdo o por las causas autorizadas por la ley.
- b)Si la Ley exige que el contrato revista una forma determinada, no tiene validez sino mediante dicha forma, salvo disposición contraria conforme establece el art. 493.I del Código Civil, originando la invalidez, la ineficacia o inexistencia del acto jurídico, ingresando al campo de la nulidad que ha de ser pronunciada judicialmente y demandada por quién alegue interés legítimo.
- c)Que se encuentra comprobada y demostrada la legalidad de las Escrituras Públicas N° 1524/2011 de 27 de diciembre y 458/2011 de 22 de diciembre, que constituye un contrato de compraventa de un inmueble sobre un lote de terreno ubicado en calle Florida y Santa Cruz de la ciudad de Tupiza, préstamo de dinero con garantía hipotecaria suscrito entre PRODEM S.A. y Susana Gonzales Mamani Vda. de Terrazas (vendedora) a favor de Juan José Gonzales Aquino y Zenaida Veizaga Cornejo y 458/2011 de 22 de diciembre consistente en la transferencia de inmueble que otorgan Susana Gonzales de Terraza, José Elías Terrazas Gonzales y Margoth Alba Terrazas Gonzales a favor de Juan José Gonzales Aquino de un inmueble ubicado en calle Santa Cruz de la ciudad de Tupiza, demostrándose también que los vendedores recibieron el precio de las ventas a su entera satisfacción.
- d)Que los contratos de transferencia referidos conforme al art. 485 del Código Civil, tienen un objeto lícito como es la compraventa de los inmuebles señalados, además de verificarse la concesión de un préstamo de dinero donde participó el Banco PRODEM S.A., para la compra de los bienes indicados, considerándose que poseen objeto, posible, lícito y determinado; actos que fueron debidamente registrados en Derechos Reales para la oponibilidad de terceros, habiendo nacido las Escrituras Públicas a la vida jurídica con toda la validez para su cumplimiento por los suscribientes, no existiendo causa o causales de nulidad para dejarlos sin efecto.
- e)No concurren los requisitos exigidos por el art. 545.II del Código Civil como para determinar la simulación de los contratos; el documento de subrogación de deuda de 17 de diciembre de 2011, no hace mención a un acto propio de simulación, sino a uno de subrogación de deuda, por lo que no existe el acto de simulación alegado por los actores en el memorial de demanda, a lo largo del proceso y ratificado en el recurso de apelación.
- f)Que, la cláusula cuarta del contrato plasmado en el Testimonio de la Escritura Pública N° 1524/2011 de 27 de diciembre, señala que la evicción y saneamiento es de responsabilidad del vendedor quedando liberada la entidad prestamista que otorgó el crédito para la compra del inmueble.
- g)Que resulta evidente la caducidad en la que se hubiese ingresado, en vista de que en la cláusula tercera del documento antes indicado, se acordó que los vendedores tenían la posibilidad de recuperar los inmuebles en el lapso de cinco años computables a partir de la fecha de suscripción del documento previa la devolución de los 450.000 Bs., que se recibieron por la venta de los dos inmuebles, pudiendo ser la devolución en cuotas y que ante el incumplimiento del pago de dos cuotas consecutivas anulará la posibilidad de rescate del inmueble, habiendo los vendedores incumplido lo estipulado en el monto y plazo acordados, dando lugar a no ejercer el derecho al rescate.
- h)Corresponde que el pago de daños y perjuicios que demandaron los reconvencionistas sean averiguados en ejecución de sentencia al haberse acreditado que éstos tienen lugar al reclamo de la entrega de los bienes litigados en un plazo prudencial que debería establecer el A quo.
- i)Que según el art. 510 del Código Civil, en los contratos debe averiguarse cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, tarea en la que se debe considerar el comportamiento total de los suscribientes y las circunstancias del contrato, y que, realizando esta tarea se interpreta que la intención común de las partes fue la compra venta de los bienes inmuebles con opción de rescate previo el pago del monto señalado, debiendo existir una interpretación integral de todas las cláusulas del contrato y no solamente de las que pretenden los demandantes, no siendo cierto lo alegado por los demandantes en el memorial de apelación y no existiendo causa para determinar su nulidad.
4. La Resolución de alzada motivó que los demandantes, Margoth Alba Terrazas Gonzales, Susana Gonzales Mamani y José Elías Terrazas Gonzales, interpongan el recurso de casación en el fondo de fs. 1898 a 1909, recurso que previo el trámite correspondiente para su concesión fue admitido mediante que discurre de fs. 1953 a 1955 vta. y resuelto a través del cursante de fs. 1974 a 1985 vta., que declaró INFUNDADO aquel recurso con costas y costos.
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