Texto del fallo
AE A TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 0940/2026-SP-A Sucre, 3 de junio de 2026 ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Proceso : Oruro 72/2025 Parte acusadora : Ministerio Público Parte imputada : Eliseo Chirilla Juaniquina Delito : Abuso Sexual, art. 312 del Código Penal (CP) I. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 20 de noviembre de 2024, cursante de fs. 130 a 135, Eliseo Chirilla Juaniquina, impugna el Auto de Vista 72/2024 de 9 de octubre, de fs. 116 a 121, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Abuso Sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP.
ll. ANTECEDENTES II.1, SENTENCIA Por Sentencia 7/2024 de 15 de febrero, de fs. 61 a 78 vta., el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró a Eliseo Chirilla Juaniquina autor y culpable del delito de Abuso Sexual, previsto en el art. 312 segunda parte del CP, imponiendo la pena privativa de libertad de 10 años de presidio, a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de Oruro, más la reparación de daño civil en favor del Estado y de la víctima, averiguables en ejecución de Sentencia; con costas.
Il.2. Apelación restringida y Auto de Vista Contra la referida Sentencia Eliseo Chirilla Juaniquina, formuló el recurso de apelación restringida de fs. 90 a 95, resuelto por el Auto de Vista 72/2024 de 9 de
octubre, de fs. 116 a 121, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declaró procedente en parte el recurso, en consecuencia, modifica la calificación del delito de Abuso Sexual Agravada, por el correcto y legal del delito de Abuso Sexual, previsto en el primer párrafo del art. 312 del CP; consecuentemente, se le condena a sufrir la pena de 6 años de privación de libertad, en lo demás confirma la Sentencia recurrida. Sin costas.
lll. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN En apelación observó la valoración de la prueba, haciendo alusión a la prueba consistente en el Certificado Médico, que en Alzada indica que no necesariamente debe llevar días de incapacidad y la violencia puede demostrarse con otros elementos, como un palo, martillo, y que la declaración de la víctima constituye prueba; al respecto, el acusado indica que en el Certificado Médico no señala que su persona le hubiera golpeado, por lo que siendo así, debería aplicarse correctamente el art. 7 del CPP y el art. 116 de la Constitución Política del Estado, empero, los Vocales no corrigieron lo reclamado en Sentencia, respecto a la responsabilidad penal, pues al no existir prueba suficiente, se debía aplicar el principio in dubio pro reo, aspecto que, en Alzada no se corrigió y convalidó este agravio.
Igualmente refiere sobre el art. 370 inc. 6) del CPP, toda vez que el Juez A quo no realizó una correcta valoración de las pruebas, observado el Certificado Médico que no indica días de incapacidad, y en relación a la declaración de la víctima, si bien puede considerarse suficiente para acusar y sentenciar, siempre y cuando no haya prueba en contrario, pero en el caso presente no existe prueba pericial psicológica de credibilidad, ni una valoración correcta de la prueba para determinar su responsabilidad penal; al respecto, incumbe precisar que ningún momento cuestiona el Auto de Vista impugnado.
Reiterando la doctrina legal ofrecida en apelación sobre sus tres motivos, consistentes en los , ,192/2016-RRC de 14 de marzo y 307/2003 de 11 de junio.
IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL IV.1. Del derecho a la impugnación multinivel Previo a referirnos sobre el recurso de casación y su admisibilidad, incumbe manifestar que, el derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano,
C y Ju consagrado y reconocido en el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria; en ese, sentido conforme lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
Bajo ese marco normativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, sostuvo que:
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