Texto del fallo
A (ZA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALACIVIL Auto Supremo: 0951/2026 Fecha: 08 de julio de 2026 Expediente: SC-36-25-S Partes: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra representado por Max Jhonny Fernández Saucedo c/ Jaqueline Beibi Chilo Cuellar.
Proceso: Mejor derecho propietario y cancelación de matrícula en Derechos Reales.
Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 733 a 743 vta., interpuesto por Jaqueline Beibi Chilo Cuellar, contra el Auto de Vista N 93/2024 de 19 de diciembre, que corre de fs. 711 a 724 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de mejor derecho propietario y cancelación de matrícula en Derechos Reales, seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra representado por Max Jhonny Fernández Saucedo en calidad de alcalde contra la recurrente; sin contestación; el Auto de concesión N 31/2024 18 de marzo, visible a fs. 754; el Auto Supremo de admisión N 0338/2025-RA, de 11 de abril, cursante de fs. 700 a 761 vta.; la Resolución AAC N 1/2026 de 13 de marzo de fs. 866 a 872 vta.; todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a través de su representante legal Percy Fernández Añez por memorial de fs. 36 a 39 vta., inició proceso de mejor derecho propietario y cancelación de matrícula en Derechos Reales; contra Jaqueline Beibi Chilo Cuellar, quien una vez citada, mediante memorial de fs. 61 a 62 vta., interpuso excepciones de incompetencia y cosa juzgada, pretensión que mereció la Resolución N 138/2020 de 04 de septiembre, de fs. 219 que rechazo las excepciones planteadas y declaro la rebeldía de la demandada; posteriormente se apersonó Jhonny Franklin Chilo Cuellar como tercero coadyuvante litisconsorcial conforme memorial de fs. 161 a 162 vta., admitido por Auto de 11 de marzo de 2020 cursante a fs. 191; desarrollándose de esta manera la causa hasta dictarse la Sentencia N 07/2024 de 07 de febrero,
cursante de fs. 628 a 632 vta., en la que la Juez Público Civil y Comercial 15 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA la demanda, disponiendo la cancelación de los asientos A-2 y A-3 de la Matrícula N 7.01.1.06.0024707, también se ordena a la oficina de catastro municipal la cancelación de todos los antecedentes sobre el inmueble UV. 71, manzano 22, lote 15-B, con Código Catastral N 039119055.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida de apelación por Jaqueline Beibi Chilo Cuellar, mediante memorial de fs. 641 a 646, originó que la Sala Civil, Comercial, de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita Auto de Vista N 93/2024 de 19 de diciembre, que cursa de fs. 711 a 724 vta., que CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en base a los siguientes argumentos:
- En cuanto al recurso en el efecto diferido contra el Auto de 31 de diciembre de 2020 que cursa de fs. 274 a 275, la parte apelante reclama la nulidad de la citación con la demanda; empero, no resulta coherente su reclamo al cumplir la misma su finalidad, pues producto de ello interpuso excepciones de incompetencia y cosa juzgada; por otro lado, respecto a la conciliación previa y su incumplimiento, tal aspecto no acontece al ser la parte demandante persona jurídica de derecho público; es decir, al constituirse en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz se tiene exenta su participación en una posible conciliación esto por mandato de la Ley del Órgano Judicial y la Constitución Política del Estado.
- Con relación al medio recursivo en el efecto diferido contra el Auto de 12 de septiembre de 2023 cursante a fs. 583 y vta., la parte recurrente no acreditó la indefensión señalada; puesto que, lo reclamado no materializa el principio de trascendencia previsto en el art. 105 del Código Procesal Civil y demás principios que rigen a las nulidades procesales, normativa sobre la cual argumento la A quo a momento de rechazar el incidente de nulidad suscitado por la parte demandada, más aún cuando se suscitó la convalidación por no haber reclamado el supuesto agravio en el siguiente acto procesal que fue la audiencia que cursa de fs. 559 a 560 vta., de la cual participó y no señaló reclamo alguno; de lo acusado con relación a la multa impuesta a su persona y su abogado, este supuesto responde a lo previsto por el art. 343 del citado adjetivo civil; porque, el incidente de nulidad fue rechazado conforme lo establecido por el art. 340 de la norma señalada, no constituyendo arbitrariedad o ilegalidad tal cual se afirmó.
- De la apelación en el efecto suspensivo contra la Sentencia del presente caso;
A (FA se tiene que, la demandada afirma la vulneración al debido proceso en su vertiente motivación, pues no se tendría identificado el inmueble objeto del proceso y que la Sentencia no valoró el tracto sucesivo de ambos títulos, declarando el mejor derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz; al respecto, el Tribunal de alzada señaló que: se debe realizar si el título de propiedad se mantiene vigente o no, dicho de otra manera para determinar el mejor derecho de propiedad se debe verificar si los dos títulos de propiedad cuentan con validez sobre el mismo inmueble, aspecto esencial para definir que propietario le corresponde la prioridad, independientemente que ambos títulos provengan del mismo vendedor o no, tengan o no el mismo antecedente dominial (sic); en ese entendido, la Juez A quo advirtió que si bien el derecho propietario de la apelante fue registrado en la Matricula N 7.01.1.06.0024707 el 7 de enero de 2002 -que tuviera como antecedente a María Teresa Barrancos de Wende correspondiente al 5 de agosto de 1996-, la titularidad de la entidad edil nace de la expropiación efectuada en virtud a la Ordenanza Municipal N 034, de 14 de octubre de 1998 y la Ordenanza Municipal N 071 de 22 de noviembre de 1999, que fue registrada ante Derechos Reales en la Matrícula N 7.01.1.99.0032183 de 7 de octubre de 1999; teniéndose advertido que, el tracto sucesivo en el derecho registral de la demandada se encuentra interrumpido e incluso inscrito con posterioridad al del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Jaqueline Beibi Chilo Cuellar mediante el memorial de fs. 733 a 743 vta., emitiéndose el Auto Supremo N 0622/2025 de 25 de junio, visible de fs. 765 a 771, que declaró INFUNDADO el recurso de casación, con costas y costos.
4. Contra la referida resolución dictada por este alto Tribunal, la demandada Jaqueline Beibi Chilo Cuellar interpuso acción de amparo constitucional, por el que el Tribunal de Garantías Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución AAC N 1/2026 de 13 de marzo, concedió la tutela dejando sin efecto el Auto Supremo N 0622/2025 de 25 de junio y dispuso que se emita una nueva resolución, atendiendo los fundamentos de dicha resolución bajo los principios de congruencia, verdad material y debido proceso.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN 1. La recurrente en el recurso de casación alegó:
En la forma.
- a)El Auto de Vista impugnado adolecería de falta de fundamentación, motivación y cita de disposiciones legales en que se funda, al omitir pronunciarse sobre el reclamo de apelación consistente en que en la Ordenanza Municipal de Expropiación N 034/98 de 14 de octubre de 1998 no se encontraría el lote de terreno de la demandada, encontrándonos frente a una artificial e inexistente expropiación (sic).
En el fondo.
- b)Errónea interpretación e indebida aplicación de los arts. 1538.I y 1545 del Código Civil; porque, la expropiación no sería un requisito para declarar el mejor derecho propietario, pues la Ordenanza Municipal de Expropiación N 034/98 de 14 de octubre de 1998 no hiciera referencia al lote de terreno de la demandada signado como N 15 -hoy N 24-, y la Ordenanza Municipal N 071/99 de 22 de noviembre de 1999 no le sería aplicable por ser de fecha posterior al registro en Derechos Reales de la titularidad de la entidad edil demandante.
- e)Error de hecho en la valoración probatoria que se hubiera ocasionado sobre la Ordenanza Municipal de Expropiación N 034/98 de 14 de octubre de 1998 y la Ordenanza Municipal N 071/99 de 22 de noviembre de 1999, pues el terreno de propiedad de la demandada no está comprendido en las mismas, mucho menos en el proceso ordinario que se llevó a cabo sobre la primera ordenanza y no se tiene prueba documental donde se verifique que su vendedora o su persona hubieran suscrito minuta traslativa a favor de la entidad edil demandante; más aún, cuando al segunda ordenanza no estaría registrada en Derechos Reales, siendo la misma de fecha posterior al registro de la Matricula N 7.01.1.99.0032183, lo cual debería ser valorado como hecho notorio al tenor del art. 137 num. 2 del Código Procesal Civil.
Mostrando 21 de 105 parrafos.