Texto del fallo
AAA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 0954/2026 Fecha: 08 de julio de 2026 Expediente: LP-100-26-S Partes: María Do Carmo Torres Bustamante c/ Guillermo Adan Ojeda Pérez y posibles herederos de Gregorio Ojeda Balladares () Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.
Distrito: La Paz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 374 a 380 vta., interpuesto por María Do Carmo Torres Bustamante contra el Auto de Vista N 173/2026 de 09 de marzo, corriente de fs. 367 a 369, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria, seguido por la recurrente contra Guillermo Adan Ojeda Pérez y posibles herederos de Gregorio Ojeda Balladares (); la contestación de fs. 385 a 386 vta.; el Auto de concesión de 16 de abril de 2026, visible a fs. 387; el Auto Supremo de admisión N 667 /2026-RA de 19 de mayo, cursante de fs. 395 a 396 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. María Do Carmo Torres Bustamante por memorial de demanda que cursa de fs.
58 a 60 vta., reiterado de fs. 68 a 70 vta., subsanado a fs. 81 y vta., promovió el proceso ordinario usucapión decenal o extraordinaria, contra Guillermo Adan Ojeda Pérez y posibles herederos de Gregorio Ojeda Balladares (), quienes una vez citados, los mismos no se apersonaron al proceso y mediante providencias de 22 de abril de 2024 y 23 de mayo de 2025, obrantes a fs. 92 vta. y a fs. 141 vta., respectivamente, se les designó defensores de oficio, los mismos que, según escritos visibles a fs. 94 y vta. y de fs. 143 a 144, se apersonaron por los demandados y contestaron de manera negativa a la demanda; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia N 578/2025 de 28 de julio, que cursa de fs. 181 a 183 vta., en la que el Juez Público Civil y Comercial 3? de la ciudad de El Alto - La Paz, declaró PROBADA la demanda de usucapión
decenal, disponiendo por operada la misma como forma de adquirir el derecho de propiedad del lote de terreno ubicado en el Ex Fundo Parco Pata de la ciudad de El Alto con una superficie de 5.500 m2, debiendo Derechos Reales de El Alto proceder a su registro con la asignación de nueva matrícula.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Camila Karen Eduarda Tarifa Flores (tercero interesado), según escrito de fs. 309 a 313, originó que la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita el Auto de Vista N 173/2026 de 09 de marzo, corriente de fs.
367 a 369, que ANULÓ obrados hasta la admisión de demanda, disponiendo que el Juez A quo, ejerza de forma prolija el control de admisibilidad y fundabilidad de la demanda conforme a lo previsto en la normativa procesal y sustantiva civil en base a lo dispuesto en dicha resolución, además de imponerle responsabilidad al A quo; bajo los siguientes argumentos:
- En base a la facultad fiscalizadora conferida por la Ley del Órgano Judicial, en su art. 17.1, se habría advertido que, durante el diligenciamiento de las pruebas propuestas por la actora, se acreditaría plenamente que el registro administrativo en base al cual se intenta la presente acción, la Matrícula N 2.01.3.01.0021783 al momento de la presentación de la demanda y hasta el desenlace del caso se encontraría en un estado no vigente, es decir, sería una matrícula inexistente, invalidada y sin efectos legales.
- Considerando el Auto Supremo N 0567/2021 de 30 de junio, el cual establecería como sub regla de derecho que, en la sustanciación de procesos de usucapión, se debería dirigir estrictamente la pretensión contra quien figure como titular actual en los registros vigentes de Derechos Reales y por ningún motivo en contra de personas distintas, es decir sin titularidad en el registro, pues la demanda de usucapión produciría un efecto jurídico doble, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el propietario anterior, es decir, extinguir un derecho a favor del usucapiente.
- El mismo precedente habría establecido que, demandar a quien no figure en un registro administrativo vigente, importa una vulneración al debido proceso por instaurarse un proceso sin legitimación pasiva correcta, que debe y puede ser corregida en cualquier instancia y de oficio en base al control de legalidad, anulando obrados hasta la admisión de la demanda, al no existir otra manera de remediar el defecto incurrido.
- Este proceso se habría instaurado sin una matrícula administrativa, sin registros válidos, por ende, no habría un derecho válido que extinguir a favor de la usucapiente, en ese entendido, el Juez de instancia antes de admitir la
A A demanda, debería haber dispuesto de oficio que la demandante acredite de manera fehaciente quien es la persona con titularidad vigente sobre el bien inmueble que se pretende usucapir, a efecto de establecer la legitimación pasiva e integrar válidamente a la relación procesal, disponiendo que la actora adjunte el certificado de Derechos Reales actualizado para acreditar quien es el propietario registrado.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por María Do Carmo Torres Bustamante según escrito visible de fs. 374 a 380 vta., recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN
1. La recurrente en el recurso de casación acusó:
- a)Error en la interpretación y aplicación del Auto Supremo N 567/2021 de 30 de junio, señalando que el Auto de Vista no consideró que la jurisprudencia citada establece que la acción de usucapión debe dirigirse contra el último titular del inmueble registrado en oficinas de Derechos Reales, y no específicamente respecto a la vigencia de la matrícula correspondiente, de modo que, el aspecto trascendental para la usucapión radicaría en la identificación del sujeto como persona natural que figura como último titular del inmueble, sin embargo, dicho extremo no habría sido considerado por el Ad quem siendo que no especificó cuál fue la prueba para determinar la falta de legitimación pasiva, vulnerando el debido proceso en su vertiente de interpretación de la Ley.
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