AS/0957/2019-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 957/2019-RA

Sucre, 15 de octubre de 2019

Expediente : Santa Cruz 128/2019

Parte Acusadora : Ministerio Público y otros

Parte Imputada : Roberto Foronda Franco y otros

Delito : Estafa Agravada

RESULTANDO

Fueron puestos a conocimiento de este Tribunal los recursos de casación promovidos por:

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, representada por Juan Carlos Gonzáles Rendón, en memorial de fs. 7772 a 7777 vta., presentado el 10 de mayo de 2019;

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, en la persona de su Alcaldesa Soledad Chapetón Tancara representada por Edwin Aparicio López y Pablo Medrano Claure, en memorial de fs. 7784 a 7797;

La Administración Boliviana de Carreteras (ABC), representada por Lourdes Roxana Aguirre Villalba, en actuación corriente de fs. 7819 a 7831, presentado en 10 de mayo de 2019;

Roberto Foronda Franco, en memorial de fs. 7833 a 7842, presentado el 19 de mayo de 2019;

Josefina Soliz de Foronda, por escrito de fs. 7845 a 7851, presentado el 10 de mayo de 2019;

La Procuraduría General del Estado (PGE), representada por Pablo Alcides Rocabado Calderón y Khory Larisa Leaño Palencia, en memorial de fs. 7905 a 7911, presentado el 13 de mayo de 2019;

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), representada por Mariela Barrios Suárez, en escrito de fs. 7916 a 7929, presentado el 13 de mayo de 2019;

El Ministerio de Educación, representado por Silvia Raquel Mejía Laura, José Albaro Eguino Medina e Ingrid Corrales Sandoval ambos ejerciendo mandato de Roberto Iván Aguilar Gómez titular de esa Cartera, en memorial de fs. 7937 a 7942, presentado el 28 de mayo de 2019;

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, representado por Denis Pari Huacara, Secretario Departamental de Asuntos Jurídicos, además de, Edwin Ramiro Copaga Alarcón, Marco Álvarez, Clara María Espinoza, abogados de la Dirección Jurídica, actuación saliente de 8060 a 8063, presentada el 29 de mayo de 2019;

El Gobernador del Departamento de Cochabamba, Iván Jorge Canelas Alurralde, representado por José Wilder Marín Franco, actuación saliente de fs. 8117 a 8123, presentada el 6 de junio de 2019.

Todos, impugnando el Auto de Vista 85 de 30 de octubre de 2018, de fs. 7719 a 7733 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otros, contra Roberto Foronda Franco, Josefina Soliz de Foronda, Mary Jaquelin Foronda Soliz y Patricia Josefina Foronda Soliz, por los delitos de Asociación Delictuosa, Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa, previstos y sancionados en los arts. 132, 200, 203 y 335 del Código Penal (CP).

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Por Sentencia 26 de 4 de noviembre de 2016, fs. 6318 a 6350, el Tribunal de Sentencia Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Roberto Foronda Franco y Josefina Soliz de Foronda, autores y culpables del delito de Estafa con la agravante de víctimas múltiples, contenido en el art. 335 en relación al art. 346 bis del CP, imponiéndoles –a cada uno- la pena privativa de libertad de cinco años y siete meses de reclusión a cumplirse en el “Penal de Palmasola”, más cuatrocientos días multa a razón de diez bolivianos por día, con costas y daños regulables en fase de ejecución.

Coetáneamente, declaró la absolución de los nombrados por la comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Asociación Delictuosa, descritos en los arts. 200, 203 y 132 de la misma norma sustantiva respectivamente. En similares condiciones, Patricia Josefina Foronda Soliz y Mary Jaquelín Foronda Soliz, fueron absueltas en la comisión de los delitos de Estafa, Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Asociación Delictuosa.

Contra la mencionada Sentencia, Josefina Soliz de Foronda (fs. 6408 a 6429), el Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos del Departamento de Tarija a través de Mary Luz Fátima Rivero Arce (fs. 6430 a 6431 vta.); GAM de San Lorenzo del Departamento de Tarija -también- a través de Mary Luz Fátima Rivero Arce (fs. 6433 a 6435); Roberto Foronda Franco (fs. 6436 a 6447), la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) representada por Ruth Vera García y Fanny Rosario Rivas Rojas (fs. 6495 a 6501); el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto a través de Soledad Chapetón Tancara y mandato de Pablo Medrano Claure (fs. 6517 a 6521); el Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia en mandato de Blanca Espejo Alanoca (fs. 6522 a 6525); el Gobernador del Departamento de Cochabamba, Iván Jorge Canelas Alurralde, representado por Florencio Tito Riva Hinojosa (fs. 6680 a 6684 vta.); el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz en las personas de Marco Antonio Álvarez Espinoza y Patricia Ríos Cajías por Félix Patzi Paco Gobernador de ese Departamento (fs. 6776 a 6779 vta.); promovieron recurso de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 85 de 30 de octubre de 2018, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Dicho Auto de Vista resolvió la admisibilidad e improcedencia de los recursos de Roberto Foronda Franco; Mary Luz Fátima Rivero Arce representante del GAM de Entre Ríos; Mary Luz Rivero Arce; Ruth Vera García y Fanny Rosario Rivas Rojas representantes de la APS; Mary Luz Fátima Rivero Arce mandataria del GAM San Lorenzo; Pablo Medrano Claure representando al GAM de El Alto; el Ministerio de Educación a través de Blanca Alanoca; Florencio Tito Riva Hinojosa en representación del Gobernador Departamental de Cochabamba; y, Marco Antonio Álvarez Espinoza conjuntamente Patricia Ríos Cajías por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

Así también, con base en el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se declaró la admisibilidad y procedencia del recurso apelación restringida opuesto por Josefina Soliz de Foronda, “modificando parcialmente la Sentencia Mixta No. 26 de fecha 04 de noviembre de 2016…solo con relación a la determinación de la pena impuesta en contra de la acusada…debiendo la misma cumplir la pena privativa de libertad de tres (3) años” [sic].

II. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

II.1. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Juan Carlos Gonzáles Rendón en representación de esa entidad opuso casación solicitando a este Tribunal dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido “en estricto y cabal cumplimiento a la sentencia inicial” (sic), manifestando como antecedente que la acción desplegada por Roberto Foronda Franco y Josefina Soliz de Foronda consistió que éstos, “en su calidad de accionistas u propietarios de la Compañía de Seguros y Reaseguros 24 de septiembre…emiten entre otras boletas de Ejecución Inmediata haciendo creer al tomador dichas pólizas que constaban con el reaseguro tal y como se ofrecía [siendo que] luego ante la eventualidad o siniestro los beneficiarios al acudir a la empresa aseguradora se encontraron que la misma no contaba con el reaseguro” (sic).

Quedó plenamente demostrado -añade- la comisión de los delitos de Estafa en perjuicio de víctimas múltiples habida cuenta que los acusados Foronda Franco y Soliz de Foronda:

“[hicieron] creer a las múltiples víctimas que el seguro adquirido por los distintos tomadores de las pólizas de ejecución inmediata a través de la compañía de seguros y reaseguros 24 de septiembre si gozaban, tenían tanto el seguro como el reaseguro, lo cual no era cierto” (sic).

“…tenía[n] como finalidad engañar, puesto que ofrecen y venden un servicio que…no contaba con…respaldo de reaseguro…que se demostró con la prueba documental de cargo, cuya certificación correspondiente hacen ver que la Compañía…durante la gestión junio 30 del 2009 y junio 30 del 2010 no había suscrito reaseguro con ninguna empresa reaseguradora como para haber vendido seguros y reaseguros y que esta situación hace ver que la conducta encaminada por los imputados tenían la única finalidad engañar a sus víctimas” (sic).

“…en el caso presente por la prueba producida en juicio se llegó a demostrar la existencia de múltiples víctimas como lo son los distintos apersonamientos de personas jurídicas que…aceptaron pólizas de seguros y reaseguros…” (sic).

Manifiesta que la Sala Penal Primera, consideró que el Tribunal de origen a tiempo de fijar la pena de 5 años y 7 de meses de reclusión no había tomado en cuenta, (pese a manifestarlas expresamente) las atenuantes a favor de la imputada; como tampoco tomó en cuenta los parámetros referidos a la personalidad del autor, las circunstancias del delito y sus consecuencias. Refiriendo en el primer caso que,

“…en ningún momento existió la intencionalidad de reparar el terrible daño ocasionado a todas las víctimas…la acusada…en absolutamente todas las etapas del proceso taró de dilatar el mismo y dilucidar la objetividad de las investigaciones planteando una serie de recursos…siendo la finalidad además no poder…” (sic)

Así como, en cuanto a las circunstancias que se cometió el delito que,

“…la acusada viene a ser la principal responsable de hecho delictivo ya que es la Gerente y Propietaria de la empresa que utilizaron para hacer caer en error a las víctimas y causar el daño…a su patrimonio, siendo de que fue demostrada la intencionalidad, conocimiento y temeridad en la comisión del hecho punible.” (sic)

Y finalmente, sobre las consecuencias del hecho, asegura que

“...la afectación no fue solo a una víctima…se demuestra [así] la agravante respectiva en cuanto al hecho punible cometido, asimismo el art. 11 de la constitución Política del estado establece que la vulneración de los derechos la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna, la causalidad del hecho antijurídico cometido para todas las víctimas es significativa en cuanto al bien jurídico protegido…” (sic)

En último término el recurso cuestiona, cómo se pudo ingresar al análisis de la intencionalidad de reparar el daño si no existe antecedente alguno que respalde una decisión de esas proporciones, así como, sentar queja sobre la modulación de la pena dispuesta por el Auto de Vista recurrido con base al comportamiento de la imputada, si los Vocales pronunciantes no son conocedores del actuar de las partes, cuando en todo caso la finalidad de revisión de una sentencia se enfoca en la aplicación de la norma, más no, en la conducta de las partes.

II.2. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto