Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL
Auto Supremo: 0962/2026 Fecha: 08 de julio de 2026 Expediente: CB-30-26-A Partes: Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba
representado por Luis Mauricio Antezana Velarde c/ Rosalva Luisa
Montero.
Proceso: Fraude procesal.
Distrito: Cochabamba.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 239 a 243 vta., interpuesto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba representado por Luis Mauricio Antezana Velarde contra el Auto de Vista N 237/2025 de 18 de noviembre, corriente de fs. 229 a 233, pronunciado por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de fraude procesal, seguido por la institución recurrente contra Rosalva Luisa Montero; el Auto de concesión de 10 de abril de 2026, visible a fs.
248; el Auto Supremo de admisión N 0559/2026-RA de 04 de mayo, obrante de fs. 253 a 254 vta., todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO 1. La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba representada por Paola Andrea Vásquez Marzana, por memorial de demanda que cursante de fs. 145 a 158 vta., subsanado de fs. 162 a 168, promovió el proceso ordinario de fraude procesal contra Rosalva Luisa Montero; una vez analizada la misma, el Juez Público de Familia 4 de la ciudad de Cochabamba, emitió el Auto definitivo de 15 de agosto de 2025, visible de fs. 177 a 180, RECHAZANDO in limine la demanda por ser improponible, por ser el Juez incompetente y falta de legitimación de la institución demandante.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba representada por Paola Andrea Vásquez Marzana, según escrito de fs. 208 a 219, originó que la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita el Auto de Vista N 237/2025 de 18 de noviembre, corriente de fs. 229 a 233, que CONFIRMÓ el Auto definitivo impugnado, en base a los
siguientes argumentos:
-La apelante sostiene que la Juez A quo rechazó indebidamente la demanda de fraude procesal, por que dicha figura no estaría prevista para la jurisdicción familiar. Corresponde precisar que la determinación asumida por la autoridad jurisdiccional de primera instancia, no se sustentó exclusivamente en una cuestión de competencia material, sino en la improponibilidad de la pretensión y en la ausencia de presupuestos procesales necesarios para la apertura de la relación procesal; si bien, la acción de fraude procesal fue reconocida por la jurisprudencia como una acción autónoma que puede tramitarse mediante proceso ordinario independiente; ello, no implica que cualquier órgano jurisdiccional deba admitirla, si la misma no cumple con los presupuestos procesales exigidos para su tramitación; en consecuencia, el hecho de que un juzgado civil se haya declarado incompetente y haya remitido la causa a la jurisdicción familiar, ello no obliga necesariamente a que la admita, si del análisis de la pretensión se advierte que la misma resulta jurídicamente improponible o carece de presupuestos procesales necesarios para su tramitación. En el caso, se advierte que la autoridad jurisdiccional de primera instancia, no se limitó a declinar competencia, sino que realizó un análisis de la pretensión planteada y concluyó que la demanda resultaba jurídicamente improponible; además, advirtió la ausencia de legitimación activa de la entidad demandante, circunstancias que constituye presupuestos procesales indispensables para la válida apertura de la relación procesal.
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