Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PENAL
AUTO SUPREMO Nº 1016/2019
Sucre, 15 de noviembre de 2019
Expediente : Chuquisaca 23/2019
Parte Acusadora : Ministerio Público y otra
Parte Imputada : Fernando Heredia Escobar
Delitos : Falsedad Ideológica y otro
RESULTANDO
Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2019, cursante de fs. 872 a 888 vta., Fernando Heredia Escobar, opone Excepciones de Extinción de la Acción Penal por Prescripción y por Duración Máxima del Proceso, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Bejarano Saavedra contra el excepcionista por la presunta comisión de los delitos de Falsedad ideológica y uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del Código Penal (CP).
I. ARGUMENTOS DE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS
El procesado Fernando Heredia Escobar, formula Excepciones de Extinción de la Acción Penal por Prescripción y Duración Máxima del Proceso, bajo los siguientes argumentos que se extraen, a saber:
I.1. De la Excepción de Prescripción.
El excepcionista refiere que dada la naturaleza de la extinción por prescripción, conforme lo previsto por la Ley N° 586, el instituto opera por el transcurso del tiempo conforme lo establecido por los arts. 29, 30, 31 y 32 del CPP, con la finalidad de evitar la arbitrariedad frente a los derechos del administrado, máxime cuando transcurrieron 13 años desde la supuesta comisión del hecho; y siendo que la responsabilidad penal es de carácter personalísimo, sólo uno y nada más que uno puede responder por sus actos, jamás de forma transmisible, como también lo es el término de la prescripción a decir del art. 33 del CPP.
El instituto reconocido por la , así como lo sustentado por Roy Freire, Pastor Daniel y Carlos Creus, se entiende con relación al supuesto delito de Falsedad Ideológica, que conforme al art. 29.1 del CPP, tiene una pena privativa de libertad de 6 años, por lo que la prescripción de estos es a los 8 años, que siendo delitos instantáneos, éstos se computan desde la media noche de su consumación, es decir que en el caso concreto, a partir de la media noche del 10 de julio de 2006, fecha en la que se otorgó el Testimonio N° 1193/2006, suscrito por Gregorio Montalvo Quispe a nombre de María Bejarano Saavedra, como bien lo estableció la Sentencia N° 38/2017 de 29 de diciembre, transcurriendo en ese orden 12 años, 4 meses y 13 días, sin interrupción de rebeldía o de otra naturaleza, ya que en el caso presente no concurre ninguna causal de interrupción conforme a los arts. 31 y 32 del CPP.
Con relación al delito de uso de Instrumento Falsificado, el mismo también prescribiría en un lapso de 8 años, teniéndose como fecha de consumación, el ejercicio necesario de fecha 28 de septiembre de 2006 en la que el excepcionista suscribe como comprador de una propiedad inmueble de titularidad de María Bejarano Saavedra por intermedio de su apoderado, de lo que a la fecha de interrupción del término de la prescripción conforme los arts. 31 y 32 del CPP, transcurrieron 12 años, 1 mes y 23 días, sin interrupción de rebeldía alguna.
Sin embargo, señala el excepcionista que durante la audiencia de medidas cautelares, fue declarado rebelde de manera maliciosa, pero que luego fue dejado sin efecto por nulidad de la notificación conforme al Auto de 26 de noviembre de 2013, hecho que no puede ser tachado como causal de interrupción de la prescripción.
Se tiene una segunda declaratoria de rebeldía maliciosa, que luego fue corregida por el propio juzgador, como producto de otra notificación anómala, dejándose sin efecto la declaratoria de rebeldía.
Asimismo, informa la parte excepcionista que existe una excepción de extinción por prescripción de 21 de noviembre de 2018, que fue rechazada por el Tribunal de apelación por Auto 39/2019 de 21 de febrero, pero que dicho fallo no ingresó al fondo de lo planteado, por lo que solicita se tome en cuenta tal circunstancia.
I.2. De la Excepción de Duración Máxima del Proceso.
Fundando la petición en los arts. 133, 27, 308 y 314 del CPP, invocando las Sentencias Constitucionales 101/20004-R de 14 de septiembre, 1529/2011-R de 11 de octubre, 0079/2004-ECA de 29 de septiembre, así como el , considerando que el plazo máximo establecido para la conclusión se encuentra vencido superabundantemente, pues de los tres años que tenía que durar la causa, al presente transcurrieron 7 años, siendo posible analizar los elementos que la Corte interamericana adoptó con la teoría del no plazo, acreditándose el primer requisito, por ser que el inicio de las investigaciones data de 3 de septiembre de 2012 y que suman a la fecha más de 7 años, enmarcándose en la previsión del art. 133 del CPP y lo dispuesto por el art. 8 inc. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14, como lo previsto por los arts. 256 y 410 de la CPE.
En relación al segundo requisito, la complejidad del asunto únicamente está presente en los delitos de Lesa Humanidad, cometidos por organizaciones criminales, donde debe existir superabundante prueba, que en el caso concreto, se evidencia que no concurre complejidad alguna, siendo que el delito juzgado no es de lesa humanidad o cometido por una organización criminal, más al contrario se acusaron delitos comunes, lo que no hace posible que no se cumplan los plazos procesales.
Respecto al tercer presupuesto, se observa que el plazo de duración de la etapa preliminar tiene un término de 20 días, habiéndose formulado imputación formal el 22 de mayo de 2013, es decir luego de ocho meses y diecisiete días de haberse iniciado el proceso, imputables al Ministerio Público.
Asimismo, refiere que existe una subsanación a la imputación, que fue presentada el 21 de abril de 2014, luego de haberse llevado a cabo audiencia el 14 de abril de 2014, donde se observó los datos del imputado, transcurriendo en síntesis un plazo real de 11 meses y 1 día atribuibles al Ministerio Público, que sumados al transcurso de la etapa preliminar, se tiene un total de mora procesal de 1 año y 7 meses, cuando la norma establece la fase preliminar no debe exceder de 80 días.
Durante el periodo de la etapa preparatoria, el cual empezó formalmente el 21 de abril de 2014, se tiene que el Juez de Instrucción, el 23 de febrero de 2015 conminó al Ministerio Público para emitir resolución conclusiva, habiéndose presentado acusación formal el 31 de marzo de 2015, remitiéndose actuados el 1 de abril de 2015 ante Tribunal de Sentencia, transcurriendo en ese lapso un término de 5 meses y 10 días, atribuibles al Ministerio Público.
Radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia y hasta la emisión de la Sentencia que data de 29 de diciembre de 2017, transcurrieron 2 años, 8 meses y 2 días, mora procesal atribuible al Tribunal de Sentencia. A su vez, desde la Sentencia hasta la notificación con la Sentencia íntegramente que data de 27 de julio de 2018, transcurrieron 6 meses y 28 días, atribuibles al Tribunal de Sentencia, siendo que el plazo para la lectura íntegra de la Sentencia es de 3 días conforme al art. 361 del CPP.
Aduce que, desde el pronunciamiento de la Sentencia hasta la emisión del Auto de Vista que data de 5 de abril de 2019, transcurrieron 1 año, 3 meses y 6 días, mora procesal atribuible al Órgano judicial únicamente, cuando el plazo es de 20 días conforme al art. 411 del CPP.
Por todo ello, de la mora procesal que luego de los 3 años de duración máxima, transcurrieron 7 años, el Ministerio Público es responsable de 1 año, 9 meses y 10 días, a su vez, el Órgano Judicial es responsable de una mora procesal de 3 años, 11 meses y 8 días, sumando un total de 5 años, 8 meses y 18 días.
Alega que en base a ello y conforme las , y , se tiene que toda persona tiene derecho a ser procesado conforme a Ley, que en el caso concreto, el transcurso del tiempo ha afectado derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, contenidas en los arts. 114, 117 I y II y 119 de la CPE, lo que hace previsible solicitar toda cesación a la actividad punitiva, de oficio o a petición de parte.
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