AS/1028/2021-RA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 1028/2021-RA

Sucre, 11 de noviembre de 2021

Expediente : Santa Cruz 130/2021

Parte Acusadora : Ministerio Público

Parte Imputado : Exson Zapata Segovia, Waldino Huallpa Apaza, Hugo Tellez Rodríguez, Ronald Martínez Cruz y Winston Aguilera Vaca Diez

Delito : Asesinato

RESULTANDO

Por memoriales presentados el 16 de septiembre de 2020, 14 de octubre de 2020 y 16 de julio de 2021, cursante de fs. 2387 a 2396; 2406 a 2412 vta., y 2495 a 2498 vta. Waldino Huallpa Apaza, Hugo Tellez Rodríguez, Ronald Martínez Cruz y Winston Aguilera Vaca Diez, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista N° 17/2020, que consta de fs. 2367 a 2376, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Exson Zapata Segovia, Waldino Huallpa Apaza, Hugo Tellez Rodríguez, Ronald Martínez Cruz y Winston Aguilera Vaca Diez, por la presunta comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado en el art. 252.4 del Código Penal (CP).

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

Por Sentencia N° 59/2019 de 4 de octubre (fs. 2225 a 2257), el Tribunal de Sentencia N° 12 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Exson Zapata Segovia y Winston Aguilera Vaca Diez, culpables de la comisión del delito de Asesinato, previsto y sancionado por el art. 252.4 del CP, condenándolos a 30 años de presidio sin derecho a indulto; a Waldino Huallpa Apaza, Hugo Tellez Rodríguez y Ronald Martínez Cruz, absueltos de la comisión del delito de Asesinato y culpables de la comisión del delito de Extorsión, previsto en el art. 333 del CP, condenándolos a 3 años de reclusión.

Contra la mencionada Sentencia, los acusados, interponen recurso de apelación restringida, (fs. 2325 a 2330 vta.; 2332 a 2335 vta.; y 2338 a 2344), resuelto por el Auto de Vista N° 17/2020, cursante de fs. 2367 a 2376, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declara admisibles e improcedentes los recursos interpuestos, consecuentemente confirma la sentencia impugnada.

Por diligencias del 16 de septiembre de 2020, 7 de octubre de 2020 y 8 de julio de 2021 (fs. 2378; 2405 y 2493), fueron notificados los recurrentes, con el referido Auto de Vista; y, el 16 de septiembre de 2020, 14 de octubre de 2020 y 16 de julio de 2021, interponen los recursos de casación, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.

REQUISITOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DE ADMISIBILIDAD DEL RECUROS DE CASACIÓN.

El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar y cumplir con las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposiciones contenidas en los arts. 394, 396 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (CPP).

En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales (los cuales deben estar debidamente ejecutoriados) o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia, resultando en el caso particular de las Salas Penales, que ante la interposición del recurso de casación, les corresponde en base al derecho objetivo, establecer la existencia o no de contradicción entre el fallo impugnado con los precedentes invocados.

Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:

Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.

Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por los Tribunales Departamental de Justicia; los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicada, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.

Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, transcripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que, a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.

El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Sin embargo, existen situaciones de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: a) Que el fin último del derecho es la justicia; b) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo referida precedentemente; c) La necesidad de precautelar, se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, d) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales previstas por el art. 17 de la LOJ.

Este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: i) Individualizar e identificar los antecedentes de hecho generadores del recurso; ii) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; iii) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, iv) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.

Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales 1112/2013 de 17 de julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero, 0326/2015-S3 de 27 de marzo y 064/2018-S4 de 20 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.

En el caso de autos, se establece que el 16 de septiembre de 2020, Waldino Huallpa Apaza y Hugo Tellez Rodríguez fueron notificados con el Auto de Vista impugnado, interponiendo su recurso de casación el mismo día; Ronald Martínez Cruz, fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 7 de octubre de 2020, interponiendo su recurso de casación el 14 del mismo mes y año; por su parte Winston Aguilera Vaca Diez, fue notificado con el Auto de Vista impugnado el 8 de julio de 2021, interponiendo su recurso el 16 del mismo mes y año; es decir, dentro de los cinco días hábiles que les otorga la ley, en cumplimiento de la exigencia temporal prevista por el art. 417 del CPP, por lo que corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.

III.1 Recurso de casación de Waldino Huallpa Apaza y Hugo Tellez Rodríguez.

Primer motivo de casación, los recurrentes refieren que el Tribunal A quo, pronunció sentencia condenatoria en su contra por la comisión del delito de Extorsión, el cual pertenece a la familia de delitos contra la propiedad, distinto a la familia de delitos por el cual fueron acusados, por lo que acusan al Tribunal de alzada no tomar en cuenta la prohibición de modificar la calificación jurídica de un delito cuando no pertenece a la misma familia de delitos.