Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL Auto Supremo: 1032/2026 Fecha: 17 de julio de 2026 Expediente: SC-88-26-S Partes: Miguel Salvatierra Algarañaz c/ Lilian Edith Roid de Román y Francisco Javier Román Morillas.
Proceso: Reparación y/o indemnización de daños y perjuicios.
Distrito: Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 394 a 396., interpuesto por Miguel Salvatierra Algarañaz contra el Auto de Vista N 83/2026 de 02 de abril, visible de fs. 376 a 382 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de reparación y/o indemnización de daños y perjuicios, seguido por el recurrente contra Lilian Edith Roid de Román y Francisco Javier Román Morillas; la contestación de fs. 400 a 401 vta.; el Auto de concesión N 99/2026 de 21 de mayo, visible a fs. 402; el Auto Supremo de admisión N 0838/2026 de 24 de junio, de fs.
408 a 409 vta.; todo lo inherente al proceso; y:
CONSIDERANDO 1:
ANTECEDENTES DEL PROCESO Miguel Salvatierra Algarañaz, por memorial de demanda que cursa de fs. 248 a 253, promovió demanda ordinaria de reparación y/o indemnización de daños y perjuicios contra Lilian Edith Roid de Román y Francisco Javier Román Morillas, quienes una vez citados según escritos visibles de fs. 262 a 264 y de fs. 270 a 271, se apersonaron, contestaron de manera negativa, plantearon excepción de incapacidad y reconvinieron por pago de daños y perjuicios; pretensiones que merecieron el Auto de 17 de junio de 2024, obrante de fs. 287 vta. a 289 vta., por el cual se rechazó la excepción opuesta; asimismo, por Auto de 28 de enero de 2025, obrante de fs. 314 a 315, se rechazó la prueba pericial; desarrollándose de esta manera la causa hasta pronunciarse la Sentencia de 07 de julio de 2025, que cursa de fs. 343 a 353, en la que el Juez Público Civil y Comercial 8? de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró IMPROBADA la demanda principal así también se declaró IMPROBADA la demanda reconvencional de daños y perjuicios, sin costas y costos por ser doble juicio.
2. Resolución de primera instancia que, al haber sido recurrida en apelación por Miguel Salvatierra Algarañaz, según escrito de fs. 356 a 359 vta., originó que la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emita el Auto de Vista N 83/2026 de 02 de abril, corriente de fs. 376 a 382 vta., que CONFIRMÓ la Resolución de 28 de enero de 2025, y la Sentencia apelada, con costas y costos a la parte apelante, en base a los siguientes argumentos:
- Los recursos de apelación evidenciaban una deficiente técnica recursiva y una insuficiente expresión de agravios; sin embargo, en aplicación del principio de flexibilización corresponde ingresar al análisis de las denuncias formuladas.
- El rechazo de la prueba pericial resultó correcto, debido a que la empresa EQUIARZA, respecto de la cual se pretendía establecer sus estados financieros, no fue parte del proceso de usucapión del que deriva la pretensión indemnizatoria ni tenia vinculación directa con el inmueble objeto del litigio, por lo que la prueba ofrecida resultaba impertinente y su rechazo no vulneró el derecho a la defensa del demandante. Asimismo, la restricción registral sobre el inmueble fue levantada mediante resolución judicial de 19 de agosto de 2019, sin que posteriormente hubiera perfeccionado el supuesto derecho propietario que alegaba derivado del contrato de 13 de noviembre de 2014, ni acreditado documentalmente el derecho propietario de su mandante, careciendo de sustento la producción de la prueba pericial solicitada.
- La demanda de reparación de daños y perjuicios fue correctamente declarada improbada, debido a que el actor no fue demandado dentro del proceso de usucapión, sino que intervino únicamente como apoderado de Walter Landivar Suárez, cuya incorporación a dicho proceso obedeció a una orden expresa de la autoridad judicial; en consecuencia, la actuación de los demandados se encontraba amparada en el cumplimiento de una orden judicial, constituyendo una causa de justificación que excluye la configuración de dolo o culpa y, por ende, la responsabilidad civil prevista por el art. 984 del Código Civil.
- La determinación contenida en la Sentencia pronunciada dentro del proceso de usucapión respecto a la eventual reparación de daños y perjuicios no constituía una decisión de ejecución inmediata, sino que debía ser demostrada en un proceso ordinario posterior. En ese marco, correspondía al demandante acreditar su legitimación activa, la existencia del daño y la legitimación pasiva de los demandados, extremos que no fueron demostrados durante la tramitación del proceso. Asimismo, el solo contrato de transferencia invocado por el demandante no acreditó su derecho propietario, al no haberse cumplido con el requisito de
inscripción previsto por el art. 1538 del Código Civil.
- No existía incongruencia en la Sentencia, toda vez que el demandante incumplió con la carga de la prueba prevista por los arts. 1283 del Código Civil y 136.1 del Código Procesal Civil, correspondiendo a quien pretende un derecho demostrar los hechos que sustentan su pretensión. Las resoluciones de primera instancia se encontraban debidamente fundamentadas y motivadas, emitidas conforme a la actividad probatoria desarrollada por las partes y en observancia de los arts.
145 y 213 del Código Procesal Civil, en relación con el art. 1286 del Código Civil.
3. Fallo de segunda instancia recurrido en casación por Miguel Salvatierra Algarañaz, según escrito visible de fs. 394 a 396, recurso que es objeto de análisis.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN 1. El recurrente en el recurso de casación acusó:
- a)Violación del art. 984 del Código Civil y del art. 113 de la Constitución Política del Estado, por desconocimiento de la responsabilidad civil derivada de hecho doloso o culposo; toda vez que, el Auto de Vista habría descartado la procedencia de la reparación de daños bajo el argumento de que Walter Landivar Suárez fue incorporado al proceso anterior por mandato judicial y que, por ello, los demandados no podían ser sujetos pasivos de la acción resarcitoria, sin considerar que el reclamo se sustentaba en que estos habrian dirigido actuación procesal contra una persona que no era responsable del conflicto ni propietaria del lote controvertido, pese a conocer que se trataba de un inmueble distinto, ocasionando al recurrente un perjuicio prolongado por más de cuatro años al impedirle disponer del bien adquirido para afrontar sus obligaciones.
- b)Incongruencia y restricción del acceso a la justicia en la resolución de la acción de reparación de daños, por exigirse indebidamente al actor la acreditación de derecho propietario registrado sobre el inmueble; toda vez que, la resolución de alzada habría condicionado la tutela resarcitoria a un requisito propio de controversias sobre dominio, sin considerar que la pretensión no tenía por objeto discutir la titularidad del bien, sino obtener reparación por el daño atribuido a la actuación de los demandados en un proceso anterior, desplazando el análisis desde la existencia del daño y su imputación hacia una exigencia registral ajena al objeto litigioso.
- e)Vulneración del derecho a la defensa por denegación de la producción de prueba pericial destinada a acreditar el monto del daño reclamado, puesto que la Juez A quo habria impedido el diligenciamiento de un medio probatorio propuesto para
demostrar objetivamente la cuantía del perjuicio causado y que el Ad quem habría confirmado dicha determinación, pese a que el derecho a la defensa comprende la posibilidad de presentar y producir los materiales probatorios ofrecidos dentro del proceso, correspondiendo anular obrados hasta que se permita la producción de la pericia indebidamente rechazada.
Fundamentos por los cuales el recurrente solicitó se case el Auto de Vista y declare probada la demanda principal o, en su defecto, se anule la Sentencia para producir la prueba pericial denegada.
2. Contestación al recurso de casación:
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