AS/1127/2019

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 1127/2019

Fecha: 22 de octubre de 2019

Expediente: LP-92-19-S.

Partes: Lucia Ticona de Morales c/ Jorge Raúl Chaparro Zurita y otros.

Proceso: Nulidad de escrituras públicas y otros.

Distrito: La Paz.

VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Irene Chávez de Mamani por sí y en representación de Alberto Mamani Huanca, Irene Chipana Carrillo mediante memoriales que cursan de fs. 1077 a 1081 y 1085 a 1089 vta., respectivamente, contra el Auto de Vista Nº S-216/2018 de 9 de julio, cursante de fs. 1055 a 1060 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de nulidad de escrituras públicas, cancelación de partidas en el registro público, reivindicación más pago de daños y perjuicios seguido por Lucia Ticona de Morales contra Jorge Raúl Chaparro Zurita y otros, la contestación de fs. 1106 a 1109, el Auto de concesión de 3 de mayo de 2019 a fs. 1115, el Auto Supremo de admisión N° 771/2019-RA de 14 de agosto de fs. 130 a 131 vta., todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Lucia Ticona de Morales mediante memorial cursante de fs. 25 a 28, interpuso demanda de nulidad de escrituras públicas, cancelación de partidas en el registro público más pago de daños y perjuicios, ampliada de fs. 42 a 43 vta., contra Jorge Raúl Chaparro Zurita, Irene Chipana Carrillo, Benita Chipana Vda. de Carrillo, Alberto Mamani Huanca e Irene Chávez de Mamani, quienes repelieron la demanda y reconvinieron, excepto el primero a quien se le asignó defensor de oficio, cuyo trámite concluyó en primera instancia con la Sentencia Nº 219/2011 de 25 de julio, cursante de fs. 778 a 781 vta., que declaró PROBADA en parte la demanda e IMPROBADA las acciones reconvencionales.

2. Resolución de primera instancia que fue apelada por las partes, respectivamente, originando que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita el Auto de Vista Nº 216/2018 de 9 de julio, que CONFIRMÓ la sentencia con los siguientes argumentos: En cuanto a la apelación diferida sobre la cancelación de anotación preventiva, expresa que al no haber solicitado su prórroga de acuerdo al art. 1553 del Código Civil, al tratarse de una medida que responde a un ámbito de eficacia temporal, tal medida habría producido efecto.

Referente a la apelación de fondo interpuesto por Irene Chipana y de la lectura del fallo apelado, advierte que el juez efectuó una evaluación de las pruebas conducentes a la averiguación de la verdad material, merced a las causales de nulidad señaladas en la demanda.

Uno de los puntos apelados, tiene que ver con la supuesta contradicción del fundo cuya propiedad se reclamó, no siendo coincidente con el inmueble de los codemandados, empero dicho extremo no fue sustentado, ya que en la inspección judicial la ahora apelante no destaco ese aspecto, limitándose por intermedio de su abogado a señalar que cuenta con la posesión pacífica del inmueble, constatando que el acto se celebró en el inmueble de la calle 4 N° 511 de la zona Santiago Segundo de El Alto.

Por otro lado, el reclamo de la inexistencia de tomas de razón del fallo favorable de usucapión de 3 de marzo de 1992 es relativo a un aspecto administrativo cuya responsabilidad involucraría al personal del Órgano Judicial, observando que de ser cierto el extravío del proceso principal, quedaba expedito el trámite de reposición de la causa, lo cual no aconteció, concluyendo que el veredicto del cual habría emergido el derecho alegado por los demandados carece de una fuente viable.

En cuanto al elenco de agravios reclamados por Benita Chipana Vda. de Carrillo en su escrito de adhesión de fs. 806 a 807, los puntos objetados fueron replicados, habiendo los mismos sido absueltos.

Respecto a la apelación de Irene Chávez y Alberto Mamani alegando que en la sentencia hubo falta de información precisa en la consignación de datos, extrañando las generales de ley de las partes (encabezado), a todo ello se habría añadido una alteración y borrones en la demanda, el Ad quem sostuvo que las nulidades procesales están sujetas a principios y presupuestos insoslayables, en la especie la consignación errónea de datos no supone la invalidación del fallo y ante su evidencia bien pudo ser corregida en la vía de enmienda y complementación, de acuerdo a la permisión del art. 196 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la ilicitud no demostrada en obrados, no se advierte incoherencia u omisión del juez en el juicio, quien realizó un análisis razonado de las pruebas pertinentes, otorgando valor a los certificados expedidos por la secretaria del Juzgado Sexto de Partido en lo Civil de La Paz, que dio fe de la inexistencia del fallo de usucapión, permitiendo en ello formar convicción en cuanto a un fraude que debilitó el derecho sostenido por Jorge Raúl Chaparro Zurita e Irene Chipana Carrillo y consecuentemente con Benita Chipana Vda. de Carrillo, Alberto Mamani Huanca e Irene Chávez de Mamani.

Con relación a la falta de descripción de las pruebas presentadas por Irene Chávez de Mamani, el Tribunal de alzada sostuvo que realizando el examen de la pertinencia específica de la prueba es la que define el curso de la decisión, no siendo evidente que el Juez se hubiese apartado de su deber de análisis probatorio al no describir o mencionar la prueba que no guardase relación con los puntos de análisis ordenados en la calificación procesal, no siendo motivo de probanza el que hubiese o no existido móviles para perpetrar un ilícito al no corresponder la calificación de la conducta de quienes se viesen involucrados en el supuesto hecho, a más de constatar el cumplimiento de los requisitos o elementos constitutivos del contrato, o el cumplimiento de las formas para hacerlo eficaz.

Finalmente, señaló que si bien la demanda planteada reviste alguna complejidad, merced a la incertidumbre del acto jurídico que generó el derecho y título sostenido por Jorge Raúl Chaparro e Irene Chipana Carrillo, incidiendo como efecto en las ventas siguientes del inmueble objeto de debate, no es menos evidente que la inexistencia comprobada del veredicto del cual habría emergido aquél derecho, ha configurado un juicio legal suficiente en el Juez, habiéndose juzgado en cuanto al valor del derecho y no las acciones involucradas en un supuesto acto ilícito, lo cual compete a otro campo de control procedimental y jurídico.