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TSJ

AS/1131/2026-SP-FF

Tribunal Supremo de Justicia
4 de septiembre de 2026Sala Penal
Proceso
Tráfico de migrantes

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

7 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora -FF Sucre 3 de junio de 2026 ANÁLISIS DE FONDO

Proceso : Cochabamba 1124/2024 Parte acusadora : Ministerio Público, Santiago Álvarez Reyes, María Luz Paco

Campero, Viviana Guarety Huayhua y Janeth Rocabado

Churata Parte acusada : Alexander Rodríguez Rodríguez, lvon Foronda Espinoza y Omar

Espinoza García Delito : Tráfico de Migrantes art. 281 Ter. del Código Penal (CP) Il. VISTOS: Por memorial de casación presentado el 26 de noviembre de 2024, cursante de fs. 2209 a 2217 vta., Alexander Rodríguez Rodríguez e Ivón Foronda Espinoza, impugna el Auto de Vista 518/23 de 22 de noviembre de 2023 de fs. 2172 a 2177 vta., pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Santiago Álvarez Reyes, María Luz Paco Campero, Viviana Guarety Huayhua y Janeth Rocabado Churata, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Migrantes, previsto y sancionado por el art. 281 Ter del CP.

ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. SENTENCIA Por Sentencia 09/2016-AAD de 24 de marzo, cursante de fs. 1898 a 1923 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró a Omar Espinoza García, Ivón Foronda Espinoza y Alexander Rodríguez Rodríguez autores de la comisión del delito de Tráfico de Migrantes, previsto y sancionado por el art. 281 Ter del CP, imponiendo la pena de siete años al primero; siete años y seis meses a la segunda; y seis años al tercero de reclusión, respectivamente; con base enjos siguientes hechos probados:

Los ciudadanos bolivianos Francisco Álvarez Reyes, Rubén Sandro Velásquez, Ovidio Quispe Mamani y María Luisa Huayhua fueron captados entre septiembre y octubre de 2011, por los acusados Omar Espinoza García, Ivón Foronda Espinoza y Alexander Rodríguez Rodríguez, quienes concertaron con ellos y sus familiares la ruta, fechas y

montos para su traslado al exterior, siendo el destino final real Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, se estableció que el 20 de octubre de 2011, las víctimas partieron de Cochabamba hacia Santa Cruz acompañadas por lIvón Foronda Espinoza, y que el 21 de octubre de 2011, abordaron un vuelo desde Viru Viru con escala en Panamá y destino a Bahamas, desde donde continuarían por vía marítima hacia Miami.

De igual forma, se tuvo por probado que las víctimas llegaron a Bahamas y mantuvieron contacto telefónico con sus familiares hasta el 28 de octubre de 2011, fecha desde la cual se perdió todo rastro de ellas. El Tribunal otorgó relevancia a la prueba testifical de los familiares y allegados, quienes señalaron de manera coincidente que Omar Espinoza García operaba mediante la agencia de viajes Manlyn Tours, legalmente registrada, ofreciendo viajes a Estados Unidos incluso a través de publicidad televisiva. Esa versión fue corroborada con documentación relativa a la agencia, contratos de publicidad, pasajes terrestres y aéreos, registros migratorios y comunicaciones oficiales que demostraban la salida de las víctimas del país y su arribo a Bahamas.

Asimismo, la Sentencia estableció que Ivón Foronda Espinoza compró los pasajes de bus y viajó con las víctimas, participando directamente, junto con Omar Espinoza García, en la logística del traslado. Del mismo modo, el Tribunal concluyó que el destino final de las víctimas no era Bahamas con fines turísticos, sino Estados Unidos, inferencia que sustentó en la coincidencia de las declaraciones testificales y en las circunstancias económicas y familiares de los desaparecidos, pues dos de ellos, tenían cónyuges en dicho país y los otros afrontaban serias necesidades económicas.

Finalmente, valoró que, una vez conocida la desaparición de las víctimas, los acusados ofrecieron versiones evasivas y contradictorias respecto de lo sucedido, intentando deslindar responsabilidades entre sí, aspecto que reforzó la convicción judicial sobre la existencia del hecho acusado en los términos descritos.

l1.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA

Contra la referida Sentencia, los acusados Alexander Rodríguez Rodríguez e lIvon Foronda Espinoza mediante memoriales de 6 de julio y 5 de agosto de 2016, formularon los recursos de apelación restringida de fs. 2029 a 2037 y fs. 2105 a 2114 vta., respectivamente, reclamando lo siguiente:

Apelación restringida de Alexander Rodríguez Rodríguez

  1. 1)Defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del Código de procedimiento Penal (CPP), denunciando inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva penal, siendo que la Sentencia no observó correctamente los arts. 13, 14, 20, 24 y 281 Ter del CP, porque fue condenado sin que se hubiera demostrado una conducta dolosa, típica y personalmente atribuible a su persona; no existió en su caso acción, intención ni ánimus delinguendi, pues no promovió, indujo, financió ni facilitó la salida ilegal de las víctimas; que el solo hecho de conocer a una de ellas como compañero de trabajo, ser esposo de Ivón Foronda Espinoza o haber trasladado en una ocasión dinero destinado a Omar Espinoza no constituía conducta delictiva. Tampoco actuó con

dolo en los términos del art. 14 del CP, porque no tenía conocimiento del supuesto plan de ingreso ilegal a Estados Unidos, sino únicamente de que su esposa trabajaba en Bahamas, sin haber obtenido ganancia ni beneficio del hecho. Se amparó en el art. 24 del CP para sostener que no podía comunicársele la conducta de sus coprocesados, y el art. 20 del CP para negar su condición de autor; ya que no tuvo dominio del hecho, no realizó actos de captación, contratación, cobro, publicidad o logística, ni su intervención fue necesaria para la consumación del hecho.

Finalmente, cuestionó la aplicación del art. 281 Ter del CP, que el Tribunal interpretó extensivamente el tipo penal al condenarlo por Tráfico de Migrantes pese a que la salida de Bolivia fue legal, por lo que pidió su absolución de pena y culpa.

  1. 2)El segundo motivo de apelación restringida fue planteado al amparo del art. 370 inc. 5) del CPP, denunciando que la Sentencia contenía una fundamentación defectuosa, insuficiente y contradictoria, que el fallo no desarrolló una verdadera fundamentación jurídica, sino se limitó a transcribir de manera extensa los antecedentes procesales, los argumentos de la acusación y una relación incorrecta de normas legales, sin explicar de forma clara, razonada y coherente por qué descartaba la tesis de defensa. Que el Tribunal no analizó su versión de los hechos ni expresó si la misma era creíble o no, lógica o no, omitiendo exteriorizar el iter lógico de su decisión y, con ello, incumplió el art. 124 del CPP. Asimismo, la resolución era arbitraria porque no ofrecía una motivación expresa sobre los argumentos defensivos expuestos tanto en su declaración como en las conclusiones de su defensa técnica, privilegiando únicamente la hipótesis acusatoria, lo que vulneraba los principios de imparcialidad, igualdad procesal, debido proceso, defensa, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Finalmente, la insuficiencia y contradicción interna de la Sentencia debía ser corregida por el Tribunal de Alzada, invocando como respaldo jurisprudencial los Autos Supremos (AASS) 340 de 28 de agosto de 2006 y 437 de 24 de agosto de 2007.
  1. 3)El tercer motivo fue planteado al amparo del art. 370 inc. 6) del CPP, denunciando valoración defectuosa de la prueba; puesto que el Tribunal de Sentencia incumplió los arts. 173 y 124 del CPP, porque no realizó una verdadera valoración intelectiva de los medios probatorios, limitándose a describirlos sin asignarles un valor razonado, individual y fundado conforme a las reglas de la sana crítica, la correcta valoración exige no solo describir la prueba, sino justificar fáctica y jurídicamente el mérito otorgado a cada elemento, en armonía con el conjunto probatorio. Bajo ese marco, la Sentencia analizó arbitrariamente la prueba Al-18, consistente en la copia de una Resolución de Rechazo emitida por la misma Fiscal de Materia en otra causa similar, donde se habría concluido que su conducta no se subsumía al delito de Tráfico de Migrantes; extremo además ratificado por el Fiscal Departamental. Ese elemento probatorio, lejos de ser irrelevante como sostuvo la Sentencia, respaldaba su tesis defensiva, pues demostraba una contradicción del Ministerio Público al considerar lícita una conducta similar en otro caso, pero ilícita en el presente. El Tribunal vulneró la ley de no contradicción, analizó arbitrariamente ese elemento de juicio y valoró solo la prueba que le convenía para fundar una condena, afectando el debido proceso, la debida fundamentación probatoria y la seguridad jurídica.

Apelación restringida de Ivón Foronda Espinoza

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Datos del proceso

Demandante
Maria Luz Paco Camperos, Santiago Alvarez Reyes, Viviana Guarety Huayhua, Janeth Rocabado Churata y Ministerio Público
Demandado
Omar Espinoza Garcia, Ivon Foronda Espinoza y Alexander Rodriguez Rodriguez
Proceso
Tráfico de migrantes
Magistrado relator
Norma Velasco Mosquera
Tribunal Supremo de Justicia4 de septiembre de 2026AS/1131/2026-SP-FFFuente oficial