Texto del fallo
NS A AAA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Norma Velasco Mosquera Magistrada Relatora UTO SUPREMO N 1140/2026-F Sucre, 3 de junio de 2026 .
ANALISIS DE FONDO Proceso : La Paz 266/2025 Parte acusadora : Ministerio Público, Luis Calderón Camacho y Marcelo Calderón Lazcabayer Parte acusada : Duane Del Villar Gutiérrez, Gino Giovani Escobar Mejía, Rómulo Prado Veliz, Blanca Maruja Torrez . Quitón y Liliana Esther Chavarría Gonzales Delitos : Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado arts. 199 y 203 del Código Penal (CP) l. VISTOS: Por memoriales de los recursos de casación presentados el 17 y 18 de marzo de 2025, cursantes de fs. 3039 a 3044 vta., y 3061 a 3067, Blanca Maruja Torrez Quitón, Rómulo Prado Veliz, Gino Giovani Escobar Mejía, Liliana Esther Chavarría Gonzáles y Duane Del Villar Gutiérrez respectivamente, impugnan el Auto de Vista 136/2024 de 23 de septiembre de fs. 3022 a 3036 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Luis Calderón Camacho y Marcelo Calderón Lazcabayer contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 199 y 203 del CP.
ll. ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN ll.1. SENTENCIA Por Sentencia 32/2023 de 10 de octubre, de fs. 2946 a 2953 vta., el Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la absolución de Liliana Esther Chavarría Gonzáles, Duane Del
Villar Gutiérrez, Gino Giovani Escobar Mejía, Rómulo Prado Veliz y Blanca Maruja Torrez Quitón, al no existir suficientes elementos de convicción para establecer su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Falsedad ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos en los arts. 199 y 203 del CP; con base alos siguientes argumentos:
Se tuvo por demostrado que mediante Sentencia 249/92 de 12 de septiembre de 1992 y Auto de Vista 121/93 de 6 de abril de 1993, pronunciados dentro del proceso civil de nulidad de documento privado, reivindicación y pago de daños y perjuicios seguido por Nemesia Camacho Vda. de la Fuente contra Félix Guamayo Yuco, se declaró la nulidad del documento privado de compromiso de venta de 16 de octubre de 1969, disponiendo la restitución del inmueble ubicado en la avenida lilimani 1859 de la ciudad de La Paz, encontrándose los herederos de la referida propietaria en posesión del bien inmueble.
Se estableció que mediante Testimonio 252/95 de 27 de enero de 1995, correspondiente a la protocolización de un proceso preliminar de reconocimiento de firmas seguido por Félix Guamayo Yuco contra Nemesia Camacho Vda. de La Fuente, relativo al documento privado de transferencia de 5 de noviembre de 1986, se registró en Derechos Reales el derecho propietario de Félix Guamayo Yuco bajo la Matrícula 2010990146551, sobre el inmuebie ubicado en la avenida lilimani 1875; mismo que posteriormente dio lugar a la transferencia del inmueble a favor de Rómulo Prado Véliz y Blanca Maruja Torrez de Prado mediante Escritura Pública 842 de 26 de septiembre de 2012.
El Tribunal también tuvo por acreditado que los herederos de Nemesia Camacho Vda. de la Fuente manifestaron no haber tenido conocimiento de dicha transferencia y que permanecieron en posesión física, continua y pacífica del inmueble; sin embargo, estableció que durante el juicio no se produjo prueba idónea y suficiente que demostrara objetivamente la falsedad de!
Testimonio 252/95, ni existía resolución judicial que hubiera declarado su nulidad o ineficacia.
Igualmente, se tuvo por acreditada la existencia del documento privado de compraventa de 29 de octubre de 2009, suscrito entre Liliana Esther Chavarría Gonzales, actuando como apoderada de Félix Guamayo Yuco, y los compradores Rómulo Prado Véliz y Blanca Maruja Torrez de Prado, con la participación de Duane Del Villar Gutiérrez como garante solidario y el sello profesional del abogado Gino Escobar Mejía; no obstante, el Tribunal estableció que dicho documento, por sí mismo, no evidenciaba la existencia de falsedad ni permitía atribuir responsabilidad penal a sus suscribientes.
Asimismo, estableció que existió una investigación penal promovida por los
ACA compradores contra Liliana Esther Chavarría Gonzales y Félix Guamayo Yuco por los presuntos delitos de Estafa, Estelionato, Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, relacionada con la venta del inmueble y el levantamiento de un gravamen; sin embargo, se acreditó la existencia de una Resolución de Sobreseimiento, la cual concluyó que no se obtuvieron elementos suficientes para sostener la participación de los investigados en hechos de falsedad documental.
Finalmente, se tuvo por demostrado que existió un proceso ejecutivo seguido por Gino Giovani Escobar Mejía contra Rómulo Prado Véliz y Blanca Maruja Torrez de Prado, dentro del cual la autoridad jurisdiccional civil reconoció la existencia de un título ejecutivo; estableciendo el Tribunal de Sentencia que durante el juicio penal no se produjo prueba objetiva que permitiera demostrar el carácter fraudulento de dicho documento o de las actuaciones civiles derivadas del mismo.
li.2. DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA Contra la referida Se tencia, la acusadora particular Janneth Ivonne Calderón Acosta interpuso el fecurso de apelación restringida de fs. 2977 a 2980, planteando la existencia de los defectos previstos en los arts. 370 incs. 1) y 5), con relación a los arts. 407 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (CPP) con los siguientes argumentos:
Denunció inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, alegando que la Juez de Sentencia absolvió a los acusados, pese a que los hechos acreditados configurarían los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos en los arts. 199 y 203 del CP.
Que la Sentencia incurrió en incorrecta valoración de la prueba, siendo que la autoridad jurisdiccional no otorgó el debido valor a las pruebas documentales y testificales de cargo, particularmente a la documental relativa al Testimonio 252/95, al documento privado de compraventa de 29 de octubre de 2009 y a la documentación referida a la Escritura Pública 1220/2009, que acreditaban la existencia de documentación falsa utilizada para la transferencia irregular del inmueble objeto del proceso.
Denunció el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, ya que la Sentencia carece de una fundamentación suficiente, coherente y congruente, al contener contradicciones internas y no explicar adecuadamente las razones por las cuales descartó la prueba de cargo ni los fundamentos que sustentan la absolución de los acusados.
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l1.3. DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista 136/2024 de 23 de septiembre de fs. 3022 a 3036 vta., declaró procedente el recurso planteado; y en consecuencia, anulé la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio por otro Juzgado de Sentencia Penal de la Capital, en el marco de los siguientes fundamentos:
Primer motivo, del examen del Auto de Vista impugnado se advierte que el Tribunal de Alzada ingresó al análisis del agravio referido a la presunta vulneración del principio de congruencia; sin embargo, concluyó que dicho motivo carecía de la debida fundamentación recursiva, toda vez que la parte apelante no precisó si la infracción denunciada estaba referida a la congruencia externa o a la congruencia fáctica, ni desarrolló de manera clara, concreta y específica las razones por las cuales la Sentencia habría incurrido en dicho defecto. En ese entendido, estableció que la recurrente incumplió con la carga de fundamentar el agravio conforme exige el recurso de apelación restringida, razón por la cual concluyó que no existía agravio susceptible de reparación, desestimando este motivo.
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