Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 1152/2019
Fecha: 22 de octubre de 2019
Expediente: CH–60–19–S
Partes: Asociación de Inválidos y Mutilados de la Guerra del Chaco contra Mariano Ibernegaray y otros.
Proceso: Usucapión.
Distrito: Chuquisaca.
VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Efraín Serapio Chungara Padilla cursante de fs. 1620 a 1623, Jaime Palenque Espada de fs. 1625 a 1630, Wilfredo Pallares Torihuano de fs. 1632 a 1639 vta, contra el Auto de Vista S.C.C.II Nº 205/2019 de 22 de agosto, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, cursante de fs. 1585 a 1587, dentro el proceso ordinario Usucapión, seguido por la Asociación de Inválidos y Mutilados de la Guerra del Chaco contra Mariano Ibernegaray y otros; el Auto interlocutorio de concesión de recurso de 30 de septiembre de 2019 a fs. 1686, el Auto Supremo de Admisión Nº 1030/2019-RA de 01 de octubre de fs. 1744 a 1745; los antecedentes del proceso; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. La Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del Chaco (AMIG), al amparo de los arts. 138 y 1492 del Código Civil, arts. 124, 125 y 126 del Código de Procedimiento Civil, demandaron reconocimiento de derecho de propiedad por Usucapión sobre los lotes 1, 2, 3, 7, 12, 18, 26, 27, 40, 42, 52, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 82, 85, 90, 92 y 97, adjudicados a Mariano Ibarnegaray A., Francisco Martínez C., Edmundo Peñaranda R., Anacleto Valverde M. Francisco Torres C., Rubén Darío Ugarte F., Natalio Herrera C., José Brito Ch., Francisco Huanca G., Faustino Guzmán R., Antonio Laguna E., Telésforo Flores B., Eulogio Rojas Ll., Policarpio Arancibia R., Justino Enríquez A., Gilberto Flores P., José Manuel Flores, Pablo Escobar V., Narciso Morales C., Nemesio Pallares C., Nicanor Palenque F., Francisco Rivera B., Juan Padilla Salinas, Manuel Ríos P., Casto Torres M., Saúl Blanco A., Timoteo Fuentes C., Cirilo Rodríguez, José María Sánchez R. y Florencio García P., bajo el siguiente argumento:
Señalaron, que con el propósito de proceder a la urbanización de las huertas que la AMIG posee en la propiedad La Florida, así como para compensar a sus afiliados quienes se vieron damnificados por las riadas del rio Quirpinchaca y por servicios ad honorem prestados por algunos beneméritos, es que demandan la propiedad de los citados lotes de terreno.
Añaden, que de un total de 100 miembros, una mayoría llegó a poseer sus lotes, empero, una tercera parte no se hizo presente y tampoco pago las cuotas establecidas en el Estatuto; y tras 19 años, la AMIG ha permanecido en quieta, pacifica, continua e ininterrumpida posesión de los lotes, conservando, sembrando, refaccionando, construyendo depósitos, cercos, muros, etc.
Walter Flores Gómez, es nombrado defensor de oficio de los demandados, quien señaló que no pudo ubicar, ni tener noticia de ninguno de los demandados o sus herederos, ya que posiblemente hayan fallecido, de igual manera, tampoco lo buscaron en su oficina o su domicilio particular.
2. Asumida la competencia por el Juez Nº 1 de Partido en lo Civil y Comercial, pronunció la Sentencia de 07 de septiembre de 1991cursante de fs. 44 a 46, declarando PROBADA la demanda, reconociendo derecho propietario a la AMIG sobre los lotes de terreno, bajo los siguientes fundamentos:
a. El gobierno expidió a la AMIG – Sucre, el Titulo Ejecutorial N° 123699 de 15 de septiembre de 1961 a fs.1, sobre el ex fundo La Florida, ubicado en el cantón San Lázaro de la Provincia Oropeza, con una superficie laborable de 28 hectáreas
b. Según el testimonio de 10 de mayo de 1971 de fs. 6 a 9, por intervención judicial se procedió a la división y partición del fundo entre todos los miembros de la AMIG.
c. Por la prueba testifical, la AMIG viene poseyendo de forma continua y pacifica por más de 20 años los lotes de terreno abandonados, al no haber realizado actividad agrícola alguna o cumplir con sus obligaciones dentro la organización.
d. En el caso de autos se tiene demostrado ampliamente por prueba testimonial, la posesión continua por diez años.
3. Impugnada la resolución de primera instancia, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció el Auto de Vista N° 205/2019 de 22 de agosto, resolviendo CONFIRMAR la Sentencia de 07 de septiembre de 1991, sin costas y costos de fs. 1585 a 1587, con los siguientes fundamentos:
a. Apelación interpuesta por Jaime Palenque.
i. Vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa por defectuosa valoración de la prueba.
Si bien el Juez no hizo referencia en forma individual a los propietarios afectados con la usucapión, empero, individualiza el número de lote afectado con prescripción, haciendo referencia además al plano de parcelación de la huerta La Florida, documento que da cuenta de la división de los lotes de terreno entre sus 100 integrantes, de ello, los lotes de terreno a usucapir se encuentran plenamente identificados en cuanto al titular y su extensión.
Con relación a la posesión por más de 19 años, se estableció de forma uniforme a través de la prueba testifical, tres actos de conservación y sembradíos por la AMIG desde hace 20 años en forma pacífica y continuada, donde los beneficiarios nunca se hicieron presentes en los predios de La Florida, mismos que fueron abandonados.
El Juez de instancia basó su decisión en la prueba ofrecida y producida de manera conjunta, confrontando y contrastando todos los elementos probatorios adjuntos al proceso, tomando en cuenta aquellos que generaron convicción por su eficacia, conforme prevén los arts. 1286, 1330 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, y si bien no se señaló audiencia de inspección judicial, ello no resta que la demás prueba haya generado en el juzgador la posesión y actos de posesión ejercidos por los demandantes.
ii. Falta de fundamentación en la resolución.
El apelante se limita a señalar la falta de fundamentación en la resolución sin concretar de forma específica, que presupuestos del instituto de la usucapión carecerían de fundamentación, pues esta situación no puede ser suplida con la mención y transcripción de Sentencias Constitucionales referidas a la motivación de las resoluciones.
iii. Vulneración al derecho a la defensa, al instaurarse la demanda solo contra treinta afiliados más no así contra los posibles herederos.
Los actores, luego de identificar a los beneficiarios y el número de lotes que les corresponde, señalaron en su demanda: “...dirigiendo nuestra acción contra los ya citados, o contra quienes resultaren ser sus herederos...”, y si bien el Edicto en su encabezamiento no hace referencia a los herederos de los beneficiarios fallecidos, dicho documento contiene la trascripción íntegra de la demanda, el Auto admisión y el acta de desconocimiento de domicilio de los adjudicatarios, donde se consigna que la demanda es dirigida y admitida contra de los beneficiarios o en su caso contra los herederos de estos.
iv. Errónea aplicación del art.125.I del Código de Procedimiento Civil y art.78 del Código Procesal Civil, al publicarse los edictos en un periódico que no estaba autorizado por la extinta Corte Superior.
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