Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
S A L A C I V I L
Auto Supremo: 1219/2019
Fecha: 27 de noviembre de 2019
Expediente: LP-125-19-S
Partes: Patricia Clemencia Castro Calderón c/ Carmen Claudette Elena Isabel Weill Fernández.
Proceso: Usucapión decenal.
Distrito: La Paz.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 549 a 559 interpuesto por Carmen Claudette Elena Isabel Weill Fernández de Córdova a través de su apoderado Ronald Fernández Cervantes y el de fs. 565 a 567 vta., opuesto por Abdón Montero Villegas, impugnando el Auto de Vista N° 504/2019 de 8 de agosto, cursante de fs. 537 a 541 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso sobre usucapión decenal interpuesto por Patricia Clemencia Castro Calderón contra los recurrentes, Auto de concesión de 17 de septiembre de 2019 a fs. 584, el Auto Supremo de Admisión N° 1060/2019-RA de 16 de octubre de fs. 591 a 592 vta., todo lo inherente; y:
CONSIDERANDO I:
ANTECEDENTES DEL PROCESO
1. Con base en el memorial de fs. 7 a 8, subsanado a fs. 10, Patricia Clemencia Castro Calderón, interpuso demanda de usucapión decenal, citada la parte demandada mediante edictos de ley y no habiéndose apersonado dentro el plazo previsto por ley, se le designó defensor de oficio, mismo que respondio a la demanda en forma negativa, tramitado así el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 251/2013 de 23 de diciembre por la Juez Sexto de Partido Civil y Comercial de La Paz de fs. 236 a 238 declarando declaró PROBADA la demanda de usucapión.
2. Apelada la sentencia por Abdón Montero Villegas de fs. 244 a 248 y Carmen Claudette Elena Isabel Weill Fernández de Córdova de fs. 261 a 270 vta., la Sala Civil Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió Auto de Vista Nº 504/2019 de 8 de agosto que cursa de fs. 537 a 541 vta., con sus respectivas enmiendas de 12 de agosto y 13 de agosto ambos de 2019 cursante a fs. 544 y de fs. 546 a 547 respectivamente mediante el cual CONFIRMÓ la sentencia apelada, determinación asumida en función a los siguientes argumentos:
Que por memorial de fs. 244 a 248 Abdon Montero Villegas interpuso recurso de apelación en calidad de tercero, señalando ser legítimo propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, adjuntando de fs. 37 a 38 vta., escritura pública de transferencia del bien inmueble objeto de este proceso y de fs. 39 a 40 el respectivo registro en DDRR, por lo que, el proceso que se tramita le causa agravio. Al efecto el Ad quem señala que de la revisión del caso autos se desprende que la parte demandada no adjuntó a tiempo del planteamiento de la demanda el registro a efectos de determinar la legitimación pasiva. Sin embargo las fotocopias legalizadas cursante de fs. 443 a 457, acreditan que en el Juzgado Quinto Publico Civil se sustanció un proceso de nulidad de Escritura Publica instaurado por Carmen Claudette Elena Isabel Weill Fernández de Córdova Guzmán contra Abdón Montero Villegas, cuyo resultado es la sentencia 330/2017 de 26 de abril de 2017, la cual dispone la nulidad de la minuta de Escritura Pública N° 966/2009 de 28 de septiembre, que son los documentos que adjuntó el tercero Abdón Montero en cuyo sustento no corresponde considerar el presunto agravio.
Sobre el recurso de apelación de Carmen Claudette Elena Isabel Weill Fernández precisó, que para acreditar la posesión pacifica, interrumpía y contínua por el plazo de 10 años, la actora presentó declaraciones testificales de los ciudadanos Edda del Rosario Mercado Zeballos y Oliver Juan Arze Chávez, quienes atestiguaron que conocen a la actora hace más de 10 años .
3. Notificados Carmen Claudette Weill Fernández de Córdova y Abdón Montero Villegas el 16 de agosto del 2019 con la resolución de segunda instancia, presentaron de forma independiente su recurso de casación, el cual es analizado.
CONSIDERANDO II:
DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
Del recurso de casación de fs. 549 a 559, interpuesto por Carmen Claudette Elena Isabel Weill Fernández de Córdova mediante su representante legal Ronald Fernández Cervantes se desprende los siguientes agravios:
En la forma.
1. Acusó violación del art. 271 de la Ley Nº 439 aduciendo que la demanda de usucapión es improponible, porque se basa principalmente en el art.138 del CC, pero la referida norma legal fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad directo, cuyo trámite declaró la constitucionalidad con una vigencia temporal de 5 años, donde se exhorta al Órgano Legislativo a subsanar los vicios de orden formal, bajo conminatoria de quedar expulsada del ordenamiento jurídico, como refiere la , habiendo a la actualidad transcurrido el tiempo de la vigencia temporal de la norma, por cuanto una disposición legal expulsada del ordenamiento jurídico por la dejadez del citado órgano no puede ser considerada para ningún pleito judicial al no encontrarse vigente. Y en el presente caso la demanda fue presentada en fecha 29/07/2009 y su correspondiente sentencia fue emitida el 23 de diciembre de 2013, o sea fuera del rango de vigencia temporal determinada por la citada Sentencia Constitucional, restando simplemente la aplicación del Código Civil Santa Cruz que alude la posesión treintañal, no resultando viable para el presente caso porque la supuesta posesión solo alcanza a 20 años, deviniendo en improponible la demanda planteada.
2. Denunció la transgresión e interpretación errónea del art. 271 del Código Procesal Civil, incongruencia externa e interna y motivación insuficiente de la resolución de alzada, porque el Auto de Vista no responde a cada uno de los fundamentos del recurso de apelación, existiendo un resumen lacónico de cada agravio, fragmentando los argumentos a su conveniencia para resolverlos, existiendo una tesis débil, realizando por último un cuadro comparativo entre los reclamos contenidos en su recurso de apelación con lo extractado y resuelto en la resolución de alzada
3. Sostuvo falta de valoración de la prueba aportada por la actora y observada en apelación, como ser la factura a fs. 2 misma que no acredita la posesión por más de 10 años, que la fotocopia a fs. 3 no tiene valor alguno, así como la cursante a fs. 4 y vta., el plano a fs. 5, plano a fs. 9, declaraciones de fs. 48 y 114, la audiencia de inspección ocular a fs. 126, así como la prueba cursante de fs. 99 a 105, formulario de empadronamiento, comprobante de impuestos, plan de pagos y resolución administrativa, formulario de registro catastral desde el mes de marzo de 2011 y facturas de luz de fs. 103 a 105, documentos que a su criterio no acreditan la posesión pero el auto de vista en cuanto a la observación de falta de valoración de la prueba hace lo mismo que el A quo
En el fondo.
1. Deduce violación al art. 271 de la Ley N° 439, expresando que era de conocimiento de la juez de la causa la perención de instancia producida, ya que al dictar la resolución de 19 de abril de 2011 se pudo percatar la inacción por más de 6 meses computables desde la última actuación de junio de 2010, si bien la actora presentó memorial a fs. 69 tratando de activar el procedimiento solicitando señalamiento de inspección ocular y testifical, pero este memorial fue providenciado en pleno desconocimiento de normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio, contraviniendo una de las obligaciones del juez y determinar la perención de instancia de oficio.
2. Manifestó error de derecho en la apreciación de la prueba testifical visible a fs. 114 y la inspección ocular contenida en el acta a fs. 126, por violar los alcances del art. 378 del Código Civil, así como los límites establecidos por la jurisprudencia ordinaria para su realización y su extemporaneidad no habiendo sido oportunamente producidas en la presente causa.
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