Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1225/2026-A ANALISIS DE ADMISION Proceso: Beni 5/2025 Parte acusadora: Ministerio Público y Ministerio de Gobierno Parte imputada: Jessica Moisés Mendoza Delito: Uso Indebido de Influencias, art. 146 del Código Penal (CP) Sucre, tres de agosto de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 20 de diciembre de 2024, cursante de fs. 677 y 680 vta., el Ministerio de Gobierno representado legalmente por Jimena Torrez Torrico, impugna el Auto de Vista 34/2024 de 1 de julio de fs. 627 a 630 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal que sigue con el Ministerios Público en contra de Jessica Moisés Mendoza, por la presunta comisión del delito de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del CP, modificado por el art. 34 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento lícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 04) I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.
SENTENCIA Por Sentencia 1/2022 de 17 de octubre de 2021 de fs. 487 a 503 vta., el Tribunal de Sentencia Penal Primero del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, declaró a Jessica Moisés Mendoza, autora y culpable del delito de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado por el art. 146 del CP, modificado por el art. 34 de la Ley 04, disponiendo la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, más costas a favor del Estado.
, L.2.
APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA
Contra la referida Sentencia, el acusador particular Ministerio de Gobierno y la imputada Jessica Moisés Mendoza, formularon los recursos de apelación restringida de 518 a 526 y 534 a 538 vta., respectivamente, que fueron resueltos por Auto de Vista 34/2024 de 1 de julio de fs. 627 a 630 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que rechazo los recursos interpuestos, confirmando la Sentencia apelada.
II MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN La entidad recurrente, previa relación de antecedentes del caso, refiere que se hubiera impuesto de manera errónea la pena a solo tres debiendo corresponder ocho años, y que este aspecto no hubiera sido respondido en la exposición de agravios de su recurso de apelación contestado solamente: indica que el Ministerio de Gobierno solo tuvo un agravio referente a la dosimetría de la pena y no así en cuanto a la subsunción de los hechos al tipo penal, puesto que el recurrente no observa respecto al delito condenado, pero si respecto a la pena dada por el tribunal a quo, en este caso de solo 3 años de priwación de libertad; es así que de la revisión de la sentencia observamos que la acusada Jessica Moisés Mendoza ha sido condenada por la comisión del delito de uso indebido de influencias, tipificado en el art. 146 del CP, que señala como pena de privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y de 100 a 500 días multa; en el caso de autos el tribunal a quo ha llegado a la convicción suficiente que está acusada en autora de dicho delito, señalando en su dosimetría de la sentencia que la acusada no tiene antecedentes penales o policiales anteriores al presente proceso, y que señalan que debido a esto es condenada a la pena mínima. (sic).
Sobre el particular, invoca como precedentes contradictorios, los Autos Supremos (AASS), 131/2007 de 31 de enero, 724 de 26 de noviembre y 515/2006 de 6 noviembre. A su vez enlista los , , y .
III MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.
A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superor jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).
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