Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1481/2025-E EXCEPCION DE EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCIÓN Y DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO Y ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE CASACIÓN Proceso: Tarija 194/2024 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Mauro Fernando Rueda Delgado Delito: Violencia Familiar d Doméstica, art. 272 Bis. inc. 3) del Código Penal (CP) Sucre, dos de febrero de dos mil veintiséis
Por memorial de casación presentado el 13 de mayo de 2024, cursante de fs. 123 vta. a 144 vta., Mauro Fernando Rueda Delgado, impugna el Auto de Vista 579/2023-SP1 de 23 de noviembre, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis inc. 3) del CP. Y por memorial presentado el 13 de mayo de 2024, cursante de fs. 114 a 123 vta., opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso.
I
ACTOS PROCESALES VINCULADOS Ll.
SENTENCIA
Por Sentencia de 27 de septiembre de 2019, de fs. 88 vta. a 91, el Juzgado Público de Familia Primero de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró a Mauro Fernando Rueda Delgado autor de la comisión del delito de Violencia Familiar o Domeéatica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis inc. 3) del CP, imponiendo la pena de tres años de reclusión.
1.2.
APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA Contra la referida Sentencia, Mauro Fernando Rueda Delgado de fs.
22 a l11, formula recurso de apelación, resuelto por Auto de Vista 579/2023-SP1 de 23 de noviembre, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró sin lugar el recurso planteado, confirmando la Sentencia apelada.
IH MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurrente, impugna el Auto de Vista 579/2023-SP1 de 23 de noviembre, señalando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija eludió su obligación de análisis respecto a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva penal (arts. 20 y 272 bis del CP), validando la condena por Violencia Familiar o Doméstica, sin verificar la concurrencia de los elementos del tipo penal. Denuncia que el Auto de Vista omitió pronunciarse motivadamente sobre la falta de fundamentación de la Sentencia art.
370 inc. 5) del CPP, justificando el fallo de alzada con la simple aseveración que el Juez de Sentencia cumplió con el art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Asimismo, destaca que la Sala incurrió en incongruencia omisiva al no resolver el agravio referente a la defectuosa valoración de la prueba fart. 370 inc. 6) del CPP y la condena basada en hechos no acreditados, alegando que no se realizó una pericia psicológica forense que demostrara la agresión.
Finalmente, acusa al Tribunal de alzada de no ejercer control sobre el defecto absoluto en la fijación de la pena de 3 años de reclusión, vulnerando los arts. 37 y siguientes del CP.
Invoca en calidad de precedentes a los Autos Supremos (AASS) 494 de 2 de noviembre de 2003, 312/2012 de 23 de marzo, 135/2015-RRC de 27 de febrero, 297 /2012-RRC de 20 de noviembre, 256 de 10 de abril de 2015-RRC, 267 /2013-RRC de 17 de octubre, 345 de 3 de junio de 2015-RRC, 495 de 23 de septiembre de 2014-RRC, 308/2023-RRC de 27 de marzo, 429/2023-RRC de 29 de julio, 150/2023-RRC de 3 de marzo, 167/2023-RRC de 2 de marzo, 401/2023-RRC de 20 de abril, 1120/2023-RRC de 17 de agosto, 65/2012-RA de 19 de abril, 52/2016-RRC de 21 de enero, 5 de 26 de enero de 2007, 479 de 8 de diciembre de 2005, 405 de 21 de agosto de 2014-RRC, 276 de 30 de abril de 2015-RRC, 438 de 15 de octubre de 2005, 39 de 21 de enero de 2016-RRC, 504/2007 de 11 de octubre, 277/2008 de 13 de agosto, 758/2014-RRC de 19 de diciembre, 112/2016-RRC de 17 de febrero, 171/2012-RRC de 24 de julio, 38/2013-RRC de 18 de febrero, 438/2014-RRC de 11 de septiembre, 544/2015-RRC de 24 de agosto, 396/2014-RRC de 18 de agosto, 41/2014-RRC de 21 de agosto,
500/2014-RRC de 24 de septiembre, 411/2014-RRC de 3 de septiembre, 466/2014-RRC de 17 de septiembre, 138/2015-RRC de 27 de febrero, 307 /2015-RRC de 20 de mayo, 159/2016-RRC de 7 de marzo, 59/2016-RRC de 21 de enero, 121/2016-RRC de 17 de febrero, 24/2015-RRC de 03 de enero y 41/2016-RRC de 21 de enero.
Adicionalmente, cita las Sentencias Constitucionales (SSCC) 270/2012, 447/2011-R, 359/2011-R , 112/2010-R de 10 de mayo , 1180/2006-R de 24 de noviembre, 1360/2014 de 7 de julio y 854/2010-R de 10 de agosto. II DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA III. 1.
Excepción de prescripción La defensa de Mauro Fermmando Rueda Delgado fundamenta esta excepción partiendo de la premisa que el poder punitivo del Estado no es absoluto ni eterno, sino que se encuentra limitado por el tiempo.
Jurídicamente, el argumento se estructura sobre el art. 29 inc. 2) del CPP, que establece taxativamente que la acción penal prescribe a los cinco años para aquellos delitos sancionados con penas privativas de libertad menores a seis años. Dado que el delito imputado de Violencia Familiar conlleva una pena máxima de cuatro años, encuadra perfectamente en este supuesto legal, fijando el plazo de prescripción en un quinquenio.
El punto crítico de este fundamento radica en el cómputo del tiempo;
si bien la defensa reconoce que el plazo inicial se interrumpió el 10 de octubre de 2018 con la declaratoria de rebeldía del imputado, invoca el art. 31 del mismo cuerpo legal para sostener que, tras dicha interrupción, el cómputo volvió a correr desde cero. Desde aquel reinicio en octubre de 2018, hasta la presentación del recurso en mayo de 2024, no existió ningún otro acto procesal con capacidad de interrumpir nuevamente el plazo. En consecuencia, al haber transcurrido ininterrumpidamente 5 años, 7 meses y 3 días superando el límite legal de cinco años, la defensa concluye que la potestad del Estado para perseguir el delito se ha extinguido automáticamente por el simple paso del tiempo, solicitando el archivo de la causa.
HI.2.
Tee de duración máxima del proceso De manera subsidiaria, pero con mayor amplitud argumentativa, la defensa ataca la mora judicial basándose en el derecho fundamental
a ser juzgado en un plazo razonable. Este argumento se ancla tanto en el art. 133 del CPP, que fija una duración máxima de tres años para todo proceso, como en el bloque de Constitucionalidad y tratados internacionales como el Pacto de San José, que garantizan una justicia pronta y sin dilaciones indebidas.
La defensa enfatiza que la violación de este plazo no es atribuible al acusado, asegurando que no ha interpuesto incidentes o recursos infundados con fines dilatorios. Por el contrario, identifica y atribuye la responsabilidad de la demora exclusivamente al Órgano Judicial.
Específicamente, denuncia que el recurso de Apelación Restringida permaneció en la Sala Penal Primera desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2024, lo que representa una inactividad judicial injustificada de aproximadamente 4 años y 5 meses en una sola instancia.
Para sustentar irrefutablemente esta pretensión y anticiparse a posibles contraargumentos, el memorial presenta una prueba aritmética conservadora. Del tiempo total transcurrido desde la rebeldia (más de 5 años y 7 meses), la defensa descuenta voluntariamente todos los periodos justificables: 150 días correspondientes a las vacaciones judiciales anuales acumuladas entre 2018 y 2023, y 105 días por la suspensión de plazos durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Aún realizando estos descuentos, que suman unos 8 meses, el tiempo neto de duración del proceso arroja un resultado de 4 años, 10 meses y 3 días. Al superar este saldo superabundantemente el tope legal de tres años, se concluye que se ha vulnerado el debido proceso, correspondiendo la extinción de la acción penal.
II.3
Respuesta del Ministerio Público El Ministerio Público, representado por el Fiscal de Materia Johannes Cuiza Cortez, rechaza contundentemente las excepciones planteadas por la defensa, cimentando su postura en una interpretación garante de los Derechos Humanos y la perspectiva de género. Su argumento central sostiene que los delitos de violencia contra la mujer no deben extinguirse por el mero transcurso del tiempo; para ello, invoca el bloque de constitucionalidad, el Estatuto de Roma y la Convención de Belém do Pará, sugiriendo que la prescripción en casos de violencia de género está proscrita por los estándares internacionales de protección a grupos vulnerables.
En el plano procesal, la Fiscalía ataca la forma del planteamiento, señalando que la defensa incumplió con el requisito de acompañar prueba idónea junto a la excepción, tal como exige el art. 314 del CPP. Respecto a la duración máxima del proceso, el fiscal argumenta
que la etapa investigativa se desarrolló dentro de un plazo razonable (entre 2017 y 2019) y sostiene que la demora posterior es atribuible exclusivamente a la conducta desleal del acusado, quien habría utilizado los recursos legales para dilatar la causa. Por tanto, concluye que el imputado no puede beneficiarse de una demora que él mismo provocó.
III.4
Respuesta de la Víctima Por su parte, la acusación particular ejercida por la víctima, centra su respuesta en cuestionar la competencia del Tribunal y la oportunidad procesal del reclamo. Su argumento principal es que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia carece de facultades legales para resolver incidentes o excepciones de extinción en esta etapa de casación, sosteniendo que dicha competencia corresponde privativamente a los jueces de primera instancia o Tribunales de Sentencia, conforme al art. 50 del CPP y la jurisprudencia constitucional vigente.
Bajo esta lógica, la víctima afirma que la solicitud es extemporánea e inadmisible, alegando que el derecho del acusado a reclamar la prescripción o la duración del proceso ha precluido. Señala que el imputado mantuvo una ináctividad procesal durante años sin activar estos mecanismos antes de la Sentencia, por lo que no puede pretender hacerlo ahora ante el máximo Tribunal. Finalmente, califica los argumentos de la defensa como meras chicanerías destinadas a evadir la justicia y dilatar el cumplimiento de la condena, solicitando que las excepciones sean rechazadas de plano.
Sin embargo, mediante decreto de 30 de octubre de 2024, la Sala Penal de fs. 372, determinó que dicha respuesta se encuentra fuera de plazo.
IV
MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.
A la luz de lo establecido eri los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a
un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).
Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la CorteIDH, estableció de forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.
El art. 180.II de la CPE, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.
Asimismo, el , precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia.
Por otra parte, el principio de reserva de ley, también conocido como principio de legalidad en sentido estricto, constituye un pilar fundamental dentro un sistema democrático. Su esencia radica en la exigencia de que ciertas materias, particularmente aquellas que inciden en derechos fundamentales o imponen restricciones a los mismos, sean reguladas exclusivamente por ley formal, emanada del órgano legislativo, depositario de la soberanía popular. En el ámbito
del derecho procesal, y corn especial énfasis en materia recursiva, este principio adquiere una trascendencia aún mayor, al erigirse como garante de la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la proscripción de la arbitrariedad.
De lo señalado, se infiere que ningún derecho fundamental tiene un carácter absoluto, pues ningún derecho, ni aún los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como ilimitados!; sin embargo, al ser derechos de rango constitucional, pueden ser restringidos sólo mediante, o sobre la base, de normas con rango constitucional o de rango inferior al de la Constitución?.
En ese sentido, el constituyente boliviano consagró el principio de reserva legal en el art. 109.1 de la CPE estableciendo que: Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. En consecuencia, el principio de impugnación consagrado en el art. 180.II de la CPE, debe ser interpretado en concordancia con el principio de reserva legal, que implica que, el ejercicio del derecho a la impugnación o derecho a recurrir se encuentra sujeta a la regulación legal realizada por el legislador boliviano.
En mérito a lo expuesto, la casación se configura como un recurso extraordinario y excepcional, con una doble finalidad. Por un lado, busca la unificación de la jurisprudencia a nivel nacional; y, por otro, procura la efectiva aplicación del derecho objetivo, función doctrinalmente conocida como nomofiláctica o de salvaguarda de la leys.
El art. 416 del CPP preceptúa que, este recurso procede para impugnar Autos de Vista emitidos, por los ahora denominados, Tribunales Departamentales de Justicia (antes Cortes Superiores de Justicia), que contravengan otros precedentes dictados por las Salas Penales de dichos Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el art. 417 del mismo cuerpo legal, establece los requisitos que deben observarse para su interposición. El primero, de carácter temporal, exige su presentación dentro de los cinco días 1 Sentencia 11/1981 de 08 de abril, Tribunal Constitucional de España, fundamento jurídico 7.
2 El jurista y filósofo del derecho Robert Alexy, con relación a las restricciones de rango constitucional, señala que, éstas pueden ser directamente constitucionales e indirectamente constitucionales. Respecto a este último, refiere que: Las restricciones indirectamente constitucionales son aruellas cuyá imposición está autorizada por la Constitución. La competencia para imponer restricciones indirectamente constitucionales se expresa de manera clarísima en las clúusulas de reserva explícitas. Las cláusulas de reserva explícitas son aquellas disposiciones de derecho fundamental, o partes de disposiciones de derecho fundamental, que autorizan expresamente llevar a cabo intervenciones, restricciones o limitaciones. Alexy, R. (2012). Teoria de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
3 .
hábiles siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o, en su caso, con el Auto de Complementación, ante la Sala que pronunció la resolución objetada.
El segundo requisito concierne a su contenido, demandando la invocación de un precedente contradictorio al momento de la interposición del recurso de apelación restringida. No obstante, la simple mención y cita de dicho precedente resulta insuficiente, recayendo en el recurrente la carga procesal de explicitar, con claridad y precisión, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado. En consecuencia, debe exponerse de manera fundada, la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada y otros precedentes, consistentes en Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, mediante la comparación de hechos análogos y de las normas aplicadas con interpretaciones jurídicas divergentes. Por consiguiente, resulta ineficaz la mera mención, invocación o transcripción del precedente, así como la argumentación subjetiva del recurrente sobre su parecer respecto a la resolución de la alegación, siendo imperativa la adecuación del recurso a la normativa legal.
Sobre la invocación de Sentencias Constitucionales como precedente contradictorio dentro de un recurso de casación, este Tribunal ha sido categórico en señalar, de manera uniforme, sobre la imposibilidad de fundar un recurso de casación en la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y una Sentencia Constitucional. Así el , entre otros estableció: (...) Con relación a la temática planteada invocaron como precedentes contradictorios sentencias constitucionales y , las cuales versan sobre la no inpugnación de las resoluciones una vez que estas adquieren autoridad de cosa juzgada y la relacionada al principio de favorabilidad.
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