Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 1517/2025-E EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO MAXIMO DE DURACION DEL PROCESO Proceso: Cochabamba 342/2025 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Freddy Orellana Sandy Delitos: Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, art. 26 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigaciones de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz (Ley 004) Sucre, tres de febrero de dos mil veintiséis - Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2025, de fs. 416 a 421, Freddy Orellana Sandy, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Vencimiento del Plazo Máximo de Duración del Proceso, dentro la causa penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, previsto y sancionado por el art. 26 de la Ley 004.
I Ea DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA 1.1.
Argumentos de la Excepción de la Extinción de la Acción Penal por Vencimiento del Plazo Máximo de Duración del Proceso Previa exposición de antecedentes fácticos, de la competencia del Tribunal para resolver las cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal y la base legal y jurisprudencial sobre la Extinción de la Acción Penal por Vencimiento del Plazo Máximo de Duración del Proceso y en mérito a la interpretación de las Sentencias Constitucionales (SSCC) 23/2007, 654/2024 de 17 de octubre, 600/2011 de 3 de mayo, 283/2013 de 13 de marzo, 1494/2003, 64/2004, 101/2004 de 14 de septiembre, 1716/2010, 193/2013 de
27 de febrero, solicita la extinción de la acción penal, por evidente dilación del proceso no imputable a su persona.
De manera subsidiaria, pero con mayor amplitud argumentativa, la defensa ataca la mora judicial basándose en el derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable. Este argumento se ancla tanto en el art. 133 del CPP, que fija una duración máxima de tres años para todo proceso, como en el Bloque de Constitucionalidad y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que garantizan una justicia pronta y sin dilaciones indebidas.
La defensa enfatiza que la violación de este plazo no es atribuible al acusado, asegurando que no interpuso incidentes o recursos infundados con fines dilatorios. Por el contrario, identifica y atribuye la responsabilidad de la demora exclusivamente al Órgano Judicial.
Para sustentar irrefutablemente esta pretensión y anticiparse a posibles contra argumentos, el memorial presenta una prueba aritmética conservadora. Del tiempo total transcurrido en vista a que dicho proceso fue iniciado con la querella el 10 de julio de 2017 y posterior informe al Juez Cautelar de Instrucción Penal Primero de la Capital del inicio de las investigaciones el 17 de julio de 2017, desde esa fecha hasta septiembre de 2025, transcurrieron 8 años y 2 meses, al superar este saldo superabundantemente el tope legal de tres años, se concluye que se vulneró el debido proceso, correspondiendo la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.
L2.
Respuesta del Ministerio Público a la excepción de la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso
El Ministerio Público se opone a la excepción de extinción por duración máxima del proceso, debido a que el excepcionista no cumplió con su carga probatoria ni argumentativa exigida por el art. 314 del CPP, ya que se limitó a relatar el transcurso del tiempo y supuestas dilaciones sin acreditar de manera concreta el primer acto del procedimiento, ni demostrar la inexistencia de causales de suspensión o interrupción del plazo; asimismo, no probó que el proceso no sea complejo ni que la demora sea atribuible exclusivamente a las autoridades, omitiendo considerar factores como la complejidad del caso, la actividad procesal, las suspensiones legales (como la pandemia COVID-19) y otros incidentes que interrumpen o suspenden los plazos; en ese entendido, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la sola mención del tiempo transcurrido no es suficiente para declarar la extinción, siendo imprescindible acreditar con prueba idónea y pertinente todos los extremos, lo cual no ocurrió, por lo que
la excepción resulta manifiestamente improcedente y debe ser declarada infundada.
II ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN DEL PROCESO Il.
De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal
En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la , precisando que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera instancia sea competente para conocer dichos incidentes. En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes. En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Asi, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica ha devenido en vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, del acceso efectivo a la justicia y de los principios de celeridad y concentración procesal. 6 No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , , 105-R, 1365/005-R y el . En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada ante esta
Sala Penal a fs. 641, a consecuencia del recurso de casación de fs. 583 a 636 vta., interpuesto por Marco Antonio Gareca Velásquez contra el Auto de Vista 221/2025 de 6 de mayo, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.
II.2.
Naturaleza jurídica de la Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso
La norma prevista por el art. 133 del CPP, establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres arios contados desde el primer acto del procedimiento, salvo caso de rebeldía, por su parte el art. 27 inc. 10) del mismo cuerpo legal, establece que la acción penal se extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;
sin embargo, la aplicación de dichos preceptos legales por las autoridades jurisdiccionales, requiere en cada caso concreto de una valoración integral de varios factores que hacen a la defensa del debido proceso con relación al procesado, pero también al resguardo de las garantías jurisdiccionales que asisten a las otras partes procesales, ya sea Ministerio Público o el acusador particular (víctima), determinando y posibilitando de esa manera que la potestad de impartir justicia efectivice los principios ordenadores del sistema de administración de justicia. Ahora bien, la valoración concurrente de los factores que deben ser considerados por el juzgador al momento de determinar la extinción de la acción penal, y que no esté supeditada única y exclusivamente al transcurso del tiempo, ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional en la , que al efecto señala: Es importante recordar que la extinción del proceso penal por mora judicial tiene su base de sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías minimas del debido proceso, consagrado por el art. 14.3.c) del Pacto Internacional de 7 Derecho Civiles y Políticos y, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha determinado este Tribunal en su amplia jurisprudencia. Empero, conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su y su , la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley:
- a)la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica;
- b)la conducta de las partes que intervienen en el
2 Z proceso; y c) la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada. Con relación a ello, la (moduladora) dejó claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los Jueces y Tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, asi como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad.
II.3.
De la rebeldía, vacaciones judiciales y otras causales de interrupción y suspensión de plazos procesales en el cómputo de la Extinción de la Acción Penal por Vencimiento del Plazo Máximo de Duración del Proceso El primer párrafo del art. 133 del CPP en forma expresa determina que: Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso
de rebeldía. Como puede advertirse, la norma citada excluye al declarado rebelde del cómputo del plazo de duración máxima del proceso. Esta exclusión encuentra su explicación en el propio fundamento de la extinción de la acción penal, que no es otro que garantizar al imputado el derecho a que el proceso penal concluya dentro de un plazo razonable. Efectivamente, no sería compatible con el fundamento anotado, ni con la tendencia política criminal del Código de Procedimiento Penal boliviano, el incluir al declarado rebelde en la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso dentro del plazo previsto por el art. 133 del CPP; toda vez que, en el caso de la rebeldía, es el propio imputado el que se coloca en estado de indefensión y provoca la dilación en la tramitación del proceso. Por otra parte, con relación a la suspensión de plazos, corresponde acudir al , dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, que estableció (...) los plazos se suspenderán durante las vacaciones judiciales; tiempo que no se toma en cuenta para realizar el cálculo de la extinción de la acción penal por prescripción. En el mismo sentido, la reafirmó este criterio, precisando que el tiempo correspondiente a las vacaciones judiciales solo es válido para el cálculo de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Asimismo, el , advirtió la diferencia conceptual y jurídica entre la extinción de la acción penal por prescripción (art. 27 inc. 8 CPP) y la extinción por duración máxima del proceso (art. 27 inc. 9 11. CPP), señalando que cada figura tiene un régimen propio y cualidades distintas:
- i)La prescripción se fundamenta, además en razones doctrinales y de politica criminal, en derechos y garantias constitucionales como el derecho a la defensa (art. 119.11 CPE), el debido proceso (art. 117.1 CPE) y el principio de seguridad jurídica (art. 178.1 CPE).
- ii)La duración máxima del proceso se basa en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y en el derecho a un plazo razonable (art. 115 CPE).
Pese a esta distinción, se observó que, al resolver la excepción de prescripción, en dicho Auto Supremo se asimiló erróneamente el cómputo de ambas figuras, aplicando el art. 130 del CPP para descontar las vacaciones judiciales en el cálculo de la prescripción, lo cual fue considerado incongruente por contradecir el Fundamento Juridico 111.3 de la . Cabe referir que la -53 de 12 de octubre y el , establecieron que para efectos del cómputo de plazo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso (tres arios) se debe aplicar el art. 130 del CPP, que establece la suspensión
LAA del plazo por vacaciones judiciales, es decir por veinticinco días calendario, norma procesal que concuerda con el art. 126.1V de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) En consecuencia, se debe puntualizar que los supuestos de suspensión de plazos establecidos en el último párrafo del art. 130 del citado Código Adjetivo Penal, son válidos en su descuento, Únicamente, para la duración máxima del proceso, es decir, el tiempo previsto por el legislador para las vacaciones judiciales (25 días); además de las causas por fuerza mayor, aplicable por ejemplo, en la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, la cual generó una paralización procesal de cinco (5) meses y veinte (20) días!;
aclarando nuevamente que ambos supuestos, no aplican para la prescripción de la acción. No obstante, a partir de la vigencia de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (Ley 586) y de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Ley 1173), el legislador ordinario introdujo nuevas causas de suspensión e interrupción del cómputo de la extinción, las cuales resultan aplicables de manera transversal tanto a la prescripción como a la duración máxima del proceso, entre ellas: la tramitación de la excusa ola recusación, establecida en el art.
321.1V del CPP, como causal de suspensión del plazo; y, como causal de interrupción:
- a)Cuando las excepciones, y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, conforme establece el art. 315.111 del CPP; y,
- b)En caso de rechazo de una recusación que hubiere sido declarada manifiestamente infundada, temeraria o abiertamente dilatoria, dispuesto en el art. 321.V del CPP. Por otra parte, la R de 11 de enero, señaló: Como se tiene referido precedentemente la y el , determinaron que quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar y probar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público precisando de manera puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación 1 Circular 05 /2020 de fecha 26) de marzo de 2020, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dispone suspender actividades judiciales; Circular 07/2020 de la Sala Plena (SP) del TSJ de 7 de abril de 2020, dispone interpretación y uniformidad de criterios para la suspensión de los plazos de caducidad y prescripción a consecuencia de la cuarentena existente en Bolivia por la pandemia de Covid-19. En atención a la Circular SP 11/2020, ante la declaratoria de cuarentena total se suspende plazos desde el 22 de marzo al 4 de abril de 2022, plazo prorrogado por la Circular SP 12/2029. Circular SP 13/2020 amplia la suspensión hasta el 15 de abril en atención al Decreto Supremo 4200. Circular SP 26/2020 emitida en atención al Decreto Supremo 4276 que establece la reanudación de actividades judiciales desde el 17 de julio de 2020. Circular SP 29/2020, suspende actividades judiciales temporalmente desde el 4 al 14 de agosto. Circular SP 31/2020 de 4 de septiembre de 2020 dispone la reanudación de los plazos procesales y actividades judiciales a partir del lunes 7 de septiembre de 2020. Circular SP 15/2021 de fecha 21 de junio, dispone la suspensión general de plazos en todos los procesos judiciales desde el 22 de junio al 25 de junio. Circular SP 16/2021 de 27 de junio de 2021, dispone la reanudación de plazos procesales a partir de 28 de junio.
invocada; en razón, a que corresponderá al Juez de la causa o en su caso al Tribunal de apelación, verificar si con los actuados procesales individualizados, se hubiese provocado o no dilación, y determinar el tiempo de la mora provocada por cada uno de ellos, para finalmente resolver lo que en derecho corresponda; no obstante, el solicitante de la extinción, podrá consignar el tiempo de dilación, que ellos consideraran hubiera acontecido con los actos procesales identificados, lo que servirá como dato referencial para la autoridad judicial, en virtud a que la determinación final en torno a la excepción de extinción por duración máxima del proceso, corresponderá efectuarla al Órgano Judicial previa revisión y constatación de los datos del proceso.
IL.4.
El plazo razonable como límite material al ejercicio del ius puniendi Un criterio tradicional de definición de las dimensiones del Derecho Penal, distingue entre el derecho penal en sentido objetivo (ius poenale) y el derecho penal en sentido subjetivo (ius puniendi).
El 1us poenale, es el conjunto de normas jurídicas públicas (Derecho positivo) que definen determinadas acciones como delitos e imponen las penas correspondientes.
Franz Von Lizt, citado por Miguel Polaino Navarrete (Derecho PenalParte General, pág. 91), proponía la siguiente definición: conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. No obstante, esta definición formulada a fines del siglo XVIII, ha sido cuestionada en la actualidad, ante la omisión de no considerar otras consecuencias jurídicas distintas de la pena, como las medidas de seguridad.
En cambio, el ius puniendi, se la define como la facultad o potestad del Estado de imponer sanciones jurídico penales, penas o medidas de seguridad por la comisión de delitos, esto es, la competencia de hacer valer su cometido constitucional de órgano legitimado para solucionar los conflictos criminales desencadenados en la sociedad, que conforme a su escala de valores reconoce y se identifica con un ordenamiento punitivo, cuya única legitima titularidad es la estatal.
Nótese la existencia de una clara distinción entre tus poenale e 1us puniendi, siendo necesario distinguir al primero como el sistema normativo del derecho penal y al segundo como la potestad estatal de sancionar. Esa separación conceptual sigue siendo útil hoy en día, porque permite entender que no es lo mismo el conjunto de normas que describen delitos y establecen consecuencias jurídicas (Código
A (4 Penal), que el poder concreto del Estado para aplicarlas (facultad sancionadora).
En ese sentido, el ius puniendi, se trata de una potestad exclusiva del Estado dentro del modelo del Estado de Derecho. Este punto es fundamental, ya que el poder punitivo no es ilimitado ni discrecional, sino que debe ejercerse dentro de los márgenes constitucionales y con pleno respeto a las garantías fundamentales.
La distinción entre ius poenale e ius puniendi, nos da una base teórica muy sólida, en razón a que nos permite comprender que el 1us poenale describe qué conductas son delito y cuáles son sus consecuencias; en cambio, el ius puniendi es el poder real del Estado para perseguir y sancionar. Ahora bien, en un Estado Constitucional de Derecho ese poder no es absoluto ni indefinido en el tiempo. No basta con que existan normas que tipifiquen delitos, toda vez que el ejercicio concreto del poder punitivo debe respetar garantias constitucionales, entre ellas el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En ese sentido, el plazo razonable funciona como un límite material al ius puniendi. El Estado puede investigar, acusar y juzgar, pero no puede hacerlo de manera indefinida, prolongando la incertidumbre del imputado sin justificación. Cuando el proceso se extiende excesivamente sin causa legítima, el problema ya no es solo procesal, sino estructural, en virtud a que el Estado está ejerciendo su poder punitivo fuera de los márgenes constitucionales.
En otras palabras, si el 1us puniendi encuentra su legitimidad en el Estado de Derecho, también encuentra sus limites en él. Y uno de esos límites es el tiempo. El poder de castigar no puede convertirse en un poder de mantener a una persona sometida indefinidamente a proceso.
Por eso, cuando se analiza la duración máxima del proceso o el plazo razonable, en el fondo, lo que se está evaluando es si el Estado ha ejercido su ius puniendi de manera legitima o si ha desbordado sus límites. Si el proceso supera lo razonable sin causas objetivas que lo justifiquen, el propio sistema reacciona con la extinción, no como un premio al imputado o como una forma de generar impunidad, sino como un mecanismo de control frente al ejercicio excesivo del poder punitivo.
Por consiguiente, el plazo razonable no es solo una regla procesal; es una garantía que delimita el alcance del ius puniendi dentro del Estado Constitucional de Derecho.
En dicho contexto, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial....
El artículo 7.5 de la citada Convención, refiere con mayor especificidad al derecho a un rápido juzgamiento cuando el imputado se encuentre privado de su libertad?. Ambas normas, en definitiva, apuntan a limitar la afectación de derechos de una persona que es sometida a un proceso. Asimismo, el art. 14 núm. 3 inc. c) del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Politicos (PIDCP) reconoce el derecho de toda persona acusada de un delito a ser juzgada sin dilaciones indebidas.
Este mandato no puede entenderse como una simple declaración programática ni como una descripción más dentro del texto normativo. Se trata de una verdadera garantía estructural del debido proceso, especialmente relevante en materia penal, donde lo que está en juego es nada menos que la dignidad de la persona, reconocida y protegida por el art. 22 de la CPES.
En esa linea, se ha destacado el derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que implica una acusación penal.
Permanecer indefinidamente bajo la imputación de haber cometido un delito genera una situación de incertidumbre constante y, en muchos casos, puede incluso traducirse en la privación de la libertad. Por ello, el proceso no puede prolongarse sin límites ni justificación.
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