Texto del fallo
A 4 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA j SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1552/2025-E EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL POR CONCILIACION Proceso: Cochabamba 215/2025 Parte acusadora: Aurora Baldiviezo Amador de Casanova Parte imputada: Gastón Pablo Manuel Gutiérrez Lara y María Virginia Gutiérrez Lara Delito: Despojo, art. 351 del Código Penal (CP) Sucre, dos de febrero de dos mil veintiséis I DATOS GENERALES Por memorial presentado el 17 de julio de 2025, cursante de fs. 1013 a 1028, Macedonio René Acebey Castellón, en representación de Gastón Pablo Manuel Gutiérrez Lara y María Virginia Gutiérrez Lara, mediante Testimonio Poder 885/2025 de 26 de junio, plantea excepción de extinción de la acción penal por conciliación, dentro del !
proceso penal seguido en contra de sus representados por Aurora Baldiviezo Amador de Casanova como acusadora particular, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto por el art. 351 del CP.
II , FUNDAMENTOS DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA j Macedonio René Acebey Castellón, en representación de Gastón Pablo O Manuel Gutiérrez Lara y María Virginia Gutiérrez Lara, manifiesta que, conforme el art. 308 inc. 4) en relación al art. 27 inc. 7) del Código de Procedimiento Penal (CPP), y el , presenta el acuerdo conciliatorio al cual arribaron con la víctima, que cumpliría con los requisitos formales y jurisprudenciales para extinguir la acción penal, aún en la actual fase.
Refiere, que al haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la víctima para extinguir el proceso y superado las diferencias que dieron origen al presente proceso, voluntad que tiene fuerza de ley para extinguir el presente proceso, más aún cuando la víctima desiste de la acción penal, lo que implica que al no haber víctima no amerita la existencia de un proceso penal, además siendo el delito indilgado de acción
privada, y no afectar intereses de la sociedad ni el Estado; los Jurisdiccionales están obligados a privilegiar la paz y tranquilidad social y acuerdos de partes para extinguir los procesos penales, al amparo de los arts. 9 inc. 1), 24, 115, 117,119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), materializados mediante los arts. 20, 27, 292, 308 y 377 del CPP, y Autos Supremos (AASS) 54/2022 de 3 de febrero y 202/2019 de 9 de abril.
III RESPUESTAS A LA EXCEPCIÓN OPUESTA Pese a su legal notificación, conforme la diligencia de fs. 1035, la acusadora particular, no respondió la solicitud planteada.
IV FUNDAMENTOS DE LA SALA Planteada la solicitud de extinción de la acción penal por conciliación, corresponde a este Tribunal emitir la respectiva resolución, conforme a los parámetros establecidos por el art. 124 del CPP; siendo preciso previamente, puntualizar las siguientes consideraciones de carácter doctrinario, para finalmente efectuar el análisis de la problemática planteada.
IV.l.
- De la Conciliación A través del , este Tribunal sentó las bases legales y doctrinales de la conciliación, refiriendo que:
Uno de los lineamentos rectores en el cambio de sistema procesal penal en el país, a partir de la vigencia del actual Código de Procedimiento r Penal, fue el establecimiento de mecanismos procesales destinados a la solución pronta y razonable del conflicto procesal penal, conocidos como las salidas alternativas, como consecuencia de un diagnóstico que permitió identificar entre otras problemáticas, el hecho de que la persecución penal perdió perspectiva en su ejercicio y el hecho de que los intereses del Estado no necesariamente resultaban compatibles con los de la víctima, determinando la necesidad de una regulación normativa que permita soluciones razonables y prontas, más cuando las limitaciones del Ministerio Público determinaban su incapacidad de ejercer la acción penal en todos los casos que deriven en el pronunciamiento de una Sentencia, generando la insatisfacción en la reparación de daño; ante este panorama, es que el Código de Procedimiento Penal dotó de criterios de selección, que de modo alguno resultaban arbitrarios e injustos, sino respondían a objetivos de política criminal, encontrando sustento estas salidas alternativas en una nueva concepción destinada a la reducción del protagonismo del sistema penal
tradicional y de encontrar una respuesta a la incapacidad del sistema : de dar una solución pronta y razonable, encaminada no sólo a mejorar la calidad de solución a la víctima, sino también a colaborar en la búsqueda del máximo aprovechamiento de recursos de la administración de justicia, logrando una razonable eficacia en casos de mayor costo social. í Cabe añadir que la incorporación de estos institutos procesales fue una decisión político criminal, adoptada por el Estado Boliviano producto del .
sinceramiento del sistema de justicia penal, frente a la imposibilidad _ real de perseguir todos los casos que llegaban a su conocimiento (principio de legalidad procesal); en esa línea, el Tribunal Constitucional en las Sentencias 1152/2002-R, 1665/2003-R y 437/2003-R, adoptó el criterio de reconacer el principio de oportunidad como excepción al principio de legalidad procesal y fundamento de las salidas altemativas. De manera específica, la precisó el siguiente entendimiento: (...) la regla general i del nuevo sistema procesal penal es el principio de legalidad o de obligatoriedad, según el cual corresponde al Ministerio Público instar la acción penal y dirigir la investigación (...).
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