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TSJ

AS/1613/2025-E

Tribunal Supremo de Justicia
5 de agosto de 2026Sala Penal
Proceso
Violencia familiar o doméstica

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 1613/2025-E EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO MAXIMO DE DURACION DEL PROCESO Proceso: Oruro 101/2024 Parte acusadora: Ministerio Público . Parte imputada: Henry Pablo Ríos Alborta Delitos: Violencia Familiar o Domestica, art. 272 Bis. inc. 1) del Código Penal (CP), en relación al art. 7 inc. 3) de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia).

Sucre, 6 de abril de dos mil veintiséis Por memorial presentado el 23 de febrero de 2026, de fs. 353 a 360, Henry Pablo Ríos Alborta, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Vencimiento del Plazo Máximo de Duración del Proceso, dentro la causa penal seguida en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis. inc. 1) del CP, en relación al art. 7 inc. 3) de la Ley 348.

I DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA Ll.

Argumentos de la Excepción de la Extinción de la Acción Penal por Vencimiento del Plazo Máximo de Duración del Proceso Previa exposición de antecedentes fácticos, de la competencia del Tribunal para resolver las cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal y la base legal y jurisprudencial sobre la Extinción de la Acción Penal por Vencimiento del Plazo Máximo de Duración del Proceso y en mérito a la interpretación de las Sentencias Constitucionales (SSCC) 23/2007, 654/2024 de 17 de octubre, 600/2011 de 3 de mayo, 283/2013 de 13 de marzo, 1494/2003,

64/2004, 101/2004 de 14 de septiembre, 1716/2010, 193/2013 de 27 de febrero, solicita la extinción de la acción penal, por evidente dilación del proceso no imputable a su persona.

Por lo que el excepcionista plantea la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, al amparo de los arts. 27 inc. 10) y 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sosteniendo que desde la presentación de la denuncia el 21 de diciembre de 2021 hasta la interposición de la excepción el 23 de febrero de 2026, transcurrieron aproximadamente cuatro años, dos meses y dos días, sin que exista una resolución definitiva ejecutoriada que ponga fin al proceso, excediendo ampliamente el plazo máximo legal de tres años.

Argumenta que dicha demora no le es atribuible, puesto que mantuvo una conducta procesal diligente durante toda la tramitación de la causa, no fue declarado rebelde ni promovió incidentes, excepciones o recursos con fines dilatorios; asimismo, a efectos de sustentar su pretensión, realiza una auditoría procesal de las distintas etapas del proceso, señalando que existieron demoras en la investigación preliminar, en la etapa preparatoria, en el desarrollo del juicio oral y en la tramitación de los recursos impugnatorios, atribuyendo tales retrasos al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales, con base en dichos antecedentes, sostiene que se vulneraron sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y, principalmente, a ser juzgado dentro de un plazo razonable, reconocidos por los arts. 115.11, 117.1 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), así como por los arts. 8.1 de la Corvención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por lo que solicita que se declare fundada la excepción y se disponga la extinción de la acción penal con el consecuente archivo definitivo de obrados.

L.2.

Respuesta a la excepción de la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso Por decreto de 24 de febrero de 2026, se dispuso la notificación a los demás sujetos procesales con la excepción opuesta.

Posteriormente, mediante decreto de 30 de marzo de 2026, se hizo conocer a los sujetos procesales que las notificaciones fueron practicadas el 14 de marzo de 2026; sin embargo, hasta la fecha de emisión de la presente resolución no cursa contestación, oposición ni pronunciamiento alguno por parte del Ministerio Público, ni demás sujetos procesales.

II

A (A ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE DURACIÓN DEL PROCESO IL.l.

De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal

En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la , precisando que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera instancia sea competente para conocer dichos incidentes. En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes. En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Así, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que en reiteradas oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica ha devenido en vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, del acceso efectivo a la justicia y de los principios de celeridad y concentración procesal. 6 No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones sí resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. Este entendimiento, comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las , , , 105-R, 1365/005-R y el .

En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal a fs. 338, a consecuencia del recurso de casación de fs. 324 a 330 vta., interpuesto por Henry Pablo Ríos Alborta contra el Auto de Vista 29/2024-SP1 de 26 de abril, resulta

indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver la excepción opuesta, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.

II.2.

Marco normativo y iurisprudencial de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso

La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 115.11 señala: El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una Justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo, el art. 178.1 relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 178 y 180.1 de la CPE. De igual manera, la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) arts. 3 con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo éstos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.

Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 núm. 10 del CPP, dispone: Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 153, establece la forma de realizar el cómputo, disponiendo: Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. Las causas de suspensión de la prescripción suspenderán el plazo de duración del procedimiento. Cuando desaparezcan éstas, el plazo comenzaráa correr nuevamente computándose el tiempo ya transcurrido. Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción pena?.

Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del CPP, determina: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito. Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano (resaltado propio).

Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que:

...no tomaron en cuenta lo previsto por la , de

29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el

A (A art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada , en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo.

Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto aucor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado ().

Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado , y , entre otras);

en esa misma línea, la , estableció:

(...) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe

ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la Jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las artoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la inpunidad.

De ahí que se entiende, que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó criterios esenciales:

  1. a)La actividad procesal del interesado; y,
  2. b)La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la , y el Auto complementario 79/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino Únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.

Se debe entender por la complejidad del asunto que, éste debe determinarse en función de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, alternativamente, pueden estar compuestas por:

  1. a)el establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos;
  2. b)el análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; ce) la prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) la pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas defensa, entre otros elementos.

La actividad o conducta procesal del imputado; con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede er determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso que el imputado demuestre un comportamiento procesal

AA obstruccionista o dilatorio. Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras.

La conducta de las autoridades judiciales; para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente:

  1. a)la insuficiencia o escasez de los tribunales;
  2. b)la complejidad del régimen procesal; y, c)si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal.

En consecuencia, la garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues, lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas. Asimismo, debe agregarse que el art. 314 del CPP, establece específicamente que en las excepciones planteadas el impetrante deberá correr con la carga de la prueba acompañando la documentación correspondiente.

Por otra parte, a partir de la vigencia de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (Ley 586) y de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres (Ley 1173), el legislador ordinario introdujo nuevas causas de suspensión e interrupción del cómputo de la extinción, las cuales resultan aplicables de manera transversal tanto a la prescripción como a la duración máxima del proceso, entre ellas:

  1. a)la tramitación de la excusa o la recusación, establecida en el art.

321.1V del CPP, como causal de suspensión del plazo; y, como causal de interrupción:

  1. b)Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, conforme establece el art. 315.1III del CPP; y,
  1. e)En caso de rechazo de una recusación que hubiere sido declarada manifiestamente infundada, temeraria o abiertamente dilatoria, dispuesto en el art. 321.V del CPP.

Por otra parte, la , señaló: Como se tiene referido precedentemente la y el ECA, determinaron que quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar y nrobar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley es de responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público (en la etapa preparatoria), precisando de manera puntual en qué parte del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada;

en razón, a que corresponderá al Juez de la causa o en su caso al Tribunal de apelación, verificar si con los actuados procesales individualizados, se hubiese provocado o no dilación, y determinar el tiempo de la mora provocada por cada uno de ellos, para finalmente resolver lo que en derecho corresponda; no obstante, el solicitante de la extinción, podrá consignar el tiempo de dilación, que ellos consideraran hubiera acontecido con los actos procesales identificados, lo que servirá como dato referencial para la autoridad judicial, en virtud a que la determinación final en torno a la excepción de extinción por duración máxima del proceso, corresponderá efectuarla al Órgano Judicial previa revisión y constatación de los datos del proceso.

II.3.

Naturaleza jurídica de la Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso

La norma prevista por el art. 133 del CPP, establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo caso de rebeldía, por su parte el art. 27 inc. 10) del mismo cuerpo legal, establece que la acción penal se extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;

sin embargo, la aplicación de dichos preceptos legales por las autoridades jurisdiccionales, requiere en cada caso concreto de una valoración integral de varios factores que hacen a la defensa del debido proceso con relación al procesado, pero también al resguardo de las garantías jurisdiccionales que asisten alas otras partes procesales, ya sea Ministerio Público o el acusador particular (víctima), determinando y posibilitando de esa manera que la potestad de impartir justicia efectivice los principios ordenadores del sistema de administración de justicia. Ahora bien, la valoración concurrente de los factores que deben ser considerados por el juzgador al momento de determinar la extinción de la acción penal, y que no esté supeditada única y exclusivamente al transcurso del tiempo, ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional en la , que al efecto señala: Es importante recordar que la extinción del proceso penal por mora judicial tiene su base de

LA (A sustentación en el derecho que tiene toda persona procesada penalmente a un proceso sin dilaciones indebidas, un derecho que forma parte de las garantías mínimas del debido proceso, consagrado por el art. 14.3.c) del Pacto Internacional de 7 Derecho Civiles y Políticos y, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, instrumentos normativos que forman parte del bloque de constitucionalidad, conforme ha determinado este Tribunal en su amplia jurisprudencia. Empero, conforme ha definido este Tribunal Constitucional en su y su , la determinación de la extinción debe responder a una cuidadosa apreciación, en cada caso concreto, de los siguientes factores concurrentes al plazo previsto por la Ley:

  1. a)la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica;
  2. b)la conducta de las partes que intervienen en el proceso; y
  3. c)la conducta y accionar de las autoridades competentes, en este último caso para determinar si el comportamiento y accionar de las autoridades competentes fue manifiestamente negligente dando lugar a un desenvolvimiento del proceso fuera de las condiciones de normalidad; en consecuencia, conforme se expresa en la doctrina y la jurisprudencia emanada de los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se entiende por un proceso sin dilación indebida a aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción; de lo referido se infiere que este derecho se lesiona cuando el proceso penal no se desarrolla en condiciones de normalidad debido a la actuación negligente de las autoridades competentes, es decir, con un funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable, dando lugar a que el proceso tenga una demora injustificada. Con relación a ello, la 10-R de 12 de julio (moduladora) dejó claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los Jueces y Tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridaces, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así

como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidicron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad.

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Citada por

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Datos del proceso

Demandante
MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Henry Pablo Rios Alborta
Proceso
Violencia familiar o doméstica
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia5 de agosto de 2026AS/1613/2025-EFuente oficial