Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 1707/2025 ANALISIS DE FONDO Proceso: Cochabamba 228/2024 Parte acusadora: Ministerio Público . Parte imputada: Alis Flores Flores, Beatriz Georgina Montero Guevara y Anita Vaca Oyola de Lima Delito: Delitos Contra la Salud Pública, art. 216 núm. 5) del Código Penal (CP) Sucre, dos de febrero de dos mil veintiséis Por memorial de casación de 23 de febrero de 2024, de fs. 107 a 109 vta., Beatriz Georgina Montero Guevara impugna el Auto de Vista 194/2022 de 7 de noviembre de fs. 79 a 1, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra, Anita Oyola de Lima y Alis Flores Flores, por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Delitos Contra la Salud Pública, previsto y sancionado por el art. 216 núm. 5) del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN DE LA SENTENCIA Por Sentencia de 20 de abril de 2020, de fs. 26 a 29, el Juzgado de Instrucción Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante procedimiento abreviado declaró a: Alis Flores Flores, Beatriz Georgina Montero Guevara y Anita Vaca Oyola de Lima, autoras y culpables de la comisión del delito de Delitos Contra la Salud Pública, previsto y sancionado por el rt. 216 núm. 5) del CP, imponiendo la pena de dos años y seis meses de reclusión, con costas a favor del Estado, otorgando además el beneficio de suspensión condicional de la pena; con base a los siguientes argumentos:
En el cuadernillo de investigación existen elementos de convicción que permiten establecer que se encuentra acreditada la existencia del hecho ilícito de delitos contra la salud pública, en consideración a que 1 la prueba consistente en el informe de intervención policial preventiva
acción directa de 19 de abril de 2020, el informe del investigador asignado al caso Sgto. lro Amilcar Arandia, el acta del registro de lugar del hecho más su muestrario fotográfico, informe de los funcionarios de narcóticos y los Rejap de los imputados, llevan a la juzgadora al convencimiento que los acusados Alis Flores Flores, Anita Vaca Oyola y Beatriz Georgina Montero Guevara son autores del delito contra la salud pública previsto y sancionado en el art. 216 núm. 5 del CP, que expresamente refiere (DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA) Incurrirá en privación de libertad de uno a diez años el que:
5. Cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas, puesto que los acusados, ante la emergencia sanitaria que se atravesó, vulneraron las restricciones impuestas por los Decretos Supremos (DDSS) 4200 y 4196 sobre Sanidad e Higiene, pues ante la emergencia sanitaria en el territorio Boliviano, se declaró cuarentena total a fin de evitar el contagio y propagación del Coronavirus Covid 19, con suspensión de actividades públicas y privadas, así como quedo prohibida la circulación de vehiculos motorizados públicos y privados, salvo los medios de transporte para el traslado de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y servicios de Salud público y privado y otros que por naturaleza estratégica estén dedicadas a la prestación de servicios y básicos y al abastecimiento de artículos de primera necesidad.
En atención justamente de la emergencia sanitaria, Alis Flores Flores (sin licencia de conducir), sin autorización, ni justificativo legal trasladó a Anita Vaca Oyola y Beatriz Georgina Montero Guevara desde el departamento de Santa Cruz a Cochabamba, aprovechando que conducía una ambulancia con placa de control 3015 KFS tipo vagoneta Nissan Patrol color plomo (que tiene por finalidad traslado de personas delicadas de salud para su atención médica), logrando burlar los controles de seguridad, inobservando las disposiciones de sanidad dispuestas por el Estado Plurinacional de Bolivia.
Demostrándose por parte del Ministerio Público que las acusadas Anita Vaca Oyola y Beatriz Georgina Montero Guevara, no tenían justificativo legal para ser trasladadas desde el Departamento de Santa Cruz hasta el de Cochabamba, vulnerando como se indicó todas i las disposiciones de sanidad, más aún pese a la emergencia sanitaria dispuesta, utilizando una ambulancia con fines distintos al autorizado por las autoridades competentes.
I.2.
DEL RECURSO DE APELACION RESTRINGIDA Ante la emisión de la Sentencia señalada, la acusada Beatriz Georgina Montero Guevara, formuló su recurso de apelación restringida en base a los siguientes argumentos:
- 1)Reclama que fue sentenciada sin plena prueba del hecho
1 A LOA atribuido, violentando su derecho a la defensa y al debido proceso, obligándola a declararse culpable del delito de atentados Contra la Salud y renunciar a la apelación, bajo presión de una detención preventiva, señalando que era obligación de la autoridad judicial de efectuar el control jurisdiccional, pero convalidó las irregularidades efectuadas por la Policía y el Ministerio Público que habría aceptado dicha condena por la presión que se le ejercía sobre ella al ver en peligro su derecho a la libertad, provocando un estado de indefensión, de modo que la Sentencia incurre en los defectos previstos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
- 2)Bajo el acápite INOBSERVANCIA O ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA (sic), relacionado al art. 370 inc. 1) del CPP, reclama que el Juez al emitir la Sentencia no observó la Ley Sustantiva Penal con referencia al art. 216 inc. 9) del CP, tomando en cuenta que el delito endilgado conforme el Auto Supremo (AS) f 326/2013 de 6 de diciembre, los delitos contra la Salud pública son delitos de peligro concreto, señalando el mismo Auto Supremo que los delitos de peligro abstracto son inconstitucionales, aclarando que ninguno de los acusados se encontraba contagiado, por lo cual no eran un peligro concreto, y tampoco cometieron algún delito; resalta que el Decreto Supremo (DS) 4200 de 25 de marzo que dispuso ladeclaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total, en su art. 13 estableció sanciones ante el incumplimiento de la cuarentena, como el arresto de 8 horas, más la imposición de una multa de Bs. 1.000, sin perjuicio de la denuncia penal; que en su art. 13.V, señala que cualquier persona que incumpla las restricciones de la referida norma será pasible a la privación de Libertad de 1 a 10 años conforme dispone el CP; resaltando que el Delito Contra la Salud Pública, es un delito de resultado, como condición sine quanum, que determina:
el que propagare..., el que cometiere actos.. o el que provocare..? o el que realizare.., es decir, que si no hay propagación enfermedades graves o contagiosas U ocasionare epidemias comprobada, no hay delito.
Que el señalado Decreto Supremo 4200 en su art. 13.II, señala que ...serán procesadas las personas que inciten al incumplimiento del Decreto Supremo, que desinformen o generen incertidumbre a la población; lo que implícitamente modificaría el art. 226 del CP.
Reclamando que al no haberse declarado estado de excepción el primer acto del Ministerio Público debió ser la realización de pericias, para determinar si eran portadores del (COVID 19) o inversamente verificar a las personas que estuvieron en contacto
con las acusadas, caso contrario se estaría ante un delito inexistente e incumpliendo el AMNC 92/2020 de 22 de abril, tampoco se le hizo reconocer en audiencia de procedimiento abreviado si tenía los sintomas del COVID 19, por lo que, se generó duda razonable, que no fue considerada por la Juez, reclama que al no haberse establecido por el Ministerio Público la tenencia de sintomas de Covid 19 mediante prueba científica y razonable, se generó duda razonable, siendo ese el límite para la imposición de la pena, conforme el art. 13 del CP no hay pena sin culpabilidad, es decir, su actuar no fue reprochable, habiéndose vulnerado sus derechos y garantías constitucionales como presunción de inocencia, defensa, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, conforme la Sentencia Constitucional (SC) 440/2003-R, advirtiendo la errónea aplicación de la ley sustantiva constituyendo defecto de Sentencia, pretendiéndose la correcta aplicación de la ley sustantiva.
- 3)Bajo el acápite FUNDAMENTACION INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA (sic), relacionado al art. 370 inc. 5) del CPP ¡ reclama que la Sentencia incurre en fundamentación insuficiente y contradictoria conforme establece el inc. 5) del art. 370 del CPP, pues el Juez no expuso porqué considera que los medios probatorios expuestos por el Ministerio Público son relevantes o carecen de valor probatorio para subsumir la conducta al ilícito acusado teniendo la obligación de valorar la prueba conforme la sana crítica, fundamentando y justificando al respecto, incurriendo en el defeeto señalado, arribando a una conclusión juridicamente inadmisible y provocando con malicia daño o perjuicio a las partes, vulnerando el derecho a la seguridad Jurídica conforme el incumpliendo además el art. 124 del CPP.
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