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TSJ

AS/1791/2025-F

Tribunal Supremo de Justicia
10 de junio de 2026Sala Penal
Proceso
Incumplimiento de deberes

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL Carlos Eduardo Ortega Sivila Magistrado Relator AUTO SUPREMO N 1791/2025-F ANÁLISIS DE FONDO Proceso: Tarija 95/2024 Parte acusadora: Ministerio Publico, Comando Departamental de la Policía Nacional y Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo Parte imputada: Ronald Alberto Berrios Cardozo, Elena Martinez Ávila, Adolfo Villca Gutiérrez y Rosa Rocío Arrendo Martinez Delitos: Incumplimiento de Deberes, Incumplimiento de Contratos, Conducta Antieconómica y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado, arts. 154, 222,224 del Código Penal (CP) y art.

28 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento llícito e Investigación de Fortunas (Ley 004) Sucre, dos de febrero de dos mil veintiséis Por memorial presentado el 30 de enero de 2024, de fs. 578 a 587 vta., el Comando de Frontera Policial de Bermejo, promovió recurso de casación impugnando el Auto de Vista 298/2023 de 22 de septiembre, de fs. 548 a 553, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Ronald Alberto Berrios Cardozo, Elena Martínez Ávila, Adolfo Villca Gutiérrez y Rosa Arredondo Martínez, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Incumplimiento de Contratos, Conducta Antieconómica y Enriquecimiento lícito de Particulares con afectación al Estado, previstos y sancionados por los arts. 154, 222, 224 del CP y por el art.

28 de la Ley 004.

I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.

DE LA SENTENCIA Se tiene a la vista la Sentencia 36/2019 de 2 de diciembre, de fs. 499 a 502, dictada por el Tribunal de Sentencia Primero de Bermejo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, que declaró absueltos

de culpa y pena a Ronald Alberto Berríos Cardozo y Adolfo Villca Gutiérrez de la comisión del delito de Incumplimiento de Deberes, previsto en el art. 154 del CP; Elena Martínez Ávila de la comisión de los tipos penales de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previsto en los arts. 154 y 224 del CP; y a, Rosa Rocío Arredondo Martínez por los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado e Incumplimiento de Contrato, previstos y sancionados por el art. 222 del CP y art. 28 de la Ley 004, toda vez, que la prueba de cargo resultó insuficiente en algunos casos para generar en el Tribunal la convicción sobre su responsabilidad penal, bajo los siguientes argumentos:

El 17 de agosto de 2015 mediante Oficio 222/2015, el Comando de Frontera Policial, solicita al Encargado de Seguridad Ciudadana del GAMB treinta y tres (33) gases lacrimógenos y que este pedido origina el inicio de un procedimiento administrativo en el GAMB para su adquisición bajo la modalidad de compra de menores y que en este procedimiento también han intervenido Ronald Alberto Berrios Cardozo (Miembro de la comisión de recepción), Adolfo Gutiérrez (Encargado de compras y adquisiciones) y Elena Martínez Ávila (Directora Administrativa del GAMB), siendo beneficiada como proveedora Rosa Rocío Arredondo Martinez.

Para una parte del Tribunal, la declaración del entonces Comandante de Frontera, Eduardo Arturo Vargas Lema carecía de la solidez y coherencia exigible, por presentar contradicciones evidentes con las Actas de Entrega y Recepción de los gases lacrimógenos suscritas tanto por él como por el encargado policial de activos. Tal incongruencia generó dudas razonables respecto a la veracidad de su afirmación sobre una presunta devolución de los gases al GAMB, extremo que no fue acreditado por ningún otro medio probatorio. Esta fracción del Tribunal concluyó que los testimonios de los testigos Limachi, Guevara y Sivila, así como la prueba documental, no poseían la fuerza suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. La solicitud policial fue considerada de imprecisa y no contenía especificaciones técnicas, lo que impedía exigir a los funcionarios del GAMB un nivel de diligencia superior al que permitía el requerimiento.

La otra mitad del Tribunal concluye que la declaración del excomandante de Frontera Policial de Bermejo, Eduardo Vargas Lema, resulta plenamente corroborada por diversos documentos oficiales, entre ellos el Oficio de 25 de agosto de 2015 y las actas de entrega, recepción y conformidad de 1 y 4 de septiembre de 2015, así como por el informe del encargado de activos del Comando de Frontera, donde se consigna que los 33 gases lacrimógenos adquiridos no ingresaron como activos institucionales. En criterio de esta parte del Tribunal,

dichos elementos confirman que los gases fueron objeto de un proceso de compra durante la gestión 2015, pero nunca fueron entregados a la institución policial, y además que dicha adquisición se realizó sin un requerimiento técnico específico.

Asimismo, el Tribunal observa una conducta poco diligente por parte del excomandante Vargas Lema, quien pese a advertir irregularidades, no formalizó reclamo alguno por la falta de entrega del material. Los testimonios de los funcionarios policiales Limachi y Guevara refuerzan la conclusión de que los gases no fueron efectivamente entregados, descartándose la pretensión probatoria basada en el muestrario fotográfico de la inspección ocular realizada en 2018. A ello se suma que el propio excomandante refirió haber revisado únicamente bolsas y no cajas o contenedores como los exhibidos en dicho muestrario.

Del mismo modo, la declaración de Florentino Sibila encargado de Almacenes del GAMB, permitió determinar el procedimiento administrativo aplicado y las funciones que competían a los acusados conforme al reglamento institucional y al DS 181. Sobre la base de la sana crítica racional, esta fracción del Tribunal concluye que los funcionarios públicos Ronald Alberto Berrios Cardozo, Elena Martínez Ávila y Adolfo Villca Gutiérrez omitieron cumplir requisitos esenciales en el proceso de adquisición, pese a contar con experiencia y conocimiento de la normativa aplicable. También advierte omisiones por parte del Comandante de Frontera, quien firmó un acta de recepción sin haber recibido el material y no realizó ningún reclamo formal posterior.

En consecuencia, esta mitad del Tribunal considera acreditada la responsabilidad penal de Berrios, Martinez y Villca por el delito de Incumplimiento de Deberes previsto en el art. 154 del CP, en calidad de autores conforme al art. 20 del mismo cuerpo legal. La conducta omisiva de los funcionarios, consistente en permitir y ejecutar un procedimiento defectuoso de adquisición de bienes, constituye una vulneración al bien jurídico protegido, el correcto funcionamiento de la administración pública y se traduce en un ejercicio arbitrario y doloso de sus funciones, contrario al reglamento institucional y al DS 181 NB-SABS. Finalmente, considera que los acusados son merecedores de reproche penal al haber tenido la posibilidad de actuar conforme a la ley y no hacerlo.

Debido a la igualdad de criterios y a la paridad de votos entre las dos posiciones del Tribunal, fue de aplicación obligatoria el art. 359 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que dispone la adopción de la decisión más favorable prevista en la parte resolutiva del fallo.

Finalmente, de manera unánime, el Tribunal determinó la absolución

de Elena Martínez Ávila respecto del delito de Conducta

Antieconómica prevista en el art. 224 CP, al igual que la absolución

de Rosa Rocío Arredondo Martínez por los delitos de Enriquecimiento

llícito de Particulares con Afectación al Estado (Ley 004, art. 28) de la

Ley 004 e Incumplimiento de Contrato (art. 222 CP), al no haberse

producido elementos de convicción suficientes para acreditar su

comisión.

I.2.

DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA

Contra la referida Sentencia, el Comando de Frontera Policial de

Bermejo de fs. 503 a 507 vta., interpone recurso de apelación

restringida, alegando los siguientes agravios, vinculados al motivo de

casación:

  1. 1)Denuncia defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, señalando que la Sentencia se aparta de los lineamientos del razonamiento lógico y la sana crítica, en una contradictoria valoración en su redacción, debido a que refiere que una parte del Tribunal sostuvo que los testimonios de Josué Limachi Sonave, Abel Guevara Altamirano y Florencio Sivila Ibarra y la documental incorporada a juicio para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados, no fueron suficientes y que otra parte del Tribunal encontró suficiente convicción para reprochar la conducta del testigo Eduardo Vargas Lema, por no tener el cuidado y prolijidad para solicitar la provisión de gases lacrimógenos, omitiendo especificar las condiciones técnicas que debían reunir; sin embargo, pese a que en el Considerando VIII de la Sentencia el Tribunal reconoce como hecho probado, el proceso de contratación menor llevado a cabo en la gestión 2015 para la adquisición de 33 gases lacrimógenos para el Comando de Frontera Policial de Bermejo y que éste no cumplía las especificaciones técnicas, contrariamente, no encuentra suficiente convicción para reprochar la conducta de los acusados.

Asimismo, señala que existe incorrecta inferencia de parte del Tribunal, cuando arriba a la conclusión que necesariamente se dejó a criterio de seguridad ciudadana y de los funcionarios administrativos del GAMB, pero la administración pública según dicta el art. 232 de Constitución Política del Estado (CPE) se rige bajo los principios de legalidad, ética, transparencia, eficiencia y responsabilidad entre otros, así como el de legalidad, que supone que la administración pública se encuentra obligada a someter sus actos enteramente a la ley sin poder ejercitar actuación alguna que

no esté atribuida por una norma.

  1. 2)Denuncia defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP por hechos inexistentes y no acreditados, refiriendo que el Tribunal al momento de realizar la valoración del testimonio de Eduardo Arturo Vargas Lema con la prueba documental, expresa que la declaración de Eduardo Arturo Vargas Lema, se contradice con las actas de entrega y recepción de los gases lacrimógenos firmadas por el propio testigo y el funcionario policial encargado de activos, razón por la que se resta credibilidad y pone en duda si los gases fueron devueltos al Encargado de Seguridad Ciudadana del GAMB, de lo que se infiere que esta parte del Tribunal, estaría realizando una valoración defectuosa de la Sentencia, al basar parte de sus fundamentos sobre un documento y hecho inexistente, toda vez que como consta en la literal MPD-7 no se recibió dotación de gas lacrimógeno.
  1. 3)Denuncia defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP por valoración defectuosa de la prueba, señalando que por las literales MPD-4, MPD-5, MPD-6, MPD-10, MPD-11, MPD-13.1 y la testifical de Rosa Rocío Arredondo, se acredita que el Tribunal no realizó una correcta valoración integral, lógicamente razonable y objetiva de las pruebas; por lo que, no existe dentro del presente proceso documento, pliego de especificaciones técnicas o contrato en el que los funcionarios responsables subsanen la inobservancia de la unidad solicitante, ni documental que obligatoriamente debe estar inserta en el proceso que acredite la legalidad de la proveedora para ser parte del proceso.

1.3.

DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO

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Datos del proceso

Demandante
Comando Departamental de la Policia Nacional, Gobierno Autonomo Municipal de Bermejo y MINISTERIO PÚBLICO
Demandado
Ronald Alberto Berrios Cardozo, Elena Martinez Avila, Adolfo Vilca Gutierrez y Rosa Rosio Arredondo Martinez
Proceso
Incumplimiento de deberes
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia10 de junio de 2026AS/1791/2025-FFuente oficial