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TSJ

AS/1889/2025-E

Tribunal Supremo de Justicia
10 de junio de 2026Sala Penal
Proceso
Transporte

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1889-A/2025-E EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCION EN CUMPLIMIENTO A RESOLUCION CONSTITUCIONAL Proceso: Cochabamba 437/2024 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputado: Diego Oscar Céspedes Pérez Delito: Transporte, art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008) Sucre, quince de abril de dos mil veintiséis Por memorial presentado el 1 de abril de 2024, de fs. 559 a 567, Diego Oscar Céspedes Pérez, opone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Transporte, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008.

I DE LA EXCEPCION OPUESTA Ll.

De la excepción de extinción de la acción penal por prescripción El imputado, en el presente proceso, interpone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, al amparo del art. 27 inc. 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitando se declare extinguida la acción penal erguida en su contra por el presunto ilícito de Transporte, previsto en el art. 55 de la Ley 1008, en grado de complicidad, en virtud del transcurso íntegro del plazo legal, sin que exista actuación procesal válida que hubiera interrumpido o suspendido el cómputo de la prescripción.

El imputado refiere que el hecho atribuido ocurrió el 6 de marzo de 2015, fecha en la qual, según su manifestación, se habría iniciado la

investigación en su contra, cuando cumplía funciones de cabo de llaves en el recinto penitenciario de San Antonio. Alega que el delito imputado es de carácter instantáneo, cuya consumación tiene lugar en un único momento, sin que se extienda en el tiempo; en consecuencia, sostiene que el cómputo del plazo de prescripción debe iniciarse a partir del primer instante posterior a la consumación del hecho, es decir, desde las 00:00 horas del 7 de marzo de 2015, conforme a la doctrina y jurisprudencia consolidada en relación con los delitos de esta naturaleza.

Invoca el art. 29 inc. 3) del CPP, que establece que la acción penal prescribe en el plazo de ocho (8) años para los delitos cuya pena máxima exceda de seis (6) años. Señala que el delito tipificado en el art. 55 de la Ley 1008 prevé una pena privativa de libertad de ocho (8) a doce (12) años, lo que determina que el plazo de prescripción aplicable es de ocho (8) años. Asimismo, sostiene que, desde el 7 de marzo de 2015 hasta la fecha, han transcurrido más de nueve (9) años y veinticinco (25) días, excediendo el término legal previsto, sin que se haya acreditado causal alguna de interrupción o suspensión del cómputo del plazo de prescripción.

En cuanto a las consideraciones jurídicas que sustentan la excepción interpuesta, invoca la aplicación de los arts. 308 inc. 4), 314.III, 29 bis, 30, 31, 32 y 33 del CPP, que regulan el trámite y la procedencia de las excepciones, así como las normas relativas al cómputo, la interrupción y la suspensión de la prescripción. Sostiene, además, que la prescripción constituye un mecanismo de defensa sustantiva mediante el cual se extingue la potestad punitiva del Estado por el transcurso del tiempo fijado por la ley, configurándose como un límite al ius puniendi y como una garantía vinculada al principio de seguridad jurídica y al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, reconocidos por la Constitución Política del Estado.

Asimismo, se hace referencia a la línea jurisprudencial constitucional consolidada, que ha establecido, de manera reiterada, que la prescripción de la acción penal puede ser planteada en cualquier etapa del proceso, incluso en fases recursivas, por tratarse de una excepción de carácter perentorio que incide directamente sobre la potestad punitiva del Estado, cuya consecuencia jurídica es la extinción de la acción penal y, por ende, la conclusión del proceso;

precisando que este instituto no constituye un mero formalismo procesal, sino una garantía sustantiva vinculada al principio de seguridad jurídica y al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Del mismo modo, dicha jurisprudencia ha desarrollado criterios claros respecto al inicio del cómputo del plazo prescriptivo, señalando que, en los delitos de carácter instantáneo, el término debe comenzar a correr desde el momento mismo de la consumación del hecho, es decir, desde que se configuran plenamente los elementos del tipo penal, salvo que concurran causas legales de interrupción o suspensión debidamente acreditadas en el proceso; de modo que, en ausencia de tales causales, el cómputo debe realizarse de manera continua e ininterrumpida desde la fecha de consumación, sin que resulte jurídicamente admisible extender el ejercicio de la acción penal más allá del plazo expresamente previsto por la ley.

Respecto a la inexistencia de causales interruptivas o suspensivas, sostiene que, en el presente caso, no concurre ninguno de los supuestos previstos en los arts. 30, 31, 32 y 33 del CPP, que regulan de manera taxativa las causales de suspensión e interrupción de la prescripción; afirmando que no existe declaratoria de rebeldía legalmente emitida, ni suspensión de la persecución penal, ni procesos pendientes vinculados a los mismos hechos, ni juicio seguido en el extranjero del cual dependa la prosecución de la causa en Bolivia.

Señala, asimismo, que no consta resolución judicial alguna que disponga la interrupción del cómputo prescriptivo, ni actuación procesal válida, eficaz y debidamente notificada que produzca efectos interruptivos, por lo que el plazo debe computarse de manera continua e ininterrumpida desde el 7 de marzo de 2015, conforme a la naturaleza instantánea del hecho atribuido y al marco legal vigente.

Señala, además, que el transcurso íntegro del plazo legal, sin actividad procesal idónea atribuible al Estado, evidencia la imposibilidad jurídica de continuar con la persecución penal, invocando el art. 29 del CPP, así como los arts. 27 y 178 de la CPE, que consagran el principio de seguridad jurídica y el derecho de toda persona a que su situación jurídica sea determinada dentro de un plazo razonable, resultando procedente considerar que la prolongación indefinida de la persecución penal vulneraría dichas garantías constitucionales y procesales.

En relación con la prueba que sustenta la excepción interpuesta, se tiene que, conforme se ha acreditado en el legajo procesal, dicha prueba se encuentra debidamente incorporada, incluyendo la denuncia, la imputación formal, la acusación fiscal, la sentencia y el Auto de Vista correspondiente, cuyos documentos, tras su revisión, no revelan actuación procesal alguna que genere efectos interruptivos o suspensivos sobre el cómputo del plazo de prescripción, conforme a lo establecido en los arts. 30, 31, 32 y 33 del CPP. Asimismo, las

certificaciones emitidas por el Registro Judicial de Antecedentes

Penales (REJAP) y el Sistema Penal Automatizado de Seguimiento de

Expedientes corroboran la inexistencia de cualquier causa que afecte

el cómputo prescriptivo, debiendo resaltarse que el transcurso del

tiempo constituye un cálculo aritmético objetivo conforme al art. 29

inc. 1) del CPP, habiendo transcurrido en su integridad el plazo de

prescripción de ocho años, sin que haya mediado causal legal alguna que justifique su interrupción o suspensión.

Se adjunta prueba documental consistente en:

e Certificado emitido por el Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer 1 EPI Sur, mediante el cual se hace constar que, respecto del imputado Diego Céspedes Pérez, dentro del proceso tramitado en las etapas preliminar y preparatoria, no se dictó declaratoria de rebeldía, habiendo concluido dicha fase con la acusación formal y la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia.

Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) N 1417747, de 1 de abril de 2024, en el que se consigna que no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía ni suspensión condicional del proceso.

e Certificado de No Violencia 1417747, de 1 de abril de 2024, en el que igualmente se establece que no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía ni suspensión condicional del proceso.

Asimismo, se hace referencia a las piezas procesales cursantes en el

expediente correspondientes a las etapas preliminar, preparatoria y de

juicio oral, de cuya revisión se evidencia que no existe declaratoria de

rebeldía ni actuación procesal alguna que hubiera interrumpido o

suspendido el cómputo del plazo de prescripción.

IL.2.

Respuesta del Ministerio Público

El Ministerio Público responde a la excepción de extinción de la acción

penal por prescripción, señalando que el memorial presentado carece

de los elementos fácticos y probatorios necesarios, conforme al art.

314 del CPP, modificado por la Ley 586, que exige acreditar de forma

concreta el transcurso del tiempo y las causales de interrupción o

suspensión. Expone que el excepcionista, aunque menciona el

Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales REJAP y

Certificado de No Violencia, no vincula estos documentos con los

efectos de la declaratoria de rebeldía dispuesta en el , ni demuestra cómo impactan el cómputo del plazo de prescripción.

Añade que el escrito no aborda la aplicación del art. 315 del CPP, relativo a excepciones e incidentes dilatorios, maliciosos o temerarios, que interrumpen la prescripción. En virtud de lo anterior, solicita que se declare infundada la excepción interpuesta, por ser manifiestamente improcedente y carente de sustento jurídico.

1.3.

Del y Resolución de Amparo Por , cursante de fs. 587 a 591 vta., esta Sala declaró infundada la excepción opuesta;

resolución que fue dejada sin efecto por la Resolución ACC 102/2025SCII de 16 de julio, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que reafirmó que el derecho a una resolución debidamente fundamentada y motivada, conforme a los arts. 115.1 y 117.1 de la CPE, exige una exposición clara de los hechos, la identificación de la norma aplicable, la valoración individualizada de la prueba y la existencia de un nexo lógico entre los hechos y la decisión adoptada, cuya ausencia o arbitrariedad vulnera el debido proceso.

En el caso concreto, dicha Sala Constitucional constató que el Auto Supremo rechazó la excepción por insuficiencia probatoria, al considerar que el Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), el Certificado de No Violencia y la certificación judicial no acreditaban la inexistencia de causales de interrupción o suspensión, además de calificar el delito de Transporte como ilícito permanente. Sin embargo, la referida Sala verificó que la documentación presentada demostraba la inexistencia de declaratoria de rebeldía, así como que el expediente judicial, al encontrarse bajo conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia por la existencia de un recurso de casación pendiente, constituía el medio idóneo para verificar la concurrencia o no de causales de suspensión, no siendo exigible trasladar dicha carga al excepcionista.

En consecuencia, concluyó que la decisión asumida resultó arbitraria y carente de motivación suficiente, al no efectuar una valoración integral de los antecedentes ni una verificación directa del expediente, vulnerando el debido proceso.

En mérito a los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional resolvió conceder en parte la tutela inpetrada, circunscribiendo dicha concesión a la verificación de la vulneración del derecho al debido proceso en sus

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Datos del proceso

Demandante
Ministerio Público
Demandado
Julio Cristobal Martinez Gonzales, Carla Edith Fernandez Espinoza y Diego Oscar Cespedes Perez
Proceso
Transporte
Magistrado relator
Carlos Eduardo Ortega Sivila
Tribunal Supremo de Justicia10 de junio de 2026AS/1889/2025-EFuente oficial