Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1902/2025-E EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO Proceso: Cochabamba 215/2024 Parte acusadora: Ministerio Público y Fife Baker Ellis Parte imputada: Carla Isabel Velasco Chávez Delitos: Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP) Sucre, ocho de abril de dos mil veintiséis Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2025, de fs. 522 a 535 vta., Carla Isabel Velasco Chávez, opone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Fife Baker Ellis, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del CP.
I DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA Ll.
Argumentos de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso La imputada, a través del memorial presentado de fs. 522 a 535 vta., al amparo de los arts. 115.11, 117.1 y 180.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como de los arts. 27 inc. 10), 133, 308 inc. 4) y 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), opone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, sosteniendo que la persecución penal seguida en su contra ha superado ampliamente el plazo máximo legal de tres años, vulnerando su derecho al plazo razonable.
En ese entendido, fija como dies a quo del cómputo la denuncia interpuesta en fecha 27 de enero de 2015, al constituir el primer acto del procedimiento que activa la persecución penal, señalando que desde dicho momento hasta la interposición de la excepción el proceso ,
se ha prolongado por más de nueve años, excediendo de manera significativa el límite previsto por el art. 133 del CPP.
A efectos de sustentar su pretensión, la excepcionista no se limita a una referencia genérica del transcurso del tiempo, sino que desarrolla una reconstrucción cronológica del proceso, identificando hitos relevantes que evidencian una tramitación discontinua y carente de impulso procesal oportuno; en ese contexto, señala los hitos procesales desarrollados:
e El proceso se inicia con la denuncia de 27 de enero de 2015, a partir de la cual se activa la persecución penal.
Entre el inicio del proceso y la presentación de la acusación particular en abril de 2017 transcurre un periodo prolongado, evidenciando dilación en la fase investigativa.
Posteriormente se dicta Sentencia en fecha 9 de noviembre de 2017, contra la cual se interponen recursos de apelación restringida el 1 de diciembre de 2017, dando inicio a la fase recursiva.
. El Auto de Vista es emitido el 8 de marzo de 2022, lo que ya refleja un lapso considerable en la resolución del recurso.
La notificación se produce recién en enero de 2024, evidenciándose un intervalo adicional de aproximadamente dos años sin actividad procesal eficaz.
Finalmente se interpone recurso de casación en marzo de 2024, manteniéndose la prolongación del proceso.
Sobre la base de esta secuencia, la excepcionista sostiene que la duración del proceso no responde a un desarrollo continuo y diligente, sino a la acumulación de periodos de inactividad y retardación, particularmente en la fase recursiva, donde identifica el núcleo principal de la mora procesal; asimismo, en cumplimiento de la carga de fundamentación que le corresponde, realiza una verificación expresa respecto a la inexistencia de causales que excluyan el cómputo del plazo máximo de duración del proceso, argumentando que:
No fue declarada rebelde en ninguna etapa del proceso, extremo que se encuentra respaldado por la documentación cursante en obrados, lo que impide la suspensión del cómputo del plazo por dicha causal.
No promovió incidentes dilatorios ni realizó uso abusivo de los mecanismos de defensa, limitándose al ejercicio legítimo de sus derechos procesales, por lo que no puede atribuirsele la dilación del proceso.
No generó suspensiones atribuibles a su conducta, señalando que las suspensiones producidas obedecen a la actuación de otros sujetos procesales o a deficiencias en la tramitación del
ZA LA proceso.
No concurrieron causales legales de suspensión ni interrupción del plazo, tales como rebeldia, cuestiones prejudiciales u otras previstas en la normativa procesal, por lo que el tiempo transcurrido debe ser computado en su integridad.
En ese contexto, atribuye la mora procesal al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional, señalando retardación en la tramitación, falta de impulso procesal oportuno y deficiencias en la sustanciación y notificación de actuaciones, particularmente del Auto de Vista; en consecuencia, sostiene que la prolongación del proceso más allá del plazo previsto por el art. 133 del CPP, vulnera su derecho al plazo razonable, solicitando la extinción de la acción penal.
1.2.
Respuesta del Ministerio Público
El Ministerio Público, a través del Fiscal de Materia fue legalmente notificado con el memorial mediante el cual la parte procesada interpone excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción; sin embargo, en su respuesta no ingresó al análisis de fondo de las pretensiones planteadas, limitando su pronunciamiento a cuestionar su legitimación para intervenir en el presente trámite incidental. En ese sentido, sostiene que la causa deviene de la conversión de la acción penal pública a acción penal privada, promovida por la víctima conforme al art. 26 del CPP, lo que determina que el proceso se rija por las reglas propias de la acción penal privada, en la cual el Ministerio Público no constituye parte procesal, conforme a lo previsto por el art. 18 del mismo cuerpo normativo.
Asimismo, invoca las previsiones contenidas en los arts. 37 y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 260, señalando que sus atribuciones se circunscriben al ejercicio de la acción penal pública, por lo que, tratándose de un proceso de acción privada, se encontraría fuera de los alcances del art. 314.11 del CPP, modificado por la Ley 586;
sobre la base de dichos argumentos, concluye que carece de legitimación para pronunciarse respecto al incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y la excepción de prescripción, solicitando en consecuencia que se deje sin efecto la notificación dispuesta para fines de contestación, únicamente en relación al Ministerio Público.
II ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCION DE
LA ACCION PENAL POR DURACION MAXIMA DEL PROCESO
IL.1.
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