Texto del fallo
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1917/2025-E EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR
PRESCRIPCIÓN Proceso: Cochabamba 376/2025 Parte acusadora: Abel Wilfredo Guzmán Álvarez Parte imputada: Rolando Adhemar Jiménez Galindo Delitos: Difamación y Calumnia, arts. 282 y 283 del Código Penal (CP)
Sucre, tres de febrero de dos mil veintiséis Por memorial presentado el 28 de agosto de 2025 de fs. 228 a 241 vta., Rolando Adhemar Jiménez Galindo, interpone excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido en su contra por parte de Abel Wilfredo Guzmán Galindo, por la presunta comisión de los ilícitos de Difamación y Calumnia, previstos en la sanción de los arts. 282 y 283 del CP.
I DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR
PRESCRIPCIÓN Rolando Adhemar Jiménez Galindo, hace conocer a esta Sala que, según la querella y acusación particular realizado por el abogado Abel Wilfredo Guzmán Álvarez el 20 de octubre de 2015; su persona, el 12 de marzo después de una misa en el Cementerio General de Irpa Irpa, hubiese públicamente proferido al querellante de maleante y que hubiese registrado terrenos de sus clientes a su nombre mediante usucapión, utilizando impuestos y planos que éstos le dejaban, lo que atenta gravemente contra su reputación; asimismo afirmó el querellante, que esas acusaciones se subsumen a los delitos de Calumnia y Difamación, toda vez que el honor es el reconocimiento social basado en una conducta intachable, el cual habría sido lesionado por sus declaraciones, vulnerando así su dignidad y honor, derechos protegidos por la CPE y el CP.
Con el objeto de arms la procedencia de la prescripción, manifiesta que en resguardo de los principio y derechos constitucionales, el ar 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP) determina los plazos de la prescripción de la acción penal y que el inicio del cómputo previsto en el art. 30 establece que empieza a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó
su consumación, pudiendo interrumpirse según el art. 31 por la declaratoria en rebeldía del imputado y suspenderse por las causales del art. 32, todos del Adjetivo Penal.
En mérito a ello, al haber realizado esas afirmaciones el 12 de marzo de 2015 y al tratarse de un delito instantáneo, esa es la fecha en la que inicia el cómputo para la prescripción, tomando en cuenta ello, a la fecha de presentación de la presente excepción han transcurrido 10 año, 5 meses y 3 días; considerando la pena impuesta en Sentencia y lo establecido en el art. 29 y 30 del CPP, prescribiría en tres años desde el momento de la consumación.
Respecto a la interrupción, manifiesta que verificado el expediente no existe Resolución Judicial que determine o haga entrever que ha sido declarado rebelde, lo cual acredita por el Certificado de Antecedentes Penales REJAP de 20 de agosto de 2025. Asimismo, señala que respecto al art. 315.11 del CPP, no existe ninguna excepción y/o incidente que haya sido declarado manifiestamente dilatorio, malicioso o temerario, conforme la prueba que cursa en el expediente, por tanto, no existe ninguna causal de interrupción dentro del presente caso.
En cuanto ala suspensión, señala que de los antecedentes del proceso y las pruebas adjuntas, se infiere que dentro del proceso no se determinó en ningún momento mediante Resolución la suspensión del término del cómputo de la prescripción, por ninguna de las causales previstas en el art. 32 del CPP y que en virtud del art. 94 y 128 de la Ley 025, no se acompaña ninguna certificación por parte del Secretario del Juzgado que avale ese extremo, ya que de la normativa referida se establece que queda prohibido los informes sobre aspectos contenidos en el expediente.
De igual manera señala que en virtud de la pandemia del COVID-19, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió una serie de instructivos en el cual se determinó la suspensión de los plazos procesales por un lapso de 180 días; por lo que, descontando esos días de suspensión y considerando la fecha de la consumación del hecho que fue el 12 de marzo del 2015, han transcurrido 10 años, 1 mes y 17 días.
lH MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN IL.1.
Dela competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales sobre la extinción de la acción penal
En lo que respecta a la delimitación competencial para el conocimiento y resolución de incidentes de extinción de la acción penal, esta Sala Penal considera necesario acudir al entendimiento asumido por la Sentencia Constitucional (SC) 1061/2015-S2 de 26 de octubre, que precisó que los fundamentos de la no constituyen argumento suficiente para sostener que Únicamente la autoridad jurisdiccional que dictó la Sentencia de primera instancia sea competente para conocer dichos incidentes.
En efecto, a la luz de lo previsto por el art. 44 del CPP, el Juez o Tribunal que ostente competencia para conocer un proceso penal, la mantiene respecto de todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante su tramitación, correspondiéndole asimismo dictar y ejecutar las resoluciones pertinentes.
En consecuencia, se deja establecido que la autoridad competente para conocer y resolver incidentes de extinción de la acción penal, sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el Juez o Tribunal donde radica la causa principal. Asi, si el planteamiento se formula en etapa de apelación o de casación, las decisiones adoptadas por las Salas Penales o por el Tribunal Supremo de Justicia no admiten ulterior impugnación, ello en atención a la naturaleza propia de la fase procesal y con el objeto de evitar dilaciones indebidas, particularmente aquellas generadas por remisiones innecesarias de expedientes entre instancias, situación que oportunidades ha ocasionado la postergación injustificada del pronunciamiento de fondo. Tal práctica ha devenido en vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, del acceso efectivo a la justicia y de los principios de celeridad y concentración procesal. en reiteradas No obstante, corresponde puntualizar que, si el incidente se deduce ante el Juez de Instrucción en lo Penal o ante Tribunales o Jueces de Sentencia, sus resoluciones si resultan impugnables, toda vez que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. Este entendimiento comporta una reconducción de la línea jurisprudencial fijada en la hacia la doctrina desarrollada en la , sustentada a su vez en los criterios vertidos por las Sentencias Constitucionales (SSCC)101/2004, 1868/2004-R, 36/2005, 105-R, 1365/2005-R y el .
En el caso de autos, y considerando que la causa se encuentra radicada a fs. 342 ante esta Sala Penal, como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la propia excepcionista contra el Auto de Vista 140/2023 de 29 de diciembre, resulta indiscutible, conforme al bloque jurisprudencial referido, que esta Sala es la autoridad competente para conocer y resolver las excepciones
opuestas, garantizando de este modo la continuidad procesal y la tutela judicial efectiva.
I.2.
Del instituto jurídico de la prescripción y las causas de suspensión e interrupción De acuerdo a la doctrina, la prescripción es un medio de liberarse de las consecuencias penales de una infracción penal o una conducta penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley, siendo el transcurso del tiempo factor predominante para que opere esta excepción.
La prescripción, vista desde el régimen procesal, es la cesación de la potestad punitiva del Estado o ejercida por particulares, en las situaciones que por ley así corresponda; en estos casos, el Estado declina el ejercicio de esa potestad y el derecho de aplicar una determinada pena, o hacer ejecutar la pena impuesta en un caso concreto, aspecto que tiene su origen en la necesidad de respetar el principio de seguridad jurídica de las personas.
En relación a este instituto jurídico, la , señaló: De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad. Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.
Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.
Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo inpuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa),
careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser, así como
razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la
incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.
Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la
prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida
en que este instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantias constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho
a la seguridad jurídica.
Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo
transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable,
llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa. A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una Sentencia
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