AS/1959/2025-A

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1959/2025-A ANÁLISIS DE ADMISIÓN Proceso: La Paz 25/2025 Parte acusadora: Ministerio Público Parte imputada: Grover Israel Cañaviri Zapata Delitos: Violación, art. 308 del Código Penal (CP) Sucre, tres de febrero de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 30 de octubre de 2025 de fs.

876 a 882 vta., Grover Israel Cañaviri Zapata impugna el Auto de Vista 136/2023 de 29 de septiembre de fs. 859 a 865 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de Violación, previsto en el art. 308 del CP.

ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Ll.

SENTENCIA Por Sentencia 29/2023 de 2 de marzo de fs. 797 a 808 vta., el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Grover Israel Cañaviri Zapata, autor de la comisión del delito de Violación, previsto en el art. 308 del CP, imponiendo la pena de quince años de reclusión, más costas y reparación del daño civil a favor del Estado y la víctima, calificados en ejecución de Sentencia.

L2.

APELACIÓN RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA 1

Contra la referida Sentencia, el acusado Grover Israel Cañaviri Zapata de fs. 835 a 839 vta., formuló recurso de apelación restringida, resuelto por Auto de Vista 136/2023 de 29 de septiembre de fs. 859 a 865, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado, confirmando la Sentencia apelada.

II MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN El recurrente denuncia, la existencia de graves y evidentes infracciones a derechos constitucionales, los mismos que constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación, por errónea aplicación de los arts. 124 y 359 párrafo I del Código de Procedimiento Penal (CPP), debido a que en la Sentencia objeto de apelación no se halla fundamentada de manera clara, concreta y precisa bajo qué parámetros de las reglas de la sana critica se ha realizado esa valoración y mucho menos se halla expresado la exposición de los razonamientos en que fundamentan la decisión de otorgar el valor probatorio a cada uno de los elementos de prueba. IHI MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN

El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Politica del Estado (CPE), y ley ordinaria.

A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes. í La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior

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AA jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).

Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la Corte IDH, estableció de forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.

El art. 180.II de la CPE, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.

Asimismo, el AS 013/2013-RRC de 06 de febrero, precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose, f a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el Estado en la administración de justicia.

Por otra parte, el principio de reserva de ley, también conocido como principio de legalidad en sentido estricto, constituye un pilar fundamental dentro un sistema democrático. Su esencia radica en la exigencia de que ciertas materias, particularmente aquellas que inciden en derechos fundamentales o imponen restricciones a los mismos, sean reguladas exclusivamente por ley formal, emanada del órgano legislativo, depositario de la soberanía popular. En el ámbito del derecho procesal, y con especial énfasis en materia recursiva, este principio adquiere una trascendencia aún mayor, al erigirse como garante de la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la proscripción de la arbitrariedad.

De lo señalado, se infiere que ningún derecho fundamental tiene un carácter absoluto, pues ningún derecho, ni aún los de naturaleza o carácter constitucional, pueden considerarse como ilimitados!; sin embargo, al ser derechos de rango constitucional, pueden ser restringidos sólo mediante, o sobre la base, de normas con rango constitucional o de rango inferior al de la Constitución?.

En ese sentido, el constituyente boliviano consagró el principio de reserva legal en el art. 109.II de la CPE estableciendo que: Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. En consecuencia, el principio de impugnación consagrado en el art. 180.II de la CPE, debe ser interpretado en concordancia con el principio de reserva legal, que implica que, el ejercicio del derecho a la impugnación o derecho a recurrir se encuentra sujeta a la regulación legal realizada por el legislador boliviano.

En mérito a lo expuesto, la casación se configura como un recurso extraordinario y excepcional, con una doble finalidad. Por un lado, busca la unificación de la jurisprudencia a nivel nacional; y, por otro, procura la efectiva aplicación del derecho objetivo, función doctrinalmente conocida como nomofiláctica o de salvaguarda de la ley3.

El art. 416 del CPP preceptúa que, este recurso procede para impugnar Autos de Vista emitidos, por los ahora denominados, Tribunales Departamentales de Justicia (antes Cortes Superiores de Justicia), que contravengan otros precedentes dictados por las Salas Penales de dichos Tribunales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el art. 417 del mismo cuerpo legal, establece los requisitos que deben observarse para su interposición. El primero, de carácter temporal, exige su presentación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o, en su caso, con el Auto de Complementación, ante la Sala que pronunció la resolución objetada.

1 Sentencia 11/1981 de 08 de abril, Tribunal Constitucional de España, fundamento jurídico 7. ? El jurista y filósofo del derecho Robert Alexy, con relación a las restricciones de rango constitucional, señala gue, éstas pueden ser directamente constitucionales e indirectamente constitucionales. Respecto a este último, refiere que: Las restricciones indirectamente constitucionales son aquellas cuya imposición está autorizada por la Constitución. La competencia para imponer restricciones indirectamente constitucionales se expresa de manera clarísima en las cláusulas de reserva explícitas. Las cláusulas de reserva explícitas son aquellas disposiciones de derecho fundamental, o partes de disposiciones de derecho fundamental, que autorizan expresamente llevar a cabo intervenciones, restricciones o limitaciones. Alexy, R. (2012). Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Sentencia Constitucional 1468/2004-R de 14 de septiembre.

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El segundo requisito concierne a su contenido, demandando la invocación de un precedente contradictorio al momento de la interposición del recurso de apelación restringida. No obstante, la simple mención y cita de dicho precedente resulta insuficiente, recayendo en el recurrente la carga procesal de explicitar, con claridad y precisión, la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado. En consecuencia, debe exponerse de manera fundada, la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada y otros precedentes, consistentes en Autos Supremos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia o Autos de Vista pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, mediante la comparación de hechos análogos y de las normas aplicadas con interpretaciones jurídicas divergentes. Por consiguiente, resulta ineficaz la mera mención, invocación o transcripción del precedente, así como la argumentación subjetiva del recurrente sobre su parecer respecto a la resolución de la alegación, siendo imperativa la adecuación del recurso a la normativa legal.

Sobre la invocación de Sentencias Constitucionales como precedente contradictorio dentro de un recurso de casación, este Tribunal ha sido categórico en señalar, de manera uniforme, sobre la imposibilidad de fundar un recurso de casación en la contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y una Sentencia Constitucional. Así el AS 079/2021-RA de 15 de marzo, entre otros estableció: (...) Con relación a la temática planteada invocaron como precedentes contradictorios sentencias constitucionales SCP0450/2012 de 29 de junio y SC 0217/2006-R de 7 de marzo, las cuales versan sobre la no impugnación de las resoluciones una vez que estas adquieren autoridad de cosa juzgada y la SC 1386/2005-R relacionada al principio de favorabilidad.

Se debe tener presente que las Sentencias Constitucionales, no cuentan con la calidad de precedentes contradictorios debido a que no se encuentra bajo los alcances del art. 416 del CPP; aspecto que hace inviable su consideración a efectos del contraste.

Conforme a lo anteriormente descrito, el incumplimiento de tales requisitos, acarrea la declaración de inadmisibilidad del recurso.

Sin embargo, existen circunstancias de flexibilización de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación que permiten, de forma excepcional, la apertura de la competencia en aquellos casos en los que se denuncie la existencia de graves y manifiestas infracciones a los derechos de las partes que constituyan vicios absolutos insubsanables.

Cabe destacar que, esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales (SSCC)1 112/2013 de 17 de Julio, 0128/2015-S1 de 26 de febrero y 0326/2015-S3 de 27 de marzo, entre otras, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia y la justicia material, última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales, ocurridas en la tramitación de los procesos.

Este entendimiento, no autoriza al recurrente a limitarse en el recurso de casación, a una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación. Por el contrario, en estas situaciones, la parte recurrente debe formular las denuncias vinculadas a la existencia de vicios absolutos, con la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) presentar los antecedentes fácticos que originan el recurso; b) especificar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consiste la restricción o menoscabo del derecho o garantia; y, d) explicar el :

perjuicio resultante del vicio.

Por otra parte, el AS 051/2014-RA de 17 de marzo, con relación a la denuncia de falta de fundamentación o incongruencia omisiva y defectuosa valoración de la prueba, ha sido categórico en señalar los siguientes presupuestos que deben ser cumplidos de forma inexcusable por el recurrente, a los fines de que esta Sala Penal pueda aplicar los criterios de flexibilidad para la admisión del recurso de casación.

Denuncia de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva.- En los casos de denuncia de defectos absolutos originados en la falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva, en las que hubiese incurrido el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida, la parte recurrente de casación, deberá: i) precisar en su recurso que aspecto o aspectos de su recurso de apelación no mereció o merecieron debida fundamentación u omisión de respuesta; ii) identificar punto por punto los errores, omisiones y demás deficiencias, atribuidas a la resolución recurrida, con la debida motivación y fundamentación; y, iii) explicar la relevancia e incidencia de esa omisión, a los fines de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes para verificar si efectivamente se produjo el agravio denunciado. Esto implica que si el recurrente, se limita a realizar meras

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denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos y

confusos o la mera expresión de disconformidad, se considerará que la

denuncia sobre estos dos supuestos, resulta insuficiente y por lo tanto

inadmisible para su consideración de fondo.

Denuncia respecto a la valoración de la prueba.- La parte procesal

que denuncie a través de actividad procesal defectuosa, la vulneración

de derechos y garantías constitucionales emergente de la valoración de

prueba efectuada en la causa, deberá: a) Especificar que prueba o

pruebas, no fueron valoradas en el proceso o en su caso fueron

valoradas defectuosamente; b) De qué manera la falta de valoración o

defectuosa valoración, tiene incidencia en la resolución final, explicando fundadamente de qué forma ésta hubiese sido distinta, se entiende

favorable a sus pretensiones.

IV EXAMEN DE ADMISIBILIDAD IV.1.

Constatación del plazo de presentación

En el caso de Autos, se advierte que el 23 de octubre de 2024 el

acusado Grover Israel Cañaviri Zapata, fue notificado con el Auto de

Vista impugnado conforme la diligencia de fs. 868, interponiendo su

recurso de casación el 30 del mismo mes, de acuerdo al timbre

electrónico de fs. 876; por lo que, el recurso fue presentado dentro del

plazo de los cinco días hábiles que le otorga la ley, en observancia del

requisito temporal exigido por el primer párrafo del art. 417 del CPP;

en cuyo mérito, corresponde verificar el cumplimiento de los demás requisitos de admisibilidad.

IV.2.

Verificación de los requisitos de contenido

A los fines de establecer la concurrencia o no de los requisitos exigidos

por la norma para la admisión del recurso de casación, es necesario

puntualizar previamente que, presentado el recurso de casación y

remitidos los antecedentes en observancia del art. 418 del CPP,

corresponde a esta Sala Penal la verificación de los requisitos de

admisibilidad a ser observados, como los referidos al cumplimiento del

plazo de su interposición, a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en

observancia del art. 394 del cuerpo procesal penal, en sus párrafos

primero y segundo respectivamente; además, de los requisitos de i -

contenido descritos en el art. 417 del CPP; esto significa que, la labor encomendada por la norma, debe centrarse en la verificación del cumplimiento del plazo de presentación del recurso, si la resolución es 0 no impugnable si quien recurre tiene o no facultad para hacerlo, además de verificarse dentro del juicio de admisibilidad, que en el contenido del recurso de casación se señale con precisión la contradicción en términos precisos, entre el o los precedentes invocados y el Auto de Vista impugnado, según la previsión del art.

416 del CPP, que dispone: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Corte Superiores de Justicia contraños a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Supeñores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema; considerando que, la finalidad que tiene el recurso de casación en el régimen de los medios de impugnación, es la uniformización y unificación de jurisprudencia y la aplicación de la ley en forma homogénea.

Efectuadas estas precisiones, se advierte del examen del recurso de casación formulado por el recurrente Grover Israel Cañaviri Zapata, que en la primera parte de su memorial realiza un breve resumen de los antecedentes de la Sentencia condenatoria y en el acápite 5 De los agravios cometidos y la restricción o disminución del derecho o garantía constitucional en mi contra, mediante el Auto de Vista 136/2023 de 29 de septiembre (sic), denunció la existencia de graves y evidentes infracciones a derechos constitucionales, los mismos que constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación, por errónea aplicación de los arts. 124 y 359 párrafo I del CPP, debido a que la Sentencia objeto de apelación no fundamentó de manera clara, concreta y precisa, sin establecer bajo qué parámetros de las reglas de la sana crítica se ha realizado la valoración probatoria y mucho menos se halla expresado la exposición de los razonamientos en que fundamentan su decisión de otorgar el valor a cada uno de los elementos de prueba.

Ante estos argumentos y de la lectura íntegra del recurso sujeto a análisis, se advierte las siguientes falencias en su formulación: primero, referida a la falta de un planteamiento concreto y fundado del porqué el recurrente cuestiona la actuación del Tribunal de alzada o el contenido del Auto de Vista emitido en la presente causa, ya que sus reclamos están dirigidos a cuestionar la Sentencia condenatoria pronunciada en el proceso, como si se tratase de un apelación restringida, sin proporcionar un soporte argumentativo a sus afirmaciones sin tomar en cuenta que los Tribunales de Sentencia y los Tribunales de alzada, dentro de la secuencia de actos procesales

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LA (94 en la configuración del proceso penal, cumplen roles totalmente diferentes; siendo menester señalar que si bien en el recurso de casación resulta útil y recomendable la referencia a los antecedentes procesales, a los fines de ilustrar el contexto procesal del caso, como la referencia a la sentencia o a los agravios planteados en apelación restringida, resulta imprescindible precisar con absoluta claridad, cuál fue la actuación del Tribunal de alzada o en su caso cuál la respuesta brindada al recurso de apelación restringida, seguida de una explicación fundada del porqué se impugna el Auto de Vista, resultando insuficiente la inclusión en el memorial de casación de afirmaciones genéricas o adjetivizaciones sin ningún planteamiento fundado, cuando esta Sala a los fines de ejercer la labor asignada por la norma procesal penal, requiere de insumos que deben ser proporcionados por el sujeto procesal que recurre de casación al - corresponderle esa carga de forma exclusiva, a lo que se suma la falta de invocación de precedentes contradictorios.

La segunda falencia, está vinculada a la denuncia que realiza el recurrente de defectos absolutos no susceptibles de convalidación que vulnerarian sus derechos constitucionales; al respecto, se debe dejar claro que conforme al entendimiento establecido en el acápite III de este fallo, no se autoriza al recurrente a limitarse en el recurso de casación, a una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación. Por el contrario, en estas situaciones, la parte recurrente debe formular las denuncias vinculadas a la existencia de vicios absolutos, con la obligación de cumplir ciertas exigencias como: a) presentar los antecedentes fácticos que originan el recurso; b) especificar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) detallar con precisión en qué consiste la restricción o menoscabo del derecho o garantia; y, d) explicar el perjuicio resultante del vicio, presupuestos que en el presente recurso no se advierten, debido a que se limita simplemente a realizar meras denuncias genéricas, exponiendo argumentos generales, vagos y confusos con un alto nivel de disconformidad, sin ninguna explicación ni carga argumentativa respecto a los defectos que hubiese cometido el Tribunal de alzada; por lo que, al no contar con los insumos necesarios para poder admitir via extraordinaria el presente recurso, resta declarar la inadmisibilidad.

Vv PARTE RESOLUTIVA La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad a

conferida en el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Grover Israel Cañaviri Zapata, cursante de fs. 8760 a 882 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase LP 25/2025 7 a Ze 7, MSE Primo Martínez Fuentes MAGISTRADO SALA CIVIL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA carlos É. Orisas ALA PENÍL SALA , FRIBLNAL SUPREMO E JESSTICIA Y/ PO Aa _. ue e GIA ERA PREM AN LIÓZA6 Torna de Razon N A Y O 7 7 le ALVULIAF DE S. PENAL N TRIBONA!N 2UPREMO CE JUSTICIA 10