Texto del fallo
AA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO N 1964/2025-A ANALISIS DE ADMISION Proceso: La Paz 31/2025 Parte acusadora: Ministerio Público y Caja Nacional de Salud Administración Regional de La Paz Parte imputada: Heidi Coral Mier Bohórquez Delito: Falsedad Ideológica, art. 199 del Código Penal (CP) Sucre, veintinueve de enero de dos mil veintiséis Por memorial de casación presentado el 21 de agosto de 2024, cursante de fs. 561 a 567 vta., René Fernando Aguirre Alvarez Plata, Administrador Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud, impugna el Auto de Vista 234/2023 de 15 de noviembre de fs. 522 a 537 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de a Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Wa Publico y Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud - contra Heidi Coral Mier Bohórquez, por la presunta comisión del delito e de Falsedad Ideológica, previsto y sancionado por el art. 199 del CP.
I ACTOS PROCESALES VINCULADOS AL RECURSO DE CASACIÓN Lil.
SENTENCIA Por Sentencia N 7/2022 de 3 de febrero, cursante de fs. 423 a 437 vta., el Juzgado de Sentencia Penal Décimo Primero del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró absuelto a Heidi Coral Mier Bohórquez, de la comisión del delito de Falsedad Ideológica, previsto y sancionado por el art. 199 del CP.
, 1.2. .
APELACION RESTRINGIDA Y AUTO DE VISTA Ra Contra la referida Sentencia, el Ministerio Público y la Administración - Regional de la Caja Nacional de Salud, interpusieron recursos de - apelación restringida, cursantes de fs. 458 a 460 y 481 a 486 vta., que fueron resueltos por el Auto de Vista 234/2023, de 15 de noviembre, de fs. 522 a 537 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes los recursos planteados, en consecuencia, confirmó la
Sentencia apelada.
II MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN El recurrente, aduce que el Auto de Vista impugnado, incurre en errónea aplicación de la ley sustantiva, al confirmar la Sentencia absolutoria, bajo el argumento de insuficiencia probatoria, sin efectuar un análisis correcto de los elementos constitutivos del delito de Falsedad Ideológica, asimismo señala que en el caso concreto, se a encuentra plenamente acreditado que la acusada Heidi Coral Mier E Bohórquez suscribió una Declaración Notarial de Incompatibilidad Funcionaria (Prueba MP-2), documento público en el cual manifestó expresamente no tener parentesco familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, declaración que resulta objetivamente falsa, toda vez que se demostró la existencia de familiares directos (madre y hermana) que prestaban servicios en la Caja Nacional de Salud.
La declaración falsa posee relevancia jurídica, por cuanto el art. 56 del Decreto Supremo 26115 (Sistema de Administración de Personal), en concordancia con el art. 11 de la Ley 2027 y el art. 8 de la Ley 603, establece como requisito esencial para el acceso y permanencia en la función pública no encontrarse comprendido en causales de incompatibilidad legal, extremo que fue deliberadamente omitido por la acusada al momento de su declaración.
No obstante, tanto el Juzgado de Sentencia como el Tribunal de alzada a exigieron indebidamente un estándar probatorio ajeno al tipo penal, al considerar que la conducta no generó convicción más allá de la duda razonable, cuando la Falsedad Ideológica se consuma con la sola inserción consciente de una declaración falsa en un documento público, sin que sea necesario acreditar un resultado dañoso adicional, el Auto de Vista impugnado no corrigió la defectuosa valoración de la prueba esencial, ni realizó un análisis jurídico sobre la correcta subsunción de los hechos al tipo penal, limitándose a confirmar la Sentencia, en contradicción con la doctrina legal sentada, en el , que establece la obligación de realizar una valoración integral de la prueba y una correcta aplicación de la ley sustantiva; en consecuencia, el Auto de Vista recurrido vulnera el principio de legalidad, al confirmar una absolución sustentada en una interpretación errónea del art. 199 del CP.
III MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCIÓN -
ALA El derecho a recurrir resulta una facultad inherente al ser humano, consagrado y reconocido en el sistema universal e interamericano de derechos humanos, Constitución Política del Estado (CPE), y ley ordinaria.
A la luz de lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho que tiene toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo para hacer valer sus derechos ante jueces y tribunales competentes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dentro del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, Sentencia de 02 de julio de 2004, sostuvo que: La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar , que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene , errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (sic).
Del mismo modo, en el Caso Barreto Leiva contra Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, la CorteIDH, estableció de forma categórica que: ... el derecho de impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses del justiciable.
El art. 180.II de la CPE, garantiza la impugnación como un principio en los procesos judiciales. El art. 394 del CPP, consagra el derecho a recurrir, señalando que: Las resoluciones judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este Código. El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, E incluida la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante.
L Asimismo, el , precisó que: (...) se constituye no sólo en un derecho humano sino también en un principio, que debe ser observado en la administración de justicia, lo que importa, el deber de toda autoridad judicial de asegurarlo y garantizarlo en el curso de cualquier proceso sometido a su conocimiento, convirtiéndose,
a su vez, en una garantía fundamental que debe ser otorgada por el
Estado en la administración de justicia.
Por otra parte, el principio de reserva de ley, también conocido como
principio de legalidad en sentido estricto, constituye un pilar
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